La relación dinero-política en el centro de la evaluación ambiental

Por: Eduardo Giesen/DiarioUchile 

La comisión asesora para proponer cambios al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental está ampliamente dominado por el sector empresarial, con representantes de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), la Cámara de la Construcción, ENDESA, SalmonChile y el Consejo Minero. Sus intereses, sobre-representados a través de sus propios directivos y ejecutivos, así como de sus proveedores de consultoría, lobby e investigación, serán sin duda los que definirán el ADN y las principales características de la criatura que –luego de nueve meses de deliberación- parirá este grupo de expertos.

El Gobierno no aprende; no aprende porque no entiende; y no entiende porque no quiere.

La Presidenta Michelle Bachelet ha conformado una comisión asesora para proponer cambios al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), según informa el Ministerio de Medio Ambiente, “la comisión tiene como objetivo –en un plazo de nueve meses- analizar la estructura, procedimientos, mecanismos y herramientas vinculados al SEIA, y evaluar ajustes en sintonía con las exigencias actuales, para aumentar su eficiencia y confiabilidad, y fortalecerlo como un instrumento de gestión ambiental de carácter preventivo.”

Hasta aquí nada terrible, dado que se trata de un objetivo neutro, políticamente correcto, aunque carente del énfasis en aspectos que han sido de enorme importancia en la crisis de credibilidad del propio SEIA, tales como la equidad y la participación social, y la transparencia en todas las etapas del proceso de evaluación ambiental de proyectos.

Pero el anuncio presidencial arriesga toda su legitimidad al dar a conocer la lista de integrantes de la Comisión. El comunicado del MMA expresa que: “Está compuesta por representantes de organizaciones no gubernamentales, el mundo académico, las industrias y asociaciones gremiales, consultores ambientales y representantes de los miembros del Comité de Ministros.”

Mis respetos a los designados del mundo académico, que sin duda intentan realizar su trabajo con independencia de los intereses privados, pero ya hace mucho tiempo que esta pretendida neutralidad ha quedado en entredicho, en tanto es el sector privado -sobre todo las grandes corporaciones de los sectores productivos y de infraestructura con el mayor impacto ambiental negativo- el que en mayor medida financia y orienta la investigación y la ciencia aplicada en nuestro país.

Los consultores que integran la Comisión conocen muy bien las debilidades y fortalezas del SEIA y las han sabido aprovechar para asegurar el mejor resultado para sus clientes -titulares de los proyectos evaluados-, desplegando un trabajo tanto o más intenso en el campo del lobby político que en el del análisis ambiental. Es muy probable que su aporte a esta tarea continúe en esta  línea.

El sector ampliamente dominante de la Comisión es el gran empresariado, con representantes de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), la Cámara de la Construcción, ENDESA, SalmonChile y el Consejo Minero. Sus intereses, sobre-representados a través de sus propios directivos y ejecutivos, así como de sus proveedores de consultoría, lobby e investigación, serán sin duda los que definirán el ADN y las principales características de la criatura que –luego de nueve meses de deliberación- parirá este grupo de expertos.

Por el sector de la sociedad civil era más que esperable la inclusión de la filial chilena de la WWF,  ONG multinacional que desde hace mucho se ha dedicado al “greenwashing” de industrias depredadoras y contaminantes, mediante alianzas y certificaciones que en nada han colaborado a mejorar la sustentabilidad de los territorios en que se desarrollan.

Es lamentable que otras personas del ambientalismo ciudadano estén formando parte y  otorgando a esta comisión una legitimidad que no tiene, y cuyo destino no puede ser otro que reforzar los criterios de una gestión ambiental al servicio del crecimiento económico comandado y concentrado en las élites tan bien representadas en este grupo. La participación de estas ONG no conduce a ninguna real incidencia de las demandas e intereses de la sociedad civil en el proceso de reforma, ni mucho menos de las comunidades potencialmente afectadas por proyectos insustentables.

No por casualidad se ha puesto énfasis en la búsqueda de “certeza jurídica”, uno de los reclamos favoritos del empresariado ante las dificultades que han encontrado, producto de la movilización y la acción legal y el despliegue comunicacional de comunidades organizadas que no se han subordinado a las empresas titulares de los proyectos ni se han sometido a la lógica de las compensaciones.

Al constituir la Comisión Asesora con esta “correlación de fuerzas”, Michelle Bachelet mantiene y busca profundizar el paradigma “desarrollo=crecimiento” a base de un sistema fuertemente extractivista, que tanta desigualdad, injusticia social y daño ambiental – natural ha provocado en Chile y el mundo, y lo expresa claramente cuando se refiere al “necesario equilibrio entre desarrollo y los legítimos intereses de las comunidades y los territorios”, dando a entender que son objetivos antagónicos (el desarrollo y los intereses de las comunidades).

“Queremos que la naturaleza sea una oportunidad de desarrollo”, afirma la Presidenta, y sabemos que esta frase representa una gran amenaza para la propia naturaleza, pues la concibe como una mercancía transable y desechable.

Mientras no avancemos como país en la construcción de un paradigma de sociedad más democrático, donde la participación social –y no el dinero- oriente a la política, y más sustentable, donde busquemos genuinamente la justicia ambiental y la armonía con la naturaleza; mientras la democracia y la sustentabilidad no sean a la vez la estrategia y el objetivo, la verdad, sería mejor no emprender mayores reformas en el Sistema de Evaluación Ambiental de proyectos.

“En alerta” se declaran organizaciones de Aysén con miras al Comité de Ministros que definirá el futuro de HidroAysén

Encuentro de este viernes (convocado por el Ministro Pacheco) en Coyhaique no hace más que ponerle presión a un proceso que ya es conflictivo y que se puede polarizar más aún con un gobierno que se percibe buscando a todo evento aplacar a las comunidades con la filosofía de las compensaciones.

“En alerta” se encuentran organizaciones y ciudadanos de la región de Aysén con miras a la reunión que el Comité de Ministros sostendrá a primera hora del martes 10 de junio para decidir el futuro de HidroAysén, controversial mega proyecto que contempla la construcción de cinco represas en la Patagonia junto con la inyección de la electricidad generada al Sistema Interconectado Central mediante cientos de torres de tendido eléctrico.

Esta tensión se ha acrecentado en los últimos días al difundirse la convocatoria al encuentro “La Energía en Aysén”, al que está invitando para este viernes el ministro del ramo Máximo Pacheco.  Más aún cuando se conoció que la invitación incluye a las resistidas empresas Energía Austral e HidroAysén. Para algunos dirigentes locales  res regionales, considerando que los privados extrarregionales tendrán su espacio en el debate de la política nacional”.  En su opinión “la presencia de las empresas que controlan los derechos de agua con objetivos nacionales es, tener en la práctica, infiltrados en la discusión autónoma que debemos dar como región.  Luego de tener este proceso, se podrá ver de qué forma se aborda el control de los recursos hídricos por empresas externas, lo cual traba, por ejemplo, el desarrollo de minihidráulicas o centrales de pasada para beneficio regional”.

Este escenario motivó que el martes, en la sede de la Anef en Coyhaique, se autoconvocaran unas 60 personas y representantes de organizaciones para decidir acciones a realizar con miras al 10 de junio.  En el encuentro se definieron líneas de acción para dar cuenta del rechazo que el proyecto HidroAysén genera en la región y en el país, tanto a nivel comunicacional como de movilización, activismo y difusión.  En la ocasión, contrario a lo que se informó en algún momento, no se evaluó ni discutió sobre el movimiento social, sino específicamente sobre la causa Patagonia sin Represas y sus objetivos del corto y mediano plazo.

Es así que desde esta semana se está difundiendo un afiche que reza “Aysén ganó por goleada, fuera HidroAysén de la Patagonia” y llama a concentrarse a primera hora del 10 de junio.

Compensaciones

Un tema que preocupa en Aysén es la posibilidad de que el ministerio de Energía, en coordinación con las empresas eléctricas, impulse en las mesas de trabajo una propuesta sobre compensaciones para viabilizar proyectos de alto impacto social, cultural y ambiental, como son HidroAysén y Energía Austral. 

En Aysén la discusión sobre los impactos ambientales, sociales y económicos no puede restringirse al plano de la monetarización, “y persistir en avanzar en este paradigma lo único que hace es postergar las demandas históricas de una ciudadanía que quiere discutir a fondo cómo se toman las decisiones en sus territorios y sobre el modelo de desarrollo inequitativo que han impulsado las mismas empresas que hoy llegan con un maletín con dinero” señalaron desde Aysén.

De persistirse en estos intentos del Estado de buscar mecanismos de dudosa legitimidad para viabilizar proyectos altamente conflictivos, “pone en riesgo todo un proceso de discusión país y regional que es necesario pero que debe evitar errores de este tipo”.

“Las transnacionales pagan menos impuestos que una persona que compra pan”

FUENTE: RadioUdeChile

Así lo afirmó el socieconimista, Gaspar García Huidobro, quien en medio de la polémica entre Anglo American y Codelco y a las propuestas sobre reformas para financiar las demandas sociales, aseguró que es absolutamente sensato modificar el sistema tributario para que las compañías privadas puedan incrementar su aporte al fisco.
La controversia que se desató por la fallida compra de Codelco de parte de la propiedad de Anglo American Sur volcó las miradas hacia la forma en que las empresas mineras transnacionales operan en el país. Pero los dardos ya habían apuntado en esa dirección en medio del debate sobre los posibles mecanismos de financiamiento para las demandas educacionales con propuestas que iban desde la aplicación de una reforma tributaria – como la última entregada por la FECH – hasta una renacionalización del cobre.
Más allá de las distintas posiciones que se tienen respecto de este tema, lo cierto es que en la última década, la industria minera ha sido por lejos el sector productivo de mayor rentabilidad en el país y dada la importancia estratégica que tiene el cobre en la actualidad, lo más probable es que en el futuro las cifras continúen siendo positivas.
De ahí que se esté abogando fuertemente por transparentar los alcances de las ganancias de las mineras privadas y cuánto de estas cuantiosas cifras están quedando en un país cuyo sustento es la explotación de un recurso no renovable. De acuerdo a un estudio elaborado por el Centro de Desarrollo Alternativo (Cenda), entre 2005 y 2009, las mineras privadas generaron utilidades antes de impuesto que alcanzaron los 20 mil millones de dólares anuales, es decir, un 20 por ciento de todo el Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Para ponerlo en perspectiva, si se construyera una casa de 3,5 millones de pesos para cada damnificado por el terremoto, se podría financiar 200 veces la reconstrucción del país. Sin embargo, de acuerdo a la misma investigación, estas firmas sólo han devengado tres mil 500 millones de dólares en impuestos.
La principal minera privada que opera en Chile es Escondida, cuya propiedad pertenece al holding australiano, BHP Billiton. Del 100 por ciento de la producción de cobre que se genera en el país, Escondida acapara un poco menos del 30 por ciento, ubicándose casi al nivel de Codelco.  El 40 por ciento restante se reparte en otras 19 compañías privadas entre las que destacan las chilenas Los Pelambres del grupo Luksic y La Candelaria y Collahuasi, de propiedad de Xstrata (capitales Suizos), AngloAmerican (británica) y Mitsui (japonesa). (Ver listado de mineras que operan en Chile).
Precisamente en Australia existe una tasa de tributación 43 por ciento, que se pretende incrementar incluso al 56, 8. En Chile, en tanto, las empresas alcanzan una tasa efectiva cercana al 17 por ciento, lo que según el socioeconomista de la Universidad de Valparaíso, Gaspar García Huidobro sería menos de lo que los ciudadanos comunes y corrientes pagan al comprar enseres básicos.
“Las empresas tienen que pagar el 19 por ciento del IVA, más el 35 por ciento a la inversión extranjera. Estos serían tributos que se añadirían, pero en realidad se descuentan. Entonces el 19 ya está inscrito en el 35 y si se aplica la depreciación acelerada, en efecto, pagan como impuesto sobre ganancia el 18 por ciento. Eso es menos de lo que una persona paga cuando va a comprar el pan”, afirmó el experto.
Pero ¿Cuánto ha perdido Chile este concepto? Mientras en la última década Codelco ha tributado 41.160 millones de dólares, las 10 mayores mineras privadas, es decir, las que producen 5 mil toneladas de cobre efectivo, llegan casi a la mitad con 22 mil 807 millones.
Esto también se ve influenciado por lo que algunos economistas han denominado como el “falso royalty” que asciende al cinco por ciento y que por la reconstrucción se incrementó voluntariamente a un 8 por ciento. El truco, sin embargo, es que mientras el royalty en otros países es aplicado como un impuesto a la producción, es decir, a las ventas, en nuestro país se aplica a las ganancias, lo que disminuye considerablemente los montos que llegan a las arcas del Estado.
El lío de los Subproductos
Otro de los elementos que también entra en este juego son las ganancias que se obtienen por subproductos. Durante la extracción del cobre también se acarrean toneladas de tierra que contienen otro tipo de metales preciosos y minerales como oro y molibdeno. Históricamente Codelco ha reportado cuánto obtiene de la venta de estos subproductos y sus cifras superan en 14 veces las presentadas por La Escondida.
Una situación que llama la atención de García Huidobro, ya que Codelco posee yacimientos más antiguos, que perjudican la ley del mineral extraído.
“A pesar de que sus minas y su tecnología de extracción es más antigua, gana más por toneladas en subproductos. Ahí existen ciertos insumos que se pueden prestar para generar suspicacias porque es muy extraño que sea de esa forma”, afirmó.
De hecho, las únicas firmas que han transparentado en ocasiones sus ingresos por subproductos son BHP Billiton y Anglo American.
Reforma Tributaria
Por lo mismo, García Huidobro se mostró completamente abierto a la posibilidad de aplicar una modificación al régimen tributario para poder financiar las demandas sociales.
“La posibilidad de subir impuestos en Chile es absolutamente factible porque los niveles de rentabilidad de la gran minería son enormemente altos. Además a nivel comparativo con el resto de la región tenemos impuestos más bajos y principalmente porque Chile tiene el monopolio de la producción del cobre que rodea casi el 40 por ciento de lo que se genera en el mundo. Si uno compara con la época de la Opep cuando se produjo una crisis económica porque el conglomerado subió los precios del petróleo, la Opep tenía menos del 35 por ciento de la producción total de lo que tiene Chile de la producción del cobre”, precisó.
Un 40 por ciento que, en su mayoría, está en las manos de empresas privadas que han visto en nuestro país una panacea para obtener mayores ganancias. Tanto es así, que García Huidobro comentó que cuando a un ejecutivo que trabaja en una empresa con operaciones en Chile y Argentina le preguntaron cómo manejaban la mayor carga tributaria trasandina, esto contestó que es sólo un costo más. Un costo que no deberían estar los 17 millones de chilenos.

El acuerdo con Anglo al que quiere llegar CODELCO

  

 FUENTE: RadioSantiago

Todo tiene su precio. Y Codelco ya tiene el suyo. En la pelea con Anglo American por el 49% de la ex Disputada de Las Condes, hoy Anglo Sur, la estatal tiene definido qué quiere obtener sin tener que llegar con el conflicto a tribunales ni vulnerar el contrato y tal vez sin siquiera tener que comprar la porción de acciones a la que aspira en la unidad productiva.

Diego Hernández, presidente ejecutivo de Codelco, dijo: "No podemos cerrarnos a nada, pero partiendo de la base que se respeta el beneficio que significa haber ejercido la opción por el 49%". ¿Cuál es, entonces, el second best ? Que la estatal ejerza en enero su opción de compra por el 24,5% de Anglo Sur y que por la fórmula establecida en el contrato entre Enami (que en 2008 vendió el derecho a Codelco) y Anglo American costaría hasta US$ 3.375 millones, y que además, la minera británica compense a la estatal por el restante 24,5% que le vendió a Mitsubishi. La cifra "piso" por esta porción es de US$ 2 mil millones.

Hay una tercera salida. Que Codelco no ingrese a la propiedad de la ex Disputada y que por su derecho Anglo le pague...¿Cuánto? "Más de US$ 4 mil millones", señalan en la estatal. Con una cifra así, el fisco y Codelco se considerarían compensados de no haber materializado la opción por el 49%. A fines de la semana, Hernández aclaró el valor que tiene la opción para Codelco y sus accionistas.

Ejercer la opción hoy, con el acuerdo que se tiene con Mitsui, "significa capturar entre US$ 3.500 millones y US$ 4.500 millones, más o menos, en beneficios para Codelco", dijo el presidente ejecutivo de la estatal, quien destacó además las sinergias existentes entre División Andina y Los Bronces, esta última en proceso de expansión. A esto hay que sumar los ingresos tributarios que van en beneficio del fisco.

En Anglo mantienen el mutismo, pero dicen que están abiertos a una negociación que respete el contrato.

La británica hizo a mediados de año una oferta informal por el derecho de la estatal sobre los activos de la ex Disputada, que fue considerada "irrisoria" por Hernández. Hoy, la amenaza de ir a tribunales, que según los pares de Anglo American no conviene a nadie ni menos a esta empresa, sería un buen aliciente para llegar a un acuerdo. De ir a la justicia, Anglo se arriesga a una medida precautoria que suspenda la entrega de dividendos, lo que repercutiría en la matriz británica, dicen abogados ligados al caso.

Las alternativas

Según ejecutivos de Codelco, vender la opción del 49% siempre estuvo entre los planes de la estatal. Desde 2010 que analizan qué hacer con este derecho, pero el 12 de octubre de este año la corporación anunció que suscribió un préstamo por hasta US$ 6.750 millones con la japonesa Mitsui para ejercer su opción de compra del 49% de la propiedad de la filial Anglo American Sur. La valoración del activo llegó a los US$ 9.760 millones.

Ya en ese momento, agregan, en la estatal esperaban alguna oferta de la minera inglesa. Ésta no llegó, pero sí un batatazo: el 9 de noviembre, la británica anunció en Londres y en Chile una operación que podría bloquear las intenciones de Codelco de ejercer su opción por el 49% de la propiedad de Anglo Sur en enero: vendió el 24,5% de la propiedad de ese activo a la japonesa Mitsubishi, acérrima enemiga de Mitsui.

De ahí para adelante, lo que era una desavenencia comercial, se transformó en un hecho político: los parlamentarios de todos los sectores salieron a apoyar a Codelco ante la "afrenta" de Anglo. En el mundo político se alzaron las voces de un nuevo royalty ; las grandes mineras empezaron a cuestionar a Anglo y Codelco puso en tribunales un recurso de protección que derivó en una orden de no innovar que impide a Anglo vender algo más de la ex Disputada.

El analista del Saxo Bank, Manuel Araujo, señala que esta disputa ha significado "sentimientos negativos para el mercado" y "un daño en la relación entre Anglo y el Gobierno de Chile". Aunque en estas semanas tanto Anglo American como Codelco han intentado "bajar" el conflicto a lo estrictamente empresarial, el tema está ahí y lo puso el mismo Presidente Sebastián Piñera en la cena del Consejo Minero de este miércoles.

Allí, el Mandatario señaló que Codelco "es una empresa del Estado" y "la ley orgánica de Codelco le otorga al Presidente de la República las labores que corresponden a la junta de accionistas". Por ello, el Presidente Piñera dijo que "conoce y apoya las gestiones que está haciendo Codelco para defender sus legítimos intereses y sus legítimos derechos".

¿Cuánto vale Codelco? entre 78 mil y 97 mil millones de dólares
En la carrera por la ex Disputada, en la que Mitsui valorizó a la empresa en US$ 19.200 millones, y su archienemiga Mitsubishi lo hizo en US$ 22 mil millones, en el mercado surgió la pregunta: "Y, entonces, ¿cuánto vale Codelco?". Un cálculo preliminar de la estatal, monitoreado por expertos de la industria, indica que la mayor empresa de Chile vale entre US$ 78.168 millones y US$ 97.053 millones. Esto es, tres a cuatro veces lo que Bolivia produce en todo un año o un tercio del PIB de Chile. Codelco sería la cuarta minera más importante del mundo, después de BHP Billiton, Río Tinto y Vale.

El valor de la corporación estatal se calculó considerando la proyección de su resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (Ebitda) multiplicado por ocho o diez veces. E incluye un premio -de 10%- que el mercado mundial del cobre les asigna a los yacimientos que se sitúan en Chile, un país económica y jurídicamente estable. Gran parte de los nuevos proyectos mineros que hay en el mundo están en países de baja certeza jurídica y mucha inestabilidad económica. Otra cartera importante de iniciativas mineras está en Perú, donde muchos yacimientos se emplazan en comunidades indígenas, lo que implica mayores negociaciones y más incertidumbre.

Según el director de Codelco, Marcos Lima, la mejor fórmula para calcular el valor de la estatal es multiplicar por 10 su Ebitda, pero aún así no se consideran los enormes acopios de mineral que tiene. La entidad es dueña del 10% de las reservas de cobre que hay en el mundo, mientras Chile tiene el 30% en total.

El ex vicepresidente de Estrategia y Negocios de la estatal Juan Eduardo Herrera comenta que la valía de la compañía depende en gran parte del precio del cobre. En la industria se estima que el precio del cobre seguirá alto, pese a la volatilidad, señaló hace unas semanas el presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, Marcelo Awad.

El cálculo del valor de Codelco no incluye las enormes reservas que tiene, porque es difícil valorizarlas. Y puede que el valor de la estatal esté en el rango inferior del estimado debido a que tiene dos debilidades frente a sus competidoras: sólo produce cobre, no es "polimetálica", y no está diversificada geográficamente, por lo cual cualquier evento funesto que ocurra en Chile -como un terremoto- la golpea más duramente, cuestión que se vio el 27 de febrero de 2010, cuando el sismo hizo subir el cobre en Londres.

Codelco intenta, en la administración de Diego Hernández, superar estas limitantes. Su primer paso es afianzar la internacionalización. Está en Brasil, quiere entrar en Ecuador y mira Colombia. En cuanto a diversificarse como productor de otros metales, la estatal chilena ya es segunda productora mundial de molibdeno; estará entre las cinco mayores compañías de plata con la Mina Ministro Hales y tiene proyectos de oro. Otro mineral que están analizando explotar es el litio.

Ahora bien, si Codelco queda bien parada al compararse con sus pares privadas, es porque el valor en Bolsa de estas empresas ha sido muy castigado este año. Anglo ha bajado 35,1% en su capitalización de mercado desde el cierre de 2010 a la fecha; Xstrata cayó 39,7% en el mismo lapso; BHP Billiton un 34%, y Vale, un retroceso de 33,7% en el año.

Los asesores detrás de Anglo, Mitsui y Mitsubishi
Así como los más conspicuos estudios de abogados asesoran a las partes en conflicto, las agencias de relaciones públicas tienen ya su parcela definida en esta disputa. Tironi y Asociados, ligada al sociólogo Eugenio Tironi, asesora al Consejo Minero y a Anglo American. El ex ministro Enrique Correa, de Imaginaccion, presta sus servicios a Mitsubishi. La empresa Azerta -ligada a Cristina Bitar, Gonzalo Cordero y Felipe Edwards- ayuda a la japonesa Mitsui. Codelco, por ahora, se las arregla con su equipo interno, pero evalúa reforzarlo con ayuda externa. No de cara a los medios, sino a un público más esquivo y difícil: el gran empresariado local.(FUENTE: DIARIO EL MERCURIO)

La política de los consensos entre cuatro paredes

FUENTE: RadioUdeChile 

Por Camila Vallejo. "Hemos emplazado a los parlamentarios a no caer en dicha práctica, no porque estemos en contra de los acuerdos per se, sino porque rechazamos la política de los consensos tal como se ha desarrollado durante los últimos 20 años: los consensos han sido generados entre cuatro paredes, a espaldas de la sociedad, considerando solo a una minoría, con una Concertación y una Derecha que solo han representado cualquier interés menos el de la ciudadanía", afirma la presidenta de la FECH en su columna. Léela completa acá.

Con tirria reacciona la derecha chilena cuando algunos dirigentes estudiantiles hemos hecho un público llamado a los parlamentarios a no caer en la política de los consensos entre cuatro paredes.

Desde el retorno a la democracia, las instituciones políticas chilenas no habían sido puestas en tela de juicio, menos aún el modelo neoliberal. La política de los consensos y el binominal en el Congreso propiciaron un escenario cómodo tanto para la Concertación como la Derecha, quienes omitieron durante todo este tiempo debates sobre problemáticas de fondo, de carácter estructural, generando un status quo en el país que sólo ha beneficiado a los grandes intereses económicos en detrimento de la mayoría del país.

El llamado relato concertacionista bastó para mantener durante 20 años el sistema en una quietud al amparo de la idea de transición a la democracia, pero no pudo hacerle frente a la necesidad de transformaciones político-sociales que Chile necesitaba, dejando el camino libre a la Derecha y a Piñera para hacerse del gobierno.

Pero este año hemos visto cómo la sociedad ha tomado conciencia respecto a las profundas desigualdades en las cuales vivimos, donde uno de los nodos centrales que sustentan y perpetúan estas desigualdades es el modelo educacional. A seis meses de iniciadas las movilizaciones, no ha habido voluntad política capaz de dar respuestas a las demandas estudiantiles que alcanzan más de un 70% de respaldo popular.

La coyuntura actual tiene un Presupuesto de la nación entrampado en la discusión parlamentaria y frente a esto, la Derecha chilena ha hecho un llamado a la Concertación para reeditar la vieja práctica conocida como la política de los consensos. Por nuestro lado, hemos emplazado a los parlamentarios a no caer en dicha práctica, no porque estemos en contra de los acuerdos per se, sino porque rechazamos la política de los consensos tal como se ha desarrollado durante los últimos 20 años: los consensos han sido generados entre cuatro paredes, a espaldas de la sociedad, considerando solo a una minoría, con una Concertación y una Derecha que solo han representado cualquier interés menos el de la ciudadanía. Consensos que solo han profundizado o maquillado el modelo neoliberal que sustenta las grandes desigualdades en el país y que, por lo demás, hoy son responsables de la crisis que vive la educación.

La mejor representación de la política de los consensos avalada por estos dos sectores, dentro de la historia más reciente, y conocida por toda la sociedad es el denominado Gran Acuerdo Educacional del 2007, durante el gobierno de Michelle Bachelet, del cual derivó la Ley General de Educación (LGE). La imagen que nos queda en la retina es ver a todos los presidentes de los partidos de la Concertación y la Alianza por Chile de la mano junto a la Presidenta de la República, celebrando un acuerdo que excluyó todas las demandas de la Revolución Pingüina de 2006, traicionando nuevamente a una sociedad que clamaba por cambios estructurales en educación y que a la larga, solo maquilló el modelo educacional, manteniendo la crisis que presentaba y que hoy nuevamente ha emergido a la luz de las movilizaciones estudiantiles.

Si hoy la Derecha chilena y el Gobierno buscan una salida de las mismas características, sólo contribuirá a intensificar la movilización social, porque ya no se enfrentarán a una sociedad adormecida. Hoy Chile ha cambiado y esta vez no permitirá que el futuro de nuestro país se acuerde entre cuatro paredes, a espaldas de la ciudadanía. El Congreso debe saber que hoy tiene una oportunidad para acercarse a la gente y dar una discusión de cara a la ciudadanía, recogiendo sus demandas y representando realmente los intereses de la sociedad y las grandes mayorías.

Fiscal nacional económico pide aplicar multa de US $1 millón a DGA en caso HidroAysén

FUENTE: ElMostrador

El fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, informó este miércoles a los integrantes de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, convertida en investigadora respecto a HidroAysén, sobre el requerimiento presentado ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra de la Dirección General de Agua (DGA), en el cual se solicita la aplicación de una multa por cerca de un millón de dólares por incumplimiento a un deber de información.

Irarrázabal explicó que la DGA no ha cumplido con la obligación establecida por el TDLC de entrega de información a la Fiscalía y al público en general, a través de su página web, respecto de la adquisición o traspaso de derechos de agua de las empresas propietarias del proyecto HidroAysén.

El fiscal nacional económico sostuvo que este incumplimiento de la DGA impide, efectivamente, que la Fiscalía verifique la aplicación de la resolución 22 del TDLC, que establece la obligación para HidroAysén de consulta previa frente a cualquier adquisición de derechos de aguas en algunas cuencas determinadas.

“Lo que nosotros estamos argumentando dentro de nuestro requerimiento en contra de la DGA es que se nos hace difícil velar porque eso se esté cumpliendo y porque, en concreto, las empresas que conforman HidroAysén no hayan adquirido, sin consulta previa al Tribunal, derechos de agua”, precisó.

El fiscal reconoció, en todo caso, que esta es una medida excepcional y que no presenta precedentes, al menos obvios, en el corto tiempo.

“Yo entiendo que es bastante único y, quizás, ese es un mensaje que queremos dejar, que la Fiscalía, como ente autónomo, va a velar porque se cumpla la libre competencia y no va a hacer discriminación, sea quien sea, y esto significa cualquier empresa e incluyendo las empresas u organismos del Estado. Nosotros tenemos una obligación legal de velar por el cumplimiento de los fallos y no vamos a hacer distinción”, sentenció.

LA ENCRUCIJADA ENERGETICA... La energía en Chile no es un problema técnico, sino político

Las "recomendaciones" de Alejandro Jadresic, el Ministro de Energia que en tiempos de Frei impulsó políticamente decisiones como el contrato de Gas con Argentina y las represas Ralco y Pangue en el Alto Bio Bio.

FUENTE: DiarioFinanciero

La energía en Chile no es un problema técnico, sino político. El problema es que no hay suficiente consenso en la sociedad chilena sobre el modelo de desarrollo energético que el país requiere. Y el disenso naturalmente permea a la clase política y al propio gobierno, que no puede o no se atreve a asumir un liderazgo claro. Ejemplos son las posiciones que se han adoptado respecto a Barrancones, la energía nuclear y eventualmente Hidroaysén.

¿Quiere decir que antes había más consenso? No necesariamente, pero habían elementos que facilitaban la preeminencia de criterios técnicos. Los gobiernos de la Concertación brindaban cierto blindaje respecto de posiciones más extremas; una menor desconfianza hacia los políticos les daba más libertad para impulsar objetivos de largo plazo; existía un menor empoderamiento de grupos de interés particulares y mayor autocontrol para no poner en riesgo un sistema democrático que había costado restablecer; la urgencia del crecimiento ha sido atenuada por otras prioridades como la conservación del paisaje.

Como ministro me correspondió impulsar el desarrollo de la interconexión gasífera con Argentina o proyectos hidroeléctricos en el Biobío. Y si bien en ambos casos hubo oposición significativa, conté con el apoyo político del presidente Frei, que tenía suficiente espacio para jugarse por esas causas.

¿Qué hacemos ante este nuevo escenario de disenso social? 
En primer lugar hay que reconocer que la existencia de distintas posiciones sobre el desarrollo energético futuro no sólo es legítima, sino conveniente para el país. Es consustancial a una democracia que se debatan públicamente los problemas que nos afectan a todos y evidentemente la energía es uno de ellos.

Desde este punto de vista debemos aceptar que eventualmente la sociedad escoja modelos técnicamente menos eficientes, sustentados, por ejemplo sólo en las ERNC, sin centrales en Aysén y sin carbón. Económicamente sería una decisión aberrante y de alto costo, pero hay muchas democracias que han tomado decisiones económicas aberrantes y siguen sanas, aunque crezcan menos y tengan una energía más cara.

Ello no nos libera de la obligación de promover el modelo que creemos es mejor para Chile, informando a la ciudadanía y tratando de convencer a quienes no tienen posición definida.

Esta obligación es particularmente relevante para las empresas, que estaban acostumbradas a un mundo más simple y autoritario, y confiaban que el gobierno haría el incómodo trabajo de convencer gente o imponer la decisión que se suponía era mejor para la gente.

Pero ese mundo ya no existe. Hoy las empresas deben convencer que sus propuestas son las mejores y no sólo arrojan beneficios para los accionistas, sino para la sociedad. Por eso es valioso que Hidroaysén impulse una activa campaña de comunicaciones, no sólo a nivel regional, aunque partió demasiado tarde. Eso le faltó a Barrancones: hizo todo bien, salvo convencer a la comunidad que el proyecto era necesario.

ACUERDO ENTRE HIDROAYSÉN Y ENERGÍA AUSTRAL NO DISMINUYE IMPACTO AMBIENTAL ASEGURA SENADOR HORVATH

FUENTE: RadioReloncavi

El senador Antonio Horvath, presidente de la Fundación Aysén Futuro, negó que el acuerdo alcanzado entre Hidroaysén y Energía Austral para construir líneas de transmisión eléctricas paralelas, en tendidos independientes pero en una sola faja de terreno, vaya a disminuir el impacto ambiental del proyecto de construccion de represas en ese sector..
Indicio Horvath, que es impresentable que Energía Austral ya esté tomando acuerdos por la transmisión de la energía, cuando no existe un pronunciamiento sobre el impacto ambiental de su proyecto en particular.
Horvath añadió que contrario a lo declarado por Endesa y Colbún -controladores de Hidroaysén-, y Energía Austral, que afirmaron que esta decisión les permitirá reducir los impactos ambientales y sociales de los proyectos, esto está lejos de ser una buena noticia.
Estimo Horvath que esto puede terminar aumentando el impacto que estas verdaderas cicatrices generarán en la patagonia, afectando no sólo los emprendimientos turísticos, sino que también eliminando el sello de origen natural y escénico de todos los bienes y servicios.
La fundación Aysén Futuro también resaltó la decisión de Hidroaysén y Energía Austral de presentar sus respectivos proyectos de líneas de transmisión en forma separada al Servicio de Impacto Ambiental.
Sobre esto, Horvath declaró que el análisis económico que ambas empresas han realizado, evaluando conjuntamente la generación y la transmisión, demuestra la necesidad que también su impacto medio ambiental y social sea analizado de la misma forma.

La RSE de las compañías mineras es un gran Mito

• Las compañías identifican a las y los líderes para proceder al soborno y la cooptación de manera que eso luego se traduzca en desconfianza, división comunitaria, incertidumbre colectiva y debilitamiento del tejido social.

Santiago de Chile, 26 de octubre de 2011. (Radio del Mar/Olca)-- En la sala Sazié de la Casa central de la Universidad de Chile se congregaron decenas de personas para debatir y reflexionar en torno a la llamada Responsabilidad Social Empresarial, concepto complejo, de silencioso impacto, bajo el cual se enmascara una intervención antropológica sin precedentes en la historia republicana de Chile.

Dirigentes sindicales de la Confederación de Trabajadores del Cobre y representantes comunitarios de Salamanca, Cuncumén, Alto del Carmen, Vallenar y Aconcagua viajaron especialmente desde sus localidades para participar del Seminario Taller "El mito del Beneficio Minero" organizado por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y convocado por la Coalición Ecuménica por el Cuidado de la Creación, el Colectivo Viento Sur, la confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), la Confederación Minera de Chile (CONFEMIN), Federación de Estudiantes – Universidad Alberto Hurtado y la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SECMA) – FECH.

La actividad surgió como respuesta a una embestida empresarial minera sobre Responsabilidad Social Empresarial que congregó a representantes de las principales transnacionales mineras del planeta en el hotel Sheraton entre los días 19 y 21 de octubre.

EL seminario denunció que transnacionales se han aferrado al concepto responsabilidad social para enmascarar la sistemática irresponsabilidad con la que operan.

Para esto se han valido de un sin número de mecanismos, como la creación de Fundaciones "filantrópicas" (que se financian con dineros de impuestos que nunca llegan al Fisco), cuyos logos son una apropiación notable del imaginario identitario de las localidades que pretenden intervenir; o las alianzas con el Estado, que determinan en la práctica aberraciones tales como que en Alto del Carmen sea la MInera Barrick Gold la que le entrega dinero a los organismos del Estado (FOSIS; JUNJI, SERCOTEC, CORFO) para que realicen sus labores, claro que bajo la tutela de la empresa.

Las compañías también identifican a las y los líderes para proceder al soborno y la cooptación de manera que eso luego se traduzca en desconfianza, división comunitaria, incertidumbre colectiva y debilitamiento del tejido social. Pero también las empresas financian espectáculos artísticos que transforman luego a los artistas, en el imaginario, como portavoces de la fiesta que la empresa quiere representar.

Todas estas estrategias sólo son posibles por la complicidad de los Estados con estas empresas y por la falta de espacios de discusión y reflexión como para darnos cuenta de qué estrategias requiere una empresa para imponer la actividad más contaminante e invasiva del planeta en un territorio, sin que la resistencia comunitaria le imposibilite operar.

Luego de un trabajo en grupo sobre los temas planteados y un almuerzo comunitario cocinado junto a las y los estudiantes en toma, el seminario abrió paso a la voz de las comunidades y los trabajadores; Mauricio Ríos, presidente del Consejo de Defensa del Valle del Huasco y Cristián Cuevas, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, dieron cuenta de la importancia de que quienes trabajan en la minería y las comunidades que sufren sus impactos se junten sin mirarse como enemigos, sino como parte de una comunidad impactada por un sistema económico injusto, de lo contrario, los dardos de la resistencia terminan enfocándose mal y la lucha por la vida se hace poco eficiente.

Del mismo modo, se compartió en torno a la importancia de ir creando condiciones que se constituyan en alternativas al extractivismo y la cultura de muerte que se impone. Apostando por el desarrollo local, la restitución de los lazos y las actividades tradicionales, la promoción del amor a la tierra y los valores que ella enseña, y sobre todo, la importancia de poner al agua y la amenaza que sobre ella se cierne como el eje de la resistencia colectiva.

Finalmente, las y los participantes crearon y escribieron lienzos para poner en el frontis de la casa central de la Universidad de Chile en toma en los que se leía "¿Responsabilidad social en minería? JA JA JA" "Responsabilidad Social Empresarial: Robar Sobornar Evadir" y "En la tierra, el aire y el mar no hay responsabilidad social".

Algunos de los expositores fueron el geógrafo y doctor en antropología Raúl Molina, la socióloga experta en temas laborales Magdalena Echeverría, el economista y presidente de Acción AG Martín Pascual y el director de OLCA, Lucio Cuenca.

Ex Asesor de Política Indigena, Sebastián Donoso, ahora trabaja para transnacionales mineras

• El oscuro ex "Asesor de Política Indígena" del Ministerio de la Presidencia, Sebastián Donoso, reaparece ahora vinculado a las transnacionales mineras. Según informa la Revista CAPITAL, Donoso se incorporó al estudio Barros & Errazuriz para asesorar a grandes compañoas en temas de aguas y concesiones de mineria. Ese fue siempre su especialidad.

02 de noviembre de 2011. (Mapuexpress)-- El informativo Mapuexpress realiza un recuento de los vinculos de Sebastián Donoso, el ex asesor de Piñera en temas indígenas. "Debe auditarse y anularse todos los actos que realizó Sebastián Donoso mientras estuvo de 'asesor' de politica indigena", declararon dirigentes mapuche y aymara. "Es impresentable que un asesor de empresas mineras haya estado a cargo de la política indígena en Chile"."¿Que información se llevó desde el Estado?"

LA "SILLA MUSICAL" DEL GOBIERNO
Ejecutivos y asesores de las transnacionales pasan por cargos de Gobierno y luego vuelven al "sector privado", del que nunca salieron. Tráfico de influencias, falta de probidad, desverguenza...

DONOSO EL ASESOR MINERO
Las revistas de negocios informan:
"Minería y aguas son las nuevas apuestas de Barros & Errázuriz. El estudio quiere potenciar su gestión de Recursos Naturales e incorporar estas nuevas áreas de práctica. Para ello acaba de reclutar al abogado Sebastián Donoso Rodríguez, especialista en esos temas.
"Donoso se desempeñaba en el ministerio Secretaría General de la Presidencia como asesor especial para asuntos indígenas, pero su carrera como jurista ha estado ligada siempre a los temas mineros y de aguas."

"Pablo Guerrero, socio del estudio, explica que “dados la enorme relevancia y el constante crecimiento que tienen estas actividades en Chile, era muy importante que nuestro estudio desarrollara un área especializada, con un equipo de dedicación exclusiva para estos temas."
Donoso se formó en Carey & Cía., donde trabajó en el área de Recursos Naturales, con énfasis en Minería, Aguas y Asuntos Indígenas.

Posteriormente, fue jefe de Gabinete del ex senador Marco Cariola (entre el 2002 y 2006), para luego dedicarse completamente al tema minero como abogado de Minera Esperanza, del grupo Antofagasta Minerals, entre 2006 y 2010. Allí fue el encargado y responsable de todos los asuntos legales relacionados con el desarrollo del "Proyecto Esperanza", una mina a rajo abierto y planta concentradora de sulfuros de cobre y oro en la Región del Maule.

LA POLITICA ANTI DERECHOS INDIGENAS QUE IMPULSÓ DONOSO
Sebastián Donoso conocido desde años por su tenaz oposición a la ratificación del Convenio 169, asumió como encargado de política indígena del Gobierno de Sebastián Piñera, con un millonario sueldo de $5 millones de pesos mensuales (US$ 10.000).

Desde su cargo intervino y paralizó a la CONADI y el Fondo de Tierras e impulsó un fraudulento proceso de "gran consulta indígena" que terminó en un gran fracaso. Donoso con total desverguenza declaró en la prensa que "lo que digan los indígenas en las consultas no cambiará los planes del Gobierno." Para Donoso y las empresas mineras las consultas "no son vinculantes".

Desde su cargo viajó a todos los foros internacionales de asuntos indigenas de Naciones Unidas.
Ahora se conoce la verdadera agenda de Sebastián Donoso: facilitar las cosas a las empresas mineras.
"Debe auditarse y anularse todos los actos que realizó Sebastián Donoso mientras estuvo a cargo de la politica indigena", declararon dirigentes mapuche y aymara. "Es impresentable que un asesor de empresas mineras haya estado a cargo de la política indígena en Chile"."¿Que información se llevó desde el Estado?"

Donaciones a universidades: El sistema que favorece a las instituciones que educan a la elite

De las 10 universidades que recibieron más aportes de privados en 2010, sólo una es estatal. La mayoría son instituciones conservadoras en lo valórico, liberales en lo económico y con una matrícula compuesta por alumnos de estratos altos. Las empresas descuentan esos dineros de sus impuestos, en virtud de una norma promulgada por el gobierno militar, apoyando proyectos que les son afines ideológicamente con dinero que debieron haber pagado al Fisco. Conozca la nómina completa de las donaciones a universidades hechas en 2009 y 2010, entregada por el Ministerio de Educación. 

FUENTE: CIPER Chile  

Por : Verónica Torres en Reportajes de investigación  

Publicado: 02.11.2011

 

En la entrada de la biblioteca de la Universidad de Los Andes, en el campus San Carlos de Apoquindo, hay una placa de agradecimiento. Tiene inscritos algunos de los apellidos de las familias que donaron dinero para su construcción: Izquierdo, Lecaros, Fernández y Garcés. El edificio de tres pisos, construido en 12.400 metros cuadrados y diseñado por arquitectos norteamericanos, fue pensado para transformarse en una de las bibliotecas más grandes y modernas de Sudamérica. El espacio tiene el sello del Opus Dei, la Prelatura fundada por José María Escrivá y conocida como el reducto católico preferido por la élite económica del país, que sigue su máxima: “buscar la santificación a través del trabajo diario”.

En la Universidad de Los Andes varios de los profesores y autoridades son miembros de la obra de Escrivá. Uno de ellos es Joaquín García-Huidobro, abogado y docente de la Escuela de Derecho, quien en el documental de Marcela Said “Opus Dei: una cruzada silenciosa” recorre los pasillos de la misma biblioteca, diciendo:

-Acá podemos notar el sello del Opus Dei en varias cosas. Lo primero y lo más importante es que la biblioteca está limpia… A ver, ¿qué más?… Que los materiales que se utilizan están destinados a durar.

Uno de los grandes propósitos de la Universidad de Los Andes es convertirse en una institución de tradición que dure cientos de años y para eso ha diseñado una estrategia de búsqueda de donaciones que la ha llevado a liderar -según la información del Ministerio de Educación para 2009 y 2010- el ranking de las instituciones de educación superior que recibieron más aportes de privados.

En 2009 las donaciones a esta universidad alcanzaron los $3.732 millones, mientras que en 2010 subieron a $4.551 millones. La siguió de cerca la Pontificia Universidad Católica (PUC), con $3.433 millones (2009) y $4.374 millones (2010). Mientras que en el tercer y cuarto lugar están: la Universidad de Chile, con $2.529 millones (2009) y $ 2.511 (2010), y la Universidad del Desarrollo (UDD), con $ 1. 205 millones (2009) y $ 1.214 millones (2010).

De acuerdo con esta información, dentro de las cuatro universidades que reciben más aportes de privados sólo hay una estatal -la Universidad de Chile- y cuatro de ellas representan proyectos conservadores en lo valórico y liberales en lo económico, ambos paradigmas de la derecha gremialista. (Vea el ranking de las universidades que reciben más donaciones y la nómina completa de las donaciones hechas a universidades en 2009 y 2010).

De las 60 universidades que operan en el país, de acuerdo con los datos del Servicio de Información de Educación Superior (SIES), un total de 49 planteles recibieron aportes del sector privado en 2009 y la misma cifra se repitió en 2010. Así se desprende de la información proporcionada a CIPER por el Ministerio de Educación acerca de las donaciones hechas a universidades en 2009 y 2010, en respuesta a una solicitud de acceso a información por Ley de Transparencia.

En 2009 las donaciones sumaron un monto global de $14.749 millones, pero de esa cifra más de $8.370 millones se dividieron entre las universidades de Los Andes, PUC, y UDD. Y el año pasado el total de las donaciones escaló hasta $16.353 millones, de los cuales $10.139 se repartieron en el mismo trío de planteles. El sistema, en los hechos, favorece a instituciones conservadoras en lo valórico y liberales en lo económico, todas con una matrícula mayoritariamente proveniente de estratos acomodados, con las que las grandes empresas privadas tienen más afinidad ideológica.

LOS ANDES: EL VALOR DE LA ORACIÓN

El motor de las donaciones que recibe la Universidad de Los Andes es su Asociación de Amigos, la que tiene un directorio integrado por 12 personas, la mayoría empresarios de renombre, como el supernumerario del Opus Dei y fundador de la universidad, Eduardo Fernández León, accionista de Banmédica S.A, Inmobiliaria FFV, ENTEL y Pucobre, entre otras compañías. También participa José Antonio Garcés, accionista de Embotelladora Andina, y Gonzalo Ibáñez Langlois, miembro de los directorios de Banmédica S.A y Molibdenos y Metales S.A (Molymet).

Francisco Lavín, director ejecutivo de la asociación y hermano del ex ministro de Educación y actual ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, explicó a CIPER que la asociación sesiona cada dos meses: “La rectoría determina un proyecto a financiar y el directorio revisa el proyecto y ve quién podría tener afinidad y quién del directorio tiene llegada con esas personas o empresas para hacer la campaña”.

Gracias a estos contactos, la universidad pasó de funcionar en los ‘90 en una pequeña casa cerca del Parque Bustamante a tener hoy un campus propio en San Carlos de Apoquindo. “El terreno del campus y los edificios de las facultades de Humanidades y Ciencias fueron producto de las donaciones. Mientras que la biblioteca fue mitad donación y mitad crédito”, señala Lavín.

La Universidad de los Andes es una de las pocas instituciones que recibe grandes sumas de dinero de personas naturales. La donación más alta que recibió el 2009 fueron mil millones de pesos aportados por Carmen Izquierdo Menéndez, hermana de Matías Izquierdo Menéndez, uno de los fundadores de la universidad y miembro del directorio de su Asociación de Amigos. Mientras que el empresario Eduardo Fernández León aportó a título personal $549.536.886 y su esposa Valerie Mc Auliffe otros $338.931.053. El 2010, en tanto, quien lideró las donaciones fue José Antonio Garcés con $877.045.800, seguido de Elina Gianoli, quien donó $850 millones. Esta última es una mujer de negocios -según Lavín- que vive en Uruguay y tiene importantes inversiones en empresas chilenas, como Molymet.

- Elina Gianoli hizo un aporte muy importante para la biblioteca -dice el hermano del ministro y explica que el contacto con ella se hizo a través de Gonzalo Ibáñez Langlois, miembro del directorio de Molymet y de la Asociación de Amigos.

Hoy todos los aportes están concentrados en otro proyecto ambicioso: la clínica de la universidad, que empezó a construirse en mayo pasado y que contará con 55 mil metros cuadrados que estarán listos durante el primer semestre del 2013.

El dinero de las donaciones no sólo va a infraestructura, sino también a investigaciones y becas. Lavín explica que hace un tiempo la universidad decidió abrir tres fondos de inversión para capitalizar las donaciones recibidas en estas tres líneas “y empezamos a vivir de los intereses, concretamente para efectos de becas y de investigación. El tema de infraestructura es tan grande que se lo come todo”.

Hace un año y medio, dos empresas se adjudicaron -vía licitación- la administración de estos fondos: IM Trust, uno de cuyos socios principales es Guillermo Tagle Quiroz, ex directivo del Consejo Parroquial de la Iglesia El Bosque bajo la tutela de Karadima; y Larraín Vial, esta última además es otro de sus donantes. Esta empresa donó, a través de Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa, $253.050.820 en 2009 y otros $214.260.600 en 2010. A esto se suman los aportes realizados por Larraín Vial Servicios Profesionales Ltda., que aportó $167.299.380 en 2009 y $214.260.600 en 2010.

Además de estas cuantiosas cifras hay otras que corresponden a las donaciones en UF que mensualmente aportan las más de 350 personas que integran la Asociación de Amigos. Estos miembros tienen derecho a una credencial con beneficios -que les otorga la Asociación luego de seis meses de aportes- como acceso a préstamos de libros en la biblioteca, 20% de descuento en postgrados, postítulos y diplomados, 10% de descuento en Chocolates Bozzo, rebajas en la suscripción anual de la revistas Capital, Hacer Familia y ED, además de un precio especial para alojar en la cadena hotelera Holiday Inn Express a lo largo de todo Chile y Buenos Aires, entre otros incentivos.

Sin las donaciones, Lavín reconoce que la universidad podría mantenerse, perfectamente con los aranceles y matrículas. Sin embargo, lo que se perdería sería “la posibilidad de crecer”, dice, y crear proyectos ambiciosos, como la clínica y la biblioteca. Es por eso que en un futuro la universidad apuesta a aumentar sus donaciones ocupando la fórmula de Harvard, cuyos egresados aportan con dinero a la universidad y mueven sus contactos laborales para conseguir recursos.

Pese a que Lavín sabe que muchas de las donaciones se deben al entusiasmo que genera la universidad entre los empresarios, pues, según dice, la ven como un espacio donde se formarán “sus futuros ejecutivos”, a su juicio hay otro componente, uno más importante, que propicia las donaciones:

-Rezamos mucho. Yo rezo todos los días por esta cuestión. Porque aquí hay algo que al final mueve a la gente a dar. Acá hay un efecto divino porque esta cosa no es tan solo económica, también es del corazón y quien remueve los corazones para nosotros es Dios.

ESCONDIDA: MECENAS DE LA UNIVERSIDAD TRADICIONAL

En la detallada nómina que el Ministerio de Educación entregó a CIPER con todas las donaciones recibidas por universidades en 2009 y 2010, aparecen aportes a la Universidad de Chile tan elevados como los que registra la Universidad de Los Andes. Pero esa es la única universidad estatal que se ubica entre las diez instituciones que recibieron más aportes de empresas privadas el 2010.

En efecto, en 2009 el plantel laico recibió de parte de Minera Escondida -la cuprífera de capitales australianos que controla BHP Billinton- cuatro aportes que alcanzaron los $1.167 millones. El 2010, en tanto, la misma empresa donó otros cuatro montos a la Casa de Bello que completaron los $1.224 millones. A través de su departamento de prensa, Escondida señaló que estas donaciones se hacen desde 2007 al proyecto académico Magíster en Gestión para la Globalización el que fue “gestado entre la compañía y el Departamento de Ingeniería Industrial de la U. de Chile”.

A la fecha, más de 200 alumnos han sido becados por Minera Escondida para seguir el programa de magíster que incluye un semestre de estudios en la Universidad de Chile, dos semestres de preparación en negocios en el extranjero y una gira de estudios para visitar empresas en China, India y Australia. Según la minera, el objetivo del proyecto es potenciar la “meritocracia”. De ahí que cerca del 80% de los seleccionados provenga de colegios subvencionados y municipalizados, los cuales en un 60% son de regiones.

Pero las donaciones de Minera Escondida son aún más abultadas, ya que en 2009 y 2010 incluyeron otros aportes -que van desde los $2 millones a los $150 millones- destinados siempre a universidades tradicionales: Universidad Católica del Norte, Universidad de Antofagasta, Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) y la Universidad de Santiago.

De acuerdo con la nómina entregada por el Ministerio de Educación, otras compañías del rubro minero hacen aportes millonarios. Entre éstas se cuentan la Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (Soquimich), cuyo accionista controlador es Julio Ponce Lerou, que donó $219.021.140 a la Universidad del Desarrollo en 2009, mientras que Minera Pelambres desembolsó la mayor donación que recibió la PUC ese año: $421.599.626.

El receptor final del dinero de Pelambres en la PUC fue la Facultad de Ingeniería. El vicerrector económico de la universidad, Patricio Donoso, indicó que será destinado a la construcción de un edificio subterráneo en el campus San Joaquín, que tendrá la forma de una mina de cobre. A partir del próximo año, el Centro de Minería de la PUC estará instalado ahí y el edificio llevará el nombre de Andrónico Luksic, fundador de la compañía donante.

LA AMPLIA CARTERA DEL SANTANDER

En el caso de la PUC, Donoso explica que los aportes en donaciones representan menos del 2% de los ingresos de la universidad, a pesar de que ocupa el segundo lugar en el ranking de recepción de aportes. Además de las donaciones destinadas a infraestructura, también reciben dineros del Banco Santander para becas. El banco del empresario español Emilio Botín, que en 2009 se adjudicó la licitación para ser uno de los tres bancos que administró el Crédito con Aval del Estado (CAE) durante 2010, es una de las empresas que más aparece en el listado de las donaciones del Ministerio de Educación.

En 2009 el Banco Santander donó $237.764.655 a la PUC y $215.308.019 a la Universidad Andrés Bello. Entre los otros planteles beneficiadas ese año por el banco, se cuentan la Universidad Austral de Valdivia, la U. de Concepción, la U. Tecnológica Metropolitana (UTEM), la U. Gabriela Mistral, la U. de Viña del Mar y la U. de Los Lagos, entre otras instituciones. Mientras que en 2010 la donación de $103.949.496 que hizo el banco a la Universidad Adolfo Ibáñez, ubicó a esta casa de estudios en el sexto lugar dentro de las diez universidades más beneficiadas por las donaciones de ese año.

Sobre estos aportes la empresa dijo a CIPER que existe un compromiso global del Grupo Santander con las universidades, a partir de su programa de responsabilidad social empresarial. El banco colabora con más de 900 instituciones en 15 países del mundo y los motivos los ilustra el propio Botín, quien ha dicho: “Las Universidades son los pilares básicos en el progreso económico y social de un país. El compromiso institucional con la universidad constituye una de las señas de identidad del Santander”.

DESCONTANDO IMPUESTOS

Tanto el Banco Santander como Minera Escondida, Minera Los Pelambres y las empresas amigas del Opus Dei, entre otros donantes de universidades, están descontando impuestos mediante estos aportes. Aquél es el incentivo que la Ley 18.681, herencia de la dictadura, entrega a los empresarios para que donen a institutos profesionales y universidades, incluyendo las privadas. Además, los libera del impuesto que se debe pagar por hacer la donación. Así lo estipula el artículo 69 de la ley:

-Los contribuyentes que otorguen donaciones a las instituciones de Educación Superior acogidas a este artículo podrán descontar de los impuestos señalados en el inciso primero hasta un 50% de dichas donaciones. No obstante lo anterior, cada contribuyente podrá descontar de sus impuestos 14.000 UTM como máximo cada año.

Según explica Boris Santander, profesor de Derecho Económico de la Universidad de Chile, a través de esta ley la empresa alcanza “un doble beneficio, porque en la práctica se reconoce la mitad de la donación como crédito contra el impuesto de primera categoría y la otra mitad, la ley permite rebajarla como gasto”. Es decir, en un escenario sin donación la empresa que tiene mil millones de utilidades debe pagar 200 millones de impuesto a la renta (el 20% estipulado por ley). En tanto, en un escenario con donación, la empresa puede donar, de esos 200 millones que debería pagar al Fisco, 100 millones a la universidad que ella escoja. Mientras que de los otros 100 millones -que aún debe pagar como impuesto- la Ley 18.681 le permite descontar el 20%. Al final, en vez de pagar 200 millones de impuestos, la empresa desembolsa 180 millones: 100 millones los entrega a la universidad que ella escoja y 80 millones los paga al Fisco.

Esa reducción tributaria es clave porque en vez de que el Estado decida qué hacer con el dinero que recauda para todos los chilenos -los 100 millones que en el ejemplo anterior se destinan a una universidad-, es la empresa privada la que decide qué hacer con ese dinero según el criterio de sus dueños. Y lo que ocurre es que esos fondos terminan fortaleciendo universidades con la misma línea valórica y política de esos empresarios. Así lo explica el abogado del Banco Santander:

-Eso es lo que está ocurriendo con esta ley y uno podría criticarlo, pero por otro lado, hay muchos que piensan con buenas razones que es positivo que los que pagan impuestos decidan a qué destinarlos. Mi punto frente a este argumento es doble: en primer lugar, puede ser bueno, pero si es así, discutámoslo, porque la sociedad no lo ha discutido. Y segundo, si lo discutimos, entonces pongamos atención y seamos honestos, porque cuando revisemos lo que está pasando nos vamos a dar cuenta de que esas donaciones van a parar, generalmente, a las mismas universidades. (Vea el ranking de las empresas que más donan a las diez universidades que reciben mayores aportes particulares)

PENTA Y LA U. DEL DESARROLLO

El año pasado, sin ir más lejos, sólo una universidad estatal (la Universidad de Chile) y otras tres universidades tradicionales (PUC, U. de Concepción y U. Católica del Norte) estuvieron dentro del ranking de las diez instituciones que recibieron más donaciones por parte de privados. La U. de Concepción obtuvo $213.304.715 y la Católica del Norte sumó $375.185.542. Las otras seis universidades que tuvieron más aportes son privadas: Universidad de los Andes, U. del Desarrollo, U. Alberto Hurtado, U. Adolfo Ibáñez, U. de Ciencias de la Informática (UCINF) y la Universidad Finis Terrae. De ellas, sólo la jesuita Alberto Hurtado, imparte formación de inspiración progresista, aunque religiosa.

En síntesis, de las diez universidades que reciben más donaciones de particulares, sólo tres se apartan de idearios más próximos al pensamiento de derecha o liberal: U. de Chile, U. de Concepción y U. Alberto Hurtado. Además, las donaciones favorecen principalmente a universidades que reciben a alumnos de los estratos socioeconómicos más acomodados. Según los datos informados por las propias universidades al Consejo Nacional de Educación (CNED), la mayoría de los estudiantes que se matricularon por primera vez durante 2010 en la U. Adolfo Ibáñez, U. del Desarrollo y U. de los Andes, provenían de colegios particulares. En esta última de los 1.299 alumnos matriculados sólo 49 estudiaron en colegios municipales y 81 en colegios subvencionados.

Hace ya un tiempo que estas tres universidades han recibido diferentes críticas por su carácter elitista. Sin embargo, fue en 2009 cuando la columna del jesuita Felipe Berríos en la revista El Sábado (de El Mercurio) levantó más polvo. En ella el sacerdote narró la visita que hizo a una de estas universidades de la “cota mil” y describió el silencio de sus pasillos como el de un “cementerio”, además del mar de autos apostados en sus amplios estacionamientos, similares a los de un mall. El sacerdote puso de manifiesto la “burbuja” en que viven estos estudiantes y se preguntó:

“¿Qué visión del país tendrá el profesional que salga de esa universidad?, ¿qué vida universitaria tendrá quien tal vez estudió en un colegio de la zona, donde probablemente quede también su casa y entra a esa universidad?, ¿qué diferencia hay entre una universidad así y un colegio particular?”.

Planteamientos como los de Berríos apuntan a que muchas de estas donaciones terminan en instituciones que entusiasman al empresariado porque sigue sus líneas valóricas y políticas. Un ejemplo claro es la Universidad del Desarrollo (UDD), una fundación creada en los 90 por un grupo de empresarios cercanos a la UDI entre los que estaban el ex ministro de Educación y actual ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, y el ministro secretario general de la Presidencia, Cristian Larroulet, además de los ingenieros Federico Valdés Fontaine, Alfredo Valdés Herrera y el fallecido miembro del Grupo Penta, Ernesto Silva Bafalluy.

Durante los años 2009 y 2010 la UDD ha permanecido en el cuarto lugar de las universidades que captan más donaciones, recibiendo aportes que se empinan por sobre los mil millones de pesos. La mayoría de ellos han sido donados por las empresas del Grupo Penta, uno de los holdings empresariales más importantes del país en el área de las inversiones y cuyos accionistas mayoritarios son los empresarios Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano.

No es casual que las empresas del Grupo Penta se interesen en este proyecto. Sus accionistas tienen un estrecho vínculo con la universidad. Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano son miembros del Consejo Directivo de la UDD desde sus inicios y participan actualmente como miembros de la fundación que le dio origen, según señala el gerente general corporativo de Empresas Penta, Manuel Antonio Tocornal.

El campus de la Universidad del Desarrollo en San Carlos de Apoquindo (Av. La Plaza 686) fue vendido -según consta en la inscripción del Conservador de Bienes Raíces de Santiago con fecha 8 de junio de 2009- por Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A. a la Inmobiliaria Ainavillo S.A. el 4 de mayo de ese mismo año. Hoy es esta inmobiliaria la dueña del terreno, cuyo avalúo fiscal asciende a los $1.473 millones de pesos. Ambos socios, Lavín y Délano, según confirma Tocornal, poseen “un porcentaje minoritario en la Inmobiliaria Ainavillo”.

Durante 2009 el Grupo Penta donó $560 millones a la UDD. De sus empresas, fue AFP Cuprum la que más aportó: $430 millones. El resto lo sumaron Penta Vida Compañía de Seguros, con $60 millones; Isapre Vida Tres S.A., con $ 50 millones y Compañía de Seguros Generales Penta Security S.A. con $20 millones. En 2010, en tanto, el grupo hizo crecer su aporte a $675.404.191. Penta Vida Compañía de Seguros fue la que más desembolsó el año pasado: $450 millones de pesos. La siguió Isapre Vida Tres S.A., con $92.500.000; la Compañía de Seguros Generales Penta Security S.A., con $50 millones; Clínica Santa María S.A., con $45.404.191, e Isapre Banmédica S.A, que aportó $37.500.000.

EL CONTROL DEL MINISTERIO

CIPER consultó a la UDD sobre los proyectos específicos que realizó con estas donaciones del Grupo Penta. Sin embargo, en la universidad informaron que por estar en medio del proceso de reacreditación institucional no podían responder. En todo caso, sobre este punto el artículo 69 de la Ley 18.681 es claro: “Las donaciones que reciban las instituciones de Educación Superior deberán ser destinadas a financiar la adquisición de bienes inmuebles y de equipamiento”. Y agrega: “Además, las donaciones podrán ser empleadas para financiar proyectos de investigación de las instituciones de Educación Superior”.

Antes de recibir cualquier donación, las universidades deben presentar al Ministerio de Educación el proyecto a realizar con esos dineros. La cartera cumple con visar las propuestas para evitar -en áreas como la de investigaciones- que los dineros donados por las empresas terminen siendo consultorías que se entregan a las mismas compañías. Recién en el gobierno de Ricardo Lagos, en agosto de 2003, se promulgó la Ley 19.885 que norma el buen uso de todas las donaciones que dan origen a beneficios tributarios, sancionando a quienes intenten conseguir contraprestaciones o beneficios a través de sus aportes.

Benito Barros, jefe del Departamento de Relaciones Institucionales de la División de Educación Superior, explica que el ministerio, en caso de considerarlo pertinente, puede rechazar el proyecto presentado por la universidad, pero una vez que se aprueba sólo de forma ocasional “y aleatoria” se visitan algunas universidades y se verifica que la donación esté cumpliendo su objetivo inicial (infraestructura, becas o investigaciones). En caso de encontrar alguna irregularidad, Barros señala que el paso a seguir es “informar al Servicio de Impuestos Internos”. Sobre si han existido o no irregularidades, el funcionario es escueto: “En mi período, al menos, no”. Barros asumió recién en febrero de este año.