Durante tres años un equipo técnico de SERNAGEOMIN evaluó el estudio de impacto ambiental de Hidroaysén. Cada informe consideraba insuficientes los datos y pedía nuevos antecedentes. Así lo hacía también el memorándum Nº 33, pero nunca ingresó al sistema. Su contenido fue cambiado y no fue considerado a la hora de aprobar el proyecto. Los funcionarios denunciaron a la Contraloría que sus cuestionamientos técnicos fueron silenciados. SERNAGOMIN considera que el memo Nº 33 era sólo un antecedente más. Ya hay querellas por hechos similares en Conaf y el Ministerio de Vivienda.
Una corta vida tuvo el memorándum Nº 33.
Nació un día 21 de abril de 2011, con cinco carillas de extensión, en una oficina del Servicio Nacional de Geología y Minería, SERNAGEOMIN. Fue creado por un equipo técnico de cinco geólogos expertos en la evaluación de estudios de impacto ambiental.
El memorándum Nº 33 estaba dirigido por la coordinadora del equipo técnico a su jefe directo. Y luego, como el documento contaba con la aprobación de dicha jefatura, sería reenviado hasta llegar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Pero en una parte del camino, una mano desconocida lo eliminó el mismo día en que había sido redactado. ¿Su pecado? En el primer párrafo ya contenía algo que inquietó a su victimario: “Adjunto a usted las observaciones a la Adenda 3 Proyecto Hidroeléctrico Aysén”.
Cuando faltaban tres semanas para que la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) se pronunciase sobre el proyecto de HidroAysén, a algún funcionario del SERNAGEOMIN le pareció inconveniente que este servicio todavía generara reparos u observaciones en materias de carácter ambiental. Lo que estaba en juego era la aprobación de una inversión millonaria.
Desde que en agosto de 2008 la empresa presentó su estudio sobre el impacto ambiental que provocaría la construcción de cinco represas en la zona, recibió más de 4 mil observaciones desde diferentes servicios estatales.
El memorándum Nº 33 contenía 9 observaciones a la llamada Adenda 3. Fueron formuladas por un equipo de geólogos coordinado por Francisca Falcón, geóloga del Departamento de Geología Aplicada del SERNAGEOMIN.
Sus observaciones a la Adenda 3 involucraban la realización de estudios que podrían tardar hasta un año y, además, debería evaluarse el resultado de dichos estudios y su impacto en el diseño del proyecto.
Este documento debía recorrer una ruta preestablecida: Francisca Falcón debía remitirlo a su jefe directo, Aníbal Fajardo, del Departamento de Geología Aplicada. Como el memorándum no tenía reparos técnicos sería reenviado, por medio del memorándum Nº 34, a Roberto Ponce, jefe del Departamento de Ingeniería y Gestión Ambiental (DIGA), que a su vez debía remitirlo a Héctor Contreras, director regional SERNAGEOMIN Sur. Y desde esta oficina, para concluir su periplo, el memorándum Nº 33 se convertiría en el Oficio N°95, que sería enviado electrónicamente, vía e-SEIA, al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
Evidentemente, en algún momento, el informe también sería leído por algunas de las autoridades del SERNAGEOMIN.
El “resumito”
Las observaciones del memorándum Nº 33, nunca llegaron al SEA. En algún lugar de la cadena, fueron eliminadas. Lo único que consta es que el jefe del Departamento de Geología Aplicada lo adjuntó con el memorándum Nº 34 a la autoridad del DIGA. Todos los demás actores posteriores a dicho envío serían eventuales sospechosos de la anulación de las observaciones contenidas en el memorándum Nº 33
Fue así cómo de pronto, en el servicio, se escuchó el rumor de que “alguien” había hecho un “resumito” del memo 33, “porque el equipo evaluador escribía mucho”.
Entonces, desde el anonimato, surge el Oficio Nº 95. Quién o quiénes eliminaron al memorándum Nº 33 escribieron otro informe, de un poco más de una carilla, mientras que el original tenía 5 hojas. Pero dicho oficio no es simplemente un “resumito”, o una adaptación del memo en cuestión. Porque, más allá de la extensión del documento, hay una gran diferencia entre la evaluación técnica inicial y este oficio final.
“Oficio pronunciamiento conforme sobre Adenda”, se lee en el registro del oficio Nº 95 ingresado al SEIA el 22 de abril. Mientras que el memorándum Nº 33 contenía 9 observaciones, el impostor, el oficio Nº 95, aseguraba que el SERNAGOMIN se declara “sin observaciones” a la Adenda 3 del proyecto HidroAysén.
El oficio N°95 del SERNAGEOMIN contiene sólo algunas de estas peticiones, y las presenta más suavizadas, pero tiene una gran diferencia con el memorándum Nº 33: no las consigna como observaciones. Se les antecede con la frase “condicionado a”, pero esto no pasa más allá de ser un expresión de deseo.
“Lo que se muestra como “condicionado a” en el oficio 95 es letra muerta, porque el SERNAGEOMIN tiene la potestad de hacer observaciones, como las contenidas en el memorándum 33 y que deben ser respondidas por la empresa, pero no tiene las atribuciones para aplicar un “condicionado a” a una obra que tiene carácter civil, como es este caso”, afirma la geóloga Francisca Falcón.
El 21 de abril de 2011, el mismo día en que el memorándum Nº 33 había sido redactado, Héctor Contreras, director regional de SERNAGEOMIN Zona Sur, remitió el oficio Nº 95 a la dirección del Servicio de Evaluación Ambiental de Aysén ( lo cual no indica, necesariamente, que este funcionario sea quien haya eliminado el memorándum ni redactado el oficio).
De este modo, para las autoridades ambientales del país el proyecto HidroAysén no tenía más observaciones de parte del SERNAGEOMIN.
“Chanchullos”
Los geólogos pudieron resignarse a la desaparición del memorándum Nº 33. Mirar para el lado y repetirse que las cosas son así, pero no lo hicieron. El equipo de geólogos había trabajado tres años en las evaluaciones ambientales de HidroAysén. Nadie en el servicio sabía tanto del tema como ellos. Aún así –o tal vez por eso mismo– su informe había sido eliminado.
El viernes 3 de junio de 2011, la directiva de la Asociación de Funcionarios del SERNAGEOMIN, AFUSER, presentó ante la Contraloría General de la República una denuncia donde solicita la “persecución de la responsabilidad disciplinaria en el SERNAGEOMIN, en relación a irregularidades en la evaluación de la Adenda 3 del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Aysén”.
Francisca Falcón, Vlamir Muñoz y Rodrigo Beas, en representación de AFUSER y Paola Ramírez, como funcionaria afiliada, presentaron la solicitud.
“Para nosotros lo importante es que se revise lo que nos parece una situación irregular. Como funcionarios públicos nos sentimos obligados a efectuar esta presentación a Contraloría, sobre todo cuando el ministro de Minería y Energía, Laurence Golborne, ha señalado que lo importante es que el proceso sea transparente”, explica Francisca Falcón, quien es la coordinadora del equipo técnico en materias geológicas del SERNAGEOMIN para la evaluación de informes de impacto ambiental.
Efectivamente, a comienzos de mayo de 2011, el ministro alentó a través de los medios, a que si alguien creía que había “chanchullos” o problemas en este proceso, que hiciera su denuncia a la justicia o la Contraloría. Pero con nombre y apellido. El número “33” se volvería a aparecer en la vida del ministro. Inspirado en esta declaración, el equipo de evaluadores del SERNAGEOMIN dio la cara y concretó la denuncia ante la Contraloría.
No sería la primera denuncia de informes técnicos cambiados durante la evaluación de Hidroaysén. En noviembre pasado, los sindicatos de Conaf revelaron que el documento elaborado por los profesionales de Aysén que sugería prohibir la inundación del Parque Nacional Laguna San Rafael había sido modificado en Santiago. Y en abril, los opositores a Hidroaysén denunciaron que una evaluación negativa del Ministerio de Vivienda había sido cambiada por una positiva, lo que fue negado por el seremi del área, el mismo que luego debió inhabilitarse de votar el proyecto por tener un conflicto de interés. Ambas instituciones fueron objeto de querellas por falsificación ideológica de documento, las que fueron acogidas a tramitación y están siendo investigadas por la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de Investigaciones.
Ante la sospecha de que otros organismos públicos pudieran haber presentado observaciones distintas que las propuestas por sus técnicos, Patagonia sin Represas ha utilizado la Ley de Transparencia para solicitar todos los antecedentes de las deliberaciones. Ocho reclamos llegaron al Consejo para la Transparencia, organismo que manifestó su preocupación debido a que los servicios públicos han respondido que no cuentan con dichos antecedentes.
Sin explicaciones
“Yo me enteré del contenido del oficio Nº 95 cuando ya estaba ingresado al sistema”, recuerda la geóloga Paola Ramírez. Y lo que cuenta no es un asunto menor.
Ella era la persona designada por la dirección regional SERNAGEOMIN Zona Sur, con base en Concepción, para ingresar los informes provenientes del equipo de geólogos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Paola Ramírez inclusive había trabajado en el proceso de evaluación de HidroAysén hasta febrero de 2011, cuando se trasladó a Santiago, por lo que conocía en detalle las evaluaciones realizadas hasta la Adenda 2. Como mantuvo su rol de evaluadora ante el SEA, el oficio N° 95 debería haberse emitido con su explícita aprobación. Pero no sucedió así y fue ignorada. Ella, al conocer el contenido del memorándum Nº 33, no hubiese visado el oficio Nº 95.
No lo ven así las autoridades del SERNAGEOMIN. Waldo Vivallo, subdirector Nacional de Geología, pide a los funcionarios no ser tan soberbios de creer que son los que tienen la verdad respecto a la evaluación de este proyecto. Explica, además, dónde se mutiló el memorándum Nº 33:
-El oficio Nº 95 fue redactado por el DIGA de Santiago. Es el departamento responsable de emitir un pronunciamiento oficial sobre las Adendas. No es Francisca Falcón ni Paola Ramírez. Ellos consideran su informe técnico como un antecedente dentro de otros para emitir el informe definitivo. Ellos pueden acoger, modificar o tomar parte del memorando original. Eso ocurre a menudo. En este caso, la opinión fue acogida parcialmente.
“Me puede gustar o no el procedimiento. Puede estar bien o puede estar mal, y si fuera así se podría revisar. Pero es el procedimiento que tenemos””, agrega Vivallo.
Tras dicho procedimiento, el Informe Consolidado de la Evaluación Ambiental (ICE) del proyecto Hidroeléctrico Aysén que ingresó el 29 de abril de 2011 para su aprobación, sólo contenía el oficio Nº 95 y no las observaciones de los geólogos.
Pero todavía podían hacer algo. Ellos mismos tenían que dar su visto bueno al informe consolidado. Se negaron entonces a visar este documento.
El 2 de mayo de 2011 enviaron el memorándum Nº 38 a Waldo Vivallo, en el cual explicaban que su negativa a firmar el documento estaba basada en la omisión que se había hecho a las observaciones del memorándum Nº 33. Como todavía se estaba a tiempo de corregir la situación, le solicitaron que rectificara el oficio Nº 95 y restituyera la totalidad de las observaciones del memorándum original.
También le pidieron que informara quién o quiénes habían hecho el cambio: “solicitamos realizar una investigación sumaria interna para revisar las posibles responsabilidades que puedan caber en este hecho, al modificarse el contenido de un instrumento público, lo cual podría tener graves efectos para la vida y la salud de las personas y comunidades completas”.
El memorándum Nº 38, donde se denunciaba lo sucedido, fue distribuido con copia al Departamento de Geología Aplicada, a la Oficina Técnica Puerto Varas, a la Dirección Regional Zona Sur, al Departamento de Geología Regional y al Departamento de Ingeniería y Gestión Ambiental.
Pasaron los días siguientes esperando una respuesta. Pero este memorándum no tuvo una respuesta formal y nada sucedió.
Finalmente, el SERNAGEOMIN dio por aprobado el informe consolidado y lo envió al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), sin la participación de Paola Ramírez ni del equipo de geólogos que evaluaron la Adenda 3. Pocos días después, el 9 de mayo de 2011, la Comisión de Evaluación Ambiental de Coyhaique aprobó el proyecto HidroAysén.
Línea base incompleta
El equipo evaluador del SERNAGEOMIN recibió con cierta amargura esta noticia. Y no porque tuviesen una postura “verde” o ambientalista, sino porque sabían que, a pesar de haber pasado tres años corrigiendo el estudio de impacto ambiental (Adenda 1,2 y 3), el proyecto todavía no estaba en condiciones de ser aprobado.
Según su criterio, HidroAysén hasta la fecha no ha completado algo tan básico como la línea base, una parte fundamental del estudio de impacto ambiental.
Cuando un megaproyecto va intervenir cualquier área del país se exige un estudio -línea base- que dé cuenta de todos los componentes ambientales del lugar: el medio físico, biótico y humano. Esto incluye temas especializados tan variados como la descripción de las poblaciones de aves que se anidan en el lugar, el perfil químico del agua que circula por sus ríos, las características de las napas de agua subterránea, la composición de la roca del subsuelo y la evaluación de los peligros geológicos que puedan afectar el proyecto.
“La línea base debe ser proporcionada por la empresa que va a ejecutar el proyecto. Y si este estudio está incompleto, difícilmente se puede definir con exactitud las consecuencias ambientales que dicho proyecto puede provocar”, explica la geóloga Francisca Falcón.
Y eso es exactamente lo que pasó con el proyecto HidroAysén.
Cada vez que la empresa presentaba las actualizaciones (Adendas) de su estudio de impacto ambiental, el equipo evaluador insistía en la necesidad de completar la información faltante en algunas áreas específicas. Si bien se avanzaba en algunos aspectos, en otros, la empresa no daba respuesta a la solicitud de los evaluadores.
Y en el extinto memorándum Nº 33, estaban algunas de esas solicitudes que se fueron arrastrando en el tiempo (y que, por la muerte súbita de dicho memorándum, no quedaron resueltas).
Un ejemplo son los acuíferos o aguas subterráneas que están bajo el área que se va intervenir. Francisca Falcón, Paola Ramírez y Vlamir Muñoz, afirman que la empresa nunca hizo una adecuada caracterización de estas napas, que el estudio presentado por la empresa se realizó en base a la literatura existente sobre la zona y a un escaso trabajo en terreno.
Los especialistas del SERNAGEOMIN señalan que para hacer la caracterización de los acuíferos se requieren de sondajes profundos, de 30 ó 40 metros, pero que la empresa sólo realizó algunas perforaciones de 3 ó 4 metros, que no sirven para este propósito.
Los evaluadores, entonces, hasta el día de hoy no tienen certeza sobre la distribución de las aguas subterráneas ni de su dimensión ni de su profundidad o del sentido en que se mueven bajo la tierra, información imprescindible para evitar que el proyecto HidroAysén contamine las napas.
Esta contaminación podría tener diferentes causas. La misma agua de los embalses, que al quedar apozadas cambian su composición química, podría filtrase por el terreno que la contiene, hasta contaminar los acuíferos.
“Para saber qué tan probable es este riesgo de contaminación, se necesita conocer con certeza el nivel de permeabilidad de las rocas del subsuelo. Pero no tenemos esa información, porque los estudios que presentó la empresa fueron insuficientes” consigna la geóloga Francisca Falcón.
Otro el levantamiento de un vertedero, donde se trasladará la basura resultante del proceso de construcción, como los desperdicios de la población flotante que llegará a la Región de Aysén, la que en algún momento alcanzará las 4 mil personas relacionadas a la construcción de las obras.
El equipo evaluador solicitó la perforación de pozos de control en las zonas adyacentes al relleno sanitario, de manera que hubiera una forma de percatarse si se producía una contaminación de las aguas subterráneas. Pero los geólogos de SERNAGEOMIN indican que la empresa HidroAysén no lo consideró necesario y finalmente no se hicieron.
Además HidroAysén tampoco realizó un estudio que permitiera conocer cuál es la calidad y composición química de las aguas subterráneas en el sector del relleno sanitario, a pesar de que hay que establecer un punto de comparación, un “antes de”, para saber si las aguas comienzan a contaminarse con filtraciones.
-Nuevamente -afirma Francisca Falcón- es un estudio que nunca hicieron, aunque lo pedimos en forma reiterada.
A juicio de la geóloga, hacer un completo estudio de los acuíferos, representaba un costo marginal en relación a la magnitud del proyecto. No se explica por qué no quisieron hacerlo. “Ese estudio lo hacían en un año. Tuvieron tres años para hacerlo, pero no lo hicieron”.
Las observaciones del memorándum Nº 33 también hacían referencia al posible deslizamiento de tierra en la zona cercana al embalse, lo cual podría provocar un “tsunami”. (ver recuadro)
Obstáculos en la evaluación
Pero no sólo hubo importantes observaciones que no se consideraron. Otras tantas ni siquiera alcanzaron a formularse. Los profesionales que elaboraron el memorándum Nº 33 revelan que no pudieron realizar todas las observaciones que ameritaba la Adenda 3.
En el mismo documento se hace referencia a que, por la carga laboral de los profesionales y el tiempo otorgado por ley para realizar las observaciones, “algunas materias no pudieron ser revisadas en profundidad y otras pudieron quedar sin observaciones”. El tiempo que otorga la ley, para que un equipo evaluador haga su trabajo está predefinido y concede los mismos plazos de revisión, independientemente del proyecto y del volumen de la información entregada.
El equipo de geólogos del SERNAGEOMIN tuvo 11 días para hacer su trabajo. La Adenda 3 fue subida al sistema el 11 de abril del 2011 y los evaluadores contestaron con el memorándum Nº33, el 21 de abril de 2011.
Si el tiempo para evaluar ya era escaso, el tema se hacía más crítico para los evaluadores cuando la empresa hacía entrega de sus estudios con la información parcializada y no integrada, como debería ser.
“Es como si ellos tuviesen la responsabilidad de entregarnos una chaqueta para que nosotros la evaluáramos. Pero, en lugar de la chaqueta, nos pasaran la vaca viva, un cuchillo e hilo y nos dijeran ahí está la chaqueta. Y nosotros teníamos que hacer todo el proceso para recién poder evaluarlo”.
Otras veces, el equipo de evaluación del SERNAGEOMIN debía trabajar cuesta arriba, pero no por estrategias de la empresa privada, sino por actitudes del mismo aparato estatal.
Durante el 2010 se comenzaron a realizar los encuentros del Comité de Agilización de las Inversiones (CAI), el cual según Juan Andrés Fontaine, ministro de Economía, Fomento y Turismo, es un organismo interministerial que tiene como objetivo destrabar los proyectos de inversión con el fin de impulsarlos y reducir sus trámites y tiempos.
Francisca Falcón, coordinadora del equipo técnico de evaluación, cuenta que fue “invitada” a una de estas reuniones, en las cuales bajo el patrocinio de funcionarios del CAI, los representantes de HidroAysén hicieron una presentación donde podían hacer sus descargos de lo que consideraban observaciones excesivas o exageradas de los servicios con competencia ambiental.
Esto podría interpretarse de dos formas: como una magnífica instancia para que evaluadores y evaluados pudieran compartir experiencias y salir fortalecidos o como un simple acto de presión sobre estos profesionales de los servicios públicos
Cuando el actual director nacional de SERNAGEOMIN, el ingeniero civil mecánico, Enrique Valdivieso, asumió el cargo en enero del 2011, su jefe directo, Laurence Golborne, como ministro de Minería, le puso como objetivo cumplir con cinco metas. Una de ellas, según palabras del propio ministro, era “acelerar todo el proceso de emisión y evacuación de informes necesarios para los proyectos de inversión relacionados con sus estudios de impacto ambiental”. Francisca Falcón, Paola Ramírez, Vlamir Muñoz y Rodrigo Beas tienen la esperanza de que con la investigación de la Contraloría General de la República se aclare toda la situación. Dicen haber actuado motivados por la ética y la honorabilidad del funcionario público y por la transparencia en los procesos medioambientales.
Pero también por un motivo gremial, ya que quieren defender el respeto por las competencias técnicas de los profesionales que se desempeñan en las instituciones públicas y que en éste caso fue soslayado por quien cambió el contenido del memorándum Nº 33 por el del Oficio Nº 95.
Quien realizó ese cambio con probabilidad tenía un mayor rango jerárquico pero, con seguridad, afirman los geólogos, no tenía las competencias para alterar un informe especializado elaborado por cinco expertos en materias geológicas.
“Uno entiende que hay decisiones políticas, posteriores a la evaluación ambiental en el SEA, donde por diferentes circunstancias se puede privilegiar una inversión por sobre un criterio técnico. Pero esta decisión se debe hacer teniendo sobre la mesa toda la información recabada por los profesionales competentes en la materia, así como considerando sus evaluaciones. No me parece, que de manera solapada los intereses políticos y económicos, intervengan el contenido de un informe técnico para facilitar una decisión política posterior, pero que aparentemente está tomada de antemano”, aclara Paola Ramírez.
Estas circunstancias abren diversas interrogantes trascendentales para el desarrollo sustentable del país. ¿Puede un jefe de servicio alterar un informe eminentemente técnico sólo porque es jefe? ¿De qué manera el Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, le garantiza al país que la evaluación de los proyectos de inversión refleje lo que realmente evaluaron los expertos? ¿Se le está dando a los servicios públicos los recursos y el tiempo necesario para realizar las evaluaciones técnicas que el país necesita?
El proyecto HidroAysén sigue su rumbo. Pero todavía queda algo pendiente. ¿Quién o quiénes eliminaron al memorándum Nº 33? Tal vez el contralor encuentre un responsable, pero él no tiene la competencia para encontrar a los cómplices que se mueven más allá de un servicio público.
En tanto Corte Suprema fijó para el viernes 16 de diciembre alegatos por recursos de protección contra RCA favorable, dirigentes regionales solicitaron inhabilidad de tres ministros por conflictos de interés e HidroAysén ingresó al SEA un escrito para el rechazo de todas las reclamaciones ciudadanas.
