A pesar de que la reforma al Código de Aguas comenzó a regir el 2005, recién se están empezando a sentir sus modificaciones. Hoy, quien tenga un derecho de aprovechamiento de agua y no lo use deberá pagar por él. Así de simple. De lo contrario se arriesga a que se haga literalmente... agua.El agua es un bien escaso. Y hay muchas cifras que avalan esa premisa. Por ejemplo, el 97% del agua del planeta es salada y solo un 3% es dulce. Y es precisamente con la dulce con la cual los habitantes del mundo abastecemos nuestras necesidades vitales. Ahora, si consideramos que de ese 3% de agua dulce el 80% se encuentra en el polo sur, en el polo norte y en los glaciares... la sensación de escasez se hace más evidente. Complicado, ¿no? Por eso hoy muchos hablan del agua como el nuevo “oro azul”.
Por eso, cuando se habla o discute sobre el agua, los interlocutores saltan de sus asientos; los entendidos se apasionan; los lobbistas y ecologistas van y vienen; y las pugnas con el Estado están a la orden del día. El agua es vital... en todos los sentidos.
Por eso, a principios de año la noticia sobre el cobro de 24 millones de dólares a modo de derechos por el no uso de los derechos de agua, puso a los actores de este mercado –que no son pocos– en estado de alerta. Fue Rodrigo Weisner, actual director de la Dirección General de Aguas (DGA), quien dio a conocer un catastro de personas y empresas que deben pagar una patente por el no uso de los aprovechamientos de agua, lista que reveló que son 1.400 derechos que no se utilizan y que pertenecen a 933 titulares.
-Tomamos esta medida porque lo que queremos es desincentivar la especulación y el acaparamiento de los derechos de agua en Chile -explica Weisner.
Y con justa razón, porque con anterioridad a 2005 para tener un derecho de agua bastaba solo con inscribirlo, sin pagar ni un peso por la mantención y sin tener la exigencia de explotarlo. Esto significó que el caudal comprometido en derechos de agua no consultivos (para agricultura, centrales, salmonicultura) superaba en cinco veces todas las aguas existentes entre Arica y Puerto Montt. Incluso, en ocasiones se compraron derechos de agua para bloquear a determinados inversionistas y hasta se llegó a dar la insólita situación de una mujer dueña de casa, que sin mediar renta, era dueña de la mayoría de los derechos de agua del Lago Rapel.
-Tomamos esta medida porque lo que queremos es desincentivar la especulación y el acaparamiento de los derechos de agua en Chile -explica Weisner.
Y con justa razón, porque con anterioridad a 2005 para tener un derecho de agua bastaba solo con inscribirlo, sin pagar ni un peso por la mantención y sin tener la exigencia de explotarlo. Esto significó que el caudal comprometido en derechos de agua no consultivos (para agricultura, centrales, salmonicultura) superaba en cinco veces todas las aguas existentes entre Arica y Puerto Montt. Incluso, en ocasiones se compraron derechos de agua para bloquear a determinados inversionistas y hasta se llegó a dar la insólita situación de una mujer dueña de casa, que sin mediar renta, era dueña de la mayoría de los derechos de agua del Lago Rapel.
ALGO DE HISTORIA...
La modificación al Código de Aguas acabó con eso. Para entender un poco el modus operandi de esta reforma aprobada en julio de 2005, hay que tomar en cuenta algunos antecedentes. En 1950 se dictó el primer Código de Aguas de Chile con el objetivo de ordenar un poco los derechos entregados hasta ese entonces y lo que se hizo no fue más que centrar el tema en una sola autoridad. Un marco que fue respetado hasta el gobierno de Salvador Allende, donde estos derechos se estatizaron.
El año 80, cuando se trabajaba en la nueva Constitución, el tema se retomó y se redactó un nuevo documento en el que se consagraron los derechos de propiedad sobre las aguas y se dictó el primer Código de Aguas de Chile. El criterio que primó fue el de un documento redactado por el propio Hernán Büchi, quien se inspiró en El Ladrillo y que señaló que este mecanismo debía operar por el mercado. Se habló y se estipuló en ese entonces que el sistema de asignación de derechos se debía hacer mediante un remate en caso de que hubiera más interesados por un derecho. Y que al igual que en las propiedades mineras, se debía cobrar una patente.
-Pero el mecanismo del remate casi nunca se dio ya que los oferentes se solían poner de acuerdo. Imagínate que entre el año 81 y el 2005 hubo dos remates. Incluso hay una anécdota muy buena. Con el primer remate que hizo la DGA, los fondos recaudados permitieron construir la Plaza de la Constitución que está ubicada frente a La Moneda -cuenta Weisner.
Si bien el tema comenzó a ser mirado desde que la Concertación llegó al poder, recién en 1998 asumió el carácter de uno de los caballos de batalla del entonces ministro de Obras Públicas, Ricardo Lagos. En resumen, fueron muchos años de lobby y discusiones parlamentarias antes de que saliera humo blanco el 2005. En ese momento, se conjugaron los astros logrando que se pusieran de acuerdo desde el Instituto Libertad y Desarrollo (LyD) hasta los parlamentarios de la Concertación.
La modificación quiere evitar que las compañías y personas naturales adquieran derechos de agua y los mantengan improductivos impidiendo el desarrollo. Y es que, aunque cueste creerlo, los caudales no aprovechados en Chile equivalen a 23 centrales hidroeléctricas como Ralco. Verdaderamente impresionante. Por eso a partir de fines de marzo quienes no paguen la patente exigida no podrán impedir que esos derechos se vayan a remate.
-El listado de morosos será enviado desde la Tesorería General de la República a los tribunales de justicia. Una vez ahí se les hará juicio, para que luego el derecho de agua se vaya a remate -asegura Weisner.
Hoy el mecanismo de remate funciona a las mil maravillas y es el que prima para hacerse de un derecho de agua, ya que la mayoría están inscritos. Desde hace un año y medio –el tiempo de vigencia del nuevo Código de Aguas– se han producido 20 remates. Todo un hito. Antes éstos eran todo un problema básicamente porque los postores se ponían de acuerdo y muchos se terminaban no llevando a cabo.
Hoy las cosas han cambiado. El mejor ejemplo es el del Río Pescador en el sur. Sucede que este derecho de agua parecía cerrado, dos postores habían acordado pagar la cifra inicial y no ir a remate. Sin embargo, lo que las partes no calcularon fue que un tercero sí estaba decidido a rematar el derecho de agua. Finalmente, el Río Pescador partió en 20 millones de pesos y en el remate se terminó pagando más de 100 millones de pesos... Ahora, todo lo que brilla es agua.
El año 80, cuando se trabajaba en la nueva Constitución, el tema se retomó y se redactó un nuevo documento en el que se consagraron los derechos de propiedad sobre las aguas y se dictó el primer Código de Aguas de Chile. El criterio que primó fue el de un documento redactado por el propio Hernán Büchi, quien se inspiró en El Ladrillo y que señaló que este mecanismo debía operar por el mercado. Se habló y se estipuló en ese entonces que el sistema de asignación de derechos se debía hacer mediante un remate en caso de que hubiera más interesados por un derecho. Y que al igual que en las propiedades mineras, se debía cobrar una patente.
-Pero el mecanismo del remate casi nunca se dio ya que los oferentes se solían poner de acuerdo. Imagínate que entre el año 81 y el 2005 hubo dos remates. Incluso hay una anécdota muy buena. Con el primer remate que hizo la DGA, los fondos recaudados permitieron construir la Plaza de la Constitución que está ubicada frente a La Moneda -cuenta Weisner.
Si bien el tema comenzó a ser mirado desde que la Concertación llegó al poder, recién en 1998 asumió el carácter de uno de los caballos de batalla del entonces ministro de Obras Públicas, Ricardo Lagos. En resumen, fueron muchos años de lobby y discusiones parlamentarias antes de que saliera humo blanco el 2005. En ese momento, se conjugaron los astros logrando que se pusieran de acuerdo desde el Instituto Libertad y Desarrollo (LyD) hasta los parlamentarios de la Concertación.
La modificación quiere evitar que las compañías y personas naturales adquieran derechos de agua y los mantengan improductivos impidiendo el desarrollo. Y es que, aunque cueste creerlo, los caudales no aprovechados en Chile equivalen a 23 centrales hidroeléctricas como Ralco. Verdaderamente impresionante. Por eso a partir de fines de marzo quienes no paguen la patente exigida no podrán impedir que esos derechos se vayan a remate.
-El listado de morosos será enviado desde la Tesorería General de la República a los tribunales de justicia. Una vez ahí se les hará juicio, para que luego el derecho de agua se vaya a remate -asegura Weisner.
Hoy el mecanismo de remate funciona a las mil maravillas y es el que prima para hacerse de un derecho de agua, ya que la mayoría están inscritos. Desde hace un año y medio –el tiempo de vigencia del nuevo Código de Aguas– se han producido 20 remates. Todo un hito. Antes éstos eran todo un problema básicamente porque los postores se ponían de acuerdo y muchos se terminaban no llevando a cabo.
Hoy las cosas han cambiado. El mejor ejemplo es el del Río Pescador en el sur. Sucede que este derecho de agua parecía cerrado, dos postores habían acordado pagar la cifra inicial y no ir a remate. Sin embargo, lo que las partes no calcularon fue que un tercero sí estaba decidido a rematar el derecho de agua. Finalmente, el Río Pescador partió en 20 millones de pesos y en el remate se terminó pagando más de 100 millones de pesos... Ahora, todo lo que brilla es agua.
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