El Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas, Amnistía Internacional, la Asociación Chilena de ONGs ACCIÓN y el ex juez Juan Guzmán denunciaron en conferencia de prensa realizada este jueves, la actitud indiferente del Gobierno ante la huelga de hambre y se refirieron a la muerte de Matías Catrileo en Vilcún.
El ex juez y Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central Juan Guzmán Tapia señaló que "es momento que el gobierno, con valentía, entre la vida y la muerte de una persona, opte por la vida, pues al optar por la vida está actuando también a favor de la paz pública. Por eso estamos acá, para pedirle al gobierno valentía y que se pronuncie ante los derechos que están solicitando los comuneros mapuche de Angol, particularmente sobre Patricia Troncoso, cuya vida está en severo riesgo y que cumple con todos los requisitos exigidos para acceder a los beneficios carcelarios que demanda".
El ex juez y Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central Juan Guzmán Tapia señaló que "es momento que el gobierno, con valentía, entre la vida y la muerte de una persona, opte por la vida, pues al optar por la vida está actuando también a favor de la paz pública. Por eso estamos acá, para pedirle al gobierno valentía y que se pronuncie ante los derechos que están solicitando los comuneros mapuche de Angol, particularmente sobre Patricia Troncoso, cuya vida está en severo riesgo y que cumple con todos los requisitos exigidos para acceder a los beneficios carcelarios que demanda".
Manifestando su preocupación y condena frente al silencio del Gobierno tras la huelga de hambre sostenida inicialmente por cinco comuneros mapuche, José Aylwin Co-Director del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, señaló que “los dirigentes fueron condenados por el supuesto delito del incendio terrorista. (…) El propio Comité de las Naciones Unidas recomienda que el Estado de Chile modifique la legislación antiterrorista, de modo de evitar que las personas sean condenadas por actos de protesta social y que se pueda incurrir por discriminación por razones políticas, étnicas o religiosas”.
La Presidenta Michelle Bachelet se había comprometido a no aplicar la Ley Antiterrorista. “El Estado no ha respondido a las demandas de estos huelguistas y ha dilatado un pronunciamiento sobre la materia, es por eso que llamamos al gobierno a dar una solución a las demandas de los presos mapuches, a desarrollar las medidas administrativas y a impulsar las medidas legislativas que se han solicitado para poner término a esta huelga de hambre”, dijo José Aylwin.
Sobre la muerte del estudiante Matías Catrileo dijeron que no es un hecho casual y que responde a una política de estado en la cual el gobierno de Bachelet es responsable. "La situación del comunero mapuche que acaba de morir es uno de los hechos más emblemáticos tal vez de confrontación entre el pueblo mapuche y un latifundista que accede a estos predios como consecuencia de los remates que efectúa el estado de Chile. Hechos como este son prácticamente la regla general en la Araucanía. Y el Estado lejos de responder con soluciones en el marco de la institucionalidad democrática, lo ha hecho históricamente con el marco de la represión y favoreciendo un solo grupo de interés".
Nancy Yáñez, co-directora del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, destacó “la frustración que se experimenta ante la indolente respuesta del estado, de los medios de comunicación y de la sociedad chilena. Hasta ahora se han hecho múltiples gestiones no solo de las organizaciones de derechos humanos aquí presente, sino de las propias organizaciones mapuche y, ante la ausencia de respuesta, se ha llegado a las acciones más radicales, como por ejemplo comprometer la vida en la acción de llamar la atención de las autoridades sobre una demanda histórica”.
Miguel Santibáñez, Presidente de la Asociación Chilena de ONGs ACCIÓN manifestó su solidaridad por las organizaciones de los Derechos Humanos, por las Organizaciones que trabajan en la defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
“Nos parece preocupante, e irresponsable la falta de respuesta por parte del gobierno que aún no ha conformado un espacio de diálogo y escucha de estas demandas, se ha negado de alguna manera a encontrar una solución. Esta aplicación de maltrato, abuso y allanamiento por los militares lo único que logra es vulnerar la democracia”, indicó.
El dirigente de las ONGs exigió poner fin a esta criminalización de la demanda mapuche así como resolver los conflictos sociales en el marco del estado de derecho con pleno respeto de los derechos humanos. "Es necesario que el gobierno escuche a los dirigentes mapuches detenidos, a sus familiares y a las organizaciones que han denunciados estas situaciones de violencia y represión, principalmente el maltrato policial”.
Por su parte, Ana Carolina Cofré, Coordinadora Equipo Pueblos Originarios de AI manifestó su preocupación por el deterioro de salud de Patricia Troncoso, única dirigente mapuche en huelga de hambre desde hace 82 días. “Su estado de salud es bastante malo y en cualquier momento podemos recibir una mala noticia”.
Amnistía pide que se resguarde la salud no tan sólo de Patricia Troncoso quien lleva 82 días de huelga, sino que a todos los presos políticos de origen Mapuche en Chile. "queremos que se mejore sus condiciones de reclusión, se resguarde su salud y cuando existan dudas sobre los juicios que se asegure prontitud e imparcialidad”.
Para Juan Guzmán Tapia, “el gobierno de Chile está perdiendo una vez más la oportunidad histórica de salvar una vida, está perdiendo su oportunidad de evitar una muerte y de hacer peligrar la paz pública”.
El ex juez se encuentra defendiendo los derechos de los pueblos indigenas y demandó al gobierno resolver inmediatamente la situación que la obliga a continuar en huelga. "Se pide para Patricia Troncoso los mismos beneficios carcelarios que tienen todos los chilenos, porque ella los cumple”.
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