Mostrando las entradas con la etiqueta DERECHOS DE AGUA. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta DERECHOS DE AGUA. Mostrar todas las entradas

Piden modificación urgente del Código de Aguas

FUENTE: ElCiudadano
Una serie de crudos testimonios acerca del mal uso del agua para consumo humano en diversas zonas del país, entregaron representantes de organizaciones sociales y expertos a la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía de la Cámara de Diputados el pasado lunes 29 de julio en Santiago.

Junto con aportar antecedentes sobre la relación entre el uso del suelo y los recursos hídricos, los expositores manifestaron que la utilización no sustentable de los recursos naturales y la falta de una legislación adecuada, son temas urgentes que deben ser abordados a nivel país y de manera interdisciplinaria, ya que son factores que permiten el avance de la desertificación y con ello, el uso deficiente del vital elemento.
Cada uno, desde su experiencia, hizo un llamado a los legisladores con el fin de que el Proyecto de Ley que reforma el Código de Aguas, contemple medidas en favor del uso humano y resguarde un derecho básico como lo es el consumo y acceso al agua potable, que en algunas zonas del país es un problema crítico. 

Una Ley para la protección de nuestros glaciares

FUENTE: ElDinamo
Es imposible no hacer un llamado a parlamentarios de todas las tendencias, así como la ciudadanía consciente, a favorecer la aprobación de esta necesaria Ley que permitirá al país proteger su patrimonio hídrico y ambiental.
En el marco de amenaza inminente que existe por parte de los proyectos mineros hacia los glaciares de la cordillera, esta semana la Comisión de Medio Ambiente del Senado retoma el estudio del proyecto de ley de valorización y protección de glaciares (boletín 4502-12).

Fiscal nacional económico pide aplicar multa de US $1 millón a DGA en caso HidroAysén

FUENTE: ElMostrador
El fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, informó este miércoles a los integrantes de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, convertida en investigadora respecto a HidroAysén, sobre el requerimiento presentado ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra de la Dirección General de Agua (DGA), en el cual se solicita la aplicación de una multa por cerca de un millón de dólares por incumplimiento a un deber de información.
Irarrázabal explicó que la DGA no ha cumplido con la obligación establecida por el TDLC de entrega de información a la Fiscalía y al público en general, a través de su página web, respecto de la adquisición o traspaso de derechos de agua de las empresas propietarias del proyecto HidroAysén.
El fiscal nacional económico sostuvo que este incumplimiento de la DGA impide, efectivamente, que la Fiscalía verifique la aplicación de la resolución 22 del TDLC, que establece la obligación para HidroAysén de consulta previa frente a cualquier adquisición de derechos de aguas en algunas cuencas determinadas.
“Lo que nosotros estamos argumentando dentro de nuestro requerimiento en contra de la DGA es que se nos hace difícil velar porque eso se esté cumpliendo y porque, en concreto, las empresas que conforman HidroAysén no hayan adquirido, sin consulta previa al Tribunal, derechos de agua”, precisó.
El fiscal reconoció, en todo caso, que esta es una medida excepcional y que no presenta precedentes, al menos obvios, en el corto tiempo.
“Yo entiendo que es bastante único y, quizás, ese es un mensaje que queremos dejar, que la Fiscalía, como ente autónomo, va a velar porque se cumpla la libre competencia y no va a hacer discriminación, sea quien sea, y esto significa cualquier empresa e incluyendo las empresas u organismos del Estado. Nosotros tenemos una obligación legal de velar por el cumplimiento de los fallos y no vamos a hacer distinción”, sentenció.

El negocio del agua en la Patagonia

Una de las reservas de agua dulce más grande del mundo se encuentra en la zona más austral del cono sur: la Patagonia. Allí, germina un proyecto fruto de la empresa energética española-italiana Endesa y la chilena Colbún. Se trata de la construcción de dos centrales hidroeléctricas en el Río Baker y tres en el Río Pascua, ambas en la Región de Aysén, al sur de Chile.



Hablamos de un total de 5.910 hectáreas para abastecer de energía a Santiago y al norte de este país sudamericano. Como consecuencia, uno de los tendidos eléctricos más grandes del planeta -2.300 km- que ha provocado un enorme rechazo entre los ciudadanos y las organizaciones ecológicas. El repudio a esta megaconstrucción -en la que Endesa sostiene el gran aporte energético que le dará a Chile y sus ciudadanos-, tiene que ver con la célebre frase “pan para hoy y hambre para mañana“, ya que según los ambientalistas, es un “proyecto sucio que inundaría miles de hectáreas dejando de lado el aprovechamiento de las energías renovables”.

Desde el pasado 20 de junio, el proyecto hidroeléctrico Aysén –conocido como Hidroaysén- se mantiene paralizado debido a los múltiples recursos de protección interpuestos en contra de la decisión que, adoptara en su momento la Comisión de Evaluación Ambiental de la región sobre irregularidades e ilegalidades en el mismo. Por su parte, el Consejo de Defensa de la Patagonia considera que el proyecto “no está definitivamente aprobado”.

Este organismo asegura que la tramitación del otro proyecto de represas en la Patagonia (Río Cuervo de Energía Austral) está suspendido hasta el 15 de diciembre de 2011, mientras la empresa prepara sus respuestas a las observaciones que le hicieran los servicios públicos.

¿Se necesitan represas en la Patagonia?
 
La explotación del agua, garantizada desde el año 1981 y registrada en el código de aguas del país, autoriza a las empresas privadas extranjeras a aprovechar a su antojo los recursos hídricos chilenos. La electricidad es uno de los sectores más atractivos para las grandes inversiones porque garantiza una alta rentabilidad en poco tiempo.

Este motivo favorece la construcción de centrales hidroeléctricas o represas en detrimento del aprovechamiento de otras energías. Un claro ejemplo de un mejor aprovechamiento sería la utilización de la energía solar en el desierto de Atacama que, según los defensores de la Patagonia “con tan sólo un 1% de ella  podría generarse más energía que con el proyecto Hidroaysén”.


Identidad Patagónica
Existen 14 familias en la región de Aysén que serían desplazadas y otras tantas deberían salir del área durante la construcción. Según el Coordinador de Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida y director de CODEFF, Peter Hartmann, el impacto demográfico y cultural sería “mayúsculo al más que doblarse la población del área con cerca de 5000 trabajadores externos, impacto que la empresa dice que va a mitigar evitando que su gente se mezcle con los lugareños”.

Endesa, por su parte, argumenta que “las obras crearán nuevas formas de trabajo entre la población”; una población dedicada exclusivamente a la producción y el cultivo y, por lo tanto, no capacitada para desempeñar este tipo de trabajos.

Los pueblos indígenas, los parques nacionales y las tierras vírgenes de la Patagonia sufren el llamado negocio del agua, que continuará mientras exista un pez grande que devore al más pequeño.

Según informe de DD.HH. de la UDP: HidroAysén reprueba test de justicia ambiental

La principal causa es la gigantesca desigualdad de las cargas ambientales que, en desmedro de los ayseninos, beneficia a sus impulsores y “difusamente” a otros sectores de la población. El informe califica como un complemento perfecto la falta de políticas y la insuficiencia de la institucionalidad ambiental para “permitir que megaproyectos energéticos conduzcan a resultados injustificadamente discriminatorios, reñidos con los estándares constitucionales e internacionales de los derechos humanos”.
En el caso concreto de HidroAysén, “el proyecto, que ni siquiera suministra electricidad a las poblaciones afectadas, que además exige que dichas poblaciones carguen con los pasivos ambientales y vean afectado su potencial turístico y de empleo, está generando una situación de  desventaja comparativa”.
Las más de 10 mil observaciones ciudadanas que el proyecto energético HidroAysén, que contempla la construcción de cinco represas en la undécima región y la instalación de una línea de transmisión de casi 2 mil kilómetros, en la práctica se remitieron a un mero trámite, ya que acorde a la institucionalidad ambiental no son opiniones vinculantes. Por lo tanto no tuvieron “el eco suficiente, ni siquiera para obtener las debidas medidas compensatorias”.
Así lo constata la novena versión del Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile de la Universidad Diego Portales (UDP), que en su capítulo sobre justicia ambiental, aplicada a la evaluación ambiental de proyectos energéticos, analiza en particular la iniciativa aprobada el pasado 9 de mayo, por ser el caso más emblemático y actual.
Y la conclusión es clara: la apuesta de Endesa y Colbún no aprueba el test de justicia ambiental que evalúa dos aspectos fundamentales: la distribución de cargas y los beneficios ambientales.
Básicamente porque el proyecto “concentra las cargas en la región-dejando de lado la línea de transmisión- y en la población de Aysén, mientras que los beneficios económicos y energéticos recaen en otros sectores de la población. Por consiguiente, el proyecto es claramente discriminatorio”.
Según la UDP, HidroAysén junto a otras apuestas energéticas, como las termoeléctricas Campiche, Barrancones y Castilla, reflejan “la gigantesca distribución desigual de las cargas ambientales, mientras que los beneficios son más bien difusos cuando apuntan a toda la población, y en cambio muy concretos si se consideran los titulares de los proyectos”.
Para el miembro del Programa de Derecho y Política Ambiental de la UDP, Matías Guiloff, el mega proyecto energético “vulnera los derechos humanos desde una perspectiva de justicia ambiental, en el sentido que aparece como una decisión relativa a la distribución de cargas y beneficios ambientales respecto a la cual la ciudadanía no ha podido pronunciarse como debiera porque lo hizo respecto de una versión del proyecto muy distinta a la cual se aprobó finalmente”, ya que desde que se presentó la iniciativa al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en 2008 ha enfrentado radicales modificaciones.
En este sentido las dos dimensiones participativas relativas a la distribución de cargas y beneficios ambientales fueron deficientes, ya que “la gente sólo pudo pronunciarse en una etapa muy preliminar del proyecto, sin información completa.  Además hubiera sido más respetuoso que la ciudadanía hubiera podido pronunciarse en un segundo momento y en un período más cercano a la versión final del estudio”, señala Guiloff.
En cuanto a la etapa “anticipada” de participación ciudadana, desde la casa de estudios son muy críticos con respecto al modus operandi del titular del proyecto, que con el fin de entregar información y propaganda, “involucró a alumnos de colegios dentro de sus objetivos, cuando estos ni siquiera pueden participar en la etapa formal” de participación. Estrategia de persuasión y manipulación, que el informe considera inaceptable.

Los verdaderos beneficiados

El estudio de la UDP señala como principal responsable de que este tipo de proyectos se aprueben “sin los resguardos necesarios, es la institucionalidad ambiental de nuestro país, que a pesar de haberse modificado recientemente sigue siendo deficiente”.
Y apunta a que “la carencia de políticas y la insuficiencia de la institucionalidad ambiental” es el “complemento perfecto para permitir que megaproyectos energéticos conduzcan a resultados injustificadamente discriminatorios, reñidos con los estándares constitucionales e internacionales de los derechos humanos”.
Sobre todo si se toma en cuenta que no existe una política energética país, ya que el modelo actual deja en manos del mercado este tipo de decisiones.
En el caso concreto de HidroAysén, “el proyecto, que ni siquiera suministra electricidad a las poblaciones afectadas, que además exige que dichas poblaciones carguen con los pasivos ambientales y vean afectado su potencial turístico y de empleo, está generando una situación de  desventaja comparativa”.
Más aún tomando en cuenta que las medidas de mitigación acordadas para darle luz verde a la hidroeléctrica no parecen ser suficientes en comparación a los efectos adversos, que “son de proporciones y que todas las medidas juntas no parecen compensarlos”.
Principalmente porque estas compensaciones operan una vez que los aspectos fundamentales de todo proyecto, como su ubicación y operación, son decididas por sus impulsores antes de ser evaluados por la institucionalidad ambiental, por lo tanto lo que se compensa “no dice relación con dichas cuestiones fundamentales, sino con los efectos adversos identificados”, dentro de los cuales queda fuera el lugar donde se emplazará la iniciativa.
Más grave aún en el caso de HidroAysén es que según recoge el informe, muchos de los efectos adversos o negativos identificados por los servicios sectoriales fueron modificados desde la administración central, lo que fue denunciado por parlamentarios y servicios como CONAF y Sernageomin. Y “si estas acusaciones son ciertas los verdaderos impactos ambientales del proyecto no serían los contemplados en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ni en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Por lo mismo, cabría suponer que las medidas de compensación no pretenden realmente equilibrar los aspectos adversos”. Pero, señala la investigación, aunque los impactos fueran realmente los consignados en la RCA “caben poderosas dudas sobre si en verdad se compensan con las medidas señaladas por la autoridad”. Más aún si se toma en cuenta que desde la empresa se oponen a varias de las mitigaciones exigidas por considerarlas desproporcionadas.

Nuevo obstáculo para HidroAysén: Contraloría objeta a la DGA por entrega de derechos de aguas

El dictamen firmado por el Contralor General, Ramiro Mendoza, supone un nuevo obstáculo para el proyecto, luego de que el pasado 20 de mayo la Corte de Apelaciones de Puerto Montt lo detuviera a través de una orden de no innovar.
“Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso a la resolución N° 14 de 2011, de la Dirección General de Aguas, Región de Aysén, por la que se constituyen derechos de aprovechamiento no consuntivos, sobre aguas superficiales y corrientes, a favor de “Centrales Hidroeléctricas de Aysén S.A“.
De esta manera comienza la resolución que la Contraloría General de la República envió a la Dirección General de Aguas de la Región de Aysén, informando que -por el momento- queda sin efecto la ampliación de derechos de aguas  para llevar a cabo el proyecto impulsado por Endesa que busca instalar cinco represas en la Patagonia.
El dictamen firmado por el Contralor General, Ramiro Mendoza, supone un nuevo obstáculo para el proyecto, luego de que el pasado 20 de mayo la Corte de Apelaciones de Puerto Montt lo  detuviera a través de una orden de no innovar, obligando a esperar una resolución judicial respecto de tres recursos de protección presentados en contra de la Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén que calificó favorablemente la obra.
El dictamen de la Contraloría, fechado el 1 de agosto de 2011, entre sus argumentos establece que  en el otorgamiento de derechos de aguas a HidroAysén  la DGA “ha omitido indicar la unidad de tiempo asociada a la cantidad de agua cuya extracción se autoriza, circunstancia que contraviene lo establecido en el artículo 149, N° 3, del Código de Aguas, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 7°, del mismo cuerpo normativo”.
Asimismo, el órgano contralor hace presente que en el beneficio a HidroAysén no cumple con las exigencias contenidas en el N° 2 del decreto N° 743, de 2005, del Ministerio de Obras Públicas, que obliga justificar la cantidad de agua asociada al proyecto, mediante una tabla de equivalencias entre caudales y usos. “No se advierte que en este caso se haya dado cumplimiento a las exigencias contenidas en el N° 2 del decreto N° 743, de 2005, del Ministerio de Obras Públicas -que fija la tabla de equivalencias entre caudales de agua y usos que refleja las prácticas habituales en el país en materia de aprovechamiento de aguas-, considerando que el uso para el que la empresa mencionada solicita el derecho de aprovechamiento -central hidroeléctrica de embalse- no se encuentra contemplado en la tabla que contiene el N° 1 de ese decreto”, señala en su segundo párrafo el dictamen de la Contraloría.
La resolución informada hoy a la DGA de Aysén, paraliza el proyecto hasta que el servicio competente de una respuesta a la consideraciones expuestas por el órgano contralor.
Opositores al proyecto, sin embargo, señalan que esperaban una resolución de la Contraloría cuestionando el fondo de la resolución 1800, que posibilitó la ampliación de derechos de aguas para HidroAysén.
Querella 
Previo a la resolución de la Contraloría, opositores y parlamentarios de la Concertación presentaron ante el Séptimo Tribunal de garantía de Santiago una nueva acción judicial dirigida al  vicepresidente ejecutivo de la HidroAysén, Daniel Fernández.
Según el abogado Marcelo Castillo, representante de la Corporación Patagónica, ésta se funda en la supuesta entrega de información falsa por parte de Fernández al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en el marco de las indagatorias por el traspaso de derechos de agua de Endesa a HidroAysén.

Cuenca del Baker en Aysén: Una cuenca seca para los aiseninos



Hoy como aisenino y como chileno, quedo atónito al ver en la práctica las implicancias de ese acto y cómo en mi región, con esta forma de hacer las cosas por parte del Estado chileno, se está permitiendo que esta ilegalidad sea legal.
La cuenca del Baker en la región de Aysén, es la cuenca más grande de Chile, en ella encontramos el segundo lago más grande de latino-América, General Carrera, y la segunda reserva de agua dulce del planeta, los campos de hielo norte.
Hoy lamentablemente esta cuenca que es de una importancia estratégica para el país, por lo que significa el recurso agua para una nación, es hoy lo que se denomina y se reconoce legalmente en Aysén como una cuenca seca. Seca para los aiseninos, para los chilenos y para toda la nación en general, porque pertenece en su totalidad a ENDESA del grupo Colbún-Matte, que se apropió de los derechos de agua de Aysén en el último trimestre de la administración militar, donde a espaldas de los pobladores de la región y de Chile, se adueñaron de estos derechos y Aysén, sin saberlo, perdió el derecho de su bien más preciado: el agua.
Hoy como aisenino y como chileno, quedo atónito al ver en la práctica las implicancias de ese acto y cómo en mi región, con esta forma de hacer las cosas por parte del Estado chileno, se está permitiendo que esta ilegalidad sea legal, haciendo que Aysén esté al borde de la destrucción total con el proyecto pretendido por HidroAysén, que quiere hacer uso de esos derechos, interviniendo los ríos Baker y Pascua, que son parte fundamental de la cuenca del Baker y construir en ellos cinco represas para la generación de energía eléctrica y la posterior venta de esa energía, al proyecto Pascua Lama en el norte del país, a la gran industria minera del norte y según las últimas informaciones de prensa transmitidas por nuestro embajador en ese país, el ex senador por Aysén Adolfo Zaldívar, la venta de energía a la Argentina.
El lobby realizado por la empresa ha sido tan fuerte dentro del país, que han conseguido que a pesar de las notables irregularidades de la intención y de un estudio ambiental ineficiente y paupérrimo, lleno de omisiones y inexactitudes, que tiene creído al 39 % del país, de la necesidad de generar más energía, porque de no ser así, nos quedaremos sin energía domiciliaria, cuando la verdad es que lo que se necesita hoy no es más, sino mayor eficiencia en su uso. La energía que se genera en el país, solo el 17 % es para uso domiciliario, el restante 83 % es de uso industrial, lo que contradice lo expuesto por HidroAysén en su campaña publicitaria.
La verdad es que esa necesidad es una creación irreal de parte de la empresa y los mismos medios de comunicación (TV y Prensa) que domina la empresa, para generar esa visión y esa necesidad en la población, que no son más ni menos que los intereses de estos grupos económicos, que usan estas transnacionales en contra de su mismo país y eso es lo más triste, que para hacer su negocio, sin pensar en sus conciudadanos y las implicancias futuras para el país.
A pesar de todo esto, la última encuesta reveló que el 61% de los chilenos está en contra del proyecto y que no se ha creído en lo absoluto el discurso de la empresa y menos del gobierno, teniendo la certeza este 61%, que el proyecto no es necesario, por lo contrario, está claro por la ciudadanía que -en general- solo implicaría la destrucción de la región de Aysén y no resolvería nada, porque no hay nada que resolver.
Hoy el verdadero tema en Aysén, con relación al proyecto de HidroAysén y esto es lo que se tiene que entender fuera de Aysén, no es el hecho de estar a favor o en contra del proyecto, ya que se entiende y se respeta que los contra y los a favor tienen sus propias teorías, que sustentan su postura, pero lo que los habitantes de Aysén buscan, es simplemente que las cosas se hagan bien y se ajusten a derecho, eso y nada más, ya que “destruir es gratis”, pero “reconstruir es caro”.
No queremos ser en Aysén y que me disculpen los habitantes del norte del país y de Magallanes: una región destruida, una región que se entera después de las aprobaciones, que los procesos fueron fraudulentos con las cuales se efectuaron las respectivas evaluaciones y que más que nada, fue un tongo gubernamental un acto teatral, que después nadie es capaz de rectificar aunque los hechos demuestren lo contrario, como ocurrió en Castilla, Campiche, Isla Riesco con la mina invierno, la más grande de latinoamérica a tajo abierto, lo que es al día de hoy una aberración de la edad de piedra equivalente con lo que se quiere hacer en Aysén, que fue avalado por el gobierno, que se supone es moderno y con visión de futuro. Lo que queremos en Aysén es que se respeten los protocolos y los procedimientos, solo eso, es mucho pedir, estamos mal en exigirlo es un despropósito.
Es preocupante que en un país como el nuestro, donde nos creemos serios, democráticos y participativos un país con altura de miras, ante los hechos que son inobjetables a la vista de todo el mundo y de la gran gama de irregularidades denunciadas por la precariedad del asidero del proyecto de HidroAysén y su intención, a pesar que el 61 % de la población del país este contrario a él; el gobierno y esté dispuesto a darle su venia y sacrificar a Aysén destruyéndolo, aunque en ello obtenga un costo político redundante en su contra, que marcará un antes y un después en la evaluación del mismo gobierno.
Lo que se está viviendo en Aysén es de una realidad aplastante y ha dejado al descubierto muchas irregularidades ante el tema y su verdaderas implicancias, en donde un organismo como el SEA (Servicio de estudios ambientales) tenga que la responsabilidad inaudita de realizar una evaluación a tan importante proyecto, encontrándonos con que estos seremis de gobierno no tienen el pedigree necesario para tan importante tarea, no son especialistas; resultando que el mismo director ejecutivo del SEA el señor Eduardo Lagos presenta la renuncia a su cargo, que es vital y estratégico para la comisión evaluadora, por ser el titular de medio ambiente y quien se supone es el que más sabe, alegando presiones indebidas por parte de grupos ecologistas de Aysén, pero que al vivir en la región y conocer su realidad, te das cuenta sin duda alguna que eso es lo que dice el profesional para quedar bien con su empleador, en este caso el gobierno y no verse cuestionado en su ideología y su forma, menos perder los créditos y quedarse sin trabajo; pero que en verdad la renuncia que presentó este profesional, fue producto de su conciencia y no querer pasar a la historia de Aysén, como el que la vendió, porque sabe perfectamente que al fin las cosas se sabrán.
Estos profesionales que de verdad no tienen la culpa de nada, son meras piezas del gobierno central, que son utilizadas para hacer su trabajo sucio (gajes del oficio de seremi) y ellos en el fondo lo saben y eso debe pesar demasiado en las conciencias de estas personas, sobre todo cuando se descubren las irregularidades acontecidas en el MINVU Aysén, en donde se cambió de un día para otro un informe rechazando el proyecto, a la aprobación al día después, hecho que fue denunciado por el senador Girardi, quien es ni más ni menos el presidente del Senado, lo que no es menor.
Si a eso le sumamos lo acontecido en CONAF, donde se falsificaron documentos de CONAF Aysén, donde se rechazaba el proyecto, donde en CONAF Santiago días después los cambiaron a favor del proyecto, más las innumerables omisiones del estudio de impacto ambiental, más la total falta de ética de la
empresa para con los habitantes de Aysén y del país, malversando la información; son hoy un hecho de la causa incuestionable que no podemos hacer la vista gorda los aiseninos.
Finalmente, de aprobarse en estas condiciones este proyecto, se dará pie a innumerables problemas posteriores, asuntos que hoy ni siquiera tenemos la capacidad de predecir y menos imaginar dónde nos llevarán, todos sabemos cómo se empieza pero nadie sabe cómo se termina y, probablemente, impidiendo que nos desarrollemos en paz, tal como nos merecemos los aiseninos y con la dignidad que nos corresponde.

El agua derechos y deberes (...y el apuro de Hidroaysén)

A pesar de que la reforma al Código de Aguas comenzó a regir el 2005, recién se están empezando a sentir sus modificaciones. Hoy, quien tenga un derecho de aprovechamiento de agua y no lo use deberá pagar por él. Así de simple. De lo contrario se arriesga a que se haga literalmente... agua.


El agua es un bien escaso. Y hay muchas cifras que avalan esa premisa. Por ejemplo, el 97% del agua del planeta es salada y solo un 3% es dulce. Y es precisamente con la dulce con la cual los habitantes del mundo abastecemos nuestras necesidades vitales. Ahora, si consideramos que de ese 3% de agua dulce el 80% se encuentra en el polo sur, en el polo norte y en los glaciares... la sensación de escasez se hace más evidente. Complicado, ¿no? Por eso hoy muchos hablan del agua como el nuevo “oro azul”.
Por eso, cuando se habla o discute sobre el agua, los interlocutores saltan de sus asientos; los entendidos se apasionan; los lobbistas y ecologistas van y vienen; y las pugnas con el Estado están a la orden del día. El agua es vital... en todos los sentidos.


Por eso, a principios de año la noticia sobre el cobro de 24 millones de dólares a modo de derechos por el no uso de los derechos de agua, puso a los actores de este mercado –que no son pocos– en estado de alerta. Fue Rodrigo Weisner, actual director de la Dirección General de Aguas (DGA), quien dio a conocer un catastro de personas y empresas que deben pagar una patente por el no uso de los aprovechamientos de agua, lista que reveló que son 1.400 derechos que no se utilizan y que pertenecen a 933 titulares.

-Tomamos esta medida porque lo que queremos es desincentivar la especulación y el acaparamiento de los derechos de agua en Chile -explica Weisner.

Y con justa razón, porque con anterioridad a 2005 para tener un derecho de agua bastaba solo con inscribirlo, sin pagar ni un peso por la mantención y sin tener la exigencia de explotarlo. Esto significó que el caudal comprometido en derechos de agua no consultivos (para agricultura, centrales, salmonicultura) superaba en cinco veces todas las aguas existentes entre Arica y Puerto Montt. Incluso, en ocasiones se compraron derechos de agua para bloquear a determinados inversionistas y hasta se llegó a dar la insólita situación de una mujer dueña de casa, que sin mediar renta, era dueña de la mayoría de los derechos de agua del Lago Rapel.

ALGO DE HISTORIA...

La modificación al Código de Aguas acabó con eso. Para entender un poco el modus operandi de esta reforma aprobada en julio de 2005, hay que tomar en cuenta algunos antecedentes. En 1950 se dictó el primer Código de Aguas de Chile con el objetivo de ordenar un poco los derechos entregados hasta ese entonces y lo que se hizo no fue más que centrar el tema en una sola autoridad. Un marco que fue respetado hasta el gobierno de Salvador Allende, donde estos derechos se estatizaron.

El año 80, cuando se trabajaba en la nueva Constitución, el tema se retomó y se redactó un nuevo documento en el que se consagraron los derechos de propiedad sobre las aguas y se dictó el primer Código de Aguas de Chile. El criterio que primó fue el de un documento redactado por el propio Hernán Büchi, quien se inspiró en El Ladrillo y que señaló que este mecanismo debía operar por el mercado. Se habló y se estipuló en ese entonces que el sistema de asignación de derechos se debía hacer mediante un remate en caso de que hubiera más interesados por un derecho. Y que al igual que en las propiedades mineras, se debía cobrar una patente.

-Pero el mecanismo del remate casi nunca se dio ya que los oferentes se solían poner de acuerdo. Imagínate que entre el año 81 y el 2005 hubo dos remates. Incluso hay una anécdota muy buena. Con el primer remate que hizo la DGA, los fondos recaudados permitieron construir la Plaza de la Constitución que está ubicada frente a La Moneda -cuenta Weisner.

Si bien el tema comenzó a ser mirado desde que la Concertación llegó al poder, recién en 1998 asumió el carácter de uno de los caballos de batalla del entonces ministro de Obras Públicas, Ricardo Lagos. En resumen, fueron muchos años de lobby y discusiones parlamentarias antes de que saliera humo blanco el 2005. En ese momento, se conjugaron los astros logrando que se pusieran de acuerdo desde el Instituto Libertad y Desarrollo (LyD) hasta los parlamentarios de la Concertación.

La modificación quiere evitar que las compañías y personas naturales adquieran derechos de agua y los mantengan improductivos impidiendo el desarrollo. Y es que, aunque cueste creerlo, los caudales no aprovechados en Chile equivalen a 23 centrales hidroeléctricas como Ralco. Verdaderamente impresionante. Por eso a partir de fines de marzo quienes no paguen la patente exigida no podrán impedir que esos derechos se vayan a remate.

-El listado de morosos será enviado desde la Tesorería General de la República a los tribunales de justicia. Una vez ahí se les hará juicio, para que luego el derecho de agua se vaya a remate -asegura Weisner.

Hoy el mecanismo de remate funciona a las mil maravillas y es el que prima para hacerse de un derecho de agua, ya que la mayoría están inscritos. Desde hace un año y medio –el tiempo de vigencia del nuevo Código de Aguas– se han producido 20 remates. Todo un hito. Antes éstos eran todo un problema básicamente porque los postores se ponían de acuerdo y muchos se terminaban no llevando a cabo.
Hoy las cosas han cambiado. El mejor ejemplo es el del Río Pescador en el sur. Sucede que este derecho de agua parecía cerrado, dos postores habían acordado pagar la cifra inicial y no ir a remate. Sin embargo, lo que las partes no calcularon fue que un tercero sí estaba decidido a rematar el derecho de agua. Finalmente, el Río Pescador partió en 20 millones de pesos y en el remate se terminó pagando más de 100 millones de pesos... Ahora, todo lo que brilla es agua.

RECIENTE FALLO DEL TDLC CONSOLIDARÍA CONTROL ABSOLUTO DE LA CUENCA DEL BAKER POR PARTE DE HIDROAYSÉN

“En la cuenca del Baker no podrán sacar un vaso de agua sin el consentimiento de HidroAysén”. Fue ésta la reacción del abogado Marcelo Castillo al informarse sobre la sentencia emitida ayer por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que declaró prescrita la acción interpuesta por diversas organizaciones regionales para evitar que HidroAysén se adjudicara nuevos derechos de agua en el río Baker.

Tribunal de Defensa de la Libre Competencia declaró este jueves prescrita la acción interpuesta por pobladores y organizaciones regionales en 2009, sin entrar al fondo del asunto.

· Requerimiento buscaba “asegurar legalmente el suministro de agua para los habitantes de la zona, pero este fallo anula esa posibilidad” señalaron.

El profesional, en representación de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, la Corporación Costa Carrera, la Escuela de Guías de la Patagonia, la Agrupación de Defensores del Espíritu de la Patagonia, Conservación Patagónica y Valle Chacabuco, además de pobladores de la cuenca del Baker, presentó el 10 de agosto de 2009 ante el TDLC un requerimiento en que acusaba a HidroAysén de crear “barreras de entrada a otros competidores y un monopolio” sobre las cuencas del Baker y el Pascua. Esto, por solicitar en estos ríos derechos de aprovechamiento sobre los caudales adicionales que se forman en tales cursos hídricos durante el invierno.

Para Castillo la gravedad de la decisión adoptada por el organismo se sustenta en que “la reserva de agua dulce más importante del mundo, después de la Antártica, queda de esta forma en manos de un consorcio extranjero, y no de las comunidades que habitan tal territorio y que dependen de ella".

Agregó que al decidir por forma, el tribunal “lo único que hace es favorecer los intereses monopólicos de Endesa e HidroAysén, en desmedro de los de las comunidades y personas afectadas, y de las futuras generaciones de ayseninos, particularmente en la cuenca de Baker, que no podrán acceder al agua sin el consentimiento de esta empresa”. Además, indicó, “en nuestra opinión tampoco corresponde la prescripción al existir solicitudes administrativas pendientes ante la DGA”, aludiendo así a que estas peticiones de derechos de agua aún no han sido autorizadas por dicho organismo, siendo esenciales para la materialización del proyecto puesto que son las que se utilizaron para elaborar el estudio de impacto ambiental de HidroAysén.

En tanto Patricio Segura, presidente de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, calificó este fallo como “un escándalo”, puesto que “va en directo perjuicio de cientos de familias que han vivido décadas en el Baker, quienes hoy ven cómo el agua que ha fluido desde siempre por sus campos pertenece a una empresa trasnacional. Esta sentencia consolidaría el control absoluto de HidroAysén en la cuenca”.

Las oposiciones de HidroAysén

En distintas ocasiones HidroAysén se ha opuesto a que pobladores y empresarios locales constituyan derechos de agua en Aysén, argumentando que tales solicitudes afectarían sus derechos ya constituidos en los ríos Baker y Pascua (entre enero y marzo de 1990 la DGA adjudicó a Endesa un total 3 mil 155 metros cúbicos por segundo en ambos ríos) y los nuevos que están solicitando tanto para las represas que inyectarían energía al SIC como para materializar eventuales proyectos hidroeléctricos acordes con su oferta de “energía más barata”.

Uno de los afectados por este bloqueo para acceder al recurso hídrico es la Sociedad Comercial Mañihuales sobre cuyas 8 solicitudes en los ríos Viviano y Los Maitenes, de la comuna de Chile Chico, HidroAysén presentó su oposición en julio de 2010, siendo éstas en su mayoría peticiones de sólo entre 100 y 150 litros por segundo.

Una situación similar vivió Aurelio San Nicolás Rosique, quien pidió derechos de agua en el “Estero sin nombre” de la comuna de Cochrane por caudales de entre 11 y 25 litros por segundo. El 30 de julio de 2009 HidroAysén también presentó una oposición a que se le entregara el recurso hídrico.

Un tercer ejemplo son las “observaciones” de septiembre de 2009 que la empresa hiciera ante la DGA previniendo sobre la eventualidad incompatibilidad de los derechos de agua solicitados por Rosa Bahamonde Barría por 49 litros por segundo en el río Quetro, en la provincia de Aysén, con los que está solicitando la eléctrica en la misma cuenca.

“Y son éstos sólo algunos de los casos en que esta empresa ha bloqueado a nuestra gente el acceso al agua; a empresarios locales y pobladores que vivían acá mucho antes de que los ejecutivos de Endesa y Colbún soñaran siquiera con venir a hacer sus negocios a costa de la región. El TDLC, con su sentencia, está validando esta injusta situación y poniendo en riesgo la supervivencia de nuestras comunidades, cuando la presentación sólo buscaba asegurar legalmente el suministro de agua para los habitantes de la zona, pero este fallo anula esa posibilidad” señaló Patricio Segura.


documentos adjuntos:

Xstrata Copper,de norte a sur, el otro proyecto hidroeléctrico en Aysén que también viene río abajo

FUENTE: ChileRenovables.cl

De lleno en el negocio energético espera entrar próximamente la transnacional minera suiza , Xstrata Copper , según nos confirmaron en Aysén fuentes vinculadas al sector.
Xstrata Copper es un gigante minero que en el norte chileno controla las actividades de Lomas Bayas y la Fundición de Cobre Alto Norte, ambos en la región de Antofagasta. Pero su proyecto más importante se encuentra más al norte, en la Región de Tarapacá, donde opera minera Collahuasi, la segunda mina privada más grande de Chile, después de Escondida.

Río Cuervo, Aysén, uno de los tres que sería intervenido por energía austral.-

Ahora viene el negocio de la energía, pero desde el extremo austral de Chile, en Aysén, la que se ha convertido en la capital del agua chilena, donde las empresas eléctrica han puesto su mirada para desarrollar proyectos hidroeléctricos de tal envergadura que de desarrollarse cambiarán para siempre la geografía de la zona.

Pues bien, XStrata Copper definirá la incorporación de un socio estratégico para su filial Energía Austral.

Por cierto la empresa observa con atención lo que ocurrirá con Hidroaysén, el emblemático megaproyecto de US$ 4.400 milones que pese a estar desembolsando una cifra cercana a los US$ 20 millones en campañas publicitarias y lobby, no logra contar con adeptos, no sólo en Aysén sino que en el país y en el extranjero.Saben que su suerte está muy ligada a lo que ocurrirá con el proyecto de Endesa España.

En enero del año pasado Xstrata Copeer , contrató al banco de inversión Asset Chile, para buscar un inversionista que potencie el desarrollo de los proyectos eléctricos que la firma desarrollará en la XI Región. Se trata de tres centrales hidroeléctricas (Río Cuervo, Blanco y Cóndor), que suman unos 1.100 MW y suponen US$ 2.700 millones de inversión.

Las negociaciones actuales involucran a cuatro interesados. “A fines de este año o a más tardar a inicios del próximo, deberían concluir las conversaciones y se tomará una decisión al respecto”, afirma Alberto Quiñones, gerente general de Energía Austral.

En el mercado trascendió que entre los interesados estarían los grupos CGE y Suez. “No puedo confirmar ni descartar eso, porque hay firmados acuerdos de confidencialidad que me impiden referirme a los participantes del proceso”, dice el ejecutivo.

El 30 de septiembre, Energía Austral entregó a la Conama las respuestas al grupo de observaciones (Icsara) que realizaron los organismos públicos a la central hidroeléctrica Río Cuervo, que considera 640 MW de potencia y una inversión de US$ 733 millones.

“Por la envergadura del proyecto, es probable que recibamos un segundo Icsara”, dice Quiñones. La eléctrica espera tener la aprobación ambiental en el primer semestre de 2011.

También para esa fecha, la firma tiene previsto ingresar a tramitación el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de las otras dos centrales: Blanco (360 MW) y Cóndor (54 MW). “Esperamos que la tramitación ambiental demore entre 12 a 15 meses”, dice Quiñones. El inicio de la construcción de todos los proyectos se prevé para fines de 2013.

Como parte del complejo que desarrollará en Aysén, Energía Austral decidió incorporar una central sin embalse de unos 12 a 15 MW, cercana a las instalaciones de Blanco. Esto implicará una inversión adicional de entre US$ 25 millones y US$ 35 millones. “Con esta central el costo de la energía para los habitantes de Aysén podría reducirse entre un 23%y 27%”, indica Quiñones.

Línea submarina

Energía Austral está trabajando con Transelec para definir el trazado de la línea que le permitirá transmitir la energía desde Aysén a la zona central. “Es una línea independiente que es viable técnica y económicamente. Son 800 kilómetros, de los cuales entre 70 y 100 kilómetros estamos evaluando hacerlos submarinos”, dice Quiñones. El costo del tendido fluctúa entre US$ 1.400 y US$ 1.500 millones.

En paralelo, Energía Austral está en conversaciones con HidroAysén para buscar una solución común para el trazado. “Seguimos conversando con ellos y estamos disponibles para buscar sinergias entre ambas líneas. En los últimos meses hemos tenido conversaciones, pero no hemos iniciado ningún estudio todavía”, afirma el ejecutivo.

Una dificultad entre ambos proyectos es la distancia que los separa. “Estamos distantes a 300 kilómetros y esa es una dificultad importante para conectarnos”, dice Quiñones. “Independiente del resultado que tengamos con HidroAysén, ingresaremos el EIA de la línea en marzo de 2012″, agrega.

Actividad solidaria por el programa radial mapuche Rew Lafken.

En esta actividad solidaria del programa Rew Lafken, espacio con el cual hemos contado en reiteradas oportunidades este año, vamos a tener un stand con los calendarios y artículos No al Ducto. Los invitamos a participar y adquirir este calendario como una forma de apoyar esta noble causa.

También habrá venta de platos de comida y diferentes alimentos mapuche. Apoyemos el programa que tiene transmisión directa por internet todos los sábados de 16 a 17 hrs. Ver al Afiche.

Sábado 11 de diciembre, de las 19 hrs hasta la 1 aprox.

Alameda 1346, metro Moneda, sede de la CUT.

Movimiento por la Defensa del Mar.

Hidroaysén, Jaque a la Democracia Chilena

En los últimos días hemos recibido una lluvia de informaciones y publicidades sobre el proyecto Hidroysén, acontecimiento que era de esperarse en un proyecto que involucra tanto dinero e intereses. En nuestro país en los últimos años se ha profundizado en discusiones acerca de los impactos ambientales, sociales y económicos de distintos proyectos públicos y privados, pero poco se ha hablado de los impactos políticos a nivel país que acarrean.

Para comenzar con la discusión se hace necesario nombrar que el proyecto Hidroaysen es la propuesta energética privada más grande en estos momentos en el país, involucrando la construcción de 5 mega-represas en los ríos Baker y Pascua, dos de los más prístinos de nuestro país. Iniciativa impulsada por una alianza entre Endesa (de la italiana Enel) y Colbún (chilena). Desde el comienzo de la propuesta de este proyecto hace casi 5 años, se levantaron los cuestionamientos sociales, ambientales y económicos. Cuestionamientos que hoy se han hecho masivos al presentarse un 57,8% de rechazo al proyecto por parte de la ciudadanía. Porcentaje que en una elección presidencial democrática no dejaría espacio a discusión sobre qué propuesta sería la ganadora.

Hace algunos días, el servicio de evaluación ambiental de la región de Aysén envió un tercer informe de observaciones al estudio de impacto ambiental presentado por la compañía. Informe que, si bien se mostraba como una voluntad política (de manifiesto con los dichos de personeros del Gobierno) de no rechazar el proyecto y allanarle el camino a su aprobación, no contaba con pruebas tan claras e indiscutibles de intervención política en la evaluación de carácter técnico. Hoy las dudas tienen bases y testigos. En una declaración pública firmada por el sindicato de trabajadores de Conaf región de Aysén y el sindicato nacional de profesionales de la misma institución, publicada el día 2 de diciembre, se denuncian las presiones por parte de la dirección ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal para que los profesionales y técnicos que estaban evaluando el EIA de hidroaysén no se manifiesten negativamente, siendo que el proyecto transgrede manifiestamente la legislación vigente. También se nombra en la declaración la edición por parte de Conama de los informes técnicos emitidos por Conaf referentes a la Adenda nº1 presentada por la empresa. Edición que censura y saca de contexto las observaciones del organismo técnico.

Estas presiones, denunciadas por funcionarios con ética y profesionalismo, dejan de manifiesto un cuestionamiento profundo a la credibilidad de las instituciones. Supuestamente la evaluación de impacto ambiental responde a argumentos técnicos y no políticos.

Otro acontecimiento digno de nombrarse es el otorgamiento de derechos de agua por parte de la Dirección General de Aguas a Hidroaysén esta semana. Dichos derechos de aprovechamiento de aguas habían sido denegados en el gobierno anterior por presentar irregularidades en su petición. La decisión de la actual DGA involucró la anulación del decreto…

Los anteriores hechos y situaciones, siendo sólo algunos de los que han tenido lugar en estos 5 años , requieren de una ampliación del debate que hasta ahora se ha dado con respecto al proyecto Hidroaysén, ya que hay una dimensión de impactos que no se le ha dado la importancia que tiene. Dichos impactos son los que se están generando desde ya, hacia la democracia de nuestro país, involucrando la pérdida de confianza en la insitucionalidad nacional, por medio de las presiones evidentes para alterar planteamientos técnicos, así como la formulación y reparo de decretos y normativas a la medida del proyecto. Impactos que pueden llegar a ser tanto o más nocivos para nuestra sociedad que los impactos ambientales o sociales.

¿Estamos dispuestos como ciudadanos y sociedad en general a asumir estos costos?

Este nivel de intervención de las instituciones, presiones políticas, y maniobras comunicacionales para validar este proyecto, recuerda el modus operandi de la cossa nostra en Italia y otros grupos que manejan influencias de esta forma.

La base de la democracia es el respeto a la decisión de la mayoría así como la confianza en el actuar de las instituciones. Base de la que hoy no hay garantías en el proceso de evaluación del proyecto Hidroaysén.

Por Manuel Ruiz Aravena

Medicina Veterinaria

Universidad Austral de Chile

DGA cambia criterio de ex titular y emite resolución a favor de HidroAysén

FUENTE:La Tercera. 1.12.10.

Derogó decreto que rechazaba la entrega de derechos de agua claves para el proyecto. Esta semana HidroAysén dio un paso clave para viabilizar su proyecto. El gobierno emitió la primera resolución que favorece a la iniciativa que desarrollan, en conjunto, Endesa y Colbún.

patagonia_arcoirisEl 29 de noviembre el titular de la Dirección General de Aguas (DGA), Matías Desmadryl, acogió un recurso de reconsideración presentado por HidroAysén, que le permite obtener derechos de agua claves para el megaproyecto de la XI Región.

La DGA dejó sin efecto cinco resoluciones dictadas, el 29 de octubre de 2008, por el entonces director de la DGA, Rodrigo Weisner, quien rechazó el otorgamiento de esos derechos de agua. Esta medida implica un cambio de criterio respecto de la política implementada por el gobierno de Bachelet.

Los derechos de agua adicionales suman 1.380 metros cúbicos por segundo. Con ellos, HidroAysén podrá construir las cinco centrales que están proyectadas para generar 2.750 MW. Asimismo, contar con ellos le permite a HidroAysén mitigar los efectos del proyecto y reducir en 36% la superficie que inundarán los embalses. Originalmente, el complejo consideraba un área de inundación de 9.300 hectáreas, pero HidroAysén modificó la iniciativa y la redujo a 5.910 hectáreas. Pero esta disminución necesita utilizar más agua y, en 2008, la empresa condicionó el proyecto a la obtención de los recursos hídricos.

Tras la reciente resolución, expertos en derecho indicaron que ahora quedó el camino despejado para que la DGA otorgue los derechos solicitados.

La disputa por esos recursos data de hace tres años. El 10 de agosto de 2007, HidroAysén solicitó cinco derechos de aprovechamiento no consuntivo de aguas superficiales en los ríos Baker y Pascua, los que fueron denegados por la DGA. El servicio definió que eran incompatibles con derechos de agua que Endesa poseía con anterioridad, lo que generaba superposición.

Sin embargo, para la actual administración esa incompatibilidad no existe.

En su dictamen de esta semana, la DGA consigna que el informe técnico del 28 de octubre de 2010, del Departamento de Administración de Recursos Hídricos de la DGA, señala que "de constatarse la existencia de incompatibilidad, por existir efectivamente perjuicio a terceros, deberá rechazarse la solicitud respectiva". No obstante, agrega que "considerando que el titular de los derechos de aprovechamiento de agua constituidos, Endesa, renunció al perjuicio que le provocan las solicitudes de HidroAysén, los derechos de aprovechamiento solicitados son compatibles con los derechos constituidos". Acto seguido, la DGA resolvió acoger el recurso de reconsideración en contra de la resolución del 29 de octubre de 2008, que denegó la solicitud a HidroAysén.

Ayer el ministro de Energía, Ricardo Raineri, dijo que proyectos como HidroAysén permiten al sistema eléctrico ahorros por US$ 500 millones anuales, debido al menor costo de operación y al menor uso de centrales que usan combustibles fósiles.

Tramitación se aplaza hasta el 15 de abril

Hasta el 15 de abril HidroAysén postergó la tramitación ambiental del proyecto, para responder las 191 consultas que cursaron los diversos organismos del gobierno. La compañía prevé que en el primer semestre de 2011 podría tener la aprobación ambiental. Así, sólo quedará la tramitación de la línea de transmisión.

EMPRESARIO MINERO CONTROLA 80 KILOMETROS DE FRONTERA ARGENTINO – CHILENA

Lentamente avanza el proceso de destrucción de la cuenca de Río Puelo y Manso, y nos acercamos a un grave conflicto geopolítico entre Argentina y Chile. El origen de este grave problema esta conformado por dos personajes muy conspicuos, el primero es el estado Italiano (dueña mayoritaria de las acciones de la transnacional Endesa), quien tiene el control total de las aguas de la Cuenca Binacional del Río Puelo desde 1990. El segundo personaje, es un oscuro empresario minero chileno llamado Roberto Hagemann Gertsmann, quien mediante el uso de palos blancos, obtuvo los derechos de uso no consuntivo de las aguas de la cuenca binacional Río Manso, tributario del Río Puelo. Ambos personajes, tienes un denominador común, ser vulgares ladrones de agua, pero con la salvedad de que Roberto Hagemann, ha iniciado una velada y agresiva adquisición de los derechos de propiedad de un antiguo fundo denominado Puchegüin, y con ello apoderarse casi 100 mil hectáreas y de aproximadamente 80 kilómetros de frontera entre Chile y Argentina, agravando la inestabilidad geopolítica de la cuenca del Puelo, debido a la violación del Protocolo Especifico Sobre Recursos Hídricos Compartidos (1), firmado por ambos países. Todos estos movimientos corporativos y empresariales, están amparados por la ineptitud de los servicios públicos de ambos países, además de la ignorancia y codicia de pobladores de la cuenca, que se dejan seducir por unas cuantas monedas y falsas promesas de trabajo.
Administrativamente, los Ríos Puelo y su tributario Río Manso, son parte integral de “una cuenca ubicada al sudoeste de la provincia de Río Negro y al Noroeste de la provincia de Chubut, departamentos de Bariloche y Cushamen respectivamente”. “En el sector chileno, la cuenca se ubica administrativamente en la Comuna de Cochamo, Provincia de Llanquihue, Región de los Lagos. La totalidad de la cuenca bi nacional, tiene una superficie aproximada de 880.000 hectáreas, de las cuales el 65,9 % o 580.000 hectáreas son de jurisdicción Argentina y solo 300.000 hectáreas o el 34,1 %, se ubican en Chile.”
RÍO PUELO - ENDESA
Este río binacional, que en Argentina gran parte de su superficie es parque nacional (Parque Nacional Lago Puelo), tiene la totalidad de las aguas comprometidas para uso energético en el lado chileno, debido a que el gobierno de este país cedió derechos de agua a perpetuidad a la corporación Estatal Italiana Endesa. En 1990, la Dirección General de Aguas de Chile, concedió a perpetuidad los derechos de agua para uso energético hidráulico por 850 mt³/segundo a Endesa, pero peculiarmente este río según mediciones fluviométricas históricas (1943 –1985), solo tenia 660 mt³/segundo, y posterior certificación de la Dirección General de Aguas de Chile, entregada en julio del 2010, este río tiene mas de 587,8 mt³/segundo medido en la estación Carrera de Basilio periodo 2003 al 2009. Esto significa que Endesa tienen mas de 260 mt³/segundo de aguas inexistentes en este río, y según estudios hidrológicos, esta cuenca continua disminuyendo su caudal drásticamente debido al calentamiento global.
Desde el año 2006 a la fecha, la corporación Endesa ha debido pagar una patente para mantener el derecho de uso de este río, cancelando anualmente 3 millones de dólares, pero su división de Ingeniería (Ingendesa), y la contratación de servicios de empresas externas (Interra S.A.), han iniciado desde noviembre del 2009 en adelante, los análisis y visitas a terreno para recabar información que permitan la manipulación de datos favorables y concretar los estudios del proyecto de represamiento y destrucción del Río Puelo, para obtener la energía necesaria y cumplir con los contratos de abastecimiento a las mineras del norte de Chile.
RÍO MANSO - HAGEMANN
Este río binacional que nace en Argentina y termina en Chile, tiene la mayor parte de su cuenca bajo la administración de la provincia de Río Negro (Departamento de Bariloche), y una pequeña sección ubicada en la Comuna de Cochamo (Provincia de Llanquihue – Región de los Lagos en Chile), uniéndose a la gran cuenca binacional del Río Puelo.
A pesar de su escaso caudal, el día 24 de junio del año 2008, y bajo la administración de Michelle Bachelet, el total de sus aguas fueron rematadas en 44,7 millones de dólares para un proyecto de represamiento, y adjudicado a un joven abogado perteneciente a una oficina jurídica de Santiago (Aninat Schwencke & Cía.). Arturo Costabal García-Huidobro, actuó como palo blanco de un empresario minero llamado Roberto Hagemann Gertsmann, financista y verdadero adjudicatario de este remate aguas. Posteriormente, este derecho de agua fue traspasando a la Mediterráneo S.A., empresa creada ex profeso por el abogado Luis Alberto Aninat Urrejola (Aninat Schwencke & Cía.), quien a su vez esta casado con Constanza Hagemann Muñoz, una de las hijas del matrimonio formado por Roberto Hagemann e Isabel Muñoz Fontaine.
Desde febrero del 2009 a la fecha, la empresa Mediterráneo S.A., a través de contratistas, han movilizado por aire con helicópteros, gran cantidad de materiales y maquinarias, hasta el Río Manso, sector Correntoso (área cercana a la posición geográfica UTM Norte: 5.393.900 m. Este: 756.130 m. - datum 1956), y a muy pocos kilómetros de la frontera con Argentina. Por otra parte, ciertos equipos pesados necesarios para la apertura de caminos, explotación de bosques y perforación de roca, son llevados por tierra, y en inusuales horarios nocturnos de los transbordadores ubicados en Lago Tagua Tagua, realizando navegaciones especiales para evitar miradas indiscretas o fiscalizaciones.

La batalla por las represas en la Patagonia


Las aguas en la Patagonia están más que divididas. La carretera Austral, por estos días, está tapizada de carteles a favor y en contra de las centrales hidroeléctricas. Hidroaysén y Energía Austral, las grandes transnacionales detrás de los megaproyectos energéticos, han desarrollado un intenso proceso de intervención en la zona. También la campaña Patagonia Sin Represas que agrupa a más de 50 organizaciones, entre ellas Greenpeace,la Fundación Pumalín y el vicariato de Aysén. Pesos pesados que recién se están mostrando sus dientes. Dos visiones de mundo distintas con un gran recurso en disputa: el agua.
Los funcionarios de la Dirección de Aguas, DGA, ingresaron con gruesas carpetas a la sede de la junta de vecinos de Villa Cerro Castillo, en el kilómetro 110 de la Carretera Austral, a mediados de marzo del año pasado. La visita era para informar sobre la petición de derechos de aguas que algunos pobladores habían solicitado en el río Ibáñez. En cuanto los empleados de gobierno se instalaron en el lugar comentaron a la gente que los derechos de toda la cuenca del río estaban en manos de Endesa. Los lugareños apenas alcanzaron a reponerse cuando uno de los funcionarios desplegó un mapa sobre la mesa y les aclaró que, además, la cota de agua solicitada por la empresa serviría para la eventual construcción de una represa que inundaría una parte de la localidad.
Los vecinos quedaron atónitos. De un minuto a otro pasaron de pueblo “seco” a localidad anegada.
-Los pobladores del sector de aeródromo, que eran los más afectados, no lo podían creer. Todo el mundo pensaba que era una broma -relata Marcia Álvarez, dirigenta de la agrupación Herederos de la Patagonia.
El proyecto quedó en carpeta al punto de ser tildado por la comunidad como un “plan fantasma”. Sin embargo, hace apenas un mes, volvió a reactivarse. Una nota aparecida el 6 de julio en el Diario Financiero informó que Isidoro Quiroga, dueño de la firma Electro Austral, había comprado los derechos de agua a Endesa y pretendía instalar una central en la localidad con el objeto de generar 150 MW en el Río Ibáñez. Las dudas, desde entonces, se han multiplicado.
-Para mí que Quiroga es un palo blanco de Endesa -acusa Álvarez.
El sentimiento de resquemor no sólo tiene en ascuas a los vecinos de Villa Cerro Castillo sino a gran parte de la población patagónica que se siente pasada a llevar.
-Somos una región que tiene 100 años de historia y una conectividad de apenas 30, es decir, durante 70 años nuestros viejos hicieron patria a punta de hachas, martillos y machetes. El centralismo olvida todo esto -sostiene Sergio Díaz de la “Agrupación de Jóvenes Tehuelches”, una asociación de reivindicación cultural de los antiguos indígenas de la zona.
A la fecha existen al menos una docena de proyectos de centrales hidroeléctricas que pretenden instalarse en la región. Dos de ellos llevan la delantera. Uno corresponde a Hidroaysén, dueños de casi el 90% de los derechos de agua de toda la región, que pretende construir dos represas en el río Baker y tres en el Pascua. El otro pertenece a Energía Austral, filial de la minera suiza Xstrata Copper, que quiere instalar al menos tres represas en el fiordo de Aysén.
Pero el arribo a la zona de las grandes empresas transnacionales no ha sido fácil. El 8 de junio pasado los Jóvenes Tehuelches “funaron” la llegada a la región del nuevo vicepresidente ejecutivo de Hidroaysén, Daniel Fernández.
-Queremos ser la pulga en la oreja, la piedra en el zapato que les va a estar recordando todo el rato cada cosa que están haciendo mal -explican.
Este escenario de incertidumbre ha alertado a las autoridades, que acaban de inaugurar una unidad de Fuerzas Especiales de Carabineros en la zona compuesta por 22 funcionarios, un bus blindado y un carro lanzaguas. En la oportunidad el teniente Elvis Ormazábal aseguró que la razón era restablecer el orden público a raíz de “las manifestaciones de pescadores en Puerto Aysén y proyectándose a lo que pueda pasar con la posible creación de hidroeléctricas en la zona”.
No son pocos los que piensan que el panorama pueda tornarse cada vez más complejo. Lo sucedido en el alto Biobío es una prueba de aquello. Pero la situación por el momento está en calma. Ambos proyectos han sido sometidos al sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA) y entraron en la etapa de respuesta a las múltiples obsevaciones hechas por los servicios públicos. El agua todavía fluye libremente por los ríos de la Patagonia. Por el momento.
RÍO CUERVO
El 1 de septiembre del año pasado Mario Méndez fue tragado por las aguas del río Cuervo y su cuerpo aún no ha sido encontrado. El trabajador, oriundo de Aysén, llevaba seis meses operando como botero para Geologística, una empresa subcontratista que presta servicios a Energía Austral.
-Mario estaba con días libres y lo llamaron para trabajar, nunca le respetaron su descanso -cuenta Tania Gómez, su mujer.
El trabajador, junto a otros cuatro compañeros, estaba realizando labores de topobatimetría con el objeto de medir el caudal del río. A eso de las 11 de la mañana el bote en que se trasladaba colapsó y todos los hombres cayeron en el torrentoso caudal. Sólo dos empleados lograron sobrevivir. Los restantes fueron arrastrados por las aguas y el río sólo devolvió un cuerpo. Mario Méndez y Moisés Aros aún continúan desaparecidos.
La investigación, encabezada por el fiscal Luis Contreras, determinó que ninguno de los operarios contaba con los equipamientos adecuados para trabajar en el río.
-No tenían bengalas ni salvavidas con pierneras, situación que explica el desprendimiento de los chalecos producto de la fuerza del río- asegura Tania Gómez.
Gómez todavía no logra reponerse. Dice que Energía Austral le ofreció 50 millones de pesos como acuerdo reparatorio, pero que no aceptó pues se trataba de un simple seguro contra accidentes.
-Ya se va a cumplir un año de la muerte de Mario y a mi hijo no le han entregado ni un sólo peso- alega.En la carpeta de investigación del fiscal sobre el accidente se encuentra consignado que la Inspección del Trabajó multó a Geologística y Energía Austral por “no llevar control de asistencia y determinación de horas de trabajo ordinarias y extraordinarias”. También por “no informar a los trabajadores de los riesgos que entrañan sus labores, medidas preventivas pertinentes y método de trabajo correcto”. Consultada la empresa por las circunstancias del accidente, se limitó a decir que el 12 de febrero pasado, el juzgado de Letras, Garantía y Familia de Aysén había fallado reafirmando que Energía Austral había cumplido con “las medidas eficaces y completas exigidas por la Ley Laboral y de accidentes del Trabajo”, en lo preventivo y en la ejecución de las faenas.
Los muertos en el accidente, para los opositores a las centrales refleja la forma en que las grandes empresas trabajan en la zona. Además hay quejas de helicópteros aterrizando en patios de casas, sin cuidar la seguridad de la comunidad.
No es el único escollo que ha debido atravesar Energía Austral en la zona. El proyecto Río Cuervo, una de las tres represas planificadas por la empresa en el fiordo de Aysén, entró al sistema de impacto ambiental el 2 de enero de 2007. Tres meses más tarde, el 21 de abril de aquel año, un fuerte terremoto afectó a la zona generando desprendimientos de laderas que provocaron una ola de 6 metros que mató a 10 personas.
El movimiento telúrico no sólo sembró inquietud en el poblado, también evidenció las posibles secuelas del proyecto energético, como apuntan los críticos. Estudios realizados con posterioridad al sismo detallaron que el epicentro se ubicó a sólo siete kilómetros de la sala de máquinas proyectada en la propuesta original. Lo más preocupante, sin embargo, fue un informe del Servicio Nacional de Geología y Minería, Sernageomin, que demostró que el emplazamiento de la represa estaría sobre una falla geológica conocida con el nombre de Liquiñe-Ofque.
-Es una de las fallas más grandes del mundo, como la falla de San Francisco, y además está rodeada de volcanes. Es un peligro latente hacer una represa allí -explica Hugo Díaz, dirigente de la agrupación ecológica Wallmapu.
Energía Austral, consultada al respecto, señaló que los estudios de base geológicos realizados en la zona concluyeron que las represas se emplazarían no en la falla misma sino en “el entorno” de ella.
-Estos estudios específicos permitieron identificar el escenario y sus respectivas medidas de control, lo cual ha sido debidamente considerado en el diseño, ingeniería y operación de la central- sostiene la empresa.
Pese a los argumentos de Energía Austral, la Corema puso reparos al proyecto. Los servicios regionales plantearon sus dudas: la subsecretaría de Pesca expresó su “preocupación por la intromisión de la marea roja en áreas interiores del fiordo Aysén”, “la pérdida irremediable de flora y fauna de condiciones extraordinarias”. Sernageomin, en tanto, aseguró que el informe de energía austral no consigna un tema sensible como los tsunamis, la desestimación del “efecto del calentamiento global en el derretimiento de masas de hielo y nieve en altura” y “el peligro de avalanchas volcánicas”. Información que para los ayseninos, demás está decir, resultó inquietante. No son pocos los que se ponen en el peor de los casos y elucubran escenarios apocalípticos. Los relatos parecen sacados de alguna película de ciencia ficción.
-Si se produce un temblor de proporciones las capas de los cerros se van a desplazar junto a una gran cantidad de barro y nieve. Esto puede provocar el colapso de la represa o un desbordamiento aguas abajo –teme Díaz.
Eventos de este tipo realmente han sucedido. Y no sólo en Aysén. En octubre de 1963 la represa italiana de Vaiont, una de las más altas del mundo, provocó temblores, en un fenómeno que se conoce como sismos inducidos, provocados por la masa de agua. En Vaiont hubo derrumbes y finalmente una ola gigantesca que arrasó la localidad de Longarone, ubicada bajo la represa, junto a sus dos mil habitantes.
-Si se llega a construir ese embalse, vamos a dormir mirando hacia arriba -augura Hugo Díaz. Luego, pone cara de congoja y suelta: “En cinco minutos desaparece Aysén y ni la Onemi ni el Shoa nos van a poder salvar”.
EL NEGOCIO DE LAS VOLUNTADES
A principios de marzo de este año Silvia Aguilera recibió la beca “Hidroaysén” para estudiar turismo. La muchacha de 18 años figuró en una lista de 20 beneficiados que elaboró la empresa junto al municipio de Cochrane. Silvia tenía razones de sobra para celebrar pero no lo hizo. Su designación, catalogada como prioritaria por la empresa, para su familia responde a otro interés: su hermana mayor, Tatiana, concejal del municipio, ha sido una tenaz opositora a la construcción de las hidroeléctricas. Razón que explicaría el trato privilegiado.
-Lo que más me molesta es esa visión que tienen de la plata como instrumento para comprar conciencias -afirma Tatiana Aguilera, concejal PS de Cochrane.
Pero no todos piensan igual. Hay mucha gente en la localidad que está bastante entusiasmada con el tema. Todo gracias a la robusta billetera de la transnacional que ha hecho generosos aportes a la comunidad.
-Es casi como el manual de Carreño del intervencionismo -denuncia Aguilera.No todo se ha reducido a becas. Son innumerables los convenios que han firmado Hidroaysén y los municipios locales. En Cochrane, sin ir más lejos, el alcalde UDI Patricio Ulloa ha firmado acuerdos millonarios con la empresa en materia de vivienda, actividades culturales, recreativas, fomento productivo y apoyo social. En total, el aporte privado suma más de 120 millones de pesos.
-Cuando Hidroaysén lanza sus ofertazos llega todo el mundo: los comerciantes, los dirigentes sociales y la gente común y corriente. En el fondo están sobornando a toda la comuna- asegura Tatiana Aguilera.
También la localidad de O’Higgins ha sido objeto de ofertas de la empresa, presentadas como política de responsabilidad social empresarial. Hidroaysén no sólo ha financiado el “programa de conectividad digital” que tiene a todo el pueblo con Internet inalámbrica, sino también se ha preocupado de las mascotas a través de un “plan de atención veterinaria”.
Beneficios que ya no correrán pues a los municipios involucrados en los convenios les corresponde evaluar a la empresa en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), situación que llevó a Patricio Segura, presidente de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, a presentar un recurso ante la Contraloría regional por conflicto de interés, presentación que el organismo acogió a principios de marzo pasado.
Los beneficios siguen entregándose, pero ahora sin intermediarios municipales. Las aguas, en esta materia, están divididas. Mientras en la comuna de Tortel una consulta arrojó que el 76% de sus habitantes se declaró contrario a la construcción de las represas, en Cochrane y O’Higgins son cada vez más las personas partidarias de las hidroeléctricas.
-Mi opinión es que debieran construirse las represas porque acá no hay generación de empleos. Alguien tiene que invertir. Hay que apostar a los privados porque el Estado no ha cumplido su función de generar desarrollo –explica Juvenal Silva, dueño de un minimarket en Cochrane.
Una cosa parecida dice Héctor Espinoza, de Caleta Tortel:
-Acá la única gran empresa es el municipio, ellos tienen el monopolio del trabajo, los que no son de sus colores políticos están fritos. La única oportunidad de trabajo es en el verano, con el turismo. El resto del año hay puros cesantes. Faltan empresas para que los hombres trabajen.
Si de puestos de trabajo se trata Hidroaysén asegura que, de concretarse la construcción de las represas, generaría alrededor de 7 mil empleos en un peack de 12 años. Una cifra aparentemente auspiciosa pero que, en rigor, debido a la escasez de mano de obra calificada en la zona, reduciría drásticamente el número de beneficiados en la región. Como medida de mitigación ante el arribo de tanto forastero la empresa contempla construir campamentos “autocontenidos”, o sea, una suerte de ciudades satélites totalmente cerradas. Alternativa que no convence a los ambientalistas.
-En menos de cinco años van a doblar la población de toda la provincia de Capitán Prat. ¿Dónde los van a meter? El impacto sobre los servicios es tremendo -asegura Peter Hartmann, director regional de la ONG Codeff.
Otro punto cuestionado tiene que ver con la remoción de escombros. Se estima que la construcción de las represas requeriría instalar un gigantesco relleno sanitario para albergar las cerca de 7 mil toneladas de desechos que se removerán en las faenas. El lugar contemplado para el acopio estaría ubicado a sólo 4 kilómetros de Cochrane.
Y esto sin contar los efectos paisajísticos que provocaría la instalación de más de 2.300 kilómetros de cables desde la confluencia del Río Baker con el Chacabuco hasta Melipilla, atravesando nueve regiones.
-Tengo la certeza que el único patrimonio que tenemos es la tierra limpia, libre de contaminación visual, con sus ríos no intervenidos, sin pesticidas. Estas inmensas torres en medio de paisajes maravillosos son como una bofetada al sentido común -alega el agricultor Sergio de Amesti.
La postal llena de torres de alta tensión rodeando parajes idílicos se ha transformado en el caballito de batalla de la campaña Patagonia sin Represas, que agrupa a más de 50 organizaciones, entre ellas Greenpeace, la Fundación Pumalín y el vicariato de Aysén. Precisamente este último, a través de la carta pastoral del agua, firmada por el obispo Luis Infanti, se ha transformado en uno de los más enconados opositores a las hidroeléctricas. “No pueden servir a Dios y el dinero”, fue el recado que envió el obispo “verde” a las empresas transnacionales.
Hidroaysén sostiene que no existe incompatibilidad entre el desarrollo energético y el valor ecológico de la región. Para ello tienen presupuestado el mejoramiento de 187 kilómetros de la Carretera Austral, implementación de ocho miradores, habilitación de 24 kilómetros de senderos y la creación de al menos tres centros de información turística en la región. La idea, argumentan, es poder compatibilizar ambos aspectos, como lo han hecho países como Noruega y Nueva Zelanda.
Los ambientalistas, en tanto, aseguran que el concepto de “Patagonia Pura”, instalado como referente de desarrollo regional, pretende rescatar una zona escasamente intervenida por la mano del hombre.
-Nuestra política no es ponerle alambre de púas a la región y que nos importa un carajo lo que pasa con Chile, ese no es el tema. Lo que queremos es que el país se desarrolle pero sobre la base de las particularidades sin que los territorios mueran en el intento. No podemos hacer mierda la Patagonia por una coyuntura -sostiene Patricio Segura, de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén.
La coyuntura a la que alude Segura es el principal foco de tensión: ¿para quién, en el fondo, es la energía? ¿Quién se beneficiará de ella? Hidroaysén sostiene que alimentará en un 60% a los hogares, alumbrado público y microempresas. Patagonia sin Represas asegura que gran parte de los 2750 MW de capacidad instalada que pretende conseguir Hidroaysén con sus cinco represas irán en directo beneficio de la nueva minería, es decir, a proyectos que todavía están en carpeta como, por ejemplo, Pascua Lama, el enclave minero de Barrick Gold, o bien, aquellos que han solicitado ampliación extractiva como la minera Los Bronces de AngloAmerican, Pelambres de Antofagasta Minerals, Codelco División Andina y El Teniente, entre otros.
Panorama que tiene más que mosqueados a muchos patagones. Peter Hartmann, director de Codeff en la región, alega que además de entregarle el agua gratis a las hidroeléctricas las mineras tampoco “dejan ni uno al país”. “Hay que ser muy huevones para permitir algo así”, se queja.