Conflictos de interés y modificaciones a la reglamentación vigente a favor de Endesa y Colbún, son algunas de las denuncias que realizó el Consejo de Defensa de la Patagonia en contra de este proyecto. Parlamentarios solicitaron comisión investigadora.
Muchas oscuridad está rodeando al polémico proyecto Hidroaysén en el sur del país. Conflictos de interés, modificaciones a la reglamentación y defensa explícitas de algunas autoridades, manchan lo que se supone debe seguir un camino administrativo transparente y acorde a las decisiones de las entidades correspondientes.
En los últimos días se conoció un nuevo antecedente que desató otro conflicto. Marcelo Castillo, abogado del Consejo de Defensa de la Patagonia dijo que “con la Resolución N°1800 de la Dirección General de Aguas (DGA) se pretende revertir la inviabilidad del Proyecto HidroAysén, que no tenía los derechos de aguas no consuntivos necesarios para concretar las represas en los ríos Baker y Pascua de la Patagonia”.
En otras palabras, la DGA le entrega ‘en bandeja’ los derechos de aguas a esta trasnacional, que el mismo organismo le habría negado en la administración anterior, aplicando correctamente la norma que indica el Código de Aguas, y la jurisprudencia que ha aplicado hasta ahora la DGA en casos similares”. Esta jugada quedó registrada en la publicación que el organismo hiciera el pasado 26 de julio en el Diario Oficial.
“Más allá de la implicancia práctica que pueda tener sobre un proyecto al cual nos oponemos, nos preocupa el Estado de Derecho. Acá hay leyes que tienen que cumplirse y aplicarse porque eso es lo que caracteriza a una república”, dijo Castillo.
En este sentido, el abogado sostuvo que no se van “a quedar de brazos cruzados y vamos a hacer todas las acciones administrativas legales y judiciales para que esta resolución sea derogada, así como también vamos a pedir la renuncia de los funcionarios que intervinieron sin tener condiciones mínimas de idoneidad o imparcialidad para pronunciarse respecto de este tipo de modificaciones que beneficia directamente a un proyecto como este”.
Pero el proyecto Hidroaysén sigue sumando otras irregularidades. En el portal de internet CIPER CHILE se publicó un artículo de Patricio Segura, presidente de la Corporación para el Desarrollo de Aysén, donde revela los acercamientos de la empresa con las actuales autoridades. Eduardo Morel Montes es el hermano de la esposa del Presidente Sebastian Piñera, Cecilia Morel. Además, el abogado Carlos Ciappa fue fichado por el director de la DGA, Matías Desmadry, quien entre los años 2007 y 2009 representó a HidroAysén en la consulta realizada ante el Tribunal de la Libre Competencia.
Efectivamente, hay un recurso presentado en este tribunal que cuestiona los derechos de aprovechamiento de aguas en la cuenca del río Aysén. Por eso, Patricio Rodrigo de Patagonia Sin Represas dijo que están a la espera a lo que pueda concluir esta instancia judicial.
“Ese río les dejó el 0,07 por ciento de las aguas disponibles de la cuenca más caudalosa de Chile para todas sus comunidades, para el uso de regadío, de agua potable, de turismo y conservación. Este es un monopolio voraz que ha acaparado todas las aguas gratis, lo que es insostenible. Por eso los hemos citado al Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia a responder por esto”, aseguró Rodrigo.
Con todos estos antecedentes a la vista, el senador Guido Girardi y el diputado Enrique Acorssi calificaron todos estos hechos como irregularidades y anunciaron que solicitarán una comisión investigadora.
“Vamos a ejercer todos los derechos porque con las propuestas que hay, con los conflictos de interés que hemos visto en todos estos días, Chile va a estar a la venta completamente. Se abre la época de remate. Vamos a rematar todo al mejor postor y si la ley lo incomoda vamos a torcerle la nariz y vamos a buscar un decreto o alguna resolución exenta o algún otro instrumento para que esa empresa pueda funcionar en desmedro de los intereses de todos los chilenos”, ironizó Accorsi.
Poco antes del 30 de junio, cuando se cumplía el plazo, la compañía formada por Endesa y Colbún solicitó postergar la entrega de sus respuestas al segundo Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y Ampliaciones por cuatro meses referidas a las mil 114 consultas que hicieron las entidades públicas.
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