FUENTE: ElDivisadero
Nada concreto. Nada claro.
Tal ha sido en los últimos días la respuesta del gobierno a la prensa cuando se le ha consultado sobre la fecha en que el Comité de Ministros tomará la decisión definitiva sobre las 5 represas de HidroAysén.
Cuando se le ha preguntado respecto del día en que los titulares de Medio Ambiente, Obras Públicas, Economía, Energía, Agricultura y Salud darán respuesta a las miles de reclamaciones que decenas de ciudadanos y la propia empresa interpusieron en contra de la aprobación regional del proyecto en mayo de 2011.
Lo confirmó María Ignacia Benítez este martes con un lacónico “no hay plazo definido”.
Errático ha sido el actuar del gobierno en la materia. Han pasado ya casi dos años desde que la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de Aysén emitiera la resolución de calificación ambiental favorable al proyecto y aún no hay claridad alguna sobre los tiempos que restan para una definición definitiva. Tampoco sobre la aceptación o no de las reclamaciones de una parte u otra. ¿Validarán lo que exige la empresa o acogerán la tesis de la intendenta Pilar Cuevas, presidenta del CEA de Aysén, que pidió que “en el Comité de Ministros no se acepten las reclamaciones del titular porque no son procedentes y lo que está en la RCA es lo mínimo que la región debe tener”? En la ocasión la máxima autoridad fue clara: “No estoy dispuesta a que se mueva ni una coma de la resolución de calificación ambiental y de las exigencias que se le pusieron al proyecto”.
Más allá que la empresa ha señalado que el Comité de Ministros no tiene atribuciones para aprobar o rechazar el proyecto (discutible considerando que con Punta Alcalde ocurrió lo contrario, acogieron el reclamo del titular revirtiendo una decisión regional de rechazo) las palabras de la autoridad regional no son un dato menor. Porque aunque no corresponde al Comité de Ministros aprobar o rechazar un EIA, un HidroAysén con todas las condiciones que impuso el CEA en mayo de 2011 (y que la compañía exige eliminar o modificar) es muy distinto que un HidroAysén sin ellas.
Ejemplos concretos hay varios.
HidroAysén pide que se modifique la cláusula que le obliga a rebajar el costo de la energía en Aysén, porque no depende solo de ellos (y siendo algo que ofrecen a viva voz). Se niegan a “presentar un plan de compensación en la eventualidad de que los ingresos provinciales y/o regionales derivados del turismo desciendan producto de la ejecución del proyecto”. Se oponen a financiar un Plan de Marketing Turístico a raíz del perjuicio a la imagen de la región que conllevarían sus represas. No quieren realizar un estudio para proteger la Carretera Austral del intenso tráfico durante la construcción, y tampoco asegurar el aprovechamiento turístico de los ríos que se vería afectado por la operación del embalse. Y no quieren talar los bosques que serían inundados para evitar la contaminación de las aguas por su descomposición, entre algunos ejemplos de lo que buscan con su apelación al Comité de Ministros.
Todo esto, sin considerar las reclamaciones ciudadanas que, de acogerse, complicarían bastante la materialización del proyecto.
En el gobierno primero informaron que el Comité de Ministros para ver este tema sería a fines de 2012. Después, en marzo de 2013. Y ahora, que no hay fecha definida. Y aunque luego fue desmentido por el vicepresidente ejecutivo de HidroAysén, esta dilación habría molestado a la eléctrica. Postergar la decisión ministerial hasta después de las primarias de los principales bloques políticos le es un escenario complejo, considerando el nivel de oposición ciudadana (y, por ende, electoral) al proyecto. Eso lo sabe HidroAysén. Y también lo sabe el gobierno.
Es en este contexto que se entiende el trabajo que el ministro de Economía Pablo Longueira está llevando adelante en el Congreso. Como lo hizo con la Ley de Pesca, está trabajando uno por uno a los parlamentarios de todos los partidos para asegurar, previo al Comité de Ministros, la aprobación de las dos Leyes HidroAysén que viabilizarían este proyecto: la de Carretera Eléctrica Pública y la de fast track de Concesiones Eléctricas.
En enero logró un acuerdo con gran parte de los diputados, habidas honrosas excepciones, para aprobar en primer trámite constitucional la ley de fast track para las Concesiones Eléctricas, que pasó a la Comisión de Minería y Energía del Senado. Y en el caso de la Carretera Eléctrica Pública, esta comisión ya aprobó a principios de año la idea de legislar, decisión que debiera ser votada en el pleno durante las próximas semanas, para así pasar al trámite particular.
Está claro que en el oficialismo no quieren asumir solos el costo político que implicaría avanzar en un baleado HidroAysén. Dar el visto bueno, que a todas luces anhela, a este mal estudio y peor proyecto, puede afectar negativamente a sus dos abanderados presidenciales, en especial a Laurence Golborne. Mal que mal, este estuvo a punto de fichar por la eléctrica antes de ser ministro de Minería. Aunque en el gobierno no tienen claridad si una aprobación generará o no movilizaciones como las de 2011 a nivel nacional o 2012 en la región de Aysén, es obvio que la incertidumbre no les acomoda.
Es ahí donde entran las Leyes HidroAysén. Su idea, obligar al Congreso, vía urgencias, a aprobar los proyectos de Concesiones y de Carretera Eléctrica. En tal sentido se inserta el acuerdo con los comités de la Cámara de Diputados, liderados por el DC Juan Carlos Latorre, para aprobar ambas iniciativas a junio de este año. Justo previo a las primarias presidenciales.
Si logra su objetivo, el gobierno recién tendrá el camino pavimentado para que el Comité de Ministros haga el trabajo sucio. Dar el visto bueno a HidroAysén, teniendo como argumento principal que el Congreso –en una decisión de Estado, dirán- ya validó la iniciativa. En el fondo, harán que la oposición y sus candidatos a diputados, senadores (en regiones pares) y presidente, asuman el costo electoral de una decisión en contra de lo que exige la ciudadanía.
En 2011 Piñera también tuvo dudas y aún así aprobó el proyecto. Y el costo lo pagó caro con movilizaciones y una baja sistemática en las encuestas.
Nadie sabe si se repetirá lo que ha ocurrido en los últimos dos años. Por ello, en 2013 se está trabajando además en la movilización virtual y tecnológica, transparentando la votación de los parlamentarios, y generando consciencia para traspasar tal información a las urnas. Es posible que esto no necesariamente tenga incidencia en el voto duro y militante que conocemos de años de gobiernos civiles. Algo que no está tan claro en ese desconocido votante que, hasta ahora, no ha querido participar, pero que sí lo está dispuesto a hacer para dejar en claro que existen temas importantes a los cuales no va a renunciar.
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