Hay muchas formas de generar energía. Pero las empresas de generación eléctrica (como Colbún, Hidroaysén, Endesa o AES Gener, entre otras) han logrado imponernos un desarrollo energético basado en megacentrales hidroeléctricas, lo que les ha resultado extremadamente rentable. La histeria energética gatillada por la enorme demanda de energía, ha significado elevados costos para el país: destrucción de cuencas, muerte biológica de ríos, extinción de especies ícticas, desplazamiento de poblaciones indígenas, destrucción de otras economías posibles en esas cuencas y valles. ¿Es esta una condena total a la hidroelectricidad? Está claro que no, pero en los países desarrollados la era de las centrales hidroeléctricas ha llegado a su fin porque los estándares ambientales y sociales ya no permiten su construcción.
Chile es uno de los países más dependientes del mundo, energéticamente hablando.Contamos con una matriz energética muy dependiente. Esta es tremendamente vulnerable por la dependencia de los países de los cuales provienen esas fuentes de energía. Importamos el 98 % de las necesidades en crudo. Casi el 100 % de los requerimientos de carbón. Salvo alguna producción de gas natural en Magallanes, importamos casi el 100 % del hidrocarburo. Si bien es cierto contamos con recursos hidráulicos, hay una tendencia a agotar los grandes patrimonios hídricos y poner en peligro la biodiversidad de los lugares donde se ubican las centrales hidroeléctricas.Otra de las deficiencias de la matriz energética, tiene que ver con que Chile carece de un mercado regulatorio que permita generar e implementar una estrategia de desarrollo acorde a un país dependiente y creciente en el consumo de energía. Chile posee un mercado energético vago, no explotado, no transparente y que protege fundamentalmente a los inversionistas y no a los consumidores.Para el Estado está primero el consumidor y luego el ciudadano. Cuando apelamos al ciudadano, estamos solicitando la capacidad de decidir, no en base a parámetros costo-beneficio, sino en base a calidad de vida. Eso no está consagrado en la Constitución. Las centrales de Aysén, que son enormes, aparentemente traerán grandes beneficios, en términos de disponibilidad de energía, pero tendrán un impacto ambiental severo, irreversible, y por ende cuestionable. En todo megaproyecto que trae impactos benéficos y negativos sobre el medio ambiente y la calidad de vida del ciudadano, hay que preguntarle a él si quiere lo bueno y también lo malo. Eso no está sacramentado en la Constitución, o muy mal, y se implementa de manera antojadiza, a destiempo y sin informar a los ciudadanos.La culpa no la tienen las empresas, la tiene el marco regulatorio. Por este entendemos un marco jurídico, pero también la reglamentación, que es potestad de la Comisión Nacional de Energía (CNE), el ministerio de Energía y la superintendencia de Electricidad y Combustibles, en las cuales esto no está claramente especificado. Es decir, todo lo que se refiere a la información de megaproyectos que tienen un impacto al medio ambiente deberían estar a disposición de la ciudadanía para cuándo y cómo los quiere. Lo que no se cumple. ver articulo completo>>>
fuente El Ciudadano
Chile es uno de los países más dependientes del mundo, energéticamente hablando.Contamos con una matriz energética muy dependiente. Esta es tremendamente vulnerable por la dependencia de los países de los cuales provienen esas fuentes de energía. Importamos el 98 % de las necesidades en crudo. Casi el 100 % de los requerimientos de carbón. Salvo alguna producción de gas natural en Magallanes, importamos casi el 100 % del hidrocarburo. Si bien es cierto contamos con recursos hidráulicos, hay una tendencia a agotar los grandes patrimonios hídricos y poner en peligro la biodiversidad de los lugares donde se ubican las centrales hidroeléctricas.Otra de las deficiencias de la matriz energética, tiene que ver con que Chile carece de un mercado regulatorio que permita generar e implementar una estrategia de desarrollo acorde a un país dependiente y creciente en el consumo de energía. Chile posee un mercado energético vago, no explotado, no transparente y que protege fundamentalmente a los inversionistas y no a los consumidores.Para el Estado está primero el consumidor y luego el ciudadano. Cuando apelamos al ciudadano, estamos solicitando la capacidad de decidir, no en base a parámetros costo-beneficio, sino en base a calidad de vida. Eso no está consagrado en la Constitución. Las centrales de Aysén, que son enormes, aparentemente traerán grandes beneficios, en términos de disponibilidad de energía, pero tendrán un impacto ambiental severo, irreversible, y por ende cuestionable. En todo megaproyecto que trae impactos benéficos y negativos sobre el medio ambiente y la calidad de vida del ciudadano, hay que preguntarle a él si quiere lo bueno y también lo malo. Eso no está sacramentado en la Constitución, o muy mal, y se implementa de manera antojadiza, a destiempo y sin informar a los ciudadanos.La culpa no la tienen las empresas, la tiene el marco regulatorio. Por este entendemos un marco jurídico, pero también la reglamentación, que es potestad de la Comisión Nacional de Energía (CNE), el ministerio de Energía y la superintendencia de Electricidad y Combustibles, en las cuales esto no está claramente especificado. Es decir, todo lo que se refiere a la información de megaproyectos que tienen un impacto al medio ambiente deberían estar a disposición de la ciudadanía para cuándo y cómo los quiere. Lo que no se cumple. ver articulo completo>>>
fuente El Ciudadano
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