Dirigentes de organizaciones regionales: Ley de Concesiones Eléctricas será clave para saber si los parlamentarios de Aysén están con las empresas eléctricas o con los pobladores

Consulta indígena previo a la entrega de la concesión, salvaguarda de las áreas silvestres protegidas y respeto de los derechos de los propietarios rurales son algunos de los principales temas que quedan por resolver en comisión mixta que comienza a sesionar esta semana.


Un llamado a los diputados y senadores de Aysén a demostrar en la próxima votación de la Ley de Concesiones Eléctricas su compromiso con la protección de los pueblos indígenas, el patrimonio natural y los derechos de los pobladores rurales, hicieron este fin de semana dirigentes de organizaciones de la región de Aysén.  Esto, ad portas de iniciarse esta semana la sesión de la comisión mixta que resolverá las diferencias que surgieron entre el Senado y la Cámara Baja, en el marco de la tramitación de la iniciativa.  Una vez que esta instancia emita su informe, los plenos de ambas corporaciones votarán, una vez más, el articulado que impulsa el Ejecutivo y que, en la práctica, beneficia a grandes proyectos de generación complicados con sus futuras líneas de transmisión.
Uno de los temas sobre los cuales existen diferencias es la necesidad de que la consulta indígena que establece el Convenio 169 de la OIT sea realizada previo a la entrega de la concesión y no posteriormente, como aprobaron los senadores contradiciendo lo ya aprobado en la Cámara de Diputados.  La consulta previo a la concesión es coherente con lo que el mismo tratado internacional señala en su artículo 6º, en el sentido que la consulta debe realizarse “cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.  “Estimar que una comunidad indígena sólo sería afectada por la construcción y no por la concesión es similar a lo que hemos visto en Aysén con las concesiones mineras de Energía Austral e HidroAysén, que ya generan perjuicios patrimoniales a los pobladores” señaló al respecto el integrante de la Agrupación Mañíos y Baguales de Mañiguales, Erwin Sandoval.
En el caso del patrimonio natural, los diputados habían sancionado una redacción que establecía que cuando una concesión pasara por áreas silvestres protegidas el titular estaba obligado a buscar un trazado alternativo.  En cambio los senadores decidieron dejar un texto genérico sobre la necesidad de cumplir la legislación ambiental vigente, algo como se ha visto en reiteradas ocasiones no evita que se ponga en riesgo la integridad de parques nacionales y otros ecosistemas bajo protección del Estado.
Además se considera necesario que se proteja a los pequeños propietarios y comunidades que vean afectados sus derechos, toda vez que el articulado permitiría revocar los efectos inmediatos de cualquier paralización de obras dictaminada por un tribunal, siempre y cuando el concesionario realice un depósito en dinero que cubra la eventual demolición o indemnización de perjuicios, en caso de que un tribunal superior deje a firme la sentencia. “Lo complejo de esta propuesta es que en el caso de una comunidad o un poblador rural que sea afectado por la instalación de un torre de alta tensión, creemos que de vulnerarse sus derechos la paralización debe ser inmediata si así lo determina un tribunal, y no quedar supeditado a que una gran empresa pueda hacer de las suyas siempre y cuando tenga dinero.  En el caso de la biodiversidad, la pregunta es ¿cómo de puede hacer un depósito para restaurar un ecosistema que se destruye? ¿Cómo indemniza un humedal, un glaciar, un bosque que desaparece para siempre?” indicó al respecto el presidente de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, Patricio Segura.
La comisión mixta también analizará el procedimiento para la toma de posesión material de un predio eventualmente surcado por concesiones eléctricas, permitiendo el uso de la fuerza pública aunque existan recursos pendientes.  Y también deberá resolver sobre la controversia respecto del mecanismo que se implementará para los casos en que exista conflictos entre concesiones eléctricas y otro tipo de concesiones, donde el articulado aprobado por el Senado dejaba en ventaja a las empresas de energía por sobre otro tipo de propietarios.
Nuestro llamado es muy concreto.  Pedimos a los diputados René Alinco y David Sandoval, y a los senadores Antonio Horvath y Patricio Walker, que se comprometan con la gente de Aysén y no con las corporaciones eléctricas, porque los únicos que en la región necesitan de esta ley son las empresas del negocio de la energía y los mega proyectos” indicó Sandoval.
Para ello, explicaron, difundirán públicamente cómo votó cada parlamentario en los artículos clave de la ley.  “Su actuar será clave para saber si los parlamentarios de Aysén están con las empresas eléctricas o con los pobladores” concluyó Segura.

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