La mañana del jueves último, mediante una carta, diversos actores sociales solicitaron al intendente y presidente de la Corema de Aysén, Selim Carrasco, convocar al organismo para votar el rechazo del estudio de HidroAysén por ilegal. La misiva fue suscrita por el obispo de Aysén Luis Infanti, los candidatos a la Cámara Alta Paz Foitzick (ex gobernadora), Ernesto Velasco (secretario general del PRSD) y Antonio Horvath (actual senador de la región por RN), y dirigentes de Rakiduantum, la Coalición ARV, Ética en los Bosques, la Agrupación de Organizaciones de la Zona Sur de Aysén, Costa Carrera y Codesa, entre otras entidades.
En respuesta, durante la tarde la autoridad regional pidió “mayor responsabilidad” a los “ambientalistas” y a los parlamentarios que han hecho denuncias por irregularidades en la tramitación del EIA de la sociedad de Endesa y Colbún.
Selim Carrasco cometió una vez más el error de limitar la discusión sobre las represas en Aysén al ámbito exclusivamente ambiental (en el uso común del término) sin hacerse cargo de que lo que está en juego se basa en la intervención de lo natural pero con serias implicancias en lo social, político, económico. ¿La muerte de miles de peces en el río Mataquito en 2007 fue sólo un problema ecológico o lo fue también social y productivo al quedar cientos de familias de pescadores artesanales sin su sustento? Rememoran sus palabras épocas pasadas cuando cualquier acción pro derechos humanos o crítica al Gobierno de facto era sindicada como una operación de los comunistas. Las simplificaciones tienen buenos efectos comunicacionales, pero nunca han sido justas. Y más aún en este caso específico, cuando los signatarios de la misiva provienen de los ámbitos político, ciudadano, comunitario y eclesiástico.
Pero esta discusión trasciende lo semántico, más allá de que el intendente reclame que el Consejo de Defensa de la Patagonia ha mal usado el concepto “dictamen” al referirse al oficio 01514 del 11 de junio de 2009 de la Unidad Jurídica de la Contraloría Regional –suscrito por la contralora- que señala que “del análisis de los antecedentes adjuntos puede estimarse que la decisión adoptada por presidente de la Corema de la Región de Aysén, en orden a remitir al titular del Proyecto Hidroeléctrico Aysén el Icsara, según consta en el acta de sesión ordinaria N02-1112008, no se ajustó a la normativa que regula la materia”. Selim alega que éste no es un dictamen y que sí lo es el documento que la Contraloría General de la República emitió el 21 de agosto siguiente donde rechazó la solicitud de inconstitucionalidad e ilegalidad que interpusieron varios senadores y diputados por su actuar del 7 de noviembre de 2008, sesión Corema en que decidió enviar el Icsara a HidroAysén. Baste sólo recordar que la RAE define dictamen como “opinión y juicio que se forma o emite sobre algo”.
Pero bueno, la realidad no está compuesta sólo por las humanidades y las letras. También tiene matemáticas.
Así, es necesario analizar el contexto de la polémica sesión donde se permitió seguir la tramitación del EIA de HidroAysén a pesar de que más de un tercio de los servicios públicos apuntaban al rechazo de éste por falta de información y vulneración de la normativa aplicable.
Durante ésta, en la cual varios estuvimos presentes, nunca se informó qué decían los órganos con competencia ambiental, quedando en claro que la decisión que “salvó” el EIA la adoptó Selim Carrasco, en tanto que el director regional de la Conama y secretario de la Corema, José Pablo Sáez, sólo obedeció. Lo reconoció el propio intendente en diálogo con los medios de prensa al término de la sesión al señalar que “hemos determinado que se haga el informe consolidad y se le ponga en conocimiento a la empresa”, usando el recurso del genérico plural para referirse a sí mismo. Pero el lunes siguiente cambia de opinión y expresa que “se tomó ese acuerdo, fue acordado por unanimidad de todos los miembros de la Corema, por lo tanto acá lo que sigue operando es el proceso de evaluación”.
Y, para rematar, a los pocos días se derivó a la tesis de que la decisión sobre el Icsara fue adoptada por el secretario de la Corema, acorde con un poco conocido reglamento de sala aprobado en sesión del 23 de junio de 2008 que estipula que una de las atribuciones de dicho funcionario es “elaborar el Icsara del EIA y/o DIA, y practicar su notificación”. Más allá de dejar en claro que hay roles que no pueden delegarse (creemos que el Icsara es uno de ellos), que en su exposición durante la reunión el funcionario omitió que los servicios públicos apuntaban al rechazo del EIA por lo señalado en el artículo 24 del reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (¿cómo puede votar un organismo colegiado sobre algo que no se le informa y que no se somete a su decisión?) y que a ojos de todos José Pablo Sáez sólo acató mas nunca “decidió”, acá es donde los números no cuadran.
Porque aunque el reglamento de sala fue aprobado meses antes y es invocado para validar la decisión del 7 de noviembre, fue recién el 25 de noviembre de ese año, mediante Resolución Exenta N° 702, que se ejecuta y formaliza su existencia. Y la Ley sobre Procedimientos Administrativos dice en el artículo 3 que “las decisiones de los órganos administrativos pluripersonales se denominan acuerdos y se llevan a efecto por medio de resoluciones de la autoridad ejecutiva de la entidad correspondiente”. En concreto, mientras no se emitiera resolución dicho reglamento de sala no tenía validez legal. Malo, malo para los números del calendario el intendente.
La joyita es que cuando se le consultó si era cierta esta incongruencia de fechas, Selim Carrasco se limitó a expresar que “ese tema no lo recuerdo ahora”. Es casi para completar rememorando las palabras para el bronce del general: “Y si me acuerdo, no fue así”.
Sí, señor intendente. Usted tiene toda la razón. Los ambientalistas, los senadores, los diputados y los ciudadanos en general debemos actuar con mayor responsabilidad, lo cual quiere decir que no hemos sido lo suficientemente responsables. Como no lo han sido los funcionarios públicos y de la salud, además de la CUT, por encadenarse y cortar la ruta hacia Balmaceda para exigir nivelación de zona. Al igual que los profesores por pedir el pago de la deuda histórica y mantener en suspenso las clases. Y tampoco lo han sido los pescadores artesanales cuando piden que se protejan los recursos del mar de la depredación industrial y de la contaminación salmonera. Lo mismo los comités de desempleados y todo aquél que usa los medios a su alcance para que las autoridades políticas cumplan con el mandato del correcto Gobierno, mandato que los convierte en representantes de la gente no en sus patrones.
Sí, señor intendente, no somos responsables. No somos responsables de que hoy se gobierne de espaldas a la ciudadanía y del bien común.
En respuesta, durante la tarde la autoridad regional pidió “mayor responsabilidad” a los “ambientalistas” y a los parlamentarios que han hecho denuncias por irregularidades en la tramitación del EIA de la sociedad de Endesa y Colbún.
Selim Carrasco cometió una vez más el error de limitar la discusión sobre las represas en Aysén al ámbito exclusivamente ambiental (en el uso común del término) sin hacerse cargo de que lo que está en juego se basa en la intervención de lo natural pero con serias implicancias en lo social, político, económico. ¿La muerte de miles de peces en el río Mataquito en 2007 fue sólo un problema ecológico o lo fue también social y productivo al quedar cientos de familias de pescadores artesanales sin su sustento? Rememoran sus palabras épocas pasadas cuando cualquier acción pro derechos humanos o crítica al Gobierno de facto era sindicada como una operación de los comunistas. Las simplificaciones tienen buenos efectos comunicacionales, pero nunca han sido justas. Y más aún en este caso específico, cuando los signatarios de la misiva provienen de los ámbitos político, ciudadano, comunitario y eclesiástico.
Pero esta discusión trasciende lo semántico, más allá de que el intendente reclame que el Consejo de Defensa de la Patagonia ha mal usado el concepto “dictamen” al referirse al oficio 01514 del 11 de junio de 2009 de la Unidad Jurídica de la Contraloría Regional –suscrito por la contralora- que señala que “del análisis de los antecedentes adjuntos puede estimarse que la decisión adoptada por presidente de la Corema de la Región de Aysén, en orden a remitir al titular del Proyecto Hidroeléctrico Aysén el Icsara, según consta en el acta de sesión ordinaria N02-1112008, no se ajustó a la normativa que regula la materia”. Selim alega que éste no es un dictamen y que sí lo es el documento que la Contraloría General de la República emitió el 21 de agosto siguiente donde rechazó la solicitud de inconstitucionalidad e ilegalidad que interpusieron varios senadores y diputados por su actuar del 7 de noviembre de 2008, sesión Corema en que decidió enviar el Icsara a HidroAysén. Baste sólo recordar que la RAE define dictamen como “opinión y juicio que se forma o emite sobre algo”.
Pero bueno, la realidad no está compuesta sólo por las humanidades y las letras. También tiene matemáticas.
Así, es necesario analizar el contexto de la polémica sesión donde se permitió seguir la tramitación del EIA de HidroAysén a pesar de que más de un tercio de los servicios públicos apuntaban al rechazo de éste por falta de información y vulneración de la normativa aplicable.
Durante ésta, en la cual varios estuvimos presentes, nunca se informó qué decían los órganos con competencia ambiental, quedando en claro que la decisión que “salvó” el EIA la adoptó Selim Carrasco, en tanto que el director regional de la Conama y secretario de la Corema, José Pablo Sáez, sólo obedeció. Lo reconoció el propio intendente en diálogo con los medios de prensa al término de la sesión al señalar que “hemos determinado que se haga el informe consolidad y se le ponga en conocimiento a la empresa”, usando el recurso del genérico plural para referirse a sí mismo. Pero el lunes siguiente cambia de opinión y expresa que “se tomó ese acuerdo, fue acordado por unanimidad de todos los miembros de la Corema, por lo tanto acá lo que sigue operando es el proceso de evaluación”.
Y, para rematar, a los pocos días se derivó a la tesis de que la decisión sobre el Icsara fue adoptada por el secretario de la Corema, acorde con un poco conocido reglamento de sala aprobado en sesión del 23 de junio de 2008 que estipula que una de las atribuciones de dicho funcionario es “elaborar el Icsara del EIA y/o DIA, y practicar su notificación”. Más allá de dejar en claro que hay roles que no pueden delegarse (creemos que el Icsara es uno de ellos), que en su exposición durante la reunión el funcionario omitió que los servicios públicos apuntaban al rechazo del EIA por lo señalado en el artículo 24 del reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (¿cómo puede votar un organismo colegiado sobre algo que no se le informa y que no se somete a su decisión?) y que a ojos de todos José Pablo Sáez sólo acató mas nunca “decidió”, acá es donde los números no cuadran.
Porque aunque el reglamento de sala fue aprobado meses antes y es invocado para validar la decisión del 7 de noviembre, fue recién el 25 de noviembre de ese año, mediante Resolución Exenta N° 702, que se ejecuta y formaliza su existencia. Y la Ley sobre Procedimientos Administrativos dice en el artículo 3 que “las decisiones de los órganos administrativos pluripersonales se denominan acuerdos y se llevan a efecto por medio de resoluciones de la autoridad ejecutiva de la entidad correspondiente”. En concreto, mientras no se emitiera resolución dicho reglamento de sala no tenía validez legal. Malo, malo para los números del calendario el intendente.
La joyita es que cuando se le consultó si era cierta esta incongruencia de fechas, Selim Carrasco se limitó a expresar que “ese tema no lo recuerdo ahora”. Es casi para completar rememorando las palabras para el bronce del general: “Y si me acuerdo, no fue así”.
Sí, señor intendente. Usted tiene toda la razón. Los ambientalistas, los senadores, los diputados y los ciudadanos en general debemos actuar con mayor responsabilidad, lo cual quiere decir que no hemos sido lo suficientemente responsables. Como no lo han sido los funcionarios públicos y de la salud, además de la CUT, por encadenarse y cortar la ruta hacia Balmaceda para exigir nivelación de zona. Al igual que los profesores por pedir el pago de la deuda histórica y mantener en suspenso las clases. Y tampoco lo han sido los pescadores artesanales cuando piden que se protejan los recursos del mar de la depredación industrial y de la contaminación salmonera. Lo mismo los comités de desempleados y todo aquél que usa los medios a su alcance para que las autoridades políticas cumplan con el mandato del correcto Gobierno, mandato que los convierte en representantes de la gente no en sus patrones.
Sí, señor intendente, no somos responsables. No somos responsables de que hoy se gobierne de espaldas a la ciudadanía y del bien común.
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