Por Macarena Soler W., Abogada del Consejo de Defensa de la Patagonia
Las afirmaciones del ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, apoyando la construcción de represas en Aysén por parte de Hidroaysen (joint venture de Endesa y Colbún), sumadas a las efectuadas por el director general de Aguas, Rodrigo Weisner, resultan en extremo chocantes.
Hasta hace poco tiempo, la frase que primaba como un paradigma gubernamental era que "las instituciones funcionan". Ahora puede decirse que "las instituciones funcionan a pedido o… por encargo". Aunque algunos sospechen que esto siempre fue así, el que las autoridades aludidas ahora lo proclamen es una señal de advertencia grave para los ciudadanos y ciudadanas. La imparcialidad y transparencia que debe preceder a los actos de la administración han sido vulneradas. El proceso de evaluación de impacto ambiental, el que ni siquiera se ha iniciado, ya no ofrece garantías y se ha convertido en una simple parodia, una representación teatral cuyo final ya estaría escrito.
Si se considera que la resolución del proceso de evaluación de impacto ambiental recaerá en un organismo compuesto en su mayoría por funcionarios cuyo principal mérito es ser confiables para quienes los han elegido "a dedo". puesto que sus cargos son de aquellos denominados de "exclusiva confianza". Puede concluirse que las autoridades que se han atrevido prácticamente a anticipar públicamente el resultado de la evaluación, han prejuiciado el proceso viciándolo de modo tal que, sin haber comenzado, ya se encuentra malogrado. Han ejercido públicamente una presión indebida en aquellos funcionarios que están llamados a resolver, y de quienes esperamos que tengan la fuerza necesaria para no faltar a su encargo legal, así como a la lealtad a sus conciudadanos.
No sólo los funcionarios están siendo objeto de una presión indebida y desleal sino toda la comunidad. Creando la sensación de preaprobación gubernamental de estos megaproyectos y bajo el pretexto de la sequía y consecuente crisis energética, con amenaza de racionamiento incluido, se está incitando a que la opinión pública incline la balanza a favor de las represas en la Patagonia, dándoles una apariencia de legitimidad.
La sequía no es un fenómeno raro, tampoco es un hecho desconocido que el Sistema Interconectado Central depende de la generación hidráulica y que las empresas con mayor participación en él son Endesa y Colbún (esta última propietaria de Nehuenco cuya falla ha agravado la "crisis").
Estas dos empresas concentran el 74% de la capacidad instalada y proyectan la construcción de las cinco represas en Aysén. La razón de esta "crisis" tiene que ver con el diseño del sistema, con la falta de diversificación de la matriz energética y con el proceso histórico de consolidación del monopolio en el mercado de generación.
El informe de la Fiscalía Nacional Económica al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia alude a esta situación: "el Sistema Interconectado Central está sujeto a un importante riesgo hidrológico porque gran parte de la energía se genera en plantas hidroeléctricas que (…) dependen de los caudales de cada año",
"En un año de hidrología promedio, la generación hidráulica permite abastecer poco más del 70% del consumo (poco más de 24.000 GWh), mientras que en un año muy seco (…) apenas algo más que de 11.000 GWh, o cerca de un tercio de la cantidad demandada es abastecida con generación hidráulica (…) Toda la producción anual en plantas de gas natural no sobrepasa los 9.000 GWh, que son superados con holgura por el riesgo de sequía extrema con que siempre vive el SIC".
Si hay crisis energética, debe hacerse un cuidadoso análisis de las causas, asumir responsabilidades, buscar reparaciones y soluciones apropiadas a largo plazo.
Que no sea por la creación mediática de un clima de emergencia energética que se tomen decisiones apresuradas y se destruyan nuestras preciadas cuencas hidrológicas dejando a las futuras generaciones un país desértico y cercado por la línea de transmisión más larga del mundo. ¡Patagonia Chilena Sin Represas!
Hasta hace poco tiempo, la frase que primaba como un paradigma gubernamental era que "las instituciones funcionan". Ahora puede decirse que "las instituciones funcionan a pedido o… por encargo". Aunque algunos sospechen que esto siempre fue así, el que las autoridades aludidas ahora lo proclamen es una señal de advertencia grave para los ciudadanos y ciudadanas. La imparcialidad y transparencia que debe preceder a los actos de la administración han sido vulneradas. El proceso de evaluación de impacto ambiental, el que ni siquiera se ha iniciado, ya no ofrece garantías y se ha convertido en una simple parodia, una representación teatral cuyo final ya estaría escrito.
Si se considera que la resolución del proceso de evaluación de impacto ambiental recaerá en un organismo compuesto en su mayoría por funcionarios cuyo principal mérito es ser confiables para quienes los han elegido "a dedo". puesto que sus cargos son de aquellos denominados de "exclusiva confianza". Puede concluirse que las autoridades que se han atrevido prácticamente a anticipar públicamente el resultado de la evaluación, han prejuiciado el proceso viciándolo de modo tal que, sin haber comenzado, ya se encuentra malogrado. Han ejercido públicamente una presión indebida en aquellos funcionarios que están llamados a resolver, y de quienes esperamos que tengan la fuerza necesaria para no faltar a su encargo legal, así como a la lealtad a sus conciudadanos.
No sólo los funcionarios están siendo objeto de una presión indebida y desleal sino toda la comunidad. Creando la sensación de preaprobación gubernamental de estos megaproyectos y bajo el pretexto de la sequía y consecuente crisis energética, con amenaza de racionamiento incluido, se está incitando a que la opinión pública incline la balanza a favor de las represas en la Patagonia, dándoles una apariencia de legitimidad.
La sequía no es un fenómeno raro, tampoco es un hecho desconocido que el Sistema Interconectado Central depende de la generación hidráulica y que las empresas con mayor participación en él son Endesa y Colbún (esta última propietaria de Nehuenco cuya falla ha agravado la "crisis").
Estas dos empresas concentran el 74% de la capacidad instalada y proyectan la construcción de las cinco represas en Aysén. La razón de esta "crisis" tiene que ver con el diseño del sistema, con la falta de diversificación de la matriz energética y con el proceso histórico de consolidación del monopolio en el mercado de generación.
El informe de la Fiscalía Nacional Económica al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia alude a esta situación: "el Sistema Interconectado Central está sujeto a un importante riesgo hidrológico porque gran parte de la energía se genera en plantas hidroeléctricas que (…) dependen de los caudales de cada año",
"En un año de hidrología promedio, la generación hidráulica permite abastecer poco más del 70% del consumo (poco más de 24.000 GWh), mientras que en un año muy seco (…) apenas algo más que de 11.000 GWh, o cerca de un tercio de la cantidad demandada es abastecida con generación hidráulica (…) Toda la producción anual en plantas de gas natural no sobrepasa los 9.000 GWh, que son superados con holgura por el riesgo de sequía extrema con que siempre vive el SIC".
Si hay crisis energética, debe hacerse un cuidadoso análisis de las causas, asumir responsabilidades, buscar reparaciones y soluciones apropiadas a largo plazo.
Que no sea por la creación mediática de un clima de emergencia energética que se tomen decisiones apresuradas y se destruyan nuestras preciadas cuencas hidrológicas dejando a las futuras generaciones un país desértico y cercado por la línea de transmisión más larga del mundo. ¡Patagonia Chilena Sin Represas!
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