LA HIPOCRESIA IMPERDONABLE DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

FUENTE: OLCA Chile

A dias de la Marcha Nacional por la Recuperación del Agua y la Vida, que evidencia el descalabro socioambiental que vive nuestro país en la voz de los territorios impactados por el modelo extractivista impuesto en Chile; y a menos de un mes de los aluviones del norte y los incendios del sur, que evidencian la insostenibilidad ecosistémica del modelo, el gobierno anuncia la creación de la Comisión Asesora Presidencial para el Estudio de un Nuevo Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)… a juzgar por sus integrantes, las autoridades no están entendiendo nada.

Entre los 23 miembros de este espacio de debate y problematización urgente sobre una parte de la institucionalidad ambiental que opera en Chile, no hay ni un solo representante territorial, ni una voz de las comunidades indígenas, campesinas, de pescadores artesanales, de trabajadores, de la sociedad civil, en fin de quienes sufrimos los embates de las decisiones impuestas por el poder ejecutivo que luego se transforman en pérdidas irreparables del patrimonio natural, cultural y social de nuestro país, pero también en fuentes de enfermedad, muerte, división y precarización de la vida de nuestros territorios y familias.

En el programa de Bachelet se establecía: “es necesario evaluar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA,) a la luz de los objetivos iniciales que nos movieron a presentar la reforma a la institucionalidad ambiental en nuestro Gobierno, e impulsaremos con decisión los cambios necesarios que aseguren a todos los ciudadanos, organizaciones y empresarios, una institucionalidad validada desde el punto de vista técnico”. Entonces cabe la pregunta ¿en qué parte del proceso solo quedan los empresarios y las consultoras técnicas y jurídicas que trabajan para ellos en el ruedo? ¿cómo puede comprenderse el drama de los territorios impactados por la megaminería, la energía sucia, la agroindustria, el modelo forestal, la expansión mercado céntrica de las ciudades, sino se los invita a los espacios de debate y decisión? ¿Entiende el gobierno que este tipo de medidas solo contribuyen a profundizar el malestar y la desesperación en los territorios? ¿pretenden exacerbar la crisis socioambiental que están generando, rumbo a salidas violentas y tan depredadoras como el sistema que imponen?

Hace años cientos de organizaciones hemos desplegado esfuerzos de reflexión, articulación y diagnóstico común, para buscar soluciones que posibiliten nuestra vida y la vida de nuestras comunidades, que legitimen nuestros saberes, que garanticen la salud de nuestros ecosistemas, de los que nos sentimos parte y no dueños. De ese proceso han emanado aportes riquísimos, que han fortalecido nuestros procesos de despertar y de toma de conciencia a nivel local y nacional… poco a poco van surgiendo experiencias pioneras de otras formas de vida, de otras economías, de otros paradigmas educacionales, de otros modos de organización política y social, y estos referentes son conocidos por el gobierno, sin embargo una y otra vez son invisibilizados, porque lo que los territorios decimos choca con la lógica extractivista que financia a los conglomerados gobernantes, y que se han comprometido a profundizar a costa de nuestros derechos.

Pero eso resulta tan burdo que Bachelet dé a conocer la Comisión diciendo “no basta con escribir nuevas leyes y decretos. Estos ajustes deben generarse en forma transparente y dialogada, porque la base de la eficacia de un sistema de evaluación es su legitimidad social. Ello hace que cada avance llegue a ser realmente confiable y respetado por todos”. Entonces a la presidenta no podrá extrañarle luego que el “SEIA corregido” no cuente con credibilidad ni legitimidad social, no sirva como ellos pretenden para prevenir impactos ni conflictos socioambientales, y solo contribuya a aumentar la movilización, el descontento y el deterioro de nuestros bienes comunes. 

La glosa de “valor compartido” y “participación ciudadana temprana” viene directamente extraída de los manuales de buen vecino hechos por las empresas, y los territorios sabemos que eso significa cooptación, división, promoción de la corrupción e ilegitima presión individual para poner “precio” a los bienes comunes. Es decir, las empresas ya no llegarán vendiendo un “proyecto” del que se dispone información técnica en el SEIA, sino que un “producto” y las comunidades pactarán su suerte, blindando jurídicamente a las empresas, pero sin tener conocimiento real de los impactos y alcances de la propuesta presentada. Esto no es la participación vinculante que exigimos, ni descentralización ni ejercicio de la soberanía territorial, no se puede hablar de equidad ni de igualdad de condiciones desde una Comisión como la recientemente constituida.

La hipocresía es grande, claramente esta Comisión se enmarca dentro de la agenda pro inversión pactada con los grupos económicos extractivistas que operan en el país, desoyendo completamente la agenda de las comunidades, por eso suena excesivamente violento que Bachelet remate al fin de su discurso de apertura de esta comisión “Estamos convencidos que la protección de nuestros recursos naturales, el respeto a las comunidades y la promoción de un desarrollo armónico es la única forma de cuidar el presente y el futuro de nuestra patria”.

Creemos en un desarrollo armónico, por eso marcharemos este 22 de abril en Valparaíso y seguiremos fortaleciendo los procesos de defensa territorial y de empoderamiento individual y colectivo, para que el desarrollo armónico no sea otra bravata más como la “minería virtuosa”, la “economía verde”, y cuánto absurdo soporta la palabra manipulada.

Lucio Cuenca Berger

Director
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA

“Gobierno persiguió y amedrentó a gran parte de funcionarios que podrían haber hecho denuncias” por ilegal aprobación de HidroAysén

Presidente de la ANEF recordó irregularidades en aprobación de mega proyecto.

Julio López, Presidente Regional ANEF Aysén

“A partir de toda la evidencia, de este matrimonio entre HidroAysén y el gobierno, me quedó claro que si ellos ejercían este tipo de presiones, vulnerando la ley para lograr que se apruebe el proyecto, éste no es bueno” señaló en programa “La otra cara de la moneda”.

“Cerca de la aprobación tratamos de recopilar antecedentes, pero fue imposible porque la gente tenía mucho miedo a los despidos y represalias” rememoró.

En un primer momento al presidente regional de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Julio López, los mega proyectos hidroeléctricos no le llamaban mayormente la atención.  Sin embargo tras conocer el modo de operar de las empresas y del gobierno, cambió de parecer.

Así lo dio a conocer hace algunos días al ser entrevistado en el programa “La otra cara de la moneda” que la Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida emite todos los jueves desde las 15:30 horas en Radio Santa María.

Persecución política

“Dentro del directorio regional de ANEF había dirigentes que estaban en contra del proyecto, uno o dos favor, y yo que era indiferente. Discutimos el tema y cerca de la aprobación (9 de mayo de 2011) tratamos de recopilar antecedentes, pero fue imposible porque la gente tenía mucho miedo a los despidos y represalias” recordó.  Fue en ese momento que decidieron hacer un llamado público a realizar denuncias, luego del cual se acercaron algunas personas como la funcionaria de la seremi de Vivienda Susana Niccodemi, por cuyo testimonio se constituyó una comisión investigadora en la Cámara de Diputados.

En su visita a Aysén, Bachelet debe precisar “qué hará para que no se materialicen proyectos de represas que cree que no debieran seguir adelante”

En reunión sostenida este sábado en Puerto Aysén, la Coordinadora Regional Anti Represas de Aysén acordó solicitar a la ex Presidenta Michelle Bachelet un pronunciamiento claro y público respecto de los proyectos de represas en la zona, durante la visita que esta semana realizará a Coyhaique y Puerto Aysén.

“Hemos conocido algunas de sus palabras sobre este tema, pero considerando que fue durante su administración cuando fueron acogidos a tramitación los proyectos de represas de HidroAysén y Energía Austral creemos que es en esta región donde ella debiera decir claramente qué hará para que no se materialicen iniciativas que no le gustan o que considera que no debieran seguir adelante” indicaron.

Sismo en la costa de Aysén refuerza discusión sobre riesgos asociados a proyecto río Cuervo

· El Centro de Estudios Geológicos de Estados Unidos consignó que a las 21:54 horas del miércoles se produjo en el litoral aysenino un sismo de 5,1 grados.

El sismo de 5,1 grados que se produjo la noche del miércoles frente al litoral aysenino reforzó la discusión sobre los riesgos sísmicos y geológicos de construir una represa que dé origen a un embalse de 13 mil hectáreas en la zona de los lagos Yulton y Meullín, el cual se emplazaría a 20 kilómetros de Puerto Aysén y a 600 metros sobre el nivel de la localidad, además de estar rodeado por varios volcanes y sobre la falla Liquiñe-Ofqui.  La preocupación de la comunidad local se agrava toda vez que estas materias fueron advertidas originalmente por el Servicio Nacional de Geología y Minería, organismo que incluso solicitó analizar la relocalización de la represa, lo cual Energía Austral, titular del proyecto río Cuervo,  nunca realizó.

Según el Centro de Estudios Geológicos de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) el sismo se produjo a las 21:54 horas del miércoles a 343 kilómetros al oeste de Coyhaique (unos 300 kilómetros al oeste de Puerto Aysén), en las costas de Aysén, a una profundidad de 27,5, kilómetros.   Un hecho que pone en alerta a la comunidad local, luego del terremoto que en abril de 2007 terminó con la vida de una decena de personas.

Pero los riesgos asociados a esta eventual represa no se reducen sólo a la geología.  Aunque el proyecto aún se encuentra en tramitación, Energía Austral ya carga con la desaparición y muerte de tres personas.  Se trata de Edgardo Rogel Arteaga, Moisés Aros Salgado y Mario Méndez Maldonado, quienes el 1 de septiembre de 2009 cayeron a las aguas del río Cuervo mientras realizaban, en un bote, estudios para las contratistas Terrapatagonia y Geologística por mandato de la hidroeléctrica.  Por eso ha sorprendido que a poco más de dos años de este siniestro, la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción entregara a la empresa el pasado 21 de diciembre un reconocimiento por lograr “un millón de horas hombre sin accidentes con tiempo perdido”, basado en el “buen trabajo de la compañía en la gestión de sus riesgos laborales y que beneficia directamente a los trabajadores por tener incorporado el sentido de la seguridad en el trabajo como una cultura que les permite evitar los riesgos laborales”.  La decisión, se considera, debió contemplar también sopesar este grave suceso.

La RSE de las compañías mineras es un gran Mito

• Las compañías identifican a las y los líderes para proceder al soborno y la cooptación de manera que eso luego se traduzca en desconfianza, división comunitaria, incertidumbre colectiva y debilitamiento del tejido social.

Santiago de Chile, 26 de octubre de 2011. (Radio del Mar/Olca)-- En la sala Sazié de la Casa central de la Universidad de Chile se congregaron decenas de personas para debatir y reflexionar en torno a la llamada Responsabilidad Social Empresarial, concepto complejo, de silencioso impacto, bajo el cual se enmascara una intervención antropológica sin precedentes en la historia republicana de Chile.

Dirigentes sindicales de la Confederación de Trabajadores del Cobre y representantes comunitarios de Salamanca, Cuncumén, Alto del Carmen, Vallenar y Aconcagua viajaron especialmente desde sus localidades para participar del Seminario Taller "El mito del Beneficio Minero" organizado por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y convocado por la Coalición Ecuménica por el Cuidado de la Creación, el Colectivo Viento Sur, la confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), la Confederación Minera de Chile (CONFEMIN), Federación de Estudiantes – Universidad Alberto Hurtado y la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SECMA) – FECH.

La actividad surgió como respuesta a una embestida empresarial minera sobre Responsabilidad Social Empresarial que congregó a representantes de las principales transnacionales mineras del planeta en el hotel Sheraton entre los días 19 y 21 de octubre.

EL seminario denunció que transnacionales se han aferrado al concepto responsabilidad social para enmascarar la sistemática irresponsabilidad con la que operan.

Para esto se han valido de un sin número de mecanismos, como la creación de Fundaciones "filantrópicas" (que se financian con dineros de impuestos que nunca llegan al Fisco), cuyos logos son una apropiación notable del imaginario identitario de las localidades que pretenden intervenir; o las alianzas con el Estado, que determinan en la práctica aberraciones tales como que en Alto del Carmen sea la MInera Barrick Gold la que le entrega dinero a los organismos del Estado (FOSIS; JUNJI, SERCOTEC, CORFO) para que realicen sus labores, claro que bajo la tutela de la empresa.

Las compañías también identifican a las y los líderes para proceder al soborno y la cooptación de manera que eso luego se traduzca en desconfianza, división comunitaria, incertidumbre colectiva y debilitamiento del tejido social. Pero también las empresas financian espectáculos artísticos que transforman luego a los artistas, en el imaginario, como portavoces de la fiesta que la empresa quiere representar.

Todas estas estrategias sólo son posibles por la complicidad de los Estados con estas empresas y por la falta de espacios de discusión y reflexión como para darnos cuenta de qué estrategias requiere una empresa para imponer la actividad más contaminante e invasiva del planeta en un territorio, sin que la resistencia comunitaria le imposibilite operar.

Luego de un trabajo en grupo sobre los temas planteados y un almuerzo comunitario cocinado junto a las y los estudiantes en toma, el seminario abrió paso a la voz de las comunidades y los trabajadores; Mauricio Ríos, presidente del Consejo de Defensa del Valle del Huasco y Cristián Cuevas, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, dieron cuenta de la importancia de que quienes trabajan en la minería y las comunidades que sufren sus impactos se junten sin mirarse como enemigos, sino como parte de una comunidad impactada por un sistema económico injusto, de lo contrario, los dardos de la resistencia terminan enfocándose mal y la lucha por la vida se hace poco eficiente.

Del mismo modo, se compartió en torno a la importancia de ir creando condiciones que se constituyan en alternativas al extractivismo y la cultura de muerte que se impone. Apostando por el desarrollo local, la restitución de los lazos y las actividades tradicionales, la promoción del amor a la tierra y los valores que ella enseña, y sobre todo, la importancia de poner al agua y la amenaza que sobre ella se cierne como el eje de la resistencia colectiva.

Finalmente, las y los participantes crearon y escribieron lienzos para poner en el frontis de la casa central de la Universidad de Chile en toma en los que se leía "¿Responsabilidad social en minería? JA JA JA" "Responsabilidad Social Empresarial: Robar Sobornar Evadir" y "En la tierra, el aire y el mar no hay responsabilidad social".

Algunos de los expositores fueron el geógrafo y doctor en antropología Raúl Molina, la socióloga experta en temas laborales Magdalena Echeverría, el economista y presidente de Acción AG Martín Pascual y el director de OLCA, Lucio Cuenca.

Según informe de DD.HH. de la UDP: HidroAysén reprueba test de justicia ambiental

FUENTE: ElMostrador por Claudia Urquieta Ch.

La principal causa es la gigantesca desigualdad de las cargas ambientales que, en desmedro de los ayseninos, beneficia a sus impulsores y “difusamente” a otros sectores de la población. El informe califica como un complemento perfecto la falta de políticas y la insuficiencia de la institucionalidad ambiental para “permitir que megaproyectos energéticos conduzcan a resultados injustificadamente discriminatorios, reñidos con los estándares constitucionales e internacionales de los derechos humanos”.

En el caso concreto de HidroAysén, “el proyecto, que ni siquiera suministra electricidad a las poblaciones afectadas, que además exige que dichas poblaciones carguen con los pasivos ambientales y vean afectado su potencial turístico y de empleo, está generando una situación de  desventaja comparativa”.

Las más de 10 mil observaciones ciudadanas que el proyecto energético HidroAysén, que contempla la construcción de cinco represas en la undécima región y la instalación de una línea de transmisión de casi 2 mil kilómetros, en la práctica se remitieron a un mero trámite, ya que acorde a la institucionalidad ambiental no son opiniones vinculantes. Por lo tanto no tuvieron “el eco suficiente, ni siquiera para obtener las debidas medidas compensatorias”.

Así lo constata la novena versión del Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile de la Universidad Diego Portales (UDP), que en su capítulo sobre justicia ambiental, aplicada a la evaluación ambiental de proyectos energéticos, analiza en particular la iniciativa aprobada el pasado 9 de mayo, por ser el caso más emblemático y actual.

Y la conclusión es clara: la apuesta de Endesa y Colbún no aprueba el test de justicia ambiental que evalúa dos aspectos fundamentales: la distribución de cargas y los beneficios ambientales.

Básicamente porque el proyecto “concentra las cargas en la región-dejando de lado la línea de transmisión- y en la población de Aysén, mientras que los beneficios económicos y energéticos recaen en otros sectores de la población. Por consiguiente, el proyecto es claramente discriminatorio”.

Según la UDP, HidroAysén junto a otras apuestas energéticas, como las termoeléctricas Campiche, Barrancones y Castilla, reflejan “la gigantesca distribución desigual de las cargas ambientales, mientras que los beneficios son más bien difusos cuando apuntan a toda la población, y en cambio muy concretos si se consideran los titulares de los proyectos”.

Para el miembro del Programa de Derecho y Política Ambiental de la UDP, Matías Guiloff, el mega proyecto energético “vulnera los derechos humanos desde una perspectiva de justicia ambiental, en el sentido que aparece como una decisión relativa a la distribución de cargas y beneficios ambientales respecto a la cual la ciudadanía no ha podido pronunciarse como debiera porque lo hizo respecto de una versión del proyecto muy distinta a la cual se aprobó finalmente”, ya que desde que se presentó la iniciativa al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en 2008 ha enfrentado radicales modificaciones.

En este sentido las dos dimensiones participativas relativas a la distribución de cargas y beneficios ambientales fueron deficientes, ya que “la gente sólo pudo pronunciarse en una etapa muy preliminar del proyecto, sin información completa.  Además hubiera sido más respetuoso que la ciudadanía hubiera podido pronunciarse en un segundo momento y en un período más cercano a la versión final del estudio”, señala Guiloff.

En cuanto a la etapa “anticipada” de participación ciudadana, desde la casa de estudios son muy críticos con respecto al modus operandi del titular del proyecto, que con el fin de entregar información y propaganda, “involucró a alumnos de colegios dentro de sus objetivos, cuando estos ni siquiera pueden participar en la etapa formal” de participación. Estrategia de persuasión y manipulación, que el informe considera inaceptable.

Los verdaderos beneficiados

El estudio de la UDP señala como principal responsable de que este tipo de proyectos se aprueben “sin los resguardos necesarios, es la institucionalidad ambiental de nuestro país, que a pesar de haberse modificado recientemente sigue siendo deficiente”.

Y apunta a que “la carencia de políticas y la insuficiencia de la institucionalidad ambiental” es el “complemento perfecto para permitir que megaproyectos energéticos conduzcan a resultados injustificadamente discriminatorios, reñidos con los estándares constitucionales e internacionales de los derechos humanos”.

Sobre todo si se toma en cuenta que no existe una política energética país, ya que el modelo actual deja en manos del mercado este tipo de decisiones.

En el caso concreto de HidroAysén, “el proyecto, que ni siquiera suministra electricidad a las poblaciones afectadas, que además exige que dichas poblaciones carguen con los pasivos ambientales y vean afectado su potencial turístico y de empleo, está generando una situación de  desventaja comparativa”.

Más aún tomando en cuenta que las medidas de mitigación acordadas para darle luz verde a la hidroeléctrica no parecen ser suficientes en comparación a los efectos adversos, que “son de proporciones y que todas las medidas juntas no parecen compensarlos”.

Principalmente porque estas compensaciones operan una vez que los aspectos fundamentales de todo proyecto, como su ubicación y operación, son decididas por sus impulsores antes de ser evaluados por la institucionalidad ambiental, por lo tanto lo que se compensa “no dice relación con dichas cuestiones fundamentales, sino con los efectos adversos identificados”, dentro de los cuales queda fuera el lugar donde se emplazará la iniciativa.

Más grave aún en el caso de HidroAysén es que según recoge el informe, muchos de los efectos adversos o negativos identificados por los servicios sectoriales fueron modificados desde la administración central, lo que fue denunciado por parlamentarios y servicios como CONAF y Sernageomin. Y “si estas acusaciones son ciertas los verdaderos impactos ambientales del proyecto no serían los contemplados en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ni en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Por lo mismo, cabría suponer que las medidas de compensación no pretenden realmente equilibrar los aspectos adversos”. Pero, señala la investigación, aunque los impactos fueran realmente los consignados en la RCA “caben poderosas dudas sobre si en verdad se compensan con las medidas señaladas por la autoridad”. Más aún si se toma en cuenta que desde la empresa se oponen a varias de las mitigaciones exigidas por considerarlas desproporcionadas.

Funcionaria que denunció adulteración en informe para aprobar Hidroaysén fue sancionada por quien habría adulterado dichos informes

FUENTE: TheClinic

La funcionaria que denunció ante el Ministerio Público posibles delitos en el informe que presentó la Seremía de Vivienda de la XI Región -y que permitió la aprobación de Hidroaysén- fue sancionada con una multa y una anotación de demérito en su hoja de vida porque participó en una marcha contra el proyecto eléctrico cuando estaba con una licencia que no la obligaba a quedarse en su hogar.

Lo particular del sumario y la sanción que afectó a Susana Niccodemi es que el funcionario que adoptó la resolución es nada menos que el seremi Nicolás Terrazas, quien fue inhabilitado por el ministro del ramo para participar en la aprobación de Hidroaysén por los múltiples conflictos de interés que presentaba (ver documento adjunto).

Terrazas, quien es investigado por la fiscalía como imputado en una posible adulteración del informe, le ordenó instruir la indagatoria administrativa al fiscal de la Seremía, Óscar Macías. Este último, además, representa a Terrazas ante el Ministerio Público y fue socio del padre del seremi, también llamado Óscar Macías, como puede leerse en la página web del estudio.

A raíz de estos hechos, el abogado Marcelo Castillo, representante de Patagonia sin Represas asumirá la defensa de Susana Niccodemi e ingresará una querella criminal por el delito de prevaricación en contra de Terrazas y Macías, ya que estando inhabilitados legalmente no se abstuvieron de dictar la resolución que afectó a la mujer.

Castillo estimó que junto a las acciones penales, que recaerán en la misma fiscalía que investiga al seremi Terrazas, la Contraloría podría revocar la sanción, ya que a su juicio la licencia que presentó la mujer establecía que era de carácter ambulatoria y no la obligaba a guardar reposo absoluto.

Hasta ahora la investigación que lleva el Ministerio Público, a cargo del fiscal Patricio Jory avanza rápidamente. Hace un par de meses el perseguidor incautó los computadores de la Seremía y ordenó periciarlos con el fin de acreditar la posible adulteración del informe que favoreció a Hidroaysén.

Chanchullos con terrenos

Pero esta no es la única inhabilidad que enfrenta Terrazas. Su hermano, militante UDI, fue el ex asesor jurídico de la Municipalidad de Coyhaique, jefe de gabinete del subsecretario de Desarrollo Regional Miguel Flores y actual jefe de gabinete del vocero de Gobierno de Andrés Chadwick, posee terrenos en la comuna de Cochrane que serán inundados si es que el proyecto Hidroaysén finalmente se ejecuta recibirán una suculenta suma. Sumado a lo anterior, el padre de ambos trabaja para una organización que negocia actualmente la venta de terrenos a Endesa.

En julio pasado, el seremi Terrazas concurrió a la Comisión Investigadora de la Cámara que analiza la aprobación de Hidroaysén. En la oportunidad, aseguró que “en relación con los terrenos de mi hermano, no tenía idea que éstos se inundaban” y que “por un reportaje que salió en la prensa me enteré de que mi hermano tenía ocho hectáreas”.

Nuevo obstáculo para HidroAysén: Contraloría objeta a la DGA por entrega de derechos de aguas

El dictamen firmado por el Contralor General, Ramiro Mendoza, supone un nuevo obstáculo para el proyecto, luego de que el pasado 20 de mayo la Corte de Apelaciones de Puerto Montt lo detuviera a través de una orden de no innovar.

“Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso a la resolución N° 14 de 2011, de la Dirección General de Aguas, Región de Aysén, por la que se constituyen derechos de aprovechamiento no consuntivos, sobre aguas superficiales y corrientes, a favor de “Centrales Hidroeléctricas de Aysén S.A“.

De esta manera comienza la resolución que la Contraloría General de la República envió a la Dirección General de Aguas de la Región de Aysén, informando que -por el momento- queda sin efecto la ampliación de derechos de aguas  para llevar a cabo el proyecto impulsado por Endesa que busca instalar cinco represas en la Patagonia.

El dictamen firmado por el Contralor General, Ramiro Mendoza, supone un nuevo obstáculo para el proyecto, luego de que el pasado 20 de mayo la Corte de Apelaciones de Puerto Montt lo  detuviera a través de una orden de no innovar, obligando a esperar una resolución judicial respecto de tres recursos de protección presentados en contra de la Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén que calificó favorablemente la obra.

El dictamen de la Contraloría, fechado el 1 de agosto de 2011, entre sus argumentos establece que  en el otorgamiento de derechos de aguas a HidroAysén  la DGA “ha omitido indicar la unidad de tiempo asociada a la cantidad de agua cuya extracción se autoriza, circunstancia que contraviene lo establecido en el artículo 149, N° 3, del Código de Aguas, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 7°, del mismo cuerpo normativo”.

Asimismo, el órgano contralor hace presente que en el beneficio a HidroAysén no cumple con las exigencias contenidas en el N° 2 del decreto N° 743, de 2005, del Ministerio de Obras Públicas, que obliga justificar la cantidad de agua asociada al proyecto, mediante una tabla de equivalencias entre caudales y usos. “No se advierte que en este caso se haya dado cumplimiento a las exigencias contenidas en el N° 2 del decreto N° 743, de 2005, del Ministerio de Obras Públicas -que fija la tabla de equivalencias entre caudales de agua y usos que refleja las prácticas habituales en el país en materia de aprovechamiento de aguas-, considerando que el uso para el que la empresa mencionada solicita el derecho de aprovechamiento -central hidroeléctrica de embalse- no se encuentra contemplado en la tabla que contiene el N° 1 de ese decreto”, señala en su segundo párrafo el dictamen de la Contraloría.

La resolución informada hoy a la DGA de Aysén, paraliza el proyecto hasta que el servicio competente de una respuesta a la consideraciones expuestas por el órgano contralor.

Opositores al proyecto, sin embargo, señalan que esperaban una resolución de la Contraloría cuestionando el fondo de la resolución 1800, que posibilitó la ampliación de derechos de aguas para HidroAysén.

Querella 

Previo a la resolución de la Contraloría, opositores y parlamentarios de la Concertación presentaron ante el Séptimo Tribunal de garantía de Santiago una nueva acción judicial dirigida al  vicepresidente ejecutivo de la HidroAysén, Daniel Fernández.

Según el abogado Marcelo Castillo, representante de la Corporación Patagónica, ésta se funda en la supuesta entrega de información falsa por parte de Fernández al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en el marco de las indagatorias por el traspaso de derechos de agua de Endesa a HidroAysén.

DECLARACIÓN PÚBLICA Comité Campesino Ensenada Valle Simpson

DECLARACIÓN PÚBLICA

A raíz de la controversia suscitada producto del ingreso no autorizado de profesionales de la empresa contratista de HidroAysén, CONIC, al predio de don René Sandoval, secretario de nuestra organización, lo cual fuera desmentido tajantemente por el gerente de Operaciones de HidroAysén, don Michel Moure, como Comité Campesino de Ensenada Valle Simpson nos vemos en la necesidad de aclarar lo siguiente:

• La tarde del sábado 30 de julio nos hemos reunido en asamblea del comité, con el fin de analizar diversos temas relacionados con nuestra organización campesina, ocasión en la cual nos informamos del desmentido público que don Michel Moure hizo sobre las denuncias de nuestro presidente, don Jaime Morales, y secretario, don René Sandoval.

• A raíz de esto, la asamblea tomó el acuerdo de que nuestro presidente respaldado por la directiva reafirme los hechos y exija públicamente a la empresa el reconocimiento de éstos, toda vez que incluso uno de sus profesionales, don Daniel Quintana, el mismo día que se hizo pública la denuncia visitó a don René Sandoval, reconoció el error, retiró el material que dejaron en su terreno, y expresó la voluntad de la empresa de que esto no volvería a ocurrir.

• Sin embargo, lo que le informaran a don René Sandoval quedó en nada luego de las palabras del señor Moure, quien en la práctica le deja como un “mentiroso”.

• Queremos aclarar que no es práctica de los campesinos de Aysén denunciar hechos que no son ciertos.  Lo único que hemos pedido es que se respete a los pobladores que han vivido por décadas en esta tierra.  Y ahora, además, que se respete la honra de nuestra gente, porque por no puede llegar el ejecutivo de una empresa a una región a acusar de mentirosos a los campesinos que denuncian sus acciones no autorizadas.

• Por tanto, como Comité Campesino que tiene como responsabilidad defender a sus asociados, exigimos a HidroAysén a través del señor Moure que aclare esta situación, y que aclare por qué don Daniel Quintana reconoce el error ante don René Sandoval y luego él públicamente lo desconoce. 

• Queremos que quede en claro que los campesinos de la Región de Aysén somos respetuosos del visitante, pero asimismo de nuestra cultura, historia y la tierra que nos ha dado cobijo.

• Por último queremos expresar además nuestra preocupación porque este tipo de situaciones estén ocurriendo en otras partes de la Región de Aysén, aprovechándose de la poca información que tienen los campesinos tanto sobre sus reales derechos como de los lugares donde las empresas pretenden pasar sus torres de alta tensión, sectores que hemos visto con intranquilidad han sido solicitados para prospecciones mineras, al parecer para proteger esas inversiones eléctricas porque casualmente siguen el mismo trazado de las posibles líneas de transmisión. En especial nos preocupa que una parte de ellas se pretenda pasar por el sector de Ensenada Valle Simpson. 

Comité Campesino Ensenada Valle Simpson

Presidente

Jaime Morales

(96) 8449609

por mandato de la asamblea y directiva

Lunes 1 de agosto de 2011

Ensenada Valle Simpson

Duros cuestionamientos a proceso de negociación que pretende iniciar Corporación Aysén por Aysén

FUENTE: Comunicaciones www.aisenreservadevida.cl

· Una parte importante de los asistentes criticó que se pretenda conformar una mesa negociadora con HidroAysén y Energía Austral, cuando hay múltiples aspectos en los proyectos de represas que no son compensables, y que toda exigencia ciudadana sobre el devenir de la región debe ser al Estado y no a empresas privadas.

Con fuertes críticas a las intenciones de algunas personas de “negociar” con HidroAysén y Energía Austral se llevó a efecto este sábado la reunión a la que convocara la Corporación Aysén por Aysén para establecer una mesa que discuta las compensaciones que, estiman, merece la región ante la eventualidad de construirse múltiples represas en los ríos Baker, Pascua, Cuervo, Blanco y Cóndor, entre otros cursos fluviales patagónicos. Hasta la sede de la entidad en General Parra llegó un importante número de personas, aunque la mayoría críticos de los proyectos de represas y también de la postura que los dirigentes de la organización han adoptado ante tales iniciativas, en su opinión sin haberse informado a cabalidad sobre los impactos sociales, ambientales y económicos que significarían para Aysén y sus habitantes tales intervenciones. Entre los asistentes figuraban el alcalde de Coyhaique, Omar Muñoz, y su esposa Daissy Mondelo, además del diputado René Alinco (que apoya a HidroAysén), los concejales Jorge Díaz Arana y Silvia Moreno, entre otros participantes, y el seremi de Economía Fernando Guzmán.

Pasadas las 15:00 horas el presidente de Aysén por Aysén y propietario de Radio Ventisqueros, Joaquín Real, leyó un texto con “la pedida” que la organización considera se debe hacer a HidroAysén en particular, para lo cual plantean la constitución de una mesa de trabajo, que pretenden que lidere la organización. Además estableció los motivos por los cuales se debiera compensar a la región, los cuales se relacionarían con el uso del agua, el impacto negativo a la imagen de pristinidad de Aysén, ponerle “precio” a los impactos sociales, culturales y ambientales que generaría la intervención, y los supuestos beneficios que los proyectos significarían para el resto de Chile, planteando como propuesta de exigencia una rebaja del costo de la electricidad para la región superior al 80 % del costo actual, una especie de FNDR paralelo financiado por las empresas, que un 50 % de sus trabajadores sean de Aysén, que utilicen servicios de contratistas locales y el cumplimiento de la legislación ambiental.

“Qué le hace pensar a la corporación que HidroAysén va a compensar con las dádivas que ustedes están pidiendo, de un 80 % de rebaja en la luz, entre otro petitorio que están haciendo, o sentarse en una mesa tripartita cuando ustedes no tienen la representación de la comunidad, más aún cuando todos sabemos que en el norte y el sur las empresas se han instalado y las compensaciones nunca han sido efectivas” partió Francisco Muñoz.

El ex intendente Luis Cortés expresó también su rechazo a HidroAysén. “Cuando se llega a imponer este proyecto nos dejan a nosotros en un estado como que no pensamos y nos hacen un tratamiento como a los mapuches, a nosotros no nos están considerando en la opinión porque son proyectos que van a ser impuestos por los poderosos en perjuicio de la región. Po eso no me gusta el proyecto” señaló.

Claudia Torres expresó que “no tenemos por qué pedir compensaciones, a título de qué, menos acá en Coyhaique cuando las zonas afectadas están bastante lejos, a pesar de que el tendido eléctrico pretende pasar por Coyhaique. Me extraña no ver a gente de Cochrane, Tortel y Villa O’Higgins, que son los más afectados y que en el estudio de impacto ambiental, que me imagino la corporación debe haber analizado a cabalidad no sólo lo que plantea la empresa, no considera la comuna de Tortel, aguas debajo de la represa Baker y de las tres del Pascua”. Aprovechó la oportunidad para ironizar sobre el plan de marketing turístico propuesto por HidroAysén en caso de construirse las represas para mitigar el impacto negativo a nivel internacional: “La imagen turística no se recupera con un plan de marketing, y menos hecho por HidroAysén, porque hemos visto que el plan de marketing que han hecho para ellos mismos no les ha resultado, entonces me imagino cómo sería un plan de marketing para la imagen turística”

Posteriormente Enrique Higueras, de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, apuntó al concepto de ponerle precio a todo, señalando que “¿al pedir compensaciones estamos evaluando esto más allá del efecto que va a tener esto en el bolsillo?”. Esto fue refrendado por Sandra Bórquez quien dijo que “la gran diferencia de nosotros con Punta Arenas, es que en Punta Arenas era un tema absolutamente de bolsillo y el nuestro, también es de bolsillo, pero más de conciencia”.

Y así, siguieron los cuestionamientos por parte de los asistentes:

Samuel Niklitschek: “¿Van a agregar una compensación en relación a todos los parques nacionales y forestales que se van a inundar? La pregunta es si se puede abrir un debate entre ustedes, que sus compensaciones no sean sólo materialistas y económicas porque al final todos nos vamos a morir y no nos vamos a llevar nada”

Mauricio Molina: “Endesa nunca cumplió sus promesas, nunca cumplió lo que prometió en Ralco”.

Mylene Muñoz: “No entiendo que tengamos que entrar a negociar con terceros. Me duele cuando escucho que la escuela de Cochrane va a ser financiada por HidroAysén. Qué modelo, qué calidad de vida, yo soy educadora, va a entregar una empresa cuando a ellos les interesa solamente el lucro, y nosotros todos aquí sentados, dejando que nuestras escuelas rurales, que están todas en crisis, estén en manos de estas empresas para hacer una compensación más. Me duele”.

Patricia Mansilla: “¿Cómo compensa el abuso de menores, cuando el área de impacto va a tener un índice de masculinidad de un 80 %? Es decir, a todo aquél que no entienda son, dentro de 10 personas, 8 hombres, 2 mujeres. Díganme ustedes ¿cómo van a compensar las violaciones y el abuso, se va a compensar de alguna manera el que queden familias monoparentales y sigamos aumentando el círculo de la pobreza?”

Patricio Segura: “Si quieren ponerle precio a todo, a los temas de salud, a los temas ambientales, pónganle precio, nosotros no estamos en esa parada. Pero sería bueno que hubiera un proceso en el cual tuvieran la información en los impactos económicos en el ámbito turístico, en el ámbito de la agricultura, en el ámbito social también, toda la información que está, para que cuando hagan la pedida, la hagan como corresponde y no sin tener la información para saber cuánto sería el perjuicio para la región por estos proyectos. Porque si se basan en lo que dice la empresa en estos términos, la región completa va a salir para atrás”.

Marcos Monsalve: “Me da miedo. Me da miedo porque sé que esas personas (quienes piden compensaciones) no sólo van a terminar vendiendo la Patagonia sino que van a terminar vendiendo la identidad, y creo que si hay algo que tenemos que defender es la identidad. Y eso no puede estar en la negocia, como decimos acá. Triste, y siento lástima por los que están vendiendo la Patagonia”.

Miriam Chible: “Soy patagona, mi abuelo llegó el año 18 a Balmaceda, Y quiero recordarles a todos, más allá de la polémica actual que hagamos memoria del espíritu que teníamos los patagones cuando fue la Guerra de Chile Chico, que había patagones que se enfrentaron al Estado para que no les impusiera ningún tipo de nuevas ideas. Yo creo que nosotros acá en vez de estar peleando entre nosotros y de tratar de abuenarnos con una empresa, debiéramos ser capaces de ponernos los pantalones y las faldas las mujeres, y enfrentarnos al Estado, que el Estado siempre nos ha traído proyectos de afuera”.

Martín Ríos: “Antes de empezar a sentarnos, a negociar, a pedir compensaciones a la empresa, yo creo que primero tenemos que rechazar el proyecto. Aparte de eso pedir que nos devuelvan los derechos de agua y que nos dejen tranquilos acá en nuestra Patagonia”.

En la otra vereda, con una postura proclive a la conformación de la mesa de compensaciones se expresaron Erwin Sandoval, Luis Guzmán, Carlos Martínez, Hernán Calvis, Germán Diener, Miguel Angel Calisto y José Alvarado. Por su parte Pedro Cristi propuso que en vez de hablar de “compensaciones” se hablara de “negociación”.

Casi al concluir las palabras de los asistentes, un amplio número de personas de personas de instaló en las afueras de la corporación con el fin de expresar su rechazo al proceso que intenta iniciar la organización, momento en el cual una parte importante de los participantes se retiró de la reunión para adherir a la movilización.

Los cuestionamientos que complican a quienes decidirán la suerte de HidroAysén

FUENTE: CiperChile

El miércoles pasado un grupo de organizaciones ciudadanas de la Región de Aysén exigió que la intendenta Pilar Cuevas y el seremi de Obras Públicas se abstengan de participar en la evaluación ambiental de HidroAysén. Quedarían así al margen del proceso, sumándose al renunciado director regional del Servicio de Evaluación Ambiental y a los ya inhabilitados seremis de Economía, Medio Ambiente, Minería y Vivienda. Pese a que no puede participar en el proceso, este último debió salir a responder una grave denuncia sobre un cambio en la evaluación de su secretaría para favorecer a HidroAysén. El presidente de la Corporación para el Desarrollo de Aysén detalla aquí la compleja red de vínculos que rodea a quienes deben decidir el futuro del megaproyecto hidroeléctrico.

La abrupta renuncia del director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de Aysén, Eduardo Lagos Reyes, puso una fuerte cuota de incertidumbre a la “pulcritud” de la decisión que deberá adoptar la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de la Región de Aysén sobre el estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto HidroAysén. Una tarea que deberán enfrentar su presidenta, la intendenta Pilar Cuevas Mardones, junto a 10 secretarios regionales ministeriales y a Bolívar Ruiz Adaros, el director del SEA del Bíobío que el viernes asumió como suplente en la austral región.

No se trata del único escollo que complica la tramitación del proyecto. El sábado, el presidente del Senado, Guido Girardi (PPD), el senador Jaime Quintana (PPD), los diputados Guillermo Teillier (PC) y Gabriel Silber (DC), y el secretario ejecutivo del Consejo de Defensa de la Patagonia, Patricio Rodrigo, denunciaron que un informe técnico en la seremi de Vivienda, que originalmente era negativo para la empresa, había sido modificado para permitir la aprobación de HidroAysén.

La respuesta vino del titular de Vivienda, Nicolás Terrazas Lagos, quien señaló que “ese documento sale del Minvu pero sale con una firma falsificada del seremi subrogante, que fue quien (supuestamente) firmó el pronunciamiento del ministerio”.

Terrazas se vio en la obligación de responder sobre el tema, a pesar de haberse inhabilitado para participar en el proceso debido a que su padre “trabaja y asesora a la AG Río Baker”, una organización campesina que ha negociado con HidroAysén en el marco del proyecto. Terrazas habría hecho este trámite principios de abril y quien lo reemplaza para efectos de la tramitación de HidroAysén es el funcionario Rodrigo Solís Caro.

Sin embargo, existe una causal no reconocida que podría complicar la situación de Terrazas. Su hermano, Pablo Terrazas Lagos (militante UDI, actual jefe de Gabinete del Subsecretario de Desarrollo Regional Miguel Flores -quien fuera candidato a diputado UDI en Aysén hace algunos años- y ex asesor jurídico de la Municipalidad de Coyhaique), es propietario de cuatro terrenos (roles 550-28, 29, 30 y 31, comuna de Cochrane) que serían inundados de materializarse HidroAysén y por lo cual recibiría una indemnización. Y ya lo era desde antes de que se presentará el EIA en 2008, según consta en el propio estudio. Por tal motivo, el seremi de Vivienda debió haberse abstenido de participar en la tramitación de HidroAysén desde el día en que asumió en la cartera, a mediados de abril de 2010.

Así lo establece el número 6 del artículo 62 de la Ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado cuando señala como incompatible “intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal o en que lo tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive”. Y un hermano corresponde a segundo grado de consanguinidad.

Más aún, cuando el año pasado la seremi de Vivienda emitió los pronunciamientos mediante oficios 898 del 16 de noviembre de 2010 y 906 del 22 de noviembre de 2010 (el cual, en alguna medida, suaviza los cuestionamientos a la empresa) tenían la firma de Terrazas, situación que siembra dudas respecto de la imparcialidad que tuvo la autoridad para liderar el proceso.

Los efectos de tal decisión se arrastrarían hasta hoy, toda vez que los pronunciamientos de los órganos con competencia ambiental son vinculantes con los subsiguientes del mismo servicio, por lo cual en estos casos se establecería un vicio en la evaluación técnica que se mantuvo en el tiempo.

Los otros cargos en la mira

A la dimisión de Eduardo Lagos y la situación de Nicolás Terrazas se agregan los cuestionamientos a otras cinco autoridades que integran el CEA. El mismo día en que dimitió Lagos, diversas organizaciones regionales solicitaron la inhabilitación de la intendenta de Aysén, Pilar Cuevas, y del seremi de Obras Públicas, Quemel Sade, para participar en el proceso de evaluación de HidroAysén. La exigencia fue realizada con copia a la Contraloría Regional de Aysén.

A la intendenta Cuevas le corresponde ejecutar el Plan Aysén, lanzado por Sebastián Piñera el 11 de abril en Cochrane, epicentro de las eventuales represas de HidroAysén. Tal documento oficial reúne los principales objetivos del Gobierno para la Región de Aysén con miras al período 2010-2014. La carta firmada por dirigentes de organizaciones regionales –entre quienes se encuentra el autor de este artículo– sostiene que “dentro de lo que se considera inversión privada (página 39), el Plan Aysén ‘contempla acelerar grandes proyectos de inversión privados’, desglosándose éstos en U$ 1.505 millones correspondientes al sector energía, monto que corresponde inequívocamente a los dos proyectos hoy en evaluación por la Comisión de Evaluación Ambiental que usted preside, como son el Proyecto Hidroeléctrico Aysén y el Proyecto Central Hidroeléctrica Cuervo” Y agrega la misiva: “De esta forma, tal instrumento de planificación, presentado como un objetivo concreto de la Administración del Presidente Sebastián Piñera y de usted como su representante en la Región de Aysén, imposibilita a usted tomar una decisión imparcial en los proyectos en evaluación”.

Aluden así al Artículo 62 Nº 6 inciso segundo de la Ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado que señala el principio de abstención para todo funcionario público o autoridad para “participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad”, al vincular su ejercicio de intendente con su rol de “dirigir las tareas de gobierno interior en la región, de conformidad con las orientaciones, órdenes e instrucciones que le imparta el Presidente de la República directamente o a través del Ministerio del Interior” según establece la Ley 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.

Por lo pronto, las explicaciones de las autoridades han sido contradictorias, señalando siempre que esta inversión sería para el consumo interno. La seremi de Gobierno, Marcia Raphael, descartó que los U$ 1.505 millones incluyeran los proyectos hidroeléctricos. Luego, la seremi de Energía, Mónica Saldías, dijo desconocer los datos del Plan Aysén: “esa información de la cual usted me está hablando en estos momentos, no conozco esas cifras; no es lo que yo manejo”. Y este fin de semana, la intendenta Pilar Cuevas afirmó que los fondos son “para proyectos de energía menores, como paneles fotovoltaicos, generación eólica, electrificación rural, etc. Queremos cumplir con el 20 % de energías alternativas en nuestra región. No están contemplados los proyectos hidroeléctricos grandes”.

El problema es que las cifras no calzan. Según señalan expertos, U$ 1.505 millones significarían unos 500 a 700 MW instalados, considerando un valor de US$ 2 a 3 millones por MW, en circunstancias de que Aysén, actualmente sólo cuenta con 37,65. La pregunta, con un dejo de ironía, que muchos se hacen es qué tipo de mega proyectos tiene pensados el Gobierno en los próximos tres años en Aysén que requerirán una generación de energía 20 veces superior a la actual.

En el caso del seremi de Obras Públicas, Quemel Sade, la solicitud para que se inhabilite se basa en la primera declaración que dio a una radio regional, luego de ser designado el 14 de abril de 2010. Ahí se expresó claramente a favor del uso de la hidroelectricidad en Aysén: “Somos la gran reserva de energía del país, la única energía limpia, nuestra y renovable es la energía hidroeléctrica, y a esa energía tenemos que sacarle lucas para que los ayseninos realmente nos incorporemos al crecimiento y desarrollo de Chile, y nos desarrollemos nosotros”. Ya el 5 de diciembre de 2008 había señalado en un portal de un medio online que “la mejor energía: renovable, no contaminante y cien por ciento chilena es la hidráulica. Bienvenidos los lagos y las centrales hidroeléctricas para sacar Aysén de su ancestral ostracismo”. Las organizaciones consideran que tal situación constituye una “circunstancia que le resta imparcialidad” para decidir en el proyecto HidroAysén. Todo esto fue consignado en el reportaje “Los conflictos de interés que contaminan la evaluación ambiental de HidroAysén”, publicado en CIPER en julio del año pasado.

Las presentaciones que solicitan la inhabilidad fueron hechas ante los propios funcionarios, según estipula el artículo 5 de la Ley 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. Aún se espera su respuesta.

Este articulado fue introducido en 1999 por la Ley 19.653 sobre Probidad Administrativa aplicable de los Órganos de la Administración del Estado, y ya ha sido aplicado a nivel regional por la Contraloría, luego que se denunciara que varios municipios evaluadores de los proyectos de HidroAysén y Energía Austral habían suscrito contratos y recibido dinero de las mismas empresas. El 5 de marzo de 2010, mediante la resolución 439, el organismo contralor sentenció que “los referidos municipios deberán arbitrar las medidas que correspondan a fin de abstenerse de suscribir convenios o recibir aportes de personas naturales o jurídicas que tengan o puedan tener interés en asuntos que deban ser analizados, conocidos o resueltos por la entidad edilicia de que se trata, circunstancia que será verificada por este organismo contralor en las futuras fiscalizaciones que se disponga sobre el particular”.

Falta de imparcialidad

La situación de Pilar Cuevas y Quemel Sade podría seguir el mismo derrotero de otros tres secretarios regionales ministeriales que, además del titular de Vivienda, ya solicitaron su inhabilitación. Se trata de los seremis de Medio Ambiente, Economía y Minería.

Medio Ambiente recién se integra a la CEA (al igual que Energía, no integraba la disuelta Corema), pero la seremi Paola Baüerle Ewert ya estaba bajo el escrutinio ciudadano. Su esposo, Rafael Eyzaguirre, es funcionario de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (a través de Forestal Mininco) que integra el mismo holding al que pertenece Colbún (socia en HidroAysén), según consta en la Nómina oficial de Empresas Pertenecientes a Grupos Empresariales de la Superintendencia de Valores y Seguros. La incompatibilidad sería la misma que establece el número 6 del artículo 62 de la Ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Hasta ahora su reemplazante en la votación sería la funcionaria Carol Alvarado Romo.

El caso del seremi de Economía, Fernando Guzmán Espinoza, cae dentro del número 5 de la Ley 19.880 que cuestiona “tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar”. Previo a su nominación en el cargo (el 12 de abril de 2010) Guzmán prestó servicios para HidroAysén en la evaluación de proyectos que organizaciones comunitarias presentaron para financiamiento de la eléctrica. No se ha informado aún quien le subrogará.

La seremi de Minería, Victoria Moya Cáceres, no ha dicho públicamente las razones legales para inhabilitarse. Es probable que se deba a lo que ella misma reconoció en mayo de 2008 en una entrevista: “en este momento estoy trabajando con una consultora que es contratista de HidroAysén, que están haciendo perforaciones para la construcción de las centrales hidroeléctricas”, agregando que “la gente local lo único que quiere es trabajo”. No se tiene conocimiento de su reemplazante.

Esta semana el autor de esta crónica ingresó por Ley de Transparencia una solicitud para requerir todas las resoluciones de inhabilitación, así como los nombres de los reemplazantes.

Piden impugnar informes técnicos

Pero la situación de los informes suscritos por Nicolás Terrazas el 16 y 22 de noviembre de 2010, cuando debía haberse inhabilitado, constituyen sólo dos de los pronunciamientos que la semana pasada un grupo de organizaciones -incluida la que preside el autor-, solicitaron fueran invalidados, por haber sido emitidos en momentos en que se incurría en faltas a la probidad administrativa. Todas fueron develadas en CIPER en julio del año pasado.

Otro pronunciamiento cuestionado es el oficio 1.708 del 10 de noviembre de 2009 de la Municipalidad de Coyhaique, emitido cuando concurría la inhabilidad y obligación de abstención del municipio por conflictos de interés que le restaban imparcialidad, establecido en la resolución 439 de la Contraloría Regional. Lo mismo ocurre con el ordinario 1.584 del 15 de noviembre de 2010 de la Municipalidad de Coyhaique, entregado en circunstancias en que el alcalde titular (y suscriptor del oficio), el UDI Omar Muñoz Sierra, también era propietario de dos terrenos (roles 550-26 y 27, comuna de Cochrane) que serían inundados por el Proyecto Hidroeléctrico Aysén. Éstos, según consta en el diagrama del EIA de HidroAysén que aparece más arriba, muy cerca de los de Terrazas -de quien fue jefe en la municipalidad- y de similares dimensiones.

También se cuestiona el pronunciamiento mediante oficio 945 del 10 de noviembre de 2009 de la Municipalidad de Cochrane, cuyo alcalde es el UDI Patricio Ulloa Georgia, emitido cuando concurría la inhabilidad y obligación de abstención del municipio por conflictos de intereses que le restaban imparcialidad, según consta en la mencionada resolución 439 del organismo contralor. En la misma situación se encontrarían las observaciones del 7 de octubre de 2008 y del 10 de noviembre de 2009 de la Municipalidad de O’Higgins, encabezada por el DC José Fica Gómez.

La impugnación de todos estos informes se hizo ante la autoridad ambiental, debido a que la Contraloría General de la República respondió a distintas organizaciones en el dictamen 6518 de 2 de febrero de 2011 que “considerando que los informes cuya validez impugnan los recurrentes fueron emitidos en el marco de dos procedimientos de evaluación de impacto ambiental en curso, resulta del todo necesario que los interesados planteen las solicitudes de la especie dentro del respectivo proceso administrativo, para que sean resueltas por los órganos competentes, sin que corresponda, por el momento, que esta Entidad Fiscalizadora, emita un pronunciamiento en relación con el asunto planteado, puesto que ello supondría intervenir en un expediente en actual tramitación, lo que concuerda con lo expresado en el dictamen N° 45.336, de 2008, de este Organismo Contralor”.

Todo esto ocurre ad portas de que se vote el EIA de HidroAysén y que esta semana se presente una querella criminal para aclarar la situación de los modificados informes de la seremi de Vivienda. El viernes pasado el nuevo director regional del SEA envió a los 37 servicios evaluadores el Informe Consolidado de Evaluación, dando plazo hasta el 6 de mayo para su visación. Luego de eso, en cualquier momento puede ser la votación.

Ahora, los propios funcionarios cuestionados deberán resolver las inhabilitaciones e impugnaciones. Una decisión nada de fácil considerando que se espera una batalla de recursos legales y presentaciones ante la Contraloría, con todas las miradas del país puestas en la tramitación de HidroAysén, el proyecto energético más importante evaluado hasta ahora en la historia del país.