Las "recomendaciones" de Alejandro Jadresic, el Ministro de Energia que en tiempos de Frei impulsó políticamente decisiones como el contrato de Gas con Argentina y las represas Ralco y Pangue en el Alto Bio Bio.
FUENTE: DiarioFinanciero
La energía en Chile no es un problema técnico, sino político. El problema es que no hay suficiente consenso en la sociedad chilena sobre el modelo de desarrollo energético que el país requiere. Y el disenso naturalmente permea a la clase política y al propio gobierno, que no puede o no se atreve a asumir un liderazgo claro. Ejemplos son las posiciones que se han adoptado respecto a Barrancones, la energía nuclear y eventualmente Hidroaysén.
¿Quiere decir que antes había más consenso? No necesariamente, pero habían elementos que facilitaban la preeminencia de criterios técnicos. Los gobiernos de la Concertación brindaban cierto blindaje respecto de posiciones más extremas; una menor desconfianza hacia los políticos les daba más libertad para impulsar objetivos de largo plazo; existía un menor empoderamiento de grupos de interés particulares y mayor autocontrol para no poner en riesgo un sistema democrático que había costado restablecer; la urgencia del crecimiento ha sido atenuada por otras prioridades como la conservación del paisaje.
Como ministro me correspondió impulsar el desarrollo de la interconexión gasífera con Argentina o proyectos hidroeléctricos en el Biobío. Y si bien en ambos casos hubo oposición significativa, conté con el apoyo político del presidente Frei, que tenía suficiente espacio para jugarse por esas causas.
¿Qué hacemos ante este nuevo escenario de disenso social? En primer lugar hay que reconocer que la existencia de distintas posiciones sobre el desarrollo energético futuro no sólo es legítima, sino conveniente para el país. Es consustancial a una democracia que se debatan públicamente los problemas que nos afectan a todos y evidentemente la energía es uno de ellos.
Desde este punto de vista debemos aceptar que eventualmente la sociedad escoja modelos técnicamente menos eficientes, sustentados, por ejemplo sólo en las ERNC, sin centrales en Aysén y sin carbón. Económicamente sería una decisión aberrante y de alto costo, pero hay muchas democracias que han tomado decisiones económicas aberrantes y siguen sanas, aunque crezcan menos y tengan una energía más cara.
Ello no nos libera de la obligación de promover el modelo que creemos es mejor para Chile, informando a la ciudadanía y tratando de convencer a quienes no tienen posición definida.
Esta obligación es particularmente relevante para las empresas, que estaban acostumbradas a un mundo más simple y autoritario, y confiaban que el gobierno haría el incómodo trabajo de convencer gente o imponer la decisión que se suponía era mejor para la gente.
Pero ese mundo ya no existe. Hoy las empresas deben convencer que sus propuestas son las mejores y no sólo arrojan beneficios para los accionistas, sino para la sociedad. Por eso es valioso que Hidroaysén impulse una activa campaña de comunicaciones, no sólo a nivel regional, aunque partió demasiado tarde. Eso le faltó a Barrancones: hizo todo bien, salvo convencer a la comunidad que el proyecto era necesario.
¿Quiere decir que antes había más consenso? No necesariamente, pero habían elementos que facilitaban la preeminencia de criterios técnicos. Los gobiernos de la Concertación brindaban cierto blindaje respecto de posiciones más extremas; una menor desconfianza hacia los políticos les daba más libertad para impulsar objetivos de largo plazo; existía un menor empoderamiento de grupos de interés particulares y mayor autocontrol para no poner en riesgo un sistema democrático que había costado restablecer; la urgencia del crecimiento ha sido atenuada por otras prioridades como la conservación del paisaje.
Como ministro me correspondió impulsar el desarrollo de la interconexión gasífera con Argentina o proyectos hidroeléctricos en el Biobío. Y si bien en ambos casos hubo oposición significativa, conté con el apoyo político del presidente Frei, que tenía suficiente espacio para jugarse por esas causas.
¿Qué hacemos ante este nuevo escenario de disenso social? En primer lugar hay que reconocer que la existencia de distintas posiciones sobre el desarrollo energético futuro no sólo es legítima, sino conveniente para el país. Es consustancial a una democracia que se debatan públicamente los problemas que nos afectan a todos y evidentemente la energía es uno de ellos.
Desde este punto de vista debemos aceptar que eventualmente la sociedad escoja modelos técnicamente menos eficientes, sustentados, por ejemplo sólo en las ERNC, sin centrales en Aysén y sin carbón. Económicamente sería una decisión aberrante y de alto costo, pero hay muchas democracias que han tomado decisiones económicas aberrantes y siguen sanas, aunque crezcan menos y tengan una energía más cara.
Ello no nos libera de la obligación de promover el modelo que creemos es mejor para Chile, informando a la ciudadanía y tratando de convencer a quienes no tienen posición definida.
Esta obligación es particularmente relevante para las empresas, que estaban acostumbradas a un mundo más simple y autoritario, y confiaban que el gobierno haría el incómodo trabajo de convencer gente o imponer la decisión que se suponía era mejor para la gente.
Pero ese mundo ya no existe. Hoy las empresas deben convencer que sus propuestas son las mejores y no sólo arrojan beneficios para los accionistas, sino para la sociedad. Por eso es valioso que Hidroaysén impulse una activa campaña de comunicaciones, no sólo a nivel regional, aunque partió demasiado tarde. Eso le faltó a Barrancones: hizo todo bien, salvo convencer a la comunidad que el proyecto era necesario.
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