El integrante del Consejo para la Defensa de la Patagonia y experto en temas ambientales, Hernán Mladinic, advirtió que la normativa actual permite que se aprueben proyectos energéticos deficientes, ya que además de las presiones políticas y económicas, tanto la ciudadanía como los servicios públicos tienen mucho menos tiempo de analizar los informes emitidos por las empresas del que éstas tienen para responder a los cuestionamientos.
El procedimiento avivó las críticas respecto de las irregularidades que han rodeado al proceso de evaluación ambiental y las organizaciones ciudadanas regresaron a la carga advirtiendo las nefastas implicancias que tendrá tanto para la zona como para el resto del país, la aprobación de esta megacentral hidroeléctrica.Esta semana y después de casi cinco meses, las empresas Endesa y Colbún presentaron la adenda respondiendo a las casi 200 observaciones que realizaron los servicios públicos al Estudio de Impacto Ambiental del cuestionado proyecto HidroAysén.
En esa línea, el integrante del Consejo para la Defensa de la Patagonia y experto en temas ambientales, Hernán Mladinic, subrayó que muchas de las observaciones que se hicieron al informe eran insalvables y que no hay forma de que las compañías las hayan podido refutar. Sin embargo, reconoció que debido a las falencias que presenta la normativa vigente y a las presiones que existen en torno a este proyecto, hay posibilidades que sea aprobado, tal como ocurrió con otras polémicas iniciativas energéticas.
“Varios proyectos como Castilla e Isla Riesco, a pesar de haber dejado una serie de observaciones sin responder, igual fueron aprobados unánimemente. Lo que pasa es que proyectos de esta envergadura más allá de los impactos ambientales también, por su tamaño y magnitud, modifican absolutamente el desarrollo de toda una región y un país. Por lo mismo, no pueden estar sometidos a un estudio de impacto ambiental que es un instrumento súper limitado. Acá se requieren políticas públicas, energéticas y de desarrollo territorial que deberían primar”, sostuvo Mladinic.
El también director ejecutivo del Proyecto y Parque Pumalín, advirtió que otra de las grandes deficiencias de este proceso se relaciona con la diferencia entre la gran cantidad de tiempo que tienen las empresas para responder a las indicaciones y el escaso periodo que tanto la ciudadanía como los servicios públicos poseen para analizar los informes previo a la votación.
Según Mladinic, esto influiría directamente en la aprobación de proyectos con alto impacto ambiental y económico.
“La ciudadanía tiene una participación muy reducida que se materializa en los primeros dos meses del estudio de los proyecto, que son gigantescos. Por lo mismo, no existe la capacidad para poder evaluarlos en su plenitud con la rapidez que se requiere, incluso los servicios públicos tienen mucho menos tiempo para analizar los proyectos que los privados de presentar sus adendas. Las empresas se demoran meses mientras las respuestas deben estar listas en algunos días. Generalmente los servicios no están sólo dedicados a evaluar los proyectos ambientales, sino que también tienen sus actividades normales”, dijo.
Mladinic reiteró las consecuencias de aprobar Hidroaysén las que, según él, no sólo se limitan a los daños al medio ambiente, sino también a la actividad turística, el desarrollo territorial de Aysén y la concentración del mercado energético.
“Se tiene empresas como Colbún y Endesa que pasan a representar del 74 a 90 por ciento de la generación eléctrica del Sistema Interconectado Central. Eso define un mercado que va a ser controlado por dos operadores impidiendo que otros entren como compañías que desarrollen Energías Renovables No Convencionales. También está el asunto de los derechos de agua, la depreciación del valor turístico y la situación de una población que tiene 3 mil habitantes cuando lleguen 5 mil trabajadores. Todo eso no lo mide el Estudio de Impacto Ambiental”, sentenció.
El sociólogo destacó además la conciencia que han adquirido las personas en torno a las implicancias que tendría una iniciativa como esta, lo que se vio reflejado en un rechazo ciudadano de más de 60 por ciento a la hidroeléctrica, según indicó el último estudio de opinión pública aplicada por IPSOS.
“Creo que es extraordinario. Primero la cantidad de gente que no sabe o no responde en la encuesta también ha bajado al mínimo. Hoy la gente está muy informada. Creemos que después de la tremenda campaña de medios que tuvo Hidroaysén en diarios, radios, televisión hasta en el festival de viña, que hayamos tenido esta cifra da cuenta de cómo esa publicidad está fracasando y cómo la gente se ha ido enterando de las implicancias negativas de este proyecto. Esto lo vemos como un logro porque seguimos considerando que este proyecto es innecesario y negativo para el país”, manifestó Mladinic.
Ahora, el Servicio de Estudios de Impacto Ambiental (SEIA) deberá hacer llegar el informe emitido por las firmas a las Seremis correspondientes y se espera que durante las próximas semanas se tenga una resolución positiva o negativa respecto de este proyecto.
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