SANTIAGO DE CHILE, 11 (ANSA)- Más de 15 servicios públicos entregaron cientos de objeciones y consultas al proyecto que impulsa la italiana ENEL para construir cinco centrales hidroeléctricas en la austral región Aysén, con una inversión de más de 3.200 millones de dólares.
Los servicios que presentaron críticas y observaciones más extensas fueron la Dirección General de Aguas y el Servicio nacional de Geología y Minería.
Este último advierte, entre otros puntos, que no está delimitada el área de inundación en el mapa de peligros geológicos y que existe riesgo sísmico que debe ser evaluado.
La gobernación marítima, por su parte, cuestionó que la empresa no analizó correctamente la acumulación de mercurio en peces, afirmando que el testeo es "insuficiente" y que el estudio de impacto ambiental "carece de línea de base adecuada".
La secretaría regional de agricultura indicó que la empresa no informó el lugar de depósito de lodos químicos, solicitó medidas para evitar la contaminación de aguas, que se precise el destino de "residuos peligrosos" y se detallen los suelos productivos que serán afectados.
Sólo la Superintendencia de electricidad y combustibles se declaró conforme con las precisiones formuladas por Hidroaysén.
En octubre pasado la empresa contestó casi 3.000 preguntas y dudas planteadas inicialmente por servicios públicos y organizaciones no gubernamentales.
El proyecto prevé instalar las cinco centrales en los cursos de agua de los ríos Baker y Pascua con una capacidad para generar 2.750 Megawatts en una iniciativa que prevé entrar en funciones desde 2024.
La iniciativa es fuertemente cuestionada por la organización "Patagonia sin represas". GAT
Los servicios que presentaron críticas y observaciones más extensas fueron la Dirección General de Aguas y el Servicio nacional de Geología y Minería.
Este último advierte, entre otros puntos, que no está delimitada el área de inundación en el mapa de peligros geológicos y que existe riesgo sísmico que debe ser evaluado.
La gobernación marítima, por su parte, cuestionó que la empresa no analizó correctamente la acumulación de mercurio en peces, afirmando que el testeo es "insuficiente" y que el estudio de impacto ambiental "carece de línea de base adecuada".
La secretaría regional de agricultura indicó que la empresa no informó el lugar de depósito de lodos químicos, solicitó medidas para evitar la contaminación de aguas, que se precise el destino de "residuos peligrosos" y se detallen los suelos productivos que serán afectados.
Sólo la Superintendencia de electricidad y combustibles se declaró conforme con las precisiones formuladas por Hidroaysén.
En octubre pasado la empresa contestó casi 3.000 preguntas y dudas planteadas inicialmente por servicios públicos y organizaciones no gubernamentales.
El proyecto prevé instalar las cinco centrales en los cursos de agua de los ríos Baker y Pascua con una capacidad para generar 2.750 Megawatts en una iniciativa que prevé entrar en funciones desde 2024.
La iniciativa es fuertemente cuestionada por la organización "Patagonia sin represas". GAT
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