Respuestas a requerimientos de organizaciones regionales por Ley de Transparencia.
· Seis agrupaciones de la Región de Aysén solicitaron a 26 servicios públicos los documentos que sustentaron la elaboración de sus pronuniciamientos de noviembre de 2010 sobre el EIA de HidroAysén, y una parte importante de ellos ha señalado que no hay correos electrónicos, citaciones a reuniones de trabajo, preinformes técnicos ni comunicación interna alguna relacionada con el proceso de evaluación.
· La finalidad de las agrupaciones es conocer cómo se desarrolló este trabajo al interior de los órganos del Estado y constatar si hubo presiones de algún tipo para dirigir la evaluación técnica. Ante las nulas y esquivas respuestas, están ingresando reclamaciones ante el Consejo para la Transparencia.
La insólita respuesta de que la única documentación del servicio sería el pronunciamiento oficial publicado en la página web del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental ha sido hasta hoy el principal resultado de los requerimientos de información que seis organizaciones de la Región de Aysén hicieron a los servicios públicos que en noviembre del año pasado les correspondió pronunciarse por el segundo adenda de HidroAysén.
Entre los meses de diciembre y enero, la Agrupación de Defensores del Espíritu de la Patagonia de Cochrane, la Agrupación Defensores de la Cuenca del Murta, la Agrupación Herederos de la Patagonia de Villa Cerro Castillo, el Comité pro Defensa de la Flora y Fauna, la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (CODESA) y el Colectivo Autónomo por la Patagonia (CAPP) solicitaron a 26 instituciones “la información (mails institucionales, memos, oficios, cartas, etc) vinculada con la evaluación técnica del segundo adenda del Proyecto Hidroeléctrico Aysén… Esto debe incluir, en forma especial, los informes de los profesionales y técnicos evaluadores, las citaciones a reuniones, las actas de tales reuniones y la comunicación formal con el nivel superior en Santiago relacionado con la materia (si procede), además de todos los antecedentes necesarios para la elaboración del pronunciamiento oficial de su servicio”.
La ofensiva fiscalizadora es consecuencia de lo ocurrido al interior de la Corporación Nacional Forestal, donde los sindicatos de trabajadores y profesionales del organismo denunciaron que en el pronunciamiento oficial de conformidad de la dirección regional por el segundo adenda -mediante el ordinario 344 del 15 de noviembre de 2010- no fueron considerados los informes técnicos de los funcionarios evaluadores, que la dirección nacional impuso la redacción del documento final y que directivos de Conaf nacional llegaron a Aysén para dirigir el trabajo regional y adaptarlo a los requerimientos de la empresa, lo cual habría derivado en un cambio rotundo del criterio de inconformidad por ilegalidad mantenido por el organismo en los dos informes previos (mediante oficios 510 del 7 de octubre de 2008 y 450 del 10 de noviembre de 2009). “Varias organizaciones regionales solicitamos a los servicios los antecedentes que derivaron en sus pronunciamientos. Queremos saber si ocurrió lo mismo que en el caso de Conaf, donde los dirigentes gremiales han señalado que todo se montó para permitir a HidroAysén inundar parte del Parque Nacional Laguna San Rafael contraviniendo las leyes chilenas y los tratados internacionales” expresó al respecto el representante de las organizaciones de Murta, Cochrane y Villa Cerro Castillo, Víctor Formantel. La semana pasada esta controversia pasó a tribunales luego de la querella interpuesta el 31 de enero por CODESA, el senador Guido Girardi y el diputado Enrique Accorsi, en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago por “falsificación ideológica y material de documento público”.
Pronunciamientos “espontáneos”
A la fecha han sido varios los servicios que simplemente no entregaron información, entre ellos el Consejo de Monumentos Nacionales y la seremi de Salud.
Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es la respuesta que han dado algunos de los organismos que participaron en el proceso, dando a entender que la única documentación relativa a la evaluación sería el pronunciamiento oficial: no habría citación a reuniones de trabajo técnico, solicitudes de informes a los profesionales ni tampoco preinformes sobre los cuales trabajar y consensuar un documento definitivo, ni ninguna otra comunicación oficial ni antecedente para elaborar tan importante resolución. “Se nos está dando a entender que los oficios de pronunciamiento aparecieron por generación espontánea, como si hubiesen sido redactados por una sola persona o un equipo completo frente a un solo computador, que todo el material se hubiese traspasado mediante pendrives sin oficios conductores, ni convocando a reuniones de trabajo alguna para evaluar el adenda de HidroAysén. Estas afirmaciones transgreden toda lógica y, en concreto, nos preocupa que se esté intentando esconder el trabajo interno que se habría realizado en algunos servicios para adaptar los pronunciamientos a las necesidades de la empresa” expresó el presidente de CODESA, Patricio Segura.
El caso más patente es el de Conaf, donde la respuesta fue que “la elaboración de la opinión oficial de CONAF, metodológicamente se basa en reuniones de trabajo e intercambio de opinión de profesionales convocados para tal efecto. De dichas acciones no se levanta acta ni se generan informes de avance u oficios institucionales”. Sin embargo y a pesar de reconocer la convocatoria a reuniones especiales, tales comunicaciones no fueron entregadas en circunstancias de haber sido expresamente solicitadas, lo mismo que elpreinforme de los profesionales y técnicos que ha sido difundido por diversos medios de prensa. “Nuestro interés sólo es tener la información para cumplir con nuestro rol ciudadano, para eso se promulgó la Ley de Transparencia” señaló Marcela Figueroa, del CAPP.
Lo mismo contestó la seremi de Obras Públicas, que luego de recabar la información en las direcciones General de Aguas, Obras Hidráulicas, Aeropuertos, Obras Portuarias, Arquitectura y Vialidad, remitió sólo los pronunciamientos oficiales no aludiendo a ningún otro documento relacionado. Algo similar ocurrió en las seremis de Vivienda, Bienes Nacionales (que sí enumeró reuniones pero no entregó las respectivas convocatorias), Planificación, Agricultura y Transportes, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, además de la gobernación General Carrera donde se reconoció que se realizaron reuniones pero “como se trata de profesionales que laboran día a día en esta Gobernación, no fue necesario citarlos a dichas reuniones mediante comunicaciones formales, por lo que no existe registro documental de tales citaciones”.
La seremi de Educación respondió que “la redacción de la evaluación constituyó un proceso de ensayo y corrección, que sólo quedó plasmado en el oficio al que se hace referencia, elaborando el pronunciamiento respecto de lo que se solicitaba. En este sentido no existen mail institucionales, memos, cartas, etc., y por la configuración de las respuestas dadas por esta Secretaría Regional Ministerial, principalmente en cuanto a que falta información, tampoco existen informes de profesionales o de técnicos evaluadores, citas a reuniones, y/o actas”.
Al contrario, entre los servicios que sí cumplieron a cabalidad con lo solicitado se incluyen Sernageomin y Sernatur.
Desde la semana pasada, las organizaciones que solicitaron la información están presentando reclamaciones ante el Consejo para la Transparencia por las respuestas incompletas o simplemente no entregadas de algunos de estos órganos del Estado.
Amigos y residentes en nuestra Patagonia,la única forma de impedir la destrucción de ella es actuar como lo hizo la comunidad de Magallanes ante el alza del gas, no debemos tener temor a las movilizaciones populares,cuando son por un bien comun que esta amenazado, por Empresarios Nacionales o Foráneos,carentes de ética y moral
ResponderBorrarciudadana para con su patria.