Sindicatos de Conaf reafirman que Dirección Ejecutiva de la entidad cambió observaciones realizadas a HidroAysén

FUENTE: RadioSantaMaria.cl

Piden que se respete independencia de los organismos que forman parte de la evaluación ambiental

Este jueves el sindicato de trabajadores de CONAF sacó una declaración publica, tal y como lo había anunciado Radio Santa María, dando a conocer que el informe elaborado por los profesionales regionales de la institución respecto de que la inundación de 18 hectáreas del Parque Nacional Laguna San Rafael, contemplado en el proyecto HidroAysén, atenta contra la legislación vigente y contra la convención de Washington, punto de vista que no apareció en el informe oficial entregado el pasado 15 de noviembre.

Así el sindicato de trabajadores estableció en el punto tercero de su declaración pública “en respuesta a la segunda adenda, los profesionales regionales manifestaron que mientras el proyecto HidroAysén pretenda realizar obras o inundar territorios que forman parte del Parque Nacional Laguna San Rafael u otra área de la misma categoría de protección, estos es, realizar actividades que constituyan una explotación con fines comerciales, se está contraviniendo la legislación vigente, especialmente la denominada convención de Washington y que no se puede dejar condicionada la parte técnica, por lo que estos opinan que se debe rechazar el permiso sectorial.”

Al respecto el delegado regional del sindicato nacional de profesionales de Conaf, Wildo Palma, fue claro en declarar que su trabajo fue serio y que se les cambió la versión desde el nivel central ya que ellos sugirieron que se rechazara el permiso sectorial.

Palma agregó que la redacción final del pronunciamiento de CONAF fue impuesta por la Dirección Ejecutiva de CONAF en Santiago, condicionando el plan ambiental sectorial y autorizando la inundación de las 18,8 hectáreas del Parque Nacional Laguna San Rafael.

El delegado del sindicato de profesionales agregó que los funcionarios públicos deben actuar con ética y con moral, cuestiones que deben prevalecer por sobre los intereses económicos.

La acusación pública hecha por los dirigentes regionales del sindicato de profesionales de CONAF, abre un nuevo debate sobre cómo se están imponiendo intereses que transgreden la legislación vigente y genera interrogantes sobre los procesos realizados en el resto de los organismos públicos que forman parte del proceso de evaluación ambiental.