LA HIPOCRESIA IMPERDONABLE DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

FUENTE: OLCA Chile

A dias de la Marcha Nacional por la Recuperación del Agua y la Vida, que evidencia el descalabro socioambiental que vive nuestro país en la voz de los territorios impactados por el modelo extractivista impuesto en Chile; y a menos de un mes de los aluviones del norte y los incendios del sur, que evidencian la insostenibilidad ecosistémica del modelo, el gobierno anuncia la creación de la Comisión Asesora Presidencial para el Estudio de un Nuevo Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)… a juzgar por sus integrantes, las autoridades no están entendiendo nada.

Entre los 23 miembros de este espacio de debate y problematización urgente sobre una parte de la institucionalidad ambiental que opera en Chile, no hay ni un solo representante territorial, ni una voz de las comunidades indígenas, campesinas, de pescadores artesanales, de trabajadores, de la sociedad civil, en fin de quienes sufrimos los embates de las decisiones impuestas por el poder ejecutivo que luego se transforman en pérdidas irreparables del patrimonio natural, cultural y social de nuestro país, pero también en fuentes de enfermedad, muerte, división y precarización de la vida de nuestros territorios y familias.

En el programa de Bachelet se establecía: “es necesario evaluar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA,) a la luz de los objetivos iniciales que nos movieron a presentar la reforma a la institucionalidad ambiental en nuestro Gobierno, e impulsaremos con decisión los cambios necesarios que aseguren a todos los ciudadanos, organizaciones y empresarios, una institucionalidad validada desde el punto de vista técnico”. Entonces cabe la pregunta ¿en qué parte del proceso solo quedan los empresarios y las consultoras técnicas y jurídicas que trabajan para ellos en el ruedo? ¿cómo puede comprenderse el drama de los territorios impactados por la megaminería, la energía sucia, la agroindustria, el modelo forestal, la expansión mercado céntrica de las ciudades, sino se los invita a los espacios de debate y decisión? ¿Entiende el gobierno que este tipo de medidas solo contribuyen a profundizar el malestar y la desesperación en los territorios? ¿pretenden exacerbar la crisis socioambiental que están generando, rumbo a salidas violentas y tan depredadoras como el sistema que imponen?

Hace años cientos de organizaciones hemos desplegado esfuerzos de reflexión, articulación y diagnóstico común, para buscar soluciones que posibiliten nuestra vida y la vida de nuestras comunidades, que legitimen nuestros saberes, que garanticen la salud de nuestros ecosistemas, de los que nos sentimos parte y no dueños. De ese proceso han emanado aportes riquísimos, que han fortalecido nuestros procesos de despertar y de toma de conciencia a nivel local y nacional… poco a poco van surgiendo experiencias pioneras de otras formas de vida, de otras economías, de otros paradigmas educacionales, de otros modos de organización política y social, y estos referentes son conocidos por el gobierno, sin embargo una y otra vez son invisibilizados, porque lo que los territorios decimos choca con la lógica extractivista que financia a los conglomerados gobernantes, y que se han comprometido a profundizar a costa de nuestros derechos.

Pero eso resulta tan burdo que Bachelet dé a conocer la Comisión diciendo “no basta con escribir nuevas leyes y decretos. Estos ajustes deben generarse en forma transparente y dialogada, porque la base de la eficacia de un sistema de evaluación es su legitimidad social. Ello hace que cada avance llegue a ser realmente confiable y respetado por todos”. Entonces a la presidenta no podrá extrañarle luego que el “SEIA corregido” no cuente con credibilidad ni legitimidad social, no sirva como ellos pretenden para prevenir impactos ni conflictos socioambientales, y solo contribuya a aumentar la movilización, el descontento y el deterioro de nuestros bienes comunes. 

La glosa de “valor compartido” y “participación ciudadana temprana” viene directamente extraída de los manuales de buen vecino hechos por las empresas, y los territorios sabemos que eso significa cooptación, división, promoción de la corrupción e ilegitima presión individual para poner “precio” a los bienes comunes. Es decir, las empresas ya no llegarán vendiendo un “proyecto” del que se dispone información técnica en el SEIA, sino que un “producto” y las comunidades pactarán su suerte, blindando jurídicamente a las empresas, pero sin tener conocimiento real de los impactos y alcances de la propuesta presentada. Esto no es la participación vinculante que exigimos, ni descentralización ni ejercicio de la soberanía territorial, no se puede hablar de equidad ni de igualdad de condiciones desde una Comisión como la recientemente constituida.

La hipocresía es grande, claramente esta Comisión se enmarca dentro de la agenda pro inversión pactada con los grupos económicos extractivistas que operan en el país, desoyendo completamente la agenda de las comunidades, por eso suena excesivamente violento que Bachelet remate al fin de su discurso de apertura de esta comisión “Estamos convencidos que la protección de nuestros recursos naturales, el respeto a las comunidades y la promoción de un desarrollo armónico es la única forma de cuidar el presente y el futuro de nuestra patria”.

Creemos en un desarrollo armónico, por eso marcharemos este 22 de abril en Valparaíso y seguiremos fortaleciendo los procesos de defensa territorial y de empoderamiento individual y colectivo, para que el desarrollo armónico no sea otra bravata más como la “minería virtuosa”, la “economía verde”, y cuánto absurdo soporta la palabra manipulada.

Lucio Cuenca Berger

Director
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA

La relación dinero-política en el centro de la evaluación ambiental

Por: Eduardo Giesen/DiarioUchile 

La comisión asesora para proponer cambios al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental está ampliamente dominado por el sector empresarial, con representantes de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), la Cámara de la Construcción, ENDESA, SalmonChile y el Consejo Minero. Sus intereses, sobre-representados a través de sus propios directivos y ejecutivos, así como de sus proveedores de consultoría, lobby e investigación, serán sin duda los que definirán el ADN y las principales características de la criatura que –luego de nueve meses de deliberación- parirá este grupo de expertos.

El Gobierno no aprende; no aprende porque no entiende; y no entiende porque no quiere.

La Presidenta Michelle Bachelet ha conformado una comisión asesora para proponer cambios al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), según informa el Ministerio de Medio Ambiente, “la comisión tiene como objetivo –en un plazo de nueve meses- analizar la estructura, procedimientos, mecanismos y herramientas vinculados al SEIA, y evaluar ajustes en sintonía con las exigencias actuales, para aumentar su eficiencia y confiabilidad, y fortalecerlo como un instrumento de gestión ambiental de carácter preventivo.”

Hasta aquí nada terrible, dado que se trata de un objetivo neutro, políticamente correcto, aunque carente del énfasis en aspectos que han sido de enorme importancia en la crisis de credibilidad del propio SEIA, tales como la equidad y la participación social, y la transparencia en todas las etapas del proceso de evaluación ambiental de proyectos.

Pero el anuncio presidencial arriesga toda su legitimidad al dar a conocer la lista de integrantes de la Comisión. El comunicado del MMA expresa que: “Está compuesta por representantes de organizaciones no gubernamentales, el mundo académico, las industrias y asociaciones gremiales, consultores ambientales y representantes de los miembros del Comité de Ministros.”

Mis respetos a los designados del mundo académico, que sin duda intentan realizar su trabajo con independencia de los intereses privados, pero ya hace mucho tiempo que esta pretendida neutralidad ha quedado en entredicho, en tanto es el sector privado -sobre todo las grandes corporaciones de los sectores productivos y de infraestructura con el mayor impacto ambiental negativo- el que en mayor medida financia y orienta la investigación y la ciencia aplicada en nuestro país.

Los consultores que integran la Comisión conocen muy bien las debilidades y fortalezas del SEIA y las han sabido aprovechar para asegurar el mejor resultado para sus clientes -titulares de los proyectos evaluados-, desplegando un trabajo tanto o más intenso en el campo del lobby político que en el del análisis ambiental. Es muy probable que su aporte a esta tarea continúe en esta  línea.

El sector ampliamente dominante de la Comisión es el gran empresariado, con representantes de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), la Cámara de la Construcción, ENDESA, SalmonChile y el Consejo Minero. Sus intereses, sobre-representados a través de sus propios directivos y ejecutivos, así como de sus proveedores de consultoría, lobby e investigación, serán sin duda los que definirán el ADN y las principales características de la criatura que –luego de nueve meses de deliberación- parirá este grupo de expertos.

Por el sector de la sociedad civil era más que esperable la inclusión de la filial chilena de la WWF,  ONG multinacional que desde hace mucho se ha dedicado al “greenwashing” de industrias depredadoras y contaminantes, mediante alianzas y certificaciones que en nada han colaborado a mejorar la sustentabilidad de los territorios en que se desarrollan.

Es lamentable que otras personas del ambientalismo ciudadano estén formando parte y  otorgando a esta comisión una legitimidad que no tiene, y cuyo destino no puede ser otro que reforzar los criterios de una gestión ambiental al servicio del crecimiento económico comandado y concentrado en las élites tan bien representadas en este grupo. La participación de estas ONG no conduce a ninguna real incidencia de las demandas e intereses de la sociedad civil en el proceso de reforma, ni mucho menos de las comunidades potencialmente afectadas por proyectos insustentables.

No por casualidad se ha puesto énfasis en la búsqueda de “certeza jurídica”, uno de los reclamos favoritos del empresariado ante las dificultades que han encontrado, producto de la movilización y la acción legal y el despliegue comunicacional de comunidades organizadas que no se han subordinado a las empresas titulares de los proyectos ni se han sometido a la lógica de las compensaciones.

Al constituir la Comisión Asesora con esta “correlación de fuerzas”, Michelle Bachelet mantiene y busca profundizar el paradigma “desarrollo=crecimiento” a base de un sistema fuertemente extractivista, que tanta desigualdad, injusticia social y daño ambiental – natural ha provocado en Chile y el mundo, y lo expresa claramente cuando se refiere al “necesario equilibrio entre desarrollo y los legítimos intereses de las comunidades y los territorios”, dando a entender que son objetivos antagónicos (el desarrollo y los intereses de las comunidades).

“Queremos que la naturaleza sea una oportunidad de desarrollo”, afirma la Presidenta, y sabemos que esta frase representa una gran amenaza para la propia naturaleza, pues la concibe como una mercancía transable y desechable.

Mientras no avancemos como país en la construcción de un paradigma de sociedad más democrático, donde la participación social –y no el dinero- oriente a la política, y más sustentable, donde busquemos genuinamente la justicia ambiental y la armonía con la naturaleza; mientras la democracia y la sustentabilidad no sean a la vez la estrategia y el objetivo, la verdad, sería mejor no emprender mayores reformas en el Sistema de Evaluación Ambiental de proyectos.

Extractivismo: la discusión que amanece en Chile

Fuente: Semillas de Agua

El día 21 de agosto se realizó la conferencia internacional: “Extractivismo en América Latina…Agua que no has de beber”, en el Cine Arte Alameda. Esa fue la primera polémica, ya que esta coloquio se iba a realizar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, pero tal como explicó Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), pese a haber estado gestionado con más de un mes de anticipación, la directora (s) de dicha escuela, Carola Canelo, decidió arbitrariamente cancelar el evento, lo que “da cuenta de lo cerrado que está la discusión en las universidades públicas en torno al extractivismo”.

Tras las palabras del ambientalista chileno, expusieron en dicha oportunidad Eduardo Gudynas, CLAES, de Uruguay; José de Echave, Cooperacción, de Perú; Dora Lucy Arias, Colectivo CAJAR, de Colombia.

Esta actividad fue organizado por el Observatortio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), en conjunto con el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL).

El ¿debate? minero

Lucio Cuenca, director de OLCA, explicó que actualmente “la producción minera se ha más que triplicado, fundamentalmente por la inversión transnacional. Sin embargo, habiendo triplicado su producción, proporcionalmente da menos empleo de lo que había el año noventa cuando la producción minera era prioritariamente estatal”. Esto sería un elemento del extractivismo que “deja caer toda esta mitología que se crea sobre la minería en campañas comunicacionales, (donde) manipulan toda esta situación”.

Lucio Cuenca contó que una de las cosas que han aprendido ha sido “desmitificar desmitificar todo esto porque se genera un chantaje, una situación perversa, donde esta imagen de asociación de este tipo de actividad del extractivismo con el desarrollo o con el bien común del país, etc, es una situación perversa puesto que genera una situación de presión y chantaje hacia los territorios, las comunidades que tienen que tienen que sufrir las consecuencias de este tipo de actividad”, sostuvo.

Finalmente, Cuenca espetó que “Chile y su modelo económico es esencial y profundamente extractivista” ya que “la institucionalidad, como los instrumentos de fomento de inversión minera, son dos cláusulas que están amarradas desde la Constitución”.

Noruega reconoce que el salmón puede ser peligroso para la salud

"Las mujeres embarazadas y jóvenes no comerán salmón más de dos veces a la semana".

 Esta es la nueva recomendación del gobierno de Noruega, obligado a reconocer - tardíamente - que el aceite de pescado también está lleno de productos químicos tóxicos.

El gobierno está particularmente interesado en que la noticia no cruce la frontera. Considere lo siguiente: en 2012, Noruega fue la causa del 60% de la producción mundial de salmón del Atlántico, el país produjo cerca de 1, 2 millones de toneladas de este pescado. Y 29 mil millones de dólares anuales de exportaciones de este sector clave de la economía podría verse afectada.

El acuerdo con Anglo al que quiere llegar CODELCO

  

 FUENTE: RadioSantiago

Todo tiene su precio. Y Codelco ya tiene el suyo. En la pelea con Anglo American por el 49% de la ex Disputada de Las Condes, hoy Anglo Sur, la estatal tiene definido qué quiere obtener sin tener que llegar con el conflicto a tribunales ni vulnerar el contrato y tal vez sin siquiera tener que comprar la porción de acciones a la que aspira en la unidad productiva.

Diego Hernández, presidente ejecutivo de Codelco, dijo: "No podemos cerrarnos a nada, pero partiendo de la base que se respeta el beneficio que significa haber ejercido la opción por el 49%". ¿Cuál es, entonces, el second best ? Que la estatal ejerza en enero su opción de compra por el 24,5% de Anglo Sur y que por la fórmula establecida en el contrato entre Enami (que en 2008 vendió el derecho a Codelco) y Anglo American costaría hasta US$ 3.375 millones, y que además, la minera británica compense a la estatal por el restante 24,5% que le vendió a Mitsubishi. La cifra "piso" por esta porción es de US$ 2 mil millones.

Hay una tercera salida. Que Codelco no ingrese a la propiedad de la ex Disputada y que por su derecho Anglo le pague...¿Cuánto? "Más de US$ 4 mil millones", señalan en la estatal. Con una cifra así, el fisco y Codelco se considerarían compensados de no haber materializado la opción por el 49%. A fines de la semana, Hernández aclaró el valor que tiene la opción para Codelco y sus accionistas.

Ejercer la opción hoy, con el acuerdo que se tiene con Mitsui, "significa capturar entre US$ 3.500 millones y US$ 4.500 millones, más o menos, en beneficios para Codelco", dijo el presidente ejecutivo de la estatal, quien destacó además las sinergias existentes entre División Andina y Los Bronces, esta última en proceso de expansión. A esto hay que sumar los ingresos tributarios que van en beneficio del fisco.

En Anglo mantienen el mutismo, pero dicen que están abiertos a una negociación que respete el contrato.

La británica hizo a mediados de año una oferta informal por el derecho de la estatal sobre los activos de la ex Disputada, que fue considerada "irrisoria" por Hernández. Hoy, la amenaza de ir a tribunales, que según los pares de Anglo American no conviene a nadie ni menos a esta empresa, sería un buen aliciente para llegar a un acuerdo. De ir a la justicia, Anglo se arriesga a una medida precautoria que suspenda la entrega de dividendos, lo que repercutiría en la matriz británica, dicen abogados ligados al caso.

Las alternativas

Según ejecutivos de Codelco, vender la opción del 49% siempre estuvo entre los planes de la estatal. Desde 2010 que analizan qué hacer con este derecho, pero el 12 de octubre de este año la corporación anunció que suscribió un préstamo por hasta US$ 6.750 millones con la japonesa Mitsui para ejercer su opción de compra del 49% de la propiedad de la filial Anglo American Sur. La valoración del activo llegó a los US$ 9.760 millones.

Ya en ese momento, agregan, en la estatal esperaban alguna oferta de la minera inglesa. Ésta no llegó, pero sí un batatazo: el 9 de noviembre, la británica anunció en Londres y en Chile una operación que podría bloquear las intenciones de Codelco de ejercer su opción por el 49% de la propiedad de Anglo Sur en enero: vendió el 24,5% de la propiedad de ese activo a la japonesa Mitsubishi, acérrima enemiga de Mitsui.

De ahí para adelante, lo que era una desavenencia comercial, se transformó en un hecho político: los parlamentarios de todos los sectores salieron a apoyar a Codelco ante la "afrenta" de Anglo. En el mundo político se alzaron las voces de un nuevo royalty ; las grandes mineras empezaron a cuestionar a Anglo y Codelco puso en tribunales un recurso de protección que derivó en una orden de no innovar que impide a Anglo vender algo más de la ex Disputada.

El analista del Saxo Bank, Manuel Araujo, señala que esta disputa ha significado "sentimientos negativos para el mercado" y "un daño en la relación entre Anglo y el Gobierno de Chile". Aunque en estas semanas tanto Anglo American como Codelco han intentado "bajar" el conflicto a lo estrictamente empresarial, el tema está ahí y lo puso el mismo Presidente Sebastián Piñera en la cena del Consejo Minero de este miércoles.

Allí, el Mandatario señaló que Codelco "es una empresa del Estado" y "la ley orgánica de Codelco le otorga al Presidente de la República las labores que corresponden a la junta de accionistas". Por ello, el Presidente Piñera dijo que "conoce y apoya las gestiones que está haciendo Codelco para defender sus legítimos intereses y sus legítimos derechos".

¿Cuánto vale Codelco? entre 78 mil y 97 mil millones de dólares
En la carrera por la ex Disputada, en la que Mitsui valorizó a la empresa en US$ 19.200 millones, y su archienemiga Mitsubishi lo hizo en US$ 22 mil millones, en el mercado surgió la pregunta: "Y, entonces, ¿cuánto vale Codelco?". Un cálculo preliminar de la estatal, monitoreado por expertos de la industria, indica que la mayor empresa de Chile vale entre US$ 78.168 millones y US$ 97.053 millones. Esto es, tres a cuatro veces lo que Bolivia produce en todo un año o un tercio del PIB de Chile. Codelco sería la cuarta minera más importante del mundo, después de BHP Billiton, Río Tinto y Vale.

El valor de la corporación estatal se calculó considerando la proyección de su resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (Ebitda) multiplicado por ocho o diez veces. E incluye un premio -de 10%- que el mercado mundial del cobre les asigna a los yacimientos que se sitúan en Chile, un país económica y jurídicamente estable. Gran parte de los nuevos proyectos mineros que hay en el mundo están en países de baja certeza jurídica y mucha inestabilidad económica. Otra cartera importante de iniciativas mineras está en Perú, donde muchos yacimientos se emplazan en comunidades indígenas, lo que implica mayores negociaciones y más incertidumbre.

Según el director de Codelco, Marcos Lima, la mejor fórmula para calcular el valor de la estatal es multiplicar por 10 su Ebitda, pero aún así no se consideran los enormes acopios de mineral que tiene. La entidad es dueña del 10% de las reservas de cobre que hay en el mundo, mientras Chile tiene el 30% en total.

El ex vicepresidente de Estrategia y Negocios de la estatal Juan Eduardo Herrera comenta que la valía de la compañía depende en gran parte del precio del cobre. En la industria se estima que el precio del cobre seguirá alto, pese a la volatilidad, señaló hace unas semanas el presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, Marcelo Awad.

El cálculo del valor de Codelco no incluye las enormes reservas que tiene, porque es difícil valorizarlas. Y puede que el valor de la estatal esté en el rango inferior del estimado debido a que tiene dos debilidades frente a sus competidoras: sólo produce cobre, no es "polimetálica", y no está diversificada geográficamente, por lo cual cualquier evento funesto que ocurra en Chile -como un terremoto- la golpea más duramente, cuestión que se vio el 27 de febrero de 2010, cuando el sismo hizo subir el cobre en Londres.

Codelco intenta, en la administración de Diego Hernández, superar estas limitantes. Su primer paso es afianzar la internacionalización. Está en Brasil, quiere entrar en Ecuador y mira Colombia. En cuanto a diversificarse como productor de otros metales, la estatal chilena ya es segunda productora mundial de molibdeno; estará entre las cinco mayores compañías de plata con la Mina Ministro Hales y tiene proyectos de oro. Otro mineral que están analizando explotar es el litio.

Ahora bien, si Codelco queda bien parada al compararse con sus pares privadas, es porque el valor en Bolsa de estas empresas ha sido muy castigado este año. Anglo ha bajado 35,1% en su capitalización de mercado desde el cierre de 2010 a la fecha; Xstrata cayó 39,7% en el mismo lapso; BHP Billiton un 34%, y Vale, un retroceso de 33,7% en el año.

Los asesores detrás de Anglo, Mitsui y Mitsubishi
Así como los más conspicuos estudios de abogados asesoran a las partes en conflicto, las agencias de relaciones públicas tienen ya su parcela definida en esta disputa. Tironi y Asociados, ligada al sociólogo Eugenio Tironi, asesora al Consejo Minero y a Anglo American. El ex ministro Enrique Correa, de Imaginaccion, presta sus servicios a Mitsubishi. La empresa Azerta -ligada a Cristina Bitar, Gonzalo Cordero y Felipe Edwards- ayuda a la japonesa Mitsui. Codelco, por ahora, se las arregla con su equipo interno, pero evalúa reforzarlo con ayuda externa. No de cara a los medios, sino a un público más esquivo y difícil: el gran empresariado local.(FUENTE: DIARIO EL MERCURIO)

Negocio forestal en Wallmapu: El sangriento saqueo del Territorio Mapuche

FUENTE: RedLatinaSinFronteras

Por: Pais Mapuche

Desde la invasión militar del Territorio Mapuche, la industria forestal ha sido la cara más nefasta de esta ocupación, que históricamente y hasta en estos días, ha recibido la resistencia de las comunidades que deben enfrentarse a la matonezca militarización del estado chileno que protege este saqueo.

En noviembre se realiza en Concepción la Expocorma 2011, una feria internacional que pretende por un lado mostrar las bondades del negocio forestal y por otro, generar negocios por miles de millones de dólares al concentrar en esta ciudad la presencia de empresarios del área provenientes de todo el mundo, además de proveedores de insumos y maquinarias y de otros rubros ligados al negocio forestal.

Para los mapuche sin embargo, las empresas forestales son la cara más nefasta del sistema capitalista. Son la expresión más gráfica hoy día de la ocupación del país y territorio mapuche. Y es que estas empresas son las propietarias de las mayores extensiones de tierras en nuestro territorio. Sólo las dos más grandes, Bosques Arauco del grupo Angelini y CMPC del grupo Matte, poseen más del doble de hectáreas que todos los mapuche juntos. De esta forma, casi la totalidad de los recursos que se producen y transan en lo que se conoce como negocio forestal en Chile, son robados de nuestro territorio.

Por tanto, hablar de negocio forestal, es hablar de robo,  de reducción y receptación, es hablar del saqueo de wallmapu.

Fraude:

La propiedad forestal que hoy conocemos, tiene su origen en el traspaso que  la dictadura militar chilena hizo a Bosques Arauco y Forestal Crecex (hoy Forestal Mininco) de los predios reexpropiados a los asentamientos campesinos que se habían establecido principalmente durante el gobierno de Salvador Allende, así como de aquellos que habían sido devueltos a comunidades mapuche en esa misma época, en lo que se conoce como "reforma agraria".

La dictadura pone en marcha una contrareforma agraria y despoja a los campesinos chilenos y mapuche de los predios, los que a su vez son traspasados a estas empresas de manera casi gratuita, ya que las compraventas realizadas fueron meras formalidades, pues los precios pagados fueron irrisorios.

Muchos también fueron los ardides utilizados en buena parte de este robo de tierras, como el uso de palos blancos, es decir, terceros que adquirían la propiedad para luego y casi de inmediato, traspasarla a estas empresas.

Por otro lado, y luego de dividir la propiedad comunitaria en individual, el fraude también se realizaba a través de la compra directa de parcelas a los nuevos pequeños propietarios, tanto chilenos como mapuche, con la complicidad y apoyo directo de las distintas instituciones del Estado. Éstas llenaban de deudas y obligaciones impositivas a los pequeños propietarios, de manera de hacer imposible mantener la propiedad de sus predios y se veían en la obligación de venderlos.

Como si todo eso fuera poco, en 1974 se dicta el Decreto 701, una legislación que financia la producción forestal con recursos del Estado hasta el día de hoy. Fue mostrada como una ley para beneficiar a campesinos e incentivar la entrada al negocio forestal, pero en la práctica, fue destinado a apoyar a las grandes empresas para instalarse con mayor facilidad en el territorio mapuche.

Robo directo

Con el paso de los años y hasta hoy, se consolidó la vieja práctica de comprar tierras a una sola persona que poseía la propiedad individual - ya no comunitaria -  y con ello luego los interesados logran expulsar a toda la familia y quedarse con toda la propiedad.

No contentos con ello, a la hora de definir los deslindes y cercos, los mapuche siempre fueron perdiendo, aprovechando las maniobras que permite la legislación chilena y a punta de balas, cárcel y hasta muerte.

La "Receptación de Especies"

Así se nombra a quien compra algo que ha sido robado. Eso es lo que hacen las empresas forestales, pues no sólo la tierra sobre la que se inició la propiedad forestal es mal habida, sino también la que adquirieron después y hasta nuestros días.

La totalidad de la propiedad forestal en Wallmapu se estableció sobre tierra robada, pues la propiedad particular en Wallmapu no es legítima. Baste recordar que los estados chileno y argentino invadieron y ocuparon nuestro país sin tener más justificación que la avaricia por hacerse de las mejores tierras de nuestra patria mapuche.

No se declaró la guerra, ni se invocó ningún precepto legal, ni constitucional, de parte de ninguno de los dos estados invasores.

Ningún organismo internacional reguló la ocupación, ni nadie veló por los derechos de nuestro pueblo.

Fue por tanto. un robo a mano armada y por eso, quienes se apoderaron de nuestro territorio de esta manera, así como también quienes las adquirieron por cualquier medio, son personas e instituciones criminales.

El Robo continúa hoy día

El saqueo persiste, crece y se refuerza, pues el negocio forestal es un modelo económico extractivo a ultranzas, que no genera ninguna riqueza en las zonas donde opera, ni siquiera paga impuestos en las comunas donde explotan predios.

Sólo con ver las cifras de pobreza y calidad de vida de la población, tanto chilena como mapuche, en las provincias de Arauco y Malleco, lugares donde se alimentaron los gigantes forestales por décadas.

Las ventas del sector forestal alcanzaron casi los 5.000 millones de dólares, mil más que el 2009. Y para mediados de este 2011, ya se superaba esa cifra.

Negocio devastador y contaminante:

El impacto ambiental del negocio forestal es incalculable, pues no sólo desplaza el bosque nativo, además consume y seca las napas de agua subterránea, los esteros y toda fuente de agua. Las que logran mantenerse son contaminadas con las periódicas fumigaciones y las mismas plantaciones.

Para la vida mapuche, las plantaciones llevan a la muerte en un amplio sentido. Se mueren los remedios, no hay agua, los espacios sagrados y las fuerzas de la tierra no se respetan -  sin mencionar la pérdida del cuidado, la posesión, la soberanía del territorio - lo que genera serias consecuencias. En definitiva, se destruye el equilibrio de la vida mapuche y nos lleva a desaparecer como pueblo.

Negocio antisocial

El rubro forestal se encuentra altamente concentrado en unas pocas manos y las principales empresas que operan en Wallmapu son de propiedad de los grupos economicos más poderosos de Chile y el continente. Este sesgo se acentúa cada vez más, dada la dinámica misma del negocio altamente extractivo.

Además de los grupos Matte y Angelini, en Wallmapu también operan consorcios transnacionales, como la japonesa Mitsubishi, la norteamericana Simpson Paper y la neocelandesa Terranova, entre otras.

Madera teñida con sangre

En el conflicto que enfrenta a la nación mapuche con los ocupantes de nuestro territorio, los forestales y latifundistas chilenos han contado con todo el resguardo y apoyo del aparato estatal y varios han sido los hermanos que han sido asesinados por las fuerzas policiales que sirven de perros guardianes de estos ladrones.

Entre los casos más emblemáticos está el del peñi Alex Lemún, a quien el año 2002, un teniente de Carabineros le quitó la vida de un disparo cuando participaba de una manifestación dentro de un fundo de Bosques Arauco, donde los pinos estaban plantados a menos de cincuenta metros de la puerta de su casa.

En enero del 2008, Matías Catrileo murió de un disparo policial por la espalda, cuando junto a comunidades ingresaron al fundo de Jorge Luchsinger en la zona de Vilcún. A la familia Luchsinger el Estado chileno la trajo desde Suiza a instalarse en el corazón de Wallmapu, en una pequeña parcela, extendiendo su propiedad a través de los años con el robo de tierras a sus vecinos mapuche.

En agosto del 2010, Jaime Mendoza Collío cayó abatido por un carabinero en una manifestación de varias comunidades en el fundo San Sebastián, en la misma zona de conflicto donde antes fue asesinado Alex Lemún.

También se debe recordar a Zenen Diaz Necul, un niño de 16 años asesinado por un camionero que lo arrolló intencionalmente mientras protestaba en una barricada en el viaducto Malleco. Este crimen ni siquiera fue investigado, en tanto que en los anteriores, los asesinos han sido castigados de manera formal para luego ser premiados con ascensos o traslados.

Otros comuneros han muerto en circunstancias nunca aclaradas y otros tantos han salvado de ser asesinados, tanto por la policía, como por los paramilitares que operan al alero principalmente del negocio forestal en Wallmapu.

Es una paradoja que los mapuche seamos tildados de terroristas mientras nos matan. Resulta más llamativo aún, que nuestros asesinos nunca hayan tenido un muerto entre sus filas, es obvio entonces preguntarse de dónde viene el tan mentado terrorismo.

Por qué luchan los que están siendo asesinados

La nación mapuche es reconocida por su lucha milenaria en defensa de su territorio. Logró frenar el avance del imperio Inca, posteriormente y durante 300 años, lidió contra el imperialismo español y luego ha tenido que sufrir la invasión de Wallmapu por parte de los estados chileno y argentino. Ocupación bajo la que nunca ha dejado de luchar por recuperar sus derechos políticos conculcados y la soberanía de su territorio.

Es en este contexto en el que han muerto los mártires actuales. Es por esta misma lucha por la que han muerto, es por la misma defensa del territorio por la que han asesinado a Alex, a Jaime y a Zenen, es por luchar por territorio y soberanía mapuche, por lo que le dispararon a mansalva a Matías.

La ocupación de nuestro territorio ha sido tan rentable que no trepidan en convertirse en asesinos. 

El polígono chileno de la inequidad

Existe en Chile un polígono de 55 km2 donde el sentido común dice que sería imposible instalar una represa. Tampoco una central nuclear ni una termoeléctrica.  Ni una cárcel, una mina a tajo abierto, un relleno sanitario ni ninguna otra obra de infraestructura necesaria para el modelo socioeconómico neoliberal, con una óptica de ilimitada producción y consumo (cuyo puntal es el crecimiento económico mediante la acción privada), instaurado en el país a mediados de los 70.  De ese tipo de construcciones que por estos días nadie quiere cerca.

Aunque esta área cuenta con bastantes lugares que podrían albergar tales infraestructuras, a nadie se le ocurriría destinarlos a tal fin y, si lo hiciera, se enfrentaría a la oposición generalizada de sus habitantes. No de todos, seguramente, pero sí de los influyentes que, a través de los medios de comunicación tradicionales, explicarían a la mayoría nacional la inconveniencia de tal posibilidad.

Líderes de opinión, economistas y centros de estudio podrían argumentar que los terrenos no cuentan con agua suficiente, que son onerosos, frágiles, en pronunciada pendiente o demasiado distantes de los centros de consumo o de los potenciales usuarios.  Incluso que forman parte de una desconocida reserva de vida. Y para dar más fuerza a sus posturas podrían apoyarse en las más prestigiadas universidades, consultoras, estudios jurídicos y lobbystas, algo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo para lo contrario, convertir en basurero Ñuble, despensa energética Aysén o reducto de reclusión Alhué.

Parte de la importancia del polígono mencionado es que intersecta las comunas de Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura, en el sector oriente de la región Metropolitana, el más acuadalado del país. Pero lo fundamental es que dentro de sus límites viven 19 de los 22 ministros del gobierno de Sebastián Piñera. Cincuenta y cinco kilómetros cuadrados que incluyen, además, el departamento particular del propio Presidente.

No fue fácil trazar la imaginaria área. Una primera fuente fueron las declaraciones de intereses y patrimonio de los secretarios de Estado.  Como en muchos casos el domicilio personal fue omitido de las webs oficiales, se cruzó la información de los roles de sus propiedades destinadas a habitación con las bases de datos públicas del Servicio de Impuestos Internos y de la Tesorería General de la República, además de la propia guía de teléfonos.  Dato al margen: la herencia de un Chile machista persigue a todos los estratos socioeconómicos y para el caso de las 4 secretarias de Estado fue necesario recurrir a la información de sus esposos e incluso padres.

Un territorio de 55 km2, localizado en las comunas más ricas del país, es reflejo de cómo la institucionalidad chilena está diseñada para que los más privilegiados accedan al poder y tomen las decisiones que afectan a una mayoría con escasas posibilidades formales de incidir en las políticas públicas.

Esta lista representa al 86 % de los ministros del actual gobierno. Excluye sólo al de Salud Jaime Mañalich Muxi (imposible de localizar su vivienda particular, aunque su inscripción electoral da cuenta de que no viviría tan lejos del perímetro: vota en Providencia) en tanto sus colegas de Agricultura, José Antonio Galilea Vidaurre, y Justicia, Teodoro Ribera Neumann, informan domicilios en la región de la Araucanía.

Los secretarios de Estado actuales forman parte de una élite que ha optado por vivir una misma realidad, matricular a sus hijos ensimilares colegios y, en concreto, compartir la misma visión de sociedad. Una vida de país desarrollado, al ser precisamente las comunas de Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura donde se concentra el poder económico nacional (“ABCD, las letras que nos dividen”.  Revista Qué Pasa, noviembre de 2007).

Y en este pequeño grupo, que habita el 0,00007% del territorio nacional, recae el poder para decidir sobre todos los proyectos de inversión de alta intervención socioambiental que se ejecutan en Chile y que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Todo dentro de un esquema muy bien armado, donde el sistema educacional es sólo la primera plataforma del andamiaje con el cual se construye nuestra peculiar sociedad.

EDUCACIÓN PARA LA SEGREGACIÓN

En Chile la educación, principal motor de transformación de la sociedad, no cumple su rol, siendo principalmente reproductora de la desigualdad. Lo apunta el Decano de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, Juan Eduardo García Huidobro. El académicoexplica que “Chile tiene el triste récord de ser el país con la mayor segregación social en sus establecimientos educacionales, entre los 54 países que rindieron la prueba internacional PISA el 2006. Nuestro país exhibe una segregación de 52 puntos contra solo 9 de Finlandia, el país con el menor índice. Otros países latinoamericanos como Colombia  y México anotan 40, Brasil y Argentina 39 y USA 26, la mitad que Chile”.

García Huidobro identifica dos responsables: el sistema de selección y el financiamiento compartido en la educación primaria y secundaria.

El mecanismo de ingreso que usan algunos establecimientos educacionales convierte el derecho universal a una buena educación en un premio sólo para algunos, que es la máxima que persiguen los denominados liceos de “excelencia”, instituidos por el gobierno para un selecto grupo de estudiantes con mejores calificaciones. Paradójicamente, quienes podrían acceder a tal privilegio serían esencialmente niños y jóvenes de familias con mayores ingresos. Según el estudio“Umbrales sociales 2006: Propuesta para la futura política social”, sólo 1 de cada 11 niños del quintil más pobre obtiene un puntaje de “excelencia” en la prueba Simce de cuarto básico en contraste con la demoledora cifra de los que provienen del quintil más pudiente: 1 de cada 2.5 alcanza tal logro. Y claro, los pobres se educan esencialmente en establecimientos públicos municipales, los pudientes en particulares pagados, con escasos mecanismos de integración entre ambos mundos.

Algo similar ocurre con el concepto del financiamiento compartido, donde una parte de los recursos económicos los invierte el Estado y otra las propias familias. Bajo este sistema, la selección a la que se someten los niños y jóvenes para estar con “los de igual conocimiento” –explicitada en el párrafo anterior– se trastoca por la posibilidad de pagar por educarse con “los de igual poder adquisitivo”. Como se ha demostrado, ambas variables están íntimamente ligadas, con lo cual el financiamiento compartido refuerza aún más un sistema desigual y segregacionista.

EL PODER EN LAS MISMAS MANOS

Las masivas movilizaciones estudiantiles de los últimos seis meses exigiendo educación de calidad y gratuita para todos han hecho a Chile despertar de tres décadas de un sueño. El de lameritocracia, ese ideal mediante el cual en una sociedad de mercado sólo los más capaces, los mejores, los “excelentes” en palabras del Presidente, ocuparían los cargos de decisión en el Estado.  Algo que se supone ya estaría ocurriendo en el sector privado.

Pero tal anuncio es incumplible. Por lo menos en el Chile actual. El ascenso social por méritos propios anunciado hace tantos años no encaja en un país desigual como el nuestro ni mientras sigamos con el sistema actual de segregación social, económica y educativa.  En este orden el polígono inicial es sólo un síntoma.

Recurro al párrafo de un artículo publicado hace ya 2 años: “A medida que avanzan los pueblos en real igualdad de oportunidades se van produciendo cambios que permiten que los espacios de poder históricamente ocupados por los sectores dominantes sean conquistados por quienes hasta ese momento han vivido a la periferia de la toma de decisiones esenciales de una nación. Un ejemplo recurrente –y majadero– para dar cuenta del camino que aún debe recorrer Chile en su avance hacia ese tipo de sociedad es Alemania: en el país europeo un tercio de la élite intelectual, económica y política proviene del estrato alto, un tercio del medio y un tercio del bajo, en tanto que en Chile el 65 por ciento lo autogenera la propia élite, un 31 por ciento proviene de la clase media y un escaso tres por ciento de los estratos de menor nivel socioeconómico”.

Estas cifras forman parte de las conclusiones del V Informe del PNUD en Chile: “El poder: ¿para qué y para quién?” de 2004.

DECISIONES DESDE LA ALTURA

El escenario anterior da cuenta que mientras más recursos económicos mejor educación. Y mientras mejor educación mejores posibilidades de acceder a las altas esferas del poder.  Del poder privado y, leit motiv de este artículo, también público, lo cual no sería problema si el actuar del Estado estuviera permeado por un sistema participativo. Pero no es éste el caso.

En Chile, las resoluciones institucionales sobre la ejecución o no de grande grandes proyectos de inversión son verticales y prácticamente inmunes a la voluntad ciudadana. Nuestro Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) no cuenta con canales que permitan a quienes serán los usuarios (o afectados) de las determinaciones que se adopten desde el poder incidir de manera efectiva en la decisión final. Existen mecanismos de participación ciudadana, pero éstos son consultivos y no vinculantes. Los afectados pueden hacer todas las observaciones que estimen pertinentes, pero la autoridad no tendrá obligación alguna de hacerse cargo de tales peticiones.

Esta realidad es la que convierte en injusta una institucionalidad pública en que es el Presidente de la República quien dirige, verticalmente, la decisiones de sus ministros, intendentes y secretarios regionales ministeriales. Porque al final del día tanto los cargos de quienes votan regionalmente los proyectos como los de los seis ministros que participan en una especie de segunda instancia, dependen del Primer Mandatario.  Así, es él (o ella) quien, a fin de cuentas, decide sobre iniciativas de inversión de diversa índole que ingresan al SEIA. Puede ser que en un principio un proyecto se evalúe a nivel regional y luego en el nacional, pero en ambos casos ni la opinión de la ciudadanía ni de los servicios públicos son necesariamente vinculantes. No lo son hoy con las Comisiones de Evaluación Ambiental ni lo eran antes con las Comisiones Regionales del Medio Ambiente.

Esta realidad representa una gran deuda en Chile con el espíritu democrático y colectivo al que debe apuntar toda nación. A la luz de la segregación educacional, el restrictivo acceso al poder y nuestra vertical institucionalidad, particularmente ambiental, hoy en la práctica es un pequeño grupo, una élite que vive en un territorio de 55 km2, el que tiene la exclusiva potestad de decisión sobre qué proyectos de alto impacto se ejecutan y qué territorios y comunidades del otro Chile, del Chile que está fuera de los muros de ese privilegiado espacio, se pueden intervenir.

Es así que hoy se hace imperioso que los procesos de participación ciudadana se profundicen, ya que de otra forma persiste la sensación de que son unos pocos los que deciden sobre muchos. Esto explica las palabras de algunos actores políticos, quienes han cuestionado pasar de una democracia representativa (malamente representativa en nuestro caso gracias al sistema binominal y otros amarres de la dictadura) a una más participativa, toda vez que producto de la escasa movilidad social algunos ciudadanos parecieran tener grabada desde el nacimiento en su ADN la reserva de un asiento en los salones del poder, sea éste político, judicial, religioso o empresarial.

Y MIENTRAS TANTO FUERA DEL POLÍGONO…

Alhué queda a unos 150 kilómetros de Santiago, dentro de la región Metropolitana. En mapudungun significa alma de muerto, fantasma. Sus habitantes, unos 4.500, estuvieron durante meses en pie de guerra porque el gobierno, a través del anterior ministro de Justicia, Felipe Bulnes, impulsó en el lugar la instalación de una nueva cárcel para 2.400 reos. Producto de la inexistencia de un proceso institucionalizado y vinculante de participación ciudadana para este tipo de decisones, los vecinos se vieron obligados a movilizarse de distintas formas para que la autoridad modificara su resolución.

Algo similar ocurrió con la paralización, una vez aprobada, de la termoeléctrica Barrancones, por determinación presidencial.  Un proyecto autorizado por una institucionalidad ambiental que ha tenido serios yerros en sus decisiones como el caso de la central hidroeléctrica San Pedro, de Colbún, en la región de Los Ríos, cuya resolución de calificación ambiental favorableobtuviera en 2008 pero que, según informara recientemente la empresa, se someterá nuevamentea evaluación por problemas geológicos no considerados originalmente.

En la región de Aysén, en la Patagonia chilena, HidroAysén, de la sociedad entre Endesa y Colbún, pretende construir cinco represas inundando 5.910 hectáreas con un tendido de 2.000 kilómetros de torres de alta tensión, mediante una inversión que se alza ya por los U$ 10.000 millones. A pesar de las masivas protestas, no hay indicios de que el gobierno pretenda echar pie atrás.

Y así ocurre también con la central termoeléctrica Castilla, con una inversión de U$ 2.500 millones en Copiapó, la carbonera Mina Invierno en Isla Riesco en la austral región de Magallanes, y un largo etcétera en que a pesar de la participación en el marco de la intitucionalidad y la movilización ciudadana y el amplio rechazo, ha sido imposible revertir las resoluciones de quienes no vivirán los impactos y efectos directos de sus decisiones.

Es así que la pregunta de fondo es si una democracia real, de la que debe propender a que las determinaciones en lo público se adopten colectivamente buscando el interés común, resiste un sistema que permite una educación segregacionista y elitista, la exclusión en el acceso al poder y un proceso de toma de decisiones impermeable a la participación ciudadana institucional.  Con un componente cultural que queda demostrado en el “aislamiento habitacional” planteado en un inicio.  Son tales temas los que están presentes en las movilizaciones de los últimos meses con relación a HidroAysén, primero, y la educación, después, y que tuvo como simbólico corolario latoma del ex Congreso nacional en Santiago.

La génesis de este artículo fue comprobar una tesis que resultó ser cierta. Que gran parte de los máximos representantes del Poder Ejecutivo forman parte de un grupo que es posible ubicar dentro de un espacio geográficamente pequeño y definido por el poder adquisitivo (y cultural, educacional, etc). “Las labores en la capital del Reyno así lo requieren” podría ser respuesta lógica.

Estaba claro, también, que entre Lo Barnechea, Vitacura y Las Condes se concentra el poder en Chile (no sólo político, también económico), según han demostrado diversos estudios.  Es ésta una realidad en la que no han hecho mella alguna las políticas públicas sociales redistributivas al tener nuestro país el coeficiente de Gini (que mide la desigualdad) más alto de los países de la OCDE, quizás porque en Chile no se consideran negativos los guetos de élite, pensando que, a fin de cuentas, es sólo una cuestión de opción y mercado.

Este artículo no sorprenderá probablemente a la mayoría de los chilenos y chilenas. El polígono aquí descrito sólo fue el pretexto para mostrar una realidad que sabemos existe y que da cuenta gráfica de lo que ya todos conocemos.  Chile es un país enormemente desigual, irresponsablemente injusto y falto de democracia en las decisiones del Estado.  Y algo debemos hacer al respecto.

*Con aportes de Colombina Schaeffer, socióloga y estudiante de doctorado en Gobierno y Relaciones Internacionales en la Universidad de Sidney, Australia. (schaeffer.colombina@gmail.com)