Acaba de ser aprobada por la Corema de Coquimbo “la instalación de la Central Termoeléctrica de Barrancones, una de las tres termoeléctricas que busca apostarse en un radio de 60 km. de Punta de Choros, la conocida reserva ecológica. Y la noticia es más amarga porque las instancias legales de participación ciudadana en este proceso fueron poco rigurosas y transparentes por parte de las instituciones involucradas.
En relación a la participación de la ciudadanía en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), la normativa antigua –que rige este caso- obliga a la empresa a informar a la comunidad acerca del proyecto a concretarse, para luego realizar una reunión presencial en que se recibieran preguntas y observaciones de la comunidad. Para cumplir con esta obligación, la empresa en este caso entregó a los pescadores CD room con información acerca de la termoeléctrica. Hay que aclarar que muchos de ellos no poseen computadores en sus casas y leen con dificultad. Si el disco les permitió entenderlo o identificar dudas en torno a él, nadie se hace cargo.
Asimismo, otro punto a considerar: para la presentación del proyecto de la Central Termoeléctrica al municipio, Suez Energy usó un Power Point…en inglés. Muy compungidos se disculparon con la alcaldesa de La Higuera, Sylvia Clavería, explicando que no habían tenido tiempo de hacer uno en el idioma local.
Pese a los esfuerzos de organizaciones locales como el Movimiento de Defensa del Medioambiente MODEMA, para promover la asistencia de la comunidad a la instancia formal de participación ciudadana, lamentablemente, al llegar a ella se cuenta con escasa o nula información, lo que sumado al lenguaje técnico y parcial de las presentaciones, hace que las personas en general no se animen a preguntar. Menos a opinar o proponer.
Por otra parte, una vez cerrada la superflua etapa de participación descrita, el proyecto siguió su curso en el SEIA, lo cual significó que se incorporaron observaciones hechas por otras instancias que participaron del proceso y que sí tienen la potestad de solicitar adendas o modificaciones. Pero la nueva versión del proyecto no debió ni siquiera ser consultada con la ciudadanía, pues la ley no lo exige. Si el refrito que salió es mejor o peor, si incorporó o no la opinión de la comunidad, no es tema. Fin de la discusión.
Frente a hechos como este, desde Participa lo repetiremos hasta el cansancio: la Participación Ciudadana es un derecho, exigible e irrenunciable. Y además de ello genera la posibilidad de rescatar conocimientos complejos e irreemplazables adquiridos por la experiencia de quienes habitan en esos lugares. Por muy sofisticada que sea la tecnología, no es lo mismo estudiar el comportamiento de los vientos durante tres meses que escuchar a quien “nacido y criado” en el lugar, ha sido testigo de que esos ciclos duran en realidad años.
¿Que la participación ciudadana puede hacer más lentos los procesos? Es verdad. Pero también es cierto que genera propuestas innovadoras y sostenibles, y que permite prevenir catástrofes. Con un SEIA con participación ciudadana en serio, prevendríamos cuántos “nunca más” dichos sobre la leche derramada.
A partir de la aprobación de la modificación de la Ley de Bases del Medioambiente en enero de este año, la autoridad debe redactar una serie de reglamentos. Entre ellos, el que regula la participación ciudadana en esta instancia. Como sociedad civil, tenemos tanto la voluntad como el derecho de participar en la elaboración de ellos, para lograr no solo una declaración de buenas intensiones, sino una herramienta que sirva de verdad y que permita que en casos como el de Punta de Choros no se le ponga una sordina a la voz ciudadana.
Pese a los esfuerzos de organizaciones locales como el Movimiento de Defensa del Medioambiente MODEMA, para promover la asistencia de la comunidad a la instancia formal de participación ciudadana, lamentablemente, al llegar a ella se cuenta con escasa o nula información, lo que sumado al lenguaje técnico y parcial de las presentaciones, hace que las personas en general no se animen a preguntar. Menos a opinar o proponer.
Por otra parte, una vez cerrada la superflua etapa de participación descrita, el proyecto siguió su curso en el SEIA, lo cual significó que se incorporaron observaciones hechas por otras instancias que participaron del proceso y que sí tienen la potestad de solicitar adendas o modificaciones. Pero la nueva versión del proyecto no debió ni siquiera ser consultada con la ciudadanía, pues la ley no lo exige. Si el refrito que salió es mejor o peor, si incorporó o no la opinión de la comunidad, no es tema. Fin de la discusión.
Frente a hechos como este, desde Participa lo repetiremos hasta el cansancio: la Participación Ciudadana es un derecho, exigible e irrenunciable. Y además de ello genera la posibilidad de rescatar conocimientos complejos e irreemplazables adquiridos por la experiencia de quienes habitan en esos lugares. Por muy sofisticada que sea la tecnología, no es lo mismo estudiar el comportamiento de los vientos durante tres meses que escuchar a quien “nacido y criado” en el lugar, ha sido testigo de que esos ciclos duran en realidad años.
¿Que la participación ciudadana puede hacer más lentos los procesos? Es verdad. Pero también es cierto que genera propuestas innovadoras y sostenibles, y que permite prevenir catástrofes. Con un SEIA con participación ciudadana en serio, prevendríamos cuántos “nunca más” dichos sobre la leche derramada.
A partir de la aprobación de la modificación de la Ley de Bases del Medioambiente en enero de este año, la autoridad debe redactar una serie de reglamentos. Entre ellos, el que regula la participación ciudadana en esta instancia. Como sociedad civil, tenemos tanto la voluntad como el derecho de participar en la elaboración de ellos, para lograr no solo una declaración de buenas intensiones, sino una herramienta que sirva de verdad y que permita que en casos como el de Punta de Choros no se le ponga una sordina a la voz ciudadana.
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