La posible instalación de proyectos hidroeléctricos en la zona sur y austral del país, ha generado la oportunidad de informarse y discutir sobre temas relacionados con los impactos socio ambientales de dichos proyectos, visión que se manifiesta en algunos segmentos de la sociedad comprometidos con el cuidado del medioambiente, con la defensa frente a posibles amenazas que afectarían las actividades instaladas en función de la vocación del territorio y comunidades locales. Sin embargo el debate trasciende a la problemática puntual de estos proyectos, así como también a los impactos que estos generan; ante lo cual es necesario, con el objeto de formarse una opinión integral - que lleve a la acción - a lo menos atender y evaluar los siguientes elementos.
Del modelo económico:
El modelo de desarrollo económico que actualmente esta implantado en Chile, evidencia entre otra cosas, un uso no sustentable de los recursos naturales: suelo, bosques, agua, etc.; una gran concentración en la propiedad de los mismos y por ende de los ingresos generados, situación que produce una gran cantidad de conflictos de carácter social y ambiental, sólo por mencionar los últimos casos:
Ralco, Río Cruces, Pascua Lama, Río Mataquito, Mapuche, entre otros. En cuanto a energía, el modelo económico basado en el consumo, ha generado hoy una inmensa demanda, tanto por los grandes grupos económicos así como también en menor grado por parte de los consumidores domiciliarios, principalmente los de mayores ingresos. Lo que sugiere un crecimiento desenfrenado de los primeros y una actitud irresponsable frente al consumo por los segundos.
Política energética, código de aguas y proceso de regionalización
El marco político, que permite la instalación de algunos de estos proyectos, es ilegitimo, toda vez que el traspaso tanto de la Empresa Nacional de Electricidad, así como gran parte del recurso agua, es realizado por el Estado de Chile a capitales privados, en un contexto político excepcional, momento en el que se desarrollaron las últimas actividades de un proceso de privatización, que a lo menos se puede caracterizar como cuestionable.
Por otra parte, la política energética del país, permite que se desarrollen alternativas de generación, transmisión y distribución de energía exclusivamente a partir de proyectos privados; liberalizando totalmente un área tan estratégica para el país como es la energía.
En esta misma línea, la política económica es plasmada en un código de aguas, que permite la concentración del recurso en unas pocas manos; el mismo cuerpo legal estableció excepciones para el pago de patentes de agua en la Región de Aysén, beneficiando escandalosamente a los grupos económicos dueños de los derechos sobre el recurso.
Tanto la gestión del recurso agua, como la crisis energética en la que esta sumida el país, hace ya más de una década; demuestran el gran fracaso del modelo aplicado.
El agua no alcanza para generar energía, así como tampoco para el consumo humano ni agrícola - los acuíferos del norte del país se agotan-, sin embargo, las empresas eléctricas y mineras siguen generado abultadas utilidades; y los costos son asumidos por los consumidores domiciliarios (cortes, disminución de voltaje, aumento de precios de productos agrícolas, etc.) y por las arcas fiscales, con medidas de emergencia que alcanzan los miles de millones de pesos.
Relevante también es mencionar, que una de las causas de esta gran demanda de energía, se debe a la gran concentración tanto de la población como de la industria en el centro del país, lo que da cuenta también del gran fracaso del proceso de regionalización.
Marco ambiental
El marco jurídico con el cual se pretende evaluar la presentación de mega proyectos, es sólo receptivo, y tanto el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, como la autoridad política, se mantienen a la espera, que los proyectos hidroeléctricos en el Sur de Chile ingresen en forma individual al SEIA para su evaluación, dejando de analizar:
• la posibilidad de alternativas a los mismos,
• el impacto global del conjunto de estos proyectos,
• la integralidad de los proyectos hidroeléctricos, ya que, estos se presentan desagregados en generación, distribución y obras anexas; lo cual claramente es una falacia, por cuanto la generación de energía no es aislada.
Las declaraciones de distintos personeros de gobierno, ex ministros Bitran y Rodríguez Grossi, Ministro Pérez Yoma, entre otros; dan cuanta de la parcialidad con la que esta actuando el mismo. Lo que no da garantías de la institucionalidad, ya que en el evento probable de llegar a la instancia de resolución del Consejo de Ministro, el ingreso de los proyectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, será sólo un “saludo a la bandera”.
Contexto Regional Aysén
Tanto las estrategias de desarrollo regional, el Plan de Ordenamiento Territorial, entro otros instrumentos de planificación, así como criterios de elegilibilidad de variados fondos, dan cuenta de la condición de un uso no intensivo de los recursos naturales y de la vocación turística del territorio; en esta línea; gran parte de los recursos públicos fueron invertidos y se ha proyectado su continuidad; considerando la imagen objetivo regional: “Aysén aspira a ser una región descentralizada y a obtener una alta calidad de vida, sustentada en un crecimiento económico alto y equitativo, que se fundamentara en la conservación de la calidad medioambiental y en la integración del territorio”, todo lo cual hoy es desechado frente a la intervención de grandes capitales privados; afectando millonarios recursos públicos y privados de inversión histórica y proyectada.
En este contexto, merece mención, que la energía generada por este tipo de proyectos no se requiere en la Patagonia, y beneficiará a otros territorios e intereses, y que dejará los efectos negativos tanto para los habitantes de la región como su entorno.
Las posibles oportunidades, que generarían este tipo de proyectos, asi como también la posibilidad de negociar beneficios a nivel local, estableciendo condiciones para el desarrollo equitativo de todos, son irreales, ya que no existen las capacidades instaladas, una instancia validada de negociación, ni la voluntad de los grupos económicos para consolidar “beneficios” para la comunidad afectada.
Por otra parte, los beneficios explicitados:
− Generación de información de carácter científico que pudiera ser insumo o referencia de futuros estudios o trabajos,
− Mejoramiento de la conectividad, caminos, infraestructura portuaria, aeroportuaria, telefonía.
− Oportunidades de trabajo y capacitación laboral, etc.
Solo responden a las necesidades propias del proyecto, y no a inversiones adicionales con las que los ejecutores aportarían al desarrollo de la población afectada
Megaproyectos y desarrollo
La instalación de mega proyectos, en oposición al bienestar que pregonan sus gestores, se relaciona con bajos índices de desarrollo humano en las áreas donde se materializan. Lo cual ha quedado establecido en las estadísticas generadas por el PNUD en las comunas donde se han desarrollado, entre otros, proyectos hidroeléctricos, forestales, mineros y acuícolas.
Estas estadísticas, que han sido profusamente divulgados por la AIFBN, respecto de las comunas cubiertas con plantaciones forestales; se ven reflejadas en la situación de la comuna de Chile Chico, ya que si bien, es cierto, el índice aumenta en el periodo 1994-2003, esto en gran parte se debe al aumento de los indicadores en salud y educación, respondiendo a las intervenciones publicas en la comuna, y no a la instalación del proyecto minero.
En esta línea, uno de los iconos de “desarrollo” en la región de Aysén y que se encuentra actualmente en retirada de la región de los Lagos, es la industria acuícola, mega proyecto instalado hace más de una década en la comuna de Aysén, para la cual el indicador de desarrollo; bajo 56 posiciones en el ranking nacional de IDH.
Todo lo cual desmiente categóricamente que este tipo de “mega” proyectos contribuyen al bienestar social de las poblaciones donde se instalan.
Impacto socio ambiental
Los impactos genéricos de los megaproyectos hidroeléctricos, han sido sistematizados y profusamente divulgados por organizaciones nacionales e internacionales. Detallar estos es casi irrelevante, toda vez que documentos como el Informe de la Comisión Mundial de Represas (Banco Mundial y la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza, 2000), se refieren a sólo a proyectos individuales; sin embargo los proyectos hidroeléctricos explicitados y derechos de agua solicitados, con fines hidroeléctricos, superan la veintena sólo en la región de Aysén, situación que se repite en la provincia de Palena, resto de la Región de los Lagos y la Región de los Ríos. Con lo que se evidencia, la envergadura de la intervención en el territorio y sus comunidades.
Tanto las represas como las obras anexas, se concentraran en las zonas más prístinas desde el punto de vista ambiental del País, zonas en que las comunidades locales son especialmente vulnerables y en las cuales ya existen conflictos sociales. Las líneas de transmisión por su parte, afectarán una proporción mayor del territorio, generando frangmentación de ecosistemas, intervención sobre áreas protegidas, modificación estructural del paisaje, conflictos con comunidades, esto distribuido en una longitud mayor a dos mil kilómetros.
Reflexiones finales
La construcción de los proyectos hidroeléctricos, no corresponden sólo a iniciativas comunes de inversión, representan claramente a una “solución” estructural, planteada por los administradores de un modelo de desarrollo, el que desde hace bastante tiempo nos esta dando luces: del fracaso de las soluciones planteadas; de la depredación de los recursos naturales, la concentración de la riqueza en base a estos mismos recursos naturales, de los conflictos sociales, etc..
En esta línea, es relevante reflexionar, que la legitimidad de la institucionalidad y el Estado de Derecho, al que tanto se refieren los gestores de estos proyectos, sólo se logra cuando estos son útiles a la sociedad en su conjunto, y no sólo a gruposeconómicos.
Respecto del uso de los recursos naturales y parafraseando a nuestro amigo argentino Dr. Leonardo Gallo, quien nos lleva a recordar y reafirmar, el concepto de que los recursos naturales son bienes comunes, los que deben satisfacer las necesidades de la población actual y futura; y que en consecuencia, es nuestro deber ético actuar para asegurar estos objetivos.
Ante lo cual, hacemos un llamado a la opinión pública a informarse y exigir que la autoridad política se manifieste y haga responsable, tanto de la toma de decisiones así como también de los impactos sinérgicos que tendrá la construcción de los megaproyectos hidroeléctricos en su conjunto, tanto en la región de Aysén como en el Sur del país.
Agrupación de Ingenieros Forestales Por el Bosque Nativo
