ONG MANZANA VERDE alerta sobre las consecuencias que traería explotar uranio en el Bío Bío

FUENTE: RadioBioBio

La presencia de uranio en la zona detonó la masiva inscripción de concesiones de exploración mineras en las provincias de Concepción, Bío Bío y Ñuble. Así al menos lo sospecha la ONG Manzana Verde, que iniciará una serie de actividades para alertar del peligro que sería para el medio ambiente la explotación del mineral.

Son 800 inscripciones a través de las cuales el estudio jurídico santiaguino Philippi, Yrarrázabal, Pulido y Brunner intenta conseguir concesiones mineras en unas 240 mil hectáreas de la Región del Bío Bío. Se ignora para quién se tramita las solicitudes. Sólo se sabe que fueron presentadas por un abogado hoy asesor del subsecretario de Medio Ambiente, Ricardo Irarrázabal, quien coincidentemente es asociado al bufete.

Estados Unidos bloqueó el ingreso de salmón producido en Chile por la empresa Marine Harvest

FUENTE: ADN Radio

EEUU suspendió la entrada del salmón tras el hallazgo realizado en junio de un cargamento contaminado con un químico cancerígeno en una partida realizada por la compañía noruega.

Tras el hallazgo realizado el pasado 05 de junio de un cargamento contaminado con un químico cancerígeno en una partida de salmón de la compañía noruega Marine Harvest, Estados Unidos suspendió la entrada de todo el salmón fresco y congelado que la multinacional produce en Chile.

El químico cancerígeno es conocido como Cristal Violeta, es una tintura que ayuda al control de hongos y enfermedades bacterianas, pero que en pruebas realizadas en ratas, se demostró que produce cáncer e incluso algunas mutaciones, razón por la cual está prohibido en Europa y EEUU.

A través del ministro de Economía, Fomento y Turismo, Félix de Vicente, el Gobierno reaccionó y aseguró que desde hace algunos años este producto también está prohibido en Chile y este debe ser un caso aislado, cuya contaminación puede haber ocurrido solamente en pruebas de laboratorio.

“Cualquiera noticia de este tipo no es agradable para un país que es un gran exportador de salmón en el mundo y un gran productor acuícola. La verdad que no creemos que sea un daño porque es un caso aislado, un caso único y esperamos, la FDA - Food and Drugs Administration de Estados Unidos- está recopilando información y una vez que recopile la información, van a tener claro que en Chile no se utiliza este producto, por lo tanto debe haber sido alguna contaminación en laboratorio”, indicó de Vicente. 

El ministro de Economía también afirmó que se están realizando todas las pruebas de parte de Sernapesca para tener la seguridad que este químico no llegará al consumo de la población. 

El director del Centro Eco Océano, Juan Carlos Cárdenas, afirmó que esta situación “demuestra que la industria del salmón ha aprendido muy poco de la crisis que generó el año 2007 a 2009 en Chiloé y sigue con sus malas prácticas.” 

“El salmón es una bomba de tiempo del punto de vista sanitario, dadas las prácticas que tienen las grandes compañías, y hay otro elemento más, Marine Harvest Chile demuestra que tiene una política de doble estándar, porque en Noruega tiene altísimos estándar porque lo exige el Estado, sanitario, ambientales, laborales y todo eso aquí en Chile no lo realiza”, enfatizó el ecologista.

La empresa Marine Harvest se manifestó a través de un comunicado de prensa, donde aseguraron que desde la semana pasada, luego de algunos meses sin producción, la compañía en Chile retomó los envíos del producto fresco a Estados Unidos, sin embargo, debido a la situación actual, su primer embarque fue detenido para la toma de muestras y testeos correspondientes, cuyos resultados estarán disponibles en un plazo de siete a diez días, periodo durante el cual la empresa no podrá enviar a EEUU salmones producidos en sus instalaciones.

Empresa agrícola de la U. de Harvard que taló bosque nativo en Chiloé es sentenciada a pagar $4,2 millones

La Agrícola El Brinzal, propiedad de la Universidad de Harvard, fue denunciada por talar 58 hectáreas de bosque nativo y reemplazarlo por eucaliptus, vulnerando el plan de manejo original que exigía la reforestación con especies autóctonas. En esta columna, miembros de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo informan que recientemente el Juzgado de Policía Local de Ancud sentenció a la empresa a reforestar sólo siete hectáreas y a pagar una multa de $4,2 millones. A juicio de los autores, “lo anterior es un ejemplo de cómo el sistema legal que resguarda nuestros bosques no es suficiente para asegurar su adecuada conservación”.

FUENTE: CiperChile / 

 Por : Javier Sanzana y Eduardo Neira (AIFBN)

Hace algunos días el Juzgado de Policía Local de la comuna de Ancud, en Chiloé, falló una de las dos causas que la Corporación Nacional Forestal (CONAF) interpuso contra Agrícola El Brinzal, luego de la denuncia presentada por la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo en 2012 por tala ilegal de bosque nativo y posterior sustitución por plantaciones de eucaliptus.

Negocio forestal en Wallmapu: El sangriento saqueo del Territorio Mapuche

FUENTE: RedLatinaSinFronteras

Por: Pais Mapuche

Desde la invasión militar del Territorio Mapuche, la industria forestal ha sido la cara más nefasta de esta ocupación, que históricamente y hasta en estos días, ha recibido la resistencia de las comunidades que deben enfrentarse a la matonezca militarización del estado chileno que protege este saqueo.

En noviembre se realiza en Concepción la Expocorma 2011, una feria internacional que pretende por un lado mostrar las bondades del negocio forestal y por otro, generar negocios por miles de millones de dólares al concentrar en esta ciudad la presencia de empresarios del área provenientes de todo el mundo, además de proveedores de insumos y maquinarias y de otros rubros ligados al negocio forestal.

Para los mapuche sin embargo, las empresas forestales son la cara más nefasta del sistema capitalista. Son la expresión más gráfica hoy día de la ocupación del país y territorio mapuche. Y es que estas empresas son las propietarias de las mayores extensiones de tierras en nuestro territorio. Sólo las dos más grandes, Bosques Arauco del grupo Angelini y CMPC del grupo Matte, poseen más del doble de hectáreas que todos los mapuche juntos. De esta forma, casi la totalidad de los recursos que se producen y transan en lo que se conoce como negocio forestal en Chile, son robados de nuestro territorio.

Por tanto, hablar de negocio forestal, es hablar de robo,  de reducción y receptación, es hablar del saqueo de wallmapu.

Fraude:

La propiedad forestal que hoy conocemos, tiene su origen en el traspaso que  la dictadura militar chilena hizo a Bosques Arauco y Forestal Crecex (hoy Forestal Mininco) de los predios reexpropiados a los asentamientos campesinos que se habían establecido principalmente durante el gobierno de Salvador Allende, así como de aquellos que habían sido devueltos a comunidades mapuche en esa misma época, en lo que se conoce como "reforma agraria".

La dictadura pone en marcha una contrareforma agraria y despoja a los campesinos chilenos y mapuche de los predios, los que a su vez son traspasados a estas empresas de manera casi gratuita, ya que las compraventas realizadas fueron meras formalidades, pues los precios pagados fueron irrisorios.

Muchos también fueron los ardides utilizados en buena parte de este robo de tierras, como el uso de palos blancos, es decir, terceros que adquirían la propiedad para luego y casi de inmediato, traspasarla a estas empresas.

Por otro lado, y luego de dividir la propiedad comunitaria en individual, el fraude también se realizaba a través de la compra directa de parcelas a los nuevos pequeños propietarios, tanto chilenos como mapuche, con la complicidad y apoyo directo de las distintas instituciones del Estado. Éstas llenaban de deudas y obligaciones impositivas a los pequeños propietarios, de manera de hacer imposible mantener la propiedad de sus predios y se veían en la obligación de venderlos.

Como si todo eso fuera poco, en 1974 se dicta el Decreto 701, una legislación que financia la producción forestal con recursos del Estado hasta el día de hoy. Fue mostrada como una ley para beneficiar a campesinos e incentivar la entrada al negocio forestal, pero en la práctica, fue destinado a apoyar a las grandes empresas para instalarse con mayor facilidad en el territorio mapuche.

Robo directo

Con el paso de los años y hasta hoy, se consolidó la vieja práctica de comprar tierras a una sola persona que poseía la propiedad individual - ya no comunitaria -  y con ello luego los interesados logran expulsar a toda la familia y quedarse con toda la propiedad.

No contentos con ello, a la hora de definir los deslindes y cercos, los mapuche siempre fueron perdiendo, aprovechando las maniobras que permite la legislación chilena y a punta de balas, cárcel y hasta muerte.

La "Receptación de Especies"

Así se nombra a quien compra algo que ha sido robado. Eso es lo que hacen las empresas forestales, pues no sólo la tierra sobre la que se inició la propiedad forestal es mal habida, sino también la que adquirieron después y hasta nuestros días.

La totalidad de la propiedad forestal en Wallmapu se estableció sobre tierra robada, pues la propiedad particular en Wallmapu no es legítima. Baste recordar que los estados chileno y argentino invadieron y ocuparon nuestro país sin tener más justificación que la avaricia por hacerse de las mejores tierras de nuestra patria mapuche.

No se declaró la guerra, ni se invocó ningún precepto legal, ni constitucional, de parte de ninguno de los dos estados invasores.

Ningún organismo internacional reguló la ocupación, ni nadie veló por los derechos de nuestro pueblo.

Fue por tanto. un robo a mano armada y por eso, quienes se apoderaron de nuestro territorio de esta manera, así como también quienes las adquirieron por cualquier medio, son personas e instituciones criminales.

El Robo continúa hoy día

El saqueo persiste, crece y se refuerza, pues el negocio forestal es un modelo económico extractivo a ultranzas, que no genera ninguna riqueza en las zonas donde opera, ni siquiera paga impuestos en las comunas donde explotan predios.

Sólo con ver las cifras de pobreza y calidad de vida de la población, tanto chilena como mapuche, en las provincias de Arauco y Malleco, lugares donde se alimentaron los gigantes forestales por décadas.

Las ventas del sector forestal alcanzaron casi los 5.000 millones de dólares, mil más que el 2009. Y para mediados de este 2011, ya se superaba esa cifra.

Negocio devastador y contaminante:

El impacto ambiental del negocio forestal es incalculable, pues no sólo desplaza el bosque nativo, además consume y seca las napas de agua subterránea, los esteros y toda fuente de agua. Las que logran mantenerse son contaminadas con las periódicas fumigaciones y las mismas plantaciones.

Para la vida mapuche, las plantaciones llevan a la muerte en un amplio sentido. Se mueren los remedios, no hay agua, los espacios sagrados y las fuerzas de la tierra no se respetan -  sin mencionar la pérdida del cuidado, la posesión, la soberanía del territorio - lo que genera serias consecuencias. En definitiva, se destruye el equilibrio de la vida mapuche y nos lleva a desaparecer como pueblo.

Negocio antisocial

El rubro forestal se encuentra altamente concentrado en unas pocas manos y las principales empresas que operan en Wallmapu son de propiedad de los grupos economicos más poderosos de Chile y el continente. Este sesgo se acentúa cada vez más, dada la dinámica misma del negocio altamente extractivo.

Además de los grupos Matte y Angelini, en Wallmapu también operan consorcios transnacionales, como la japonesa Mitsubishi, la norteamericana Simpson Paper y la neocelandesa Terranova, entre otras.

Madera teñida con sangre

En el conflicto que enfrenta a la nación mapuche con los ocupantes de nuestro territorio, los forestales y latifundistas chilenos han contado con todo el resguardo y apoyo del aparato estatal y varios han sido los hermanos que han sido asesinados por las fuerzas policiales que sirven de perros guardianes de estos ladrones.

Entre los casos más emblemáticos está el del peñi Alex Lemún, a quien el año 2002, un teniente de Carabineros le quitó la vida de un disparo cuando participaba de una manifestación dentro de un fundo de Bosques Arauco, donde los pinos estaban plantados a menos de cincuenta metros de la puerta de su casa.

En enero del 2008, Matías Catrileo murió de un disparo policial por la espalda, cuando junto a comunidades ingresaron al fundo de Jorge Luchsinger en la zona de Vilcún. A la familia Luchsinger el Estado chileno la trajo desde Suiza a instalarse en el corazón de Wallmapu, en una pequeña parcela, extendiendo su propiedad a través de los años con el robo de tierras a sus vecinos mapuche.

En agosto del 2010, Jaime Mendoza Collío cayó abatido por un carabinero en una manifestación de varias comunidades en el fundo San Sebastián, en la misma zona de conflicto donde antes fue asesinado Alex Lemún.

También se debe recordar a Zenen Diaz Necul, un niño de 16 años asesinado por un camionero que lo arrolló intencionalmente mientras protestaba en una barricada en el viaducto Malleco. Este crimen ni siquiera fue investigado, en tanto que en los anteriores, los asesinos han sido castigados de manera formal para luego ser premiados con ascensos o traslados.

Otros comuneros han muerto en circunstancias nunca aclaradas y otros tantos han salvado de ser asesinados, tanto por la policía, como por los paramilitares que operan al alero principalmente del negocio forestal en Wallmapu.

Es una paradoja que los mapuche seamos tildados de terroristas mientras nos matan. Resulta más llamativo aún, que nuestros asesinos nunca hayan tenido un muerto entre sus filas, es obvio entonces preguntarse de dónde viene el tan mentado terrorismo.

Por qué luchan los que están siendo asesinados

La nación mapuche es reconocida por su lucha milenaria en defensa de su territorio. Logró frenar el avance del imperio Inca, posteriormente y durante 300 años, lidió contra el imperialismo español y luego ha tenido que sufrir la invasión de Wallmapu por parte de los estados chileno y argentino. Ocupación bajo la que nunca ha dejado de luchar por recuperar sus derechos políticos conculcados y la soberanía de su territorio.

Es en este contexto en el que han muerto los mártires actuales. Es por esta misma lucha por la que han muerto, es por la misma defensa del territorio por la que han asesinado a Alex, a Jaime y a Zenen, es por luchar por territorio y soberanía mapuche, por lo que le dispararon a mansalva a Matías.

La ocupación de nuestro territorio ha sido tan rentable que no trepidan en convertirse en asesinos. 

El polígono chileno de la inequidad

Existe en Chile un polígono de 55 km2 donde el sentido común dice que sería imposible instalar una represa. Tampoco una central nuclear ni una termoeléctrica.  Ni una cárcel, una mina a tajo abierto, un relleno sanitario ni ninguna otra obra de infraestructura necesaria para el modelo socioeconómico neoliberal, con una óptica de ilimitada producción y consumo (cuyo puntal es el crecimiento económico mediante la acción privada), instaurado en el país a mediados de los 70.  De ese tipo de construcciones que por estos días nadie quiere cerca.

Aunque esta área cuenta con bastantes lugares que podrían albergar tales infraestructuras, a nadie se le ocurriría destinarlos a tal fin y, si lo hiciera, se enfrentaría a la oposición generalizada de sus habitantes. No de todos, seguramente, pero sí de los influyentes que, a través de los medios de comunicación tradicionales, explicarían a la mayoría nacional la inconveniencia de tal posibilidad.

Líderes de opinión, economistas y centros de estudio podrían argumentar que los terrenos no cuentan con agua suficiente, que son onerosos, frágiles, en pronunciada pendiente o demasiado distantes de los centros de consumo o de los potenciales usuarios.  Incluso que forman parte de una desconocida reserva de vida. Y para dar más fuerza a sus posturas podrían apoyarse en las más prestigiadas universidades, consultoras, estudios jurídicos y lobbystas, algo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo para lo contrario, convertir en basurero Ñuble, despensa energética Aysén o reducto de reclusión Alhué.

Parte de la importancia del polígono mencionado es que intersecta las comunas de Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura, en el sector oriente de la región Metropolitana, el más acuadalado del país. Pero lo fundamental es que dentro de sus límites viven 19 de los 22 ministros del gobierno de Sebastián Piñera. Cincuenta y cinco kilómetros cuadrados que incluyen, además, el departamento particular del propio Presidente.

No fue fácil trazar la imaginaria área. Una primera fuente fueron las declaraciones de intereses y patrimonio de los secretarios de Estado.  Como en muchos casos el domicilio personal fue omitido de las webs oficiales, se cruzó la información de los roles de sus propiedades destinadas a habitación con las bases de datos públicas del Servicio de Impuestos Internos y de la Tesorería General de la República, además de la propia guía de teléfonos.  Dato al margen: la herencia de un Chile machista persigue a todos los estratos socioeconómicos y para el caso de las 4 secretarias de Estado fue necesario recurrir a la información de sus esposos e incluso padres.

Un territorio de 55 km2, localizado en las comunas más ricas del país, es reflejo de cómo la institucionalidad chilena está diseñada para que los más privilegiados accedan al poder y tomen las decisiones que afectan a una mayoría con escasas posibilidades formales de incidir en las políticas públicas.

Esta lista representa al 86 % de los ministros del actual gobierno. Excluye sólo al de Salud Jaime Mañalich Muxi (imposible de localizar su vivienda particular, aunque su inscripción electoral da cuenta de que no viviría tan lejos del perímetro: vota en Providencia) en tanto sus colegas de Agricultura, José Antonio Galilea Vidaurre, y Justicia, Teodoro Ribera Neumann, informan domicilios en la región de la Araucanía.

Los secretarios de Estado actuales forman parte de una élite que ha optado por vivir una misma realidad, matricular a sus hijos ensimilares colegios y, en concreto, compartir la misma visión de sociedad. Una vida de país desarrollado, al ser precisamente las comunas de Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura donde se concentra el poder económico nacional (“ABCD, las letras que nos dividen”.  Revista Qué Pasa, noviembre de 2007).

Y en este pequeño grupo, que habita el 0,00007% del territorio nacional, recae el poder para decidir sobre todos los proyectos de inversión de alta intervención socioambiental que se ejecutan en Chile y que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Todo dentro de un esquema muy bien armado, donde el sistema educacional es sólo la primera plataforma del andamiaje con el cual se construye nuestra peculiar sociedad.

EDUCACIÓN PARA LA SEGREGACIÓN

En Chile la educación, principal motor de transformación de la sociedad, no cumple su rol, siendo principalmente reproductora de la desigualdad. Lo apunta el Decano de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, Juan Eduardo García Huidobro. El académicoexplica que “Chile tiene el triste récord de ser el país con la mayor segregación social en sus establecimientos educacionales, entre los 54 países que rindieron la prueba internacional PISA el 2006. Nuestro país exhibe una segregación de 52 puntos contra solo 9 de Finlandia, el país con el menor índice. Otros países latinoamericanos como Colombia  y México anotan 40, Brasil y Argentina 39 y USA 26, la mitad que Chile”.

García Huidobro identifica dos responsables: el sistema de selección y el financiamiento compartido en la educación primaria y secundaria.

El mecanismo de ingreso que usan algunos establecimientos educacionales convierte el derecho universal a una buena educación en un premio sólo para algunos, que es la máxima que persiguen los denominados liceos de “excelencia”, instituidos por el gobierno para un selecto grupo de estudiantes con mejores calificaciones. Paradójicamente, quienes podrían acceder a tal privilegio serían esencialmente niños y jóvenes de familias con mayores ingresos. Según el estudio“Umbrales sociales 2006: Propuesta para la futura política social”, sólo 1 de cada 11 niños del quintil más pobre obtiene un puntaje de “excelencia” en la prueba Simce de cuarto básico en contraste con la demoledora cifra de los que provienen del quintil más pudiente: 1 de cada 2.5 alcanza tal logro. Y claro, los pobres se educan esencialmente en establecimientos públicos municipales, los pudientes en particulares pagados, con escasos mecanismos de integración entre ambos mundos.

Algo similar ocurre con el concepto del financiamiento compartido, donde una parte de los recursos económicos los invierte el Estado y otra las propias familias. Bajo este sistema, la selección a la que se someten los niños y jóvenes para estar con “los de igual conocimiento” –explicitada en el párrafo anterior– se trastoca por la posibilidad de pagar por educarse con “los de igual poder adquisitivo”. Como se ha demostrado, ambas variables están íntimamente ligadas, con lo cual el financiamiento compartido refuerza aún más un sistema desigual y segregacionista.

EL PODER EN LAS MISMAS MANOS

Las masivas movilizaciones estudiantiles de los últimos seis meses exigiendo educación de calidad y gratuita para todos han hecho a Chile despertar de tres décadas de un sueño. El de lameritocracia, ese ideal mediante el cual en una sociedad de mercado sólo los más capaces, los mejores, los “excelentes” en palabras del Presidente, ocuparían los cargos de decisión en el Estado.  Algo que se supone ya estaría ocurriendo en el sector privado.

Pero tal anuncio es incumplible. Por lo menos en el Chile actual. El ascenso social por méritos propios anunciado hace tantos años no encaja en un país desigual como el nuestro ni mientras sigamos con el sistema actual de segregación social, económica y educativa.  En este orden el polígono inicial es sólo un síntoma.

Recurro al párrafo de un artículo publicado hace ya 2 años: “A medida que avanzan los pueblos en real igualdad de oportunidades se van produciendo cambios que permiten que los espacios de poder históricamente ocupados por los sectores dominantes sean conquistados por quienes hasta ese momento han vivido a la periferia de la toma de decisiones esenciales de una nación. Un ejemplo recurrente –y majadero– para dar cuenta del camino que aún debe recorrer Chile en su avance hacia ese tipo de sociedad es Alemania: en el país europeo un tercio de la élite intelectual, económica y política proviene del estrato alto, un tercio del medio y un tercio del bajo, en tanto que en Chile el 65 por ciento lo autogenera la propia élite, un 31 por ciento proviene de la clase media y un escaso tres por ciento de los estratos de menor nivel socioeconómico”.

Estas cifras forman parte de las conclusiones del V Informe del PNUD en Chile: “El poder: ¿para qué y para quién?” de 2004.

DECISIONES DESDE LA ALTURA

El escenario anterior da cuenta que mientras más recursos económicos mejor educación. Y mientras mejor educación mejores posibilidades de acceder a las altas esferas del poder.  Del poder privado y, leit motiv de este artículo, también público, lo cual no sería problema si el actuar del Estado estuviera permeado por un sistema participativo. Pero no es éste el caso.

En Chile, las resoluciones institucionales sobre la ejecución o no de grande grandes proyectos de inversión son verticales y prácticamente inmunes a la voluntad ciudadana. Nuestro Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) no cuenta con canales que permitan a quienes serán los usuarios (o afectados) de las determinaciones que se adopten desde el poder incidir de manera efectiva en la decisión final. Existen mecanismos de participación ciudadana, pero éstos son consultivos y no vinculantes. Los afectados pueden hacer todas las observaciones que estimen pertinentes, pero la autoridad no tendrá obligación alguna de hacerse cargo de tales peticiones.

Esta realidad es la que convierte en injusta una institucionalidad pública en que es el Presidente de la República quien dirige, verticalmente, la decisiones de sus ministros, intendentes y secretarios regionales ministeriales. Porque al final del día tanto los cargos de quienes votan regionalmente los proyectos como los de los seis ministros que participan en una especie de segunda instancia, dependen del Primer Mandatario.  Así, es él (o ella) quien, a fin de cuentas, decide sobre iniciativas de inversión de diversa índole que ingresan al SEIA. Puede ser que en un principio un proyecto se evalúe a nivel regional y luego en el nacional, pero en ambos casos ni la opinión de la ciudadanía ni de los servicios públicos son necesariamente vinculantes. No lo son hoy con las Comisiones de Evaluación Ambiental ni lo eran antes con las Comisiones Regionales del Medio Ambiente.

Esta realidad representa una gran deuda en Chile con el espíritu democrático y colectivo al que debe apuntar toda nación. A la luz de la segregación educacional, el restrictivo acceso al poder y nuestra vertical institucionalidad, particularmente ambiental, hoy en la práctica es un pequeño grupo, una élite que vive en un territorio de 55 km2, el que tiene la exclusiva potestad de decisión sobre qué proyectos de alto impacto se ejecutan y qué territorios y comunidades del otro Chile, del Chile que está fuera de los muros de ese privilegiado espacio, se pueden intervenir.

Es así que hoy se hace imperioso que los procesos de participación ciudadana se profundicen, ya que de otra forma persiste la sensación de que son unos pocos los que deciden sobre muchos. Esto explica las palabras de algunos actores políticos, quienes han cuestionado pasar de una democracia representativa (malamente representativa en nuestro caso gracias al sistema binominal y otros amarres de la dictadura) a una más participativa, toda vez que producto de la escasa movilidad social algunos ciudadanos parecieran tener grabada desde el nacimiento en su ADN la reserva de un asiento en los salones del poder, sea éste político, judicial, religioso o empresarial.

Y MIENTRAS TANTO FUERA DEL POLÍGONO…

Alhué queda a unos 150 kilómetros de Santiago, dentro de la región Metropolitana. En mapudungun significa alma de muerto, fantasma. Sus habitantes, unos 4.500, estuvieron durante meses en pie de guerra porque el gobierno, a través del anterior ministro de Justicia, Felipe Bulnes, impulsó en el lugar la instalación de una nueva cárcel para 2.400 reos. Producto de la inexistencia de un proceso institucionalizado y vinculante de participación ciudadana para este tipo de decisones, los vecinos se vieron obligados a movilizarse de distintas formas para que la autoridad modificara su resolución.

Algo similar ocurrió con la paralización, una vez aprobada, de la termoeléctrica Barrancones, por determinación presidencial.  Un proyecto autorizado por una institucionalidad ambiental que ha tenido serios yerros en sus decisiones como el caso de la central hidroeléctrica San Pedro, de Colbún, en la región de Los Ríos, cuya resolución de calificación ambiental favorableobtuviera en 2008 pero que, según informara recientemente la empresa, se someterá nuevamentea evaluación por problemas geológicos no considerados originalmente.

En la región de Aysén, en la Patagonia chilena, HidroAysén, de la sociedad entre Endesa y Colbún, pretende construir cinco represas inundando 5.910 hectáreas con un tendido de 2.000 kilómetros de torres de alta tensión, mediante una inversión que se alza ya por los U$ 10.000 millones. A pesar de las masivas protestas, no hay indicios de que el gobierno pretenda echar pie atrás.

Y así ocurre también con la central termoeléctrica Castilla, con una inversión de U$ 2.500 millones en Copiapó, la carbonera Mina Invierno en Isla Riesco en la austral región de Magallanes, y un largo etcétera en que a pesar de la participación en el marco de la intitucionalidad y la movilización ciudadana y el amplio rechazo, ha sido imposible revertir las resoluciones de quienes no vivirán los impactos y efectos directos de sus decisiones.

Es así que la pregunta de fondo es si una democracia real, de la que debe propender a que las determinaciones en lo público se adopten colectivamente buscando el interés común, resiste un sistema que permite una educación segregacionista y elitista, la exclusión en el acceso al poder y un proceso de toma de decisiones impermeable a la participación ciudadana institucional.  Con un componente cultural que queda demostrado en el “aislamiento habitacional” planteado en un inicio.  Son tales temas los que están presentes en las movilizaciones de los últimos meses con relación a HidroAysén, primero, y la educación, después, y que tuvo como simbólico corolario latoma del ex Congreso nacional en Santiago.

La génesis de este artículo fue comprobar una tesis que resultó ser cierta. Que gran parte de los máximos representantes del Poder Ejecutivo forman parte de un grupo que es posible ubicar dentro de un espacio geográficamente pequeño y definido por el poder adquisitivo (y cultural, educacional, etc). “Las labores en la capital del Reyno así lo requieren” podría ser respuesta lógica.

Estaba claro, también, que entre Lo Barnechea, Vitacura y Las Condes se concentra el poder en Chile (no sólo político, también económico), según han demostrado diversos estudios.  Es ésta una realidad en la que no han hecho mella alguna las políticas públicas sociales redistributivas al tener nuestro país el coeficiente de Gini (que mide la desigualdad) más alto de los países de la OCDE, quizás porque en Chile no se consideran negativos los guetos de élite, pensando que, a fin de cuentas, es sólo una cuestión de opción y mercado.

Este artículo no sorprenderá probablemente a la mayoría de los chilenos y chilenas. El polígono aquí descrito sólo fue el pretexto para mostrar una realidad que sabemos existe y que da cuenta gráfica de lo que ya todos conocemos.  Chile es un país enormemente desigual, irresponsablemente injusto y falto de democracia en las decisiones del Estado.  Y algo debemos hacer al respecto.

*Con aportes de Colombina Schaeffer, socióloga y estudiante de doctorado en Gobierno y Relaciones Internacionales en la Universidad de Sidney, Australia. (schaeffer.colombina@gmail.com)

La RSE de las compañías mineras es un gran Mito

• Las compañías identifican a las y los líderes para proceder al soborno y la cooptación de manera que eso luego se traduzca en desconfianza, división comunitaria, incertidumbre colectiva y debilitamiento del tejido social.

Santiago de Chile, 26 de octubre de 2011. (Radio del Mar/Olca)-- En la sala Sazié de la Casa central de la Universidad de Chile se congregaron decenas de personas para debatir y reflexionar en torno a la llamada Responsabilidad Social Empresarial, concepto complejo, de silencioso impacto, bajo el cual se enmascara una intervención antropológica sin precedentes en la historia republicana de Chile.

Dirigentes sindicales de la Confederación de Trabajadores del Cobre y representantes comunitarios de Salamanca, Cuncumén, Alto del Carmen, Vallenar y Aconcagua viajaron especialmente desde sus localidades para participar del Seminario Taller "El mito del Beneficio Minero" organizado por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y convocado por la Coalición Ecuménica por el Cuidado de la Creación, el Colectivo Viento Sur, la confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), la Confederación Minera de Chile (CONFEMIN), Federación de Estudiantes – Universidad Alberto Hurtado y la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SECMA) – FECH.

La actividad surgió como respuesta a una embestida empresarial minera sobre Responsabilidad Social Empresarial que congregó a representantes de las principales transnacionales mineras del planeta en el hotel Sheraton entre los días 19 y 21 de octubre.

EL seminario denunció que transnacionales se han aferrado al concepto responsabilidad social para enmascarar la sistemática irresponsabilidad con la que operan.

Para esto se han valido de un sin número de mecanismos, como la creación de Fundaciones "filantrópicas" (que se financian con dineros de impuestos que nunca llegan al Fisco), cuyos logos son una apropiación notable del imaginario identitario de las localidades que pretenden intervenir; o las alianzas con el Estado, que determinan en la práctica aberraciones tales como que en Alto del Carmen sea la MInera Barrick Gold la que le entrega dinero a los organismos del Estado (FOSIS; JUNJI, SERCOTEC, CORFO) para que realicen sus labores, claro que bajo la tutela de la empresa.

Las compañías también identifican a las y los líderes para proceder al soborno y la cooptación de manera que eso luego se traduzca en desconfianza, división comunitaria, incertidumbre colectiva y debilitamiento del tejido social. Pero también las empresas financian espectáculos artísticos que transforman luego a los artistas, en el imaginario, como portavoces de la fiesta que la empresa quiere representar.

Todas estas estrategias sólo son posibles por la complicidad de los Estados con estas empresas y por la falta de espacios de discusión y reflexión como para darnos cuenta de qué estrategias requiere una empresa para imponer la actividad más contaminante e invasiva del planeta en un territorio, sin que la resistencia comunitaria le imposibilite operar.

Luego de un trabajo en grupo sobre los temas planteados y un almuerzo comunitario cocinado junto a las y los estudiantes en toma, el seminario abrió paso a la voz de las comunidades y los trabajadores; Mauricio Ríos, presidente del Consejo de Defensa del Valle del Huasco y Cristián Cuevas, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, dieron cuenta de la importancia de que quienes trabajan en la minería y las comunidades que sufren sus impactos se junten sin mirarse como enemigos, sino como parte de una comunidad impactada por un sistema económico injusto, de lo contrario, los dardos de la resistencia terminan enfocándose mal y la lucha por la vida se hace poco eficiente.

Del mismo modo, se compartió en torno a la importancia de ir creando condiciones que se constituyan en alternativas al extractivismo y la cultura de muerte que se impone. Apostando por el desarrollo local, la restitución de los lazos y las actividades tradicionales, la promoción del amor a la tierra y los valores que ella enseña, y sobre todo, la importancia de poner al agua y la amenaza que sobre ella se cierne como el eje de la resistencia colectiva.

Finalmente, las y los participantes crearon y escribieron lienzos para poner en el frontis de la casa central de la Universidad de Chile en toma en los que se leía "¿Responsabilidad social en minería? JA JA JA" "Responsabilidad Social Empresarial: Robar Sobornar Evadir" y "En la tierra, el aire y el mar no hay responsabilidad social".

Algunos de los expositores fueron el geógrafo y doctor en antropología Raúl Molina, la socióloga experta en temas laborales Magdalena Echeverría, el economista y presidente de Acción AG Martín Pascual y el director de OLCA, Lucio Cuenca.

El Estado de Chile miente ante la CIDH y señala que el respeto a los DDHH requiere “un cambio cultural”

FUENTE: CentroEstudiosJuridicosFECH

Por cerca de cuarenta y cinco minutos se extendió la Audiencia que en su 143° período de sesiones realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hoy viernes 28 de octubre para recibir al Estado de Chile y a peticionarios de la ong Asesoría Ciudadana en torno al tema de las manifestaciones públicas y la respuesta estatal frente a ellas.

Durante los veinte minutos de su exposición, los egresados de Derecho de la Universidad de Chile Branislav Marelic e Italo Jaque expusieron las situaciones que se han vivido con motivo de las manifestaciones públicas en cuatro grandes áreas: Marco normativo sobre manifestaciones públicas; violencia contra manifestantes; abusos contra personas privadas de libertad; y, factores de impunidad que hacen que estos graves hechos queden sin investigación.

En esa línea, apuntaron  con especial énfasis a las denuncias de tortura existentes, al Decreto Supremo 1086 de 1983 que pese a vulnerar la Convención aún regular el derecho a reunión pública y a la persistencia de la Justicia Militar pese a lo dictaminado por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Pero lo más peculiar de la jornada vino con la exposición y descargos del Estado de Chile. En la respuesta, a cargo del abogado Miguel Ángel González y de un Mayor de Carabineros, no sólo se desvío la atención hacia la violencia cometida por manifestantes sino que además se desvirtuaron hechos e incluso se mintió acerca del derecho aplicable.

Este es el “compilado” de los 170 videos que los peticionarios llevaron a la Comisión junto al informe de cerca de doscientas páginas.

Para abrir, González señaló que en Chile no se requiere ningún tipo de autorización para realizar manifestaciones públicas y que lo que se exige en el DS 1086/1983 es simplemente una notificación del evento a realizar y un acuerdo con la administración respecto del trazado.

Luego, el abogado pasó a referirse a que en Chile en realidad se vive una situación “compleja” en cuanto a la violencia en manifestaciones se refiere. Allí profundizó el resto de su intervención refiriéndose al origen de la violencia en grupos de manifestantes no pacíficos, a las tasas de detención respecto del total de manifestantes y a los protocolos bajos los que actúa la fuerza pública. Señaló que Carabineros no ataca a manifestantes pacíficos y que los despliegues en las manifestaciones se realizan precisamente para protegerlos. El Mayor de Carabineros presente en tanto, planteó a la Comisión la cantidad de Carabineros heridos en el curso de las manifestaciones de este año, la plena sujeción de su Institución a la Constitución y las leyes y, la existencia de medios institucionales para formular denuncias administrativas.

Ninguno de los dos representantes del Estado se refirió a las graves denuncias expresadas por los peticionarios respecto de los hechos de tortura y agresiones ocurridos sobre todo al interior de los vehículos y recintos policiales.

Antes de dar paso a réplicas de tres minutos, el Presidente de la Comisión dio la palabra a los comisionados para que manifestaran su opinión y formulasen preguntas.

Paulo Sergio Pinheiro, Relator en materia de Derechos del Niño, pidió al Estado “no tratar de justificar lo injustificable” refiriéndose a los hechos de violencia contra niños cometidos con motivo del control de orden público los que calificó de “deplorables”. Exigió además al Estado la modificación del Decreto Supremo 1086 de 1983; la eliminación de la Justicia Militar para delitos cometidos por uniformados contra civiles “para estar a la altura de una latinoamérica democrática”; y, conocer el proyecto de ley con el que el Gobierno pretende encarcelar a estudiantes que ocupen sus liceos y a los dirigentes que los convoquen a ello.

La Comisionada Luis Patricia Mejía, solicitó al Estado de Chile entregar el detalle del número de manifestaciones que han tenido lugar este año y cuántas de ellas han sido reprimidas “pues tiene información de que en todas ellas ha habido violencia”. Además solicitó la estadísticas de procesos judiciales relacionados al tema y los mecanismos de las Fuerzas Especiales de Carabineros para distinguir entre manifestantes pacíficos y manifestantes violentos.

Catalina Botero Marino, Relatora en materia de Libertad de Expresión, en tanto manifestó su preocupación en torno a las sanciones y el marco jurídico que en Chile pudieran estar desincentivando la libertad de expresión.

Ya en en los tres minutos de cierre concedidos a ambas partes, Branislav Marelic volvió a la carga con el Decreto Supremo dando lectura al artículo 15 de la Convención Americana que exige que la regulación del derecho de reunión se realice por Ley. Reiteró la necesidad de derogar la Justicia Militar y recalcó que su intención como peticionario no era hablar ante la CIDH sobre los encapuchados sino que sobre la violencia policial, señalando que absolutamente nada justifica la tortura.

Miguel Ángel González por su parte señaló que respecto del artículo 15 de la Convención existe una Observación de la Corte Interamericana que admite que por “Ley” puede entenderse también la normativa emanada de una potestad reglamentaria delegada y que fue ese precisamente el caso del Decreto Supremo de 1983 (nota de la edición: que además de ser firmado por Pinochet en Dictadura, corresponde en su género a una potestad reglamentaria autónoma), el que se ajustaba y se ajusta plenamente a la Constitución de la República.

Para finalizar, el representante de Chile señaló que su país es de los pocos que respetan la Convención Americana y que además “el respeto de los Derechos Humanos requiere de cambios culturales que toman tiempo” pese a lo cuál, ha visto como el Estado se ha esforzado en dar avances en la materia como es el caso de la Ley Antiterrorista.

En los próximos días, el video de la audiencia estará disponible en http://www.livestream.com/OASLive

Mientras que en este link http://bit.ly/s8gWYC es posible conocer el texto ocupado para el alegato por los peticionarios

Sed de Oro - Pascua Lama (español)

Una excelente pelicula sobre Barick Gold y Pascua Lama. (Explotación de oro en Chile)

Sed de Oro - Pascua Lama (español) on Vimeo.

Codelco se apresta a asumir el mayor saqueo de su historia con la compra del 49% de la mina La Disputada

FUENTE: Rebelion.org
La Disputada, hoy Anglo Amaerican Sur o Mina Los Bronces, fue comprada por Enami en 1971 a una minera francesa. En 1979 fue vendida a Exxon en 90 millones de dólares. La Exxon explotó esta mina durante 24 años y siempre declaró pérdidas y por ello nunca pagó un solo peso de impuesto al Estado chileno. Sin embargo esta empresa que solo tenía pérdidas, el año 2003 fue vendida a Anglo American en 1.300 millones de dólares, pero además recibió 700 millones de dólares de parte del Fisco chileno, por pérdidas tributarias acumuladas, Por lo tanto, el costo real de compra para Anglo American fue de solo 600 millones de dólares.
En ese tiempo, Codelco a través de Enami pudo haber hecho efectiva la opción de compra del 49% de La Disputada por 650 millones de dólares, pero el Presidente Lagos optó por no hacerlo. Hoy nos enteramos con estupor que Codelco está dispuesto a pagar cerca de 7 mil millones de dólares por el 49% del capital de esa empresa, y para poder efectuar dicha compra recibirá un préstamo de la japonesa Mitsui por 6.750 millones de dólares, préstamo absolutamente injustificado además, cuando sabemos que Chile dispone de 3 a 4 veces esa suma invertidos a pérdida en EEUU.
Esto es un verdadero saqueo, puesto que comprar el 49% del capital de esta empresa no tiene absolutamente ningún sentido económico para Codelco, menos aún financiero, puesto que con el 49% del capital no se puede tener ninguna ingerencia en la administración de ese yacimiento, como es el caso desde hace 15 años en El Abra, donde Codelco también cuenta con el 49% del capital y pesa menos que un paquete de cabritas en la administración de dicha empresa.
Comprar el 49% de Anglo American Sur, es el mayor saqueo en toda la historia de Codelco, más aún es el mayor saqueo de las arcas del Estado. Es imposible encontrar una razón medianamente coherente a esta compra. Quizás la explicación venga del siguiente hecho. Tanto el Presidente Ejecutivo de Codelco, Sr. Diego Hernández , como el Vicepresidente de Estrategia y Finanzas Sr. Thomas Keller, principales artífices de este negocio, son ex empleados de Anglo American, y quizás solo están momentáneamente en comisión de servicios en Codelco, para traspasarles 7 mil millones de dólares a Anglo American, sin absolutamente ningún beneficio para Codelco y el país. Sobretodo cuando nada se ha dicho respecto a cuantos años de explotación le quedan a esta mina. Como será de sucio este negociado, que la vergüenza se les notaba en el rostro a los Ministros de Hacienda y de Minería, al tratar de explicar esta inexplicable compra.
Este saqueo es aún más vergonzoso cuando sabemos que Pinochet dejó vigente en la Constitución de 1980, la Reforma Constitucional de la Nacionalización de la Gran Minería que por la unanimidad del Congreso Nacional se aprobó el 11 de julio de 1971, nacionalización que dice: “En consecuencia, una vez que la reforma entre en vigencia, quedará ipso jure nacionalizada esta riqueza minera básica del país y se podrá tomar posesión material inmediata de los establecimientos respectivos”.
Anglo American Sur es una empresa de la gran minería, por lo tanto está nacionalizada ipso jure, y solo falta que cualquier Presidente de la República que tenga el coraje y la inteligencia que corresponde a un Presidente de Chile, lo haga mediante un simple decreto supremo.
Por ello que este saqueo es más vergonzoso, puesto que en virtud de lo que establece la Constitución, no se debe pagar ninguna indemnización por la nacionalización de los yacimientos mineros, y solo se debe pagar por las instalaciones o activos de la empresa, que en ningún caso sobrepasan los mil millones de dólares. Que la Constitución permite nacionalizar este yacimiento, es la prueba más fehaciente que pagar 7 mil millones de dólares por el 49% de Anglo American Sur, y más encima endeudarse para ello, es el más colosal saqueo de Codelco y de las arcas del Fisco, que jamás nadie había imaginado.
Este nauseabundo negociado solo puede explicarse porque los ejecutivos de Codelco que le hacen este regalo de 7 mil millones de dólares a Anglo American, los Srs. Diego Hernández y Thomas Séller, han sido por muchos años, muy altos ejecutivos de Anglo American. ¿Pero que gana el Presidente Piñera con este negociado?

El informe crítico a Hidroaysén que fue eliminado por SERNAGEOMIN

Durante tres años un equipo técnico de SERNAGEOMIN evaluó el estudio de impacto ambiental de Hidroaysén. Cada informe consideraba insuficientes los datos y pedía nuevos antecedentes. Así lo hacía también el memorándum Nº 33, pero nunca ingresó al sistema. Su contenido fue cambiado y no fue considerado a la hora de aprobar el proyecto. Los funcionarios denunciaron a la Contraloría que sus cuestionamientos técnicos fueron silenciados. SERNAGOMIN considera que el memo Nº 33 era sólo un antecedente más. Ya hay querellas por hechos similares en Conaf y el Ministerio de Vivienda.

Una corta vida tuvo el memorándum Nº 33.

Nació un día 21 de abril de 2011, con cinco carillas de extensión, en una oficina del Servicio Nacional de Geología y Minería, SERNAGEOMIN. Fue creado por un equipo técnico de cinco geólogos expertos en la evaluación de estudios de impacto ambiental.

El memorándum Nº 33 estaba dirigido por la coordinadora del equipo técnico a su jefe directo. Y luego, como el documento contaba con la aprobación de dicha jefatura, sería reenviado hasta llegar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Pero en una parte del camino, una mano desconocida lo eliminó el mismo día en que había sido redactado.

¿Su pecado? En el primer párrafo ya contenía algo que inquietó a su victimario: “Adjunto a usted las observaciones a la Adenda 3 Proyecto Hidroeléctrico Aysén”.

Cuando faltaban tres semanas para que la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) se pronunciase sobre el proyecto de HidroAysén, a algún funcionario del SERNAGEOMIN le pareció inconveniente que este servicio todavía generara reparos u observaciones en materias de carácter ambiental. Lo que estaba en juego era la aprobación de una inversión millonaria.

Desde que en agosto de 2008 la empresa presentó su estudio sobre el impacto ambiental que provocaría la construcción de cinco represas en la zona, recibió más de 4 mil observaciones desde diferentes servicios estatales.

El memorándum Nº 33 contenía 9 observaciones a la llamada Adenda 3. Fueron formuladas por un equipo de geólogos coordinado por Francisca Falcón, geóloga del Departamento de Geología Aplicada del SERNAGEOMIN.

Sus observaciones a la Adenda 3 involucraban la realización de estudios que podrían tardar hasta un año y, además, debería evaluarse el resultado de dichos estudios y su impacto en el diseño del proyecto.

Este documento debía recorrer una ruta preestablecida: Francisca Falcón debía remitirlo a su jefe directo, Aníbal Fajardo, del Departamento de Geología Aplicada. Como el memorándum no tenía reparos técnicos sería reenviado, por medio del memorándum Nº 34, a Roberto Ponce, jefe del Departamento de Ingeniería y Gestión Ambiental (DIGA), que a su vez debía remitirlo a Héctor Contreras, director regional SERNAGEOMIN Sur. Y desde esta oficina, para concluir su periplo, el memorándum Nº 33 se convertiría en el Oficio N°95, que sería enviado electrónicamente, vía e-SEIA, al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

Evidentemente, en algún momento, el informe también sería leído por algunas de las autoridades del SERNAGEOMIN.

El “resumito”

Las observaciones del memorándum Nº 33, nunca llegaron al SEA. En algún lugar de la cadena, fueron eliminadas. Lo único que consta es que el jefe del Departamento de Geología Aplicada lo adjuntó con el memorándum Nº 34 a la autoridad del DIGA.

Todos los demás actores posteriores a dicho envío serían eventuales sospechosos de la anulación de las observaciones contenidas en el memorándum Nº 33 

Fue así cómo de pronto, en el servicio, se escuchó el rumor de que “alguien” había hecho un “resumito” del memo 33, “porque el equipo evaluador escribía mucho”.

Entonces, desde el anonimato, surge el Oficio Nº 95. Quién o quiénes eliminaron al memorándum Nº 33 escribieron otro informe, de un poco más de una carilla, mientras que el original tenía 5 hojas.

Pero dicho oficio no es simplemente un “resumito”, o una adaptación del memo en cuestión. Porque, más allá de la extensión del documento, hay una gran diferencia entre la evaluación técnica inicial y este oficio final.

“Oficio pronunciamiento conforme sobre Adenda”, se lee en el registro del oficio Nº 95 ingresado al SEIA el 22 de abril. Mientras que el memorándum Nº 33 contenía 9 observaciones, el impostor, el oficio Nº 95, aseguraba que el SERNAGOMIN se declara “sin observaciones” a la Adenda 3 del proyecto HidroAysén.

El oficio N°95 del SERNAGEOMIN contiene sólo algunas de estas peticiones, y las presenta más suavizadas, pero tiene una gran diferencia con el memorándum Nº 33: no las consigna como observaciones. Se les antecede con la frase “condicionado a”, pero esto no pasa más allá de ser un expresión de deseo.

“Lo que se muestra como “condicionado a” en el oficio 95 es letra muerta, porque el SERNAGEOMIN tiene la potestad de hacer observaciones, como las contenidas en el memorándum 33 y que deben ser respondidas por la empresa, pero no tiene las atribuciones para aplicar un “condicionado a” a una obra que tiene carácter civil, como es este caso”, afirma la geóloga Francisca Falcón.

El 21 de abril de 2011, el mismo día en que el memorándum Nº 33 había sido redactado, Héctor Contreras, director regional de SERNAGEOMIN Zona Sur, remitió el oficio Nº 95 a la dirección del Servicio de Evaluación Ambiental de Aysén ( lo cual no indica, necesariamente, que este funcionario sea quien haya eliminado el memorándum ni redactado el oficio).

De este modo, para las autoridades ambientales del país el proyecto HidroAysén no tenía más observaciones de parte del SERNAGEOMIN.

“Chanchullos”

Los geólogos pudieron resignarse a la desaparición del memorándum Nº 33. Mirar para el lado y repetirse que las cosas son así, pero no lo hicieron. El equipo de geólogos había trabajado tres años en las evaluaciones ambientales de HidroAysén. Nadie en el servicio sabía tanto del tema como ellos. Aún así –o tal vez por eso mismo– su informe había sido eliminado.

El viernes 3 de junio de 2011, la directiva de la Asociación de Funcionarios del SERNAGEOMIN, AFUSER, presentó ante la Contraloría General de la República una denuncia donde solicita la “persecución de la responsabilidad disciplinaria en el SERNAGEOMIN, en relación a irregularidades en la evaluación de la Adenda 3 del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Aysén”.

Francisca Falcón, Vlamir Muñoz y Rodrigo Beas, en representación de AFUSER y Paola Ramírez, como funcionaria afiliada, presentaron la solicitud.

“Para nosotros lo importante es que se revise lo que nos parece una situación irregular. Como funcionarios públicos nos sentimos obligados a efectuar esta presentación a Contraloría, sobre todo cuando el ministro de Minería y Energía, Laurence Golborne, ha señalado que lo importante es que el proceso sea transparente”, explica Francisca Falcón, quien es la coordinadora del equipo técnico en materias geológicas del SERNAGEOMIN para la evaluación de informes de impacto ambiental.

Efectivamente, a comienzos de mayo de 2011, el ministro alentó a través de los medios, a que si alguien creía que había “chanchullos” o problemas en este proceso, que hiciera su denuncia a la justicia o la Contraloría. Pero con nombre y apellido.

El número “33” se volvería a aparecer en la vida del ministro. Inspirado en esta declaración, el equipo de evaluadores del SERNAGEOMIN dio la cara y concretó la denuncia ante la Contraloría.

No sería la primera denuncia de informes técnicos cambiados durante la evaluación de Hidroaysén. En noviembre pasado, los sindicatos de Conaf revelaron que el documento elaborado por los profesionales de Aysén que sugería prohibir la inundación del Parque Nacional Laguna San Rafael había sido modificado en Santiago. Y en abril, los opositores a Hidroaysén denunciaron que una evaluación negativa del Ministerio de Vivienda había sido cambiada por una positiva, lo que fue negado por el seremi del área, el mismo que luego debió inhabilitarse de votar el proyecto por tener un conflicto de interés.

Ambas instituciones fueron objeto de querellas por falsificación ideológica de documento, las que fueron acogidas a tramitación y están siendo investigadas por la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de Investigaciones.

Ante la sospecha de que otros organismos públicos pudieran haber presentado observaciones distintas que las propuestas por sus técnicos, Patagonia sin Represas ha utilizado la Ley de Transparencia para solicitar todos los antecedentes de las deliberaciones. Ocho reclamos llegaron al Consejo para la Transparencia, organismo que manifestó su preocupación debido a que los servicios públicos han respondido que no cuentan con dichos antecedentes.

Sin explicaciones

“Yo me enteré del contenido del oficio Nº 95 cuando ya estaba ingresado al sistema”, recuerda la geóloga Paola Ramírez. Y lo que cuenta no es un asunto menor.

Ella era la persona designada por la dirección regional SERNAGEOMIN Zona Sur, con base en Concepción, para ingresar los informes provenientes del equipo de geólogos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Paola Ramírez inclusive había trabajado en el proceso de evaluación de HidroAysén hasta febrero de 2011, cuando se trasladó a Santiago, por lo que conocía en detalle las evaluaciones realizadas hasta la Adenda 2. Como mantuvo su rol de evaluadora ante el SEA, el oficio N° 95 debería haberse emitido con su explícita aprobación. Pero no sucedió así y fue ignorada. Ella, al conocer el contenido del memorándum Nº 33, no hubiese visado el oficio Nº 95.

No lo ven así las autoridades del SERNAGEOMIN. Waldo Vivallo, subdirector Nacional de Geología, pide a los funcionarios no ser tan soberbios de creer que son los que tienen la verdad respecto a la evaluación de este proyecto. Explica, además, dónde se mutiló el memorándum Nº 33:

-El oficio Nº 95 fue redactado por el DIGA de Santiago. Es el departamento responsable de emitir un pronunciamiento oficial sobre las Adendas. No es Francisca Falcón ni Paola Ramírez. Ellos consideran su informe técnico como un antecedente dentro de otros para emitir el informe definitivo. Ellos pueden acoger, modificar o tomar parte del memorando original. Eso ocurre a menudo. En este caso, la opinión fue acogida parcialmente.

“Me puede gustar o no el procedimiento. Puede estar bien o puede estar mal, y si fuera así se podría revisar. Pero es el procedimiento que tenemos””, agrega Vivallo.

Tras dicho procedimiento, el Informe Consolidado de la Evaluación Ambiental (ICE) del proyecto Hidroeléctrico Aysén que ingresó el 29 de abril de 2011 para su aprobación, sólo contenía el oficio Nº 95 y no las observaciones de los geólogos.

Pero todavía podían hacer algo. Ellos mismos tenían que dar su visto bueno al informe consolidado. Se negaron entonces a visar este documento.

El 2 de mayo de 2011 enviaron el memorándum Nº 38 a Waldo Vivallo, en el cual explicaban que su negativa a firmar el documento estaba basada en la omisión que se había hecho a las observaciones del memorándum Nº 33.

Como todavía se estaba a tiempo de corregir la situación, le solicitaron que rectificara el oficio Nº 95 y restituyera la totalidad de las observaciones del memorándum original.

También le pidieron que informara quién o quiénes habían hecho el cambio: “solicitamos realizar una investigación sumaria interna para revisar las posibles responsabilidades que puedan caber en este hecho, al modificarse el contenido de un instrumento público, lo cual podría tener graves efectos para la vida y la salud de las personas y comunidades completas”.

El memorándum Nº 38, donde se denunciaba lo sucedido, fue distribuido con copia al Departamento de Geología Aplicada, a la Oficina Técnica Puerto Varas, a la Dirección Regional Zona Sur, al Departamento de Geología Regional y al Departamento de Ingeniería y Gestión Ambiental.

Pasaron los días siguientes esperando una respuesta. Pero este memorándum no tuvo una respuesta formal y nada sucedió.

Finalmente, el SERNAGEOMIN dio por aprobado el informe consolidado y lo envió al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), sin la participación de Paola Ramírez ni del equipo de geólogos que evaluaron la Adenda 3. Pocos días después, el 9 de mayo de 2011, la Comisión de Evaluación Ambiental de Coyhaique aprobó el proyecto HidroAysén.

Línea base incompleta

El equipo evaluador del SERNAGEOMIN recibió con cierta amargura esta noticia. Y no porque tuviesen una postura “verde” o ambientalista, sino porque sabían que, a pesar de haber pasado tres años corrigiendo el estudio de impacto ambiental (Adenda 1,2 y 3), el proyecto todavía no estaba en condiciones de ser aprobado.

Según su criterio, HidroAysén hasta la fecha no ha completado algo tan básico como la línea base, una parte fundamental del estudio de impacto ambiental.

Cuando un megaproyecto va intervenir cualquier área del país se exige un estudio -línea base- que dé cuenta de todos los componentes ambientales del lugar: el medio físico, biótico y humano. Esto incluye temas especializados tan variados como la descripción de las poblaciones de aves que se anidan en el lugar, el perfil químico del agua que circula por sus ríos, las características de las napas de agua subterránea, la composición de la roca del subsuelo y la evaluación de los peligros geológicos que puedan afectar el proyecto.

“La línea base debe ser proporcionada por la empresa que va a ejecutar el proyecto. Y si este estudio está incompleto, difícilmente se puede definir con exactitud las consecuencias ambientales que dicho proyecto puede provocar”, explica la geóloga Francisca Falcón.

Y eso es exactamente lo que pasó con el proyecto HidroAysén.

Cada vez que la empresa presentaba las actualizaciones (Adendas) de su estudio de impacto ambiental, el equipo evaluador insistía en la necesidad de completar la información faltante en algunas áreas específicas. Si bien se avanzaba en algunos aspectos, en otros, la empresa no daba respuesta a la solicitud de los evaluadores.

Y en el extinto memorándum Nº 33, estaban algunas de esas solicitudes que se fueron arrastrando en el tiempo (y que, por la muerte súbita de dicho memorándum, no quedaron resueltas).

Un ejemplo son los acuíferos o aguas subterráneas que están bajo el área que se va intervenir. Francisca Falcón, Paola Ramírez y Vlamir Muñoz, afirman que la empresa nunca hizo una adecuada caracterización de estas napas, que el estudio presentado por la empresa se realizó en base a la literatura existente sobre la zona y a un escaso trabajo en terreno.

Los especialistas del SERNAGEOMIN señalan que para hacer la caracterización de los acuíferos se requieren de sondajes profundos, de 30 ó 40 metros, pero que la empresa sólo realizó algunas perforaciones de 3 ó 4 metros, que no sirven para este propósito.

Los evaluadores, entonces, hasta el día de hoy no tienen certeza sobre la distribución de las aguas subterráneas ni de su dimensión ni de su profundidad o del sentido en que se mueven bajo la tierra, información imprescindible para evitar que el proyecto HidroAysén contamine las napas.

Esta contaminación podría tener diferentes causas. La misma agua de los embalses, que al quedar apozadas cambian su composición química, podría filtrase por el terreno que la contiene, hasta contaminar los acuíferos.

“Para saber qué tan probable es este riesgo de contaminación, se necesita conocer con certeza el nivel de permeabilidad de las rocas del subsuelo. Pero no tenemos esa información, porque los estudios que presentó la empresa fueron insuficientes” consigna la geóloga Francisca Falcón.

Otro el levantamiento de un vertedero, donde se trasladará la basura resultante del proceso de construcción, como los desperdicios de la población flotante que llegará a la Región de Aysén, la que en algún momento alcanzará las 4 mil personas relacionadas a la construcción de las obras.

El equipo evaluador solicitó la perforación de pozos de control en las zonas adyacentes al relleno sanitario, de manera que hubiera una forma de percatarse si se producía una contaminación de las aguas subterráneas. Pero los geólogos de SERNAGEOMIN indican que la empresa HidroAysén no lo consideró necesario y finalmente no se hicieron.

Además HidroAysén tampoco realizó un estudio que permitiera conocer cuál es la calidad y composición química de las aguas subterráneas en el sector del relleno sanitario, a pesar de que hay que establecer un punto de comparación, un “antes de”, para saber si las aguas comienzan a contaminarse con filtraciones.

-Nuevamente -afirma Francisca Falcón- es un estudio que nunca hicieron, aunque lo pedimos en forma reiterada.

A juicio de la geóloga, hacer un completo estudio de los acuíferos, representaba un costo marginal en relación a la magnitud del proyecto. No se explica por qué no quisieron hacerlo. “Ese estudio lo hacían en un año. Tuvieron tres años para hacerlo, pero no lo hicieron”.

Las observaciones del memorándum Nº 33 también hacían referencia al posible deslizamiento de tierra en la zona cercana al embalse, lo cual podría provocar un “tsunami”. (ver recuadro)

Obstáculos en la evaluación

Pero no sólo hubo importantes observaciones que no se consideraron. Otras tantas ni siquiera alcanzaron a formularse. Los profesionales que elaboraron el memorándum Nº 33 revelan que no pudieron realizar todas las observaciones que ameritaba la Adenda 3.

En el mismo documento se hace referencia a que, por la carga laboral de los profesionales y el tiempo otorgado por ley para realizar las observaciones, “algunas materias no pudieron ser revisadas en profundidad y otras pudieron quedar sin observaciones”. El tiempo que otorga la ley, para que un equipo evaluador haga su trabajo está predefinido y concede los mismos plazos de revisión, independientemente del proyecto y del volumen de la información entregada.

El equipo de geólogos del SERNAGEOMIN tuvo 11 días para hacer su trabajo. La Adenda 3 fue subida al sistema el 11 de abril del 2011 y los evaluadores contestaron con el memorándum Nº33, el 21 de abril de 2011.

Si el tiempo para evaluar ya era escaso, el tema se hacía más crítico para los evaluadores cuando la empresa hacía entrega de sus estudios con la información parcializada y no integrada, como debería ser.

“Es como si ellos tuviesen la responsabilidad de entregarnos una chaqueta para que nosotros la evaluáramos. Pero, en lugar de la chaqueta, nos pasaran la vaca viva, un cuchillo e hilo y nos dijeran ahí está la chaqueta. Y nosotros teníamos que hacer todo el proceso para recién poder evaluarlo”.

Otras veces, el equipo de evaluación del SERNAGEOMIN debía trabajar cuesta arriba, pero no por estrategias de la empresa privada, sino por actitudes del mismo aparato estatal.

Durante el 2010 se comenzaron a realizar los encuentros del Comité de Agilización de las Inversiones (CAI), el cual según Juan Andrés Fontaine, ministro de Economía, Fomento y Turismo, es un organismo interministerial que tiene como objetivo destrabar los proyectos de inversión con el fin de impulsarlos y reducir sus trámites y tiempos.

Francisca Falcón, coordinadora del equipo técnico de evaluación, cuenta que fue “invitada” a una de estas reuniones, en las cuales bajo el patrocinio de funcionarios del CAI, los representantes de HidroAysén hicieron una presentación donde podían hacer sus descargos de lo que consideraban observaciones excesivas o exageradas de los servicios con competencia ambiental.

Esto podría interpretarse de dos formas: como una magnífica instancia para que evaluadores y evaluados pudieran compartir experiencias y salir fortalecidos o como un simple acto de presión sobre estos profesionales de los servicios públicos

Cuando el actual director nacional de SERNAGEOMIN, el ingeniero civil mecánico, Enrique Valdivieso, asumió el cargo en enero del 2011, su jefe directo, Laurence Golborne, como ministro de Minería, le puso como objetivo cumplir con cinco metas. Una de ellas, según palabras del propio ministro, era “acelerar todo el proceso de emisión y evacuación de informes necesarios para los proyectos de inversión relacionados con sus estudios de impacto ambiental”.

Francisca Falcón, Paola Ramírez, Vlamir Muñoz y Rodrigo Beas tienen la esperanza de que con la investigación de la Contraloría General de la República se aclare toda la situación. Dicen haber actuado motivados por la ética y la honorabilidad del funcionario público y por la transparencia en los procesos medioambientales.

Pero también por un motivo gremial, ya que quieren defender el respeto por las competencias técnicas de los profesionales que se desempeñan en las instituciones públicas y que en éste caso fue soslayado por quien cambió el contenido del memorándum Nº 33 por el del Oficio Nº 95.

Quien realizó ese cambio con probabilidad tenía un mayor rango jerárquico pero, con seguridad, afirman los geólogos, no tenía las competencias para alterar un informe especializado elaborado por cinco expertos en materias geológicas.

“Uno entiende que hay decisiones políticas, posteriores a la evaluación ambiental en el SEA, donde por diferentes circunstancias se puede privilegiar una inversión por sobre un criterio técnico. Pero esta decisión se debe hacer teniendo sobre la mesa toda la información recabada por los profesionales competentes en la materia, así como considerando sus evaluaciones. No me parece, que de manera solapada los intereses políticos y económicos, intervengan el contenido de un informe técnico para facilitar una decisión política posterior, pero que aparentemente está tomada de antemano”, aclara Paola Ramírez.

Estas circunstancias abren diversas interrogantes trascendentales para el desarrollo sustentable del país. ¿Puede un jefe de servicio alterar un informe eminentemente técnico sólo porque es jefe? ¿De qué manera el Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, le garantiza al país que la evaluación de los proyectos de inversión refleje lo que realmente evaluaron los expertos? ¿Se le está dando a los servicios públicos los recursos y el tiempo necesario para realizar las evaluaciones técnicas que el país necesita?

El proyecto HidroAysén sigue su rumbo. Pero todavía queda algo pendiente. ¿Quién o quiénes eliminaron al memorándum Nº 33? Tal vez el contralor encuentre un responsable, pero él no tiene la competencia para encontrar a los cómplices que se mueven más allá de un servicio público.