· A pesar de acogerse a la legislación que protege a los servidores públicos que realizan denuncias contra sus superiores, todos fueron presionados luego de sus testimonios. Al contrario, parte de los denunciados fueron premiados por el gobierno con otros puestos en la actual administración.
En el caso específico Fernando Miranda, Macías propone una sanción de un mes de suspensión de la función pública y una anotación de demérito de cuatro puntos en su hoja de vida. Aunque el arquitecto desde hace algunos años ya no se desempeña en el Estado, cuestiona una decisión originada de un sumario que considera parcial y totalmente irregular, y que en la práctica fue la materialización de la amenaza que hicieran sus superiores luego de su testimonio ante el Congreso Nacional. Además esto lo inhabilitaría por dos años a postular a cualquier cargo en la administración del Estado.
El profesional indicó que “la esperanza que yo tengo es que la Contraloría vea el fondo del asunto y no solo la forma. Lamentablemente dicho organismo nos ha dejado en el total desamparo, cuando hicimos la denuncia solicitamos a la Contraloría acogernos a la ley de protección a los funcionarios, sin embargo esto no surtió ningún efecto e incluso fue peor”.
Castigo a denunciantes, recompensa a denunciados
Tras la presión de Nicolás Terrazas Lagos, seremi de Vivienda que fuera acusado de interceder para que se modificaran informes técnicos con el fin de favorecer la aprobación de HidroAysén, y la que continuó su sucesor, Orlando Baesler Hager, dejaron el servicio Miranda y Susana Niccodemi. Natacha Pot, aunque fue exonerada la Contraloría dictaminó su reintegro por contar con fuero sindical.
Un destino distinto tuvieron los directivos que digitaron la cuestionada operación a favor del proyecto. Nicolás Terrazas dejó el servicio a fines de 2011, pero fue premiado por el gobierno durante todo el año 2012 como director metropolitano de Arquitectura con un sueldo superior a los 3 millones de pesos. Rodrigo Solís, quien en calidad de subrogante dio su voto positivo durante la sesión en que se aprobó la iniciativa, ejerce actualmente como jefe de la División de Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional de Aysén, con un sueldo superior a los 4 millones de pesos, manteniendo en propiedad el cargo de jefe regional del Departamento de Planes y Programa del Minvu, al cual podría regresar de ser cesado en el Gore. En tanto Rosa Toro Ruiz-Tagle, superior de Miranda y Pot, dejó la seremi de Vivienda en enero de 2013.
Lo más probable es que Fernando Miranda remita un téngase presente a la Contraloría solicitando se evalúe el fondo de la investigación y no solo la forma, dado que “fue súper arbitraria, no tuvimos posibilidad de defensa y de hecho ninguna de las preguntas que nosotros realizamos en el sumario fue abordada. Fue dirigido y con clara mala intención, ya que días antes de irse envían este informe a Contraloría”.
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