Ana Lya Uriarte; "Estoy en desacuerdo con la decisión de la Corema"

pidió revisar aprobación de proyecto Choquelimpie

Ministra Ana Lya Uriarte cuestiona el ingreso de una Declaración en vez de un Estudio de Impacto Ambiental.

La ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, da cuenta de las medidas que debió tomar para frenar la resolución de la Corema de la I Región que aprobó los sondajes de Minera Vilacollo –un joint venture de exploración entre Río Tinto y Copec- en la reserva nacional Las Vicuñas, medida que ha sido cuestionada por parlamentarios de la bancada verde. Detener el proceso no fue fácil para Uriarte, pues debió encontrar el mecanismo legal para cuestionar el procedimiento.

"Desde que tomé conocimiento de la decisión, estuve en desacuerdo dado que los proyectos productivos que pretendan implementarse en áreas colocadas bajo protección oficial deben ser evaluados por Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y no por simple Declaración (DIA)", dijo la ministra.

-La semana pasada sostenía que no podía anular la resolución ¿Qué cambió?

-Se requería activar una solicitud por parte de un ente externo para utilizar el mecanismo de revisión del procedimiento administrativo. Fue el presidente de la Comisión de la Cámara de Diputados, Enrique Accorsi, quien me ofició la semana pasada en orden a que yo impetrara las medidas para precaver una situación de eventual daño a un área protegida como es la Reserva Nacional Las Vicuñas, activando el procedimiento.

- ¿Por qué se opone a la resolución de la Corema?

-Básicamente porque no se evaluó el proyecto con un EIA, lo que nos hubiera permitido conocer las condiciones actuales del ecosistema y cómo este proyecto impactaría o no en él.

-¿Por qué anunció que recurrirá al Consejo de Ministros si la Ley de Bases del Medio Ambiente determina que los proyectos en áreas protegidas deben ingresar como Estudio de Impacto Ambiental?

-Si bien yo la interpreto en el sentido de que todo proyecto en un área colocada bajo protección oficial debe ingresar al sistema mediante un EIA, esa no es la única interpretació n jurídica que se ha hecho. Incluso, la propia Contraloría General de la República interpretó que es posible evaluar proyectos productivos en áreas colocadas bajo protección, a través de una simple Declaración de Impacto Ambiental.

-¿Y cuál es su propuesta?

-Es que cualquier área colocada bajo protección oficial en la cual pretenda emplazarse un proyecto productivo deberá ingresar al sistema bajo la forma de EIA, despejando para siempre las distintas interpretaciones jurídicas que existen al respecto. Esta nueva norma zanja las posibles interpretaciones jurídicas que hoy existen y se extiende a todas las áreas colocadas bajo protección oficial que son: los parques nacionales, las reservas, áreas de preservación ecológica, los santuarios de la naturaleza y los monumentos naturales y todos tienen estatutos de protección distintos.

-¿La resolución de la Corema entonces no pasó sobre la legislación vigente?

-Bueno, cuando se hace un proceso de revisión de la juridicidad, se hace una revisión no sólo el fondo del asunto, sino también del procedimiento y el resultado de la revisión del proceso dependerá de lo que la investigación arroje durante su realización.

-¿Y cuánto puede durar la investigación?

-No tiene un plazo asociado, pero nosotros entendemos que existe una preocupación importante de los ciudadanos, por lo que trataremos que sea lo más expedita posible.

-Pero aquí la interrogante de fondo es: ¿Se puede o no explotar un área protegida?

-En una reserva nacional sí se pueden desarrollar proyectos sustentables y que respeten los objetivos de protección que se ha planteado el Estado de Chile al declarar la reserva. Por lo tanto, requiere de un EIA, para conocer el ecosistema, ver si afecta la flora y la fauna, y qué medidas de mitigación y de compensación asociadas se pueden hacer.