Esta semana será enviado al Congreso el proyecto de ley firmado recientemente por la Presidenta Bachelet que crea el Ministerio del Medio Ambiente y la Superintendencia de Fiscalización Ambiental.
La titular de esa cartera, Ana Lya Uriarte, aún no entrega detalle sobre el presupuesto que demandará el nuevo gabinete, ya que estas cifras se discutirán en el parlamento, pero si adelanta las principales funciones que abordará.
En entrevista con www.terra.cl, entregó su opinión sobre temas ambientales de debate público en estos días como el proyecto HidroAysén o lo que significará para el medio ambiente el plan de conectividad austral.
Hace poco se reconocía la escasez de recursos con que cuentan las entidades fiscalizadoras de las industrias salmoneras, debido a los problemas sanitarios que registran. ¿Cómo se solucionaría esto con el Ministerio del Medio Ambiente?
El nuevo ministerio tendrá las competencias para el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, así como en la protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables, promoviendo la integridad de la política ambiental y su regulación normativa.
Ahora bien, en lo relativo a la fiscalización de diversos procesos productivos, lo que queremos es sentar las bases de una política de fiscalización acorde con las exigencias del siglo XXI. Una política que integre con fuerza las nuevas tecnologías de la información, logrando de este modo dinamizar los procesos de fiscalización.
La Superintendencia que le propondremos al país no solo sancionará, sino que establecerá incentivos al cumplimiento. Podrá exigir, también, planes de recuperación a los responsables de la contaminación, así como disponer de registros que serán de público conocimiento, con las sanciones impuestas a los infractores. Estamos hablando, en consecuencia, de una gran revolución en materia ambiental para el país.
¿Puede contar más detalles sobre este servicio público que estará a cargo de la administración del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)?
Básicamente, de lo que se trata es que la actual Comisión Nacional del Medio Ambiente, Conama, que tan relevante ha sido en estos 15 años de funcionamiento, se transforme en un Servicio de Evaluación Ambiental, manteniendo la lógica de autorización integrada de funcionamiento, buscando la simplificación de trámites, pero también la efectividad y publicidad de la evaluación.
Todo esto apunta a actualizar los instrumentos de gestión ambiental y crear algunos nuevos como la Evaluación Ambiental Estratégica y el acceso a la información ambiental. En este último punto, lo que se busca es que el proyecto busque reducir la asimetría de información que hay entre el Estado, el sector privado y las comunidades, porque la única manera de tener un sistema de rendición de cuentas, es disponer de un buen sistema de información ambiental.
Desde su cargo como Ministra del Medio Ambiente, ¿qué opinión le merece el proyecto de HidroAysén. Está a favor de la postura de Patagonia sin Represas o piensa que la visión de Endesa es la indicada?
Sobre el particular, quisiera reiterar que ningún proyecto, sea éste considerado estratégico o no, está eximido en nuestro país de rendir el examen ambiental con la misma rigurosidad y cánones que todos.
De igual modo, insistir que el eventual proyecto HidroAysén, no ha ingresado hasta el momento al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Por lo tanto, los ciudadanos pueden tener la seguridad de que en Chile no hay pre-aprobaciones ni rechazos anticipados a los proyectos de inversión, cualquiera sea su tipo, y está pendiente la evaluación del mencionado proyecto que, por lo demás, nadie en el sector público conoce en su detalle.
A su juicio, ¿qué soluciones energéticas resultan viables con el medio ambiente?
La decisión del gobierno en este punto ha sido y será muy consistente: la opción por fomentar las energías renovables no convencionales es una apuesta de futuro del cual Chile no puede restarse. Es por este mismo motivo que el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que pretende potenciar el desarrollo de energías renovables no convencionales.
La iniciativa busca el desarrollo de diversos tipos de energía, como la eólica, solar, geotérmica y la que se obtiene a partir de materia orgánica, como los biodiesel. La iniciativa busca asegurar el suministro del país y propiciar el desarrollo sustentable del sector energético en el país.
Piensa que el paso del plan de conectividad austral por el Parque Pumalín no generará impacto en el medio ambiente. ¿La opción propuesta por Tompkins le parecía viable?
El compromiso del gobierno es asegurar la conectividad del territorio nacional, permitiendo que los habitantes de dicho sector tengan la posibilidad de acceder a los servicios de manera rápida y con el menor costo posible para cada uno de ellos.
La titular de esa cartera, Ana Lya Uriarte, aún no entrega detalle sobre el presupuesto que demandará el nuevo gabinete, ya que estas cifras se discutirán en el parlamento, pero si adelanta las principales funciones que abordará.
En entrevista con www.terra.cl, entregó su opinión sobre temas ambientales de debate público en estos días como el proyecto HidroAysén o lo que significará para el medio ambiente el plan de conectividad austral.
Hace poco se reconocía la escasez de recursos con que cuentan las entidades fiscalizadoras de las industrias salmoneras, debido a los problemas sanitarios que registran. ¿Cómo se solucionaría esto con el Ministerio del Medio Ambiente?
El nuevo ministerio tendrá las competencias para el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, así como en la protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables, promoviendo la integridad de la política ambiental y su regulación normativa.
Ahora bien, en lo relativo a la fiscalización de diversos procesos productivos, lo que queremos es sentar las bases de una política de fiscalización acorde con las exigencias del siglo XXI. Una política que integre con fuerza las nuevas tecnologías de la información, logrando de este modo dinamizar los procesos de fiscalización.
La Superintendencia que le propondremos al país no solo sancionará, sino que establecerá incentivos al cumplimiento. Podrá exigir, también, planes de recuperación a los responsables de la contaminación, así como disponer de registros que serán de público conocimiento, con las sanciones impuestas a los infractores. Estamos hablando, en consecuencia, de una gran revolución en materia ambiental para el país.
¿Puede contar más detalles sobre este servicio público que estará a cargo de la administración del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)?
Básicamente, de lo que se trata es que la actual Comisión Nacional del Medio Ambiente, Conama, que tan relevante ha sido en estos 15 años de funcionamiento, se transforme en un Servicio de Evaluación Ambiental, manteniendo la lógica de autorización integrada de funcionamiento, buscando la simplificación de trámites, pero también la efectividad y publicidad de la evaluación.
Todo esto apunta a actualizar los instrumentos de gestión ambiental y crear algunos nuevos como la Evaluación Ambiental Estratégica y el acceso a la información ambiental. En este último punto, lo que se busca es que el proyecto busque reducir la asimetría de información que hay entre el Estado, el sector privado y las comunidades, porque la única manera de tener un sistema de rendición de cuentas, es disponer de un buen sistema de información ambiental.
Desde su cargo como Ministra del Medio Ambiente, ¿qué opinión le merece el proyecto de HidroAysén. Está a favor de la postura de Patagonia sin Represas o piensa que la visión de Endesa es la indicada?
Sobre el particular, quisiera reiterar que ningún proyecto, sea éste considerado estratégico o no, está eximido en nuestro país de rendir el examen ambiental con la misma rigurosidad y cánones que todos.
De igual modo, insistir que el eventual proyecto HidroAysén, no ha ingresado hasta el momento al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Por lo tanto, los ciudadanos pueden tener la seguridad de que en Chile no hay pre-aprobaciones ni rechazos anticipados a los proyectos de inversión, cualquiera sea su tipo, y está pendiente la evaluación del mencionado proyecto que, por lo demás, nadie en el sector público conoce en su detalle.
A su juicio, ¿qué soluciones energéticas resultan viables con el medio ambiente?
La decisión del gobierno en este punto ha sido y será muy consistente: la opción por fomentar las energías renovables no convencionales es una apuesta de futuro del cual Chile no puede restarse. Es por este mismo motivo que el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que pretende potenciar el desarrollo de energías renovables no convencionales.
La iniciativa busca el desarrollo de diversos tipos de energía, como la eólica, solar, geotérmica y la que se obtiene a partir de materia orgánica, como los biodiesel. La iniciativa busca asegurar el suministro del país y propiciar el desarrollo sustentable del sector energético en el país.
Piensa que el paso del plan de conectividad austral por el Parque Pumalín no generará impacto en el medio ambiente. ¿La opción propuesta por Tompkins le parecía viable?
El compromiso del gobierno es asegurar la conectividad del territorio nacional, permitiendo que los habitantes de dicho sector tengan la posibilidad de acceder a los servicios de manera rápida y con el menor costo posible para cada uno de ellos.
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