FUENTE: ElDinamo
Las principales organizaciones sociales y sindicales de la ciudad iniciaron una campaña para evitar proyectos contaminantes en la región, y exigir la reparación de los daños por el agua contaminada con arsénico, plomo y otros metales, detectada en el sector de Alto Copaquilla.
A través de una Declaración Pública difundida este martes, las principales organizaciones sociales de Arica se declararon en alerta y en estado de movilización permanente en defensa de la vida el agua y la tierra.
Y es que según el texto, con fecha 1 de julio, el Segundo Tribunal Ambiental de Chile, resolvió declarar admisible la demanda por daño ambiental contra el Ministerio de Medio Ambiente, en relación a los Desechos Mineros ubicados en la cabecera de la Cuenca Hidrográfica del Río San José, cuestión que provocó el más abierto rechazo de los ariqueños, movimientos sociales, organizaciones aymaras y personas naturales, informa El Morrocotudo.
“Condenamos y denunciamos, la larga historia de este conflicto, con desarticulación e intervención política de los gobiernos capitalistas de turno. Gobiernos que hacen oídos sordos al clamor de miles de personas que sufrimos los efectos nocivos y letales de esta contaminación, en donde la mala fe y la omisión por parte de las autoridades, solo confirma la insensibilidad social e inoperancia política frente al dolor de contaminación de niños, mujeres, hombres, abuelos y abuelas” , subraya la declaración.
Residuos tóxicos
A juicio de los habitantes de la capital de la XV Región de Arica y Parinacota, “hoy se sigue desconociendo los altos niveles de contaminación que existen en la región por parte del actual gobierno, específicamente en el sector de Alto Copaquilla en donde se encuentran depositados en un área de 16 hectáreas más de 2 millones de toneladas de residuos altamente tóxicos (Arsénico, plomo y otros metales pesados) dejados por la empresa minera PROMEL en los años 90.
Y agregan que “estos desechos tóxicos actualmente están contaminando el Río Seco (Tributario del Río San José) y el Río San José directamente, debido a que las lluvias estivales están ocasionando el escurrimiento de estos desechos a través de las quebradas que tienen dirección a los ríos. Además los fuertes vientos en el sector generan la dispersión de estos desechos tóxicos. Esta situación implica la contaminación gradual e irreversible de toda la cuenca hidrográfica del río San José, cuyas aguas riegan los valles de precordillera, el valle de Azapa”.
“También las aguas del Río San José se infiltran en las napas subterráneas lo que puede generar una saturación irreparable de contaminación, teniendo presente que el agua para el consumo de los ciudadanos de Arica, especialmente los que viven en el sector sur, proviene de las napas subterráneas que se extrae en el valle de Azapa. Esta situación podría causar un daño irreparable a la salud de los ciudadanos y a la agricultura de esta región”.
La gravedad de esta situación y la poca voluntad para solucionarla, ha sido confirmada por la Brigada de Delitos Ambientales BIDEMA de la Policía de Investigaciones, un informe del Dr. Andrei Tchernichin, realizados por el CENMA de la Universidad de Chile, sumado al informe de la Contraloría.
A juicio de las organizaciones “se están lesionando las garantías constitucionales que tienen los ciudadanos de esta región amparados en la constitución, como lo es el Derecho a la Vida, Derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y el Derecho a la protección de la Salud, además de la vulneración de los derechos de los pueblos originarios consagrados en el Convenio 169 de la OIT y la legislación Indígena”.
Debido a la “grave situación de contaminación ambiental en suelo, aire y agua que existe y que a puesto en riesgo el patrimonio social, cultural, ambiental, económico y la salud pública. Es que convocamos a todos y todas, las organizaciones sociales, aymaras, agricultores, ambientales y ciudadanos a hacerse parte de la demanda interpuesta en los tribunales ambientales del País. Manifestamos que la demanda busca mitigar, compensar y reparar los daños causados”, puntualizan.
La declaración fue firmada por representantes del Consejo Territorial de Chapiquiña; el Centro de Investigación de las Artes y Cultura de los pueblos originarios; la Federación de Estudiantes de la Universidad de Tarapacá; la Asociación Indígena Centro Cultural de Chapiquiña; la Coordinadora Aymara por la Defensa de los Recursos Naturales; el Colegio de Profesores Regional Arica Parinacota; el Colegio de Profesores Comunal Arica Parinacota; el Consejo Autónomo Aymara, y el Comité de Defensa del Valle de Lluta.
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