Por Sergio Reyes / El Siglo
Estupor en la opinión pública de Aysén, ante resolución del máximo tribunal de justicia que rechaza el recurso de protección interpuesto por el Comité de Defensa de la Patagonia, y da luz verde a las hidrocentrales eléctricas en la región. Por Sergio Reyes.
Los habitantes de la Patagonia y los dirigentes no pueden creer que sea el propio Estado, a través de la Justicia, el que está dispuesto a destruir la flora y fauna de miles de hectáreas vírgenes del sur del país y de paso deteriorar la calidad de vida de todo ser humano. Así lo determina, de hecho, un dictamen de la Corte Suprema, que confirma la sentencia de primera instancia de la Corte de Apelaciones de Coyhaique.
Fue el Consejo de la Patagonia el que, tiempo atrás, presentó un recurso en contra de un acuerdo de la Comisión Regional del Medioambiente de Aysén, ya que éste desoyó el Tratado de Medio Ambiente entre Chile y Argentina, que determina que toda cuenca hídrica que es compartida entre naciones, debe contar con un plan General de Utilización, caso que no existe en las cuencas Baker y El Pascua.
En el recurso se solicitó a la Corte de Apelaciones de Coyhaique, dejar sin efecto algunos acuerdos, de modo que la Corema de Aysén cumpla efectivamente las mencionadas normativas internacionales, en el análisis y evaluación ambiental del "Proyecto Hidroeléctrico Aysén".
Tal recurso en primera instancia fue rechazado por la Corte de Apelaciones, lo que llevó a los demandantes a recurrir en apelación a la Corte Suprema, que confirmó la sentencia del tribunal local.
La forma y no el fondo
Lo grave es que la citada sentencia no se pronuncia sobre el fondo del alegato, ni emite ningún juicio adicional sobre el proyecto. De hecho, no se refiere a la admisibilidad del Estudio de Impacto Ambiental, como tampoco a su aprobación.
La opinión del abogado del Consejo de Defensa de la Patagonia, Marcelo Castillo Sánchez, es rotunda: "Las sentencias de primera y segunda instancia no entraron al fondo del asunto, pronunciándose sólo sobre aspectos formales, como que la solicitud se había presentado antes del ingreso del estudio de impacto ambiental, y dejando pendiente un asunto de alta trascendencia como lo es el cumplimiento de un tratado internacional por parte del Estado de Chile y sus órganos competentes".
Esto es grave, a juicio del profesional: "Queda pendiente la aplicación del Tratado de Medio Ambiente con Argentina y su Protocolo Específico Adicional sobre Recursos Hídricos compartidos en lo que resta del proceso de evaluación de impacto ambiental, y la verdad es que el proyecto no cumple con esta normativa y debe ser rechazado, ya que el estudio de impacto ambiental ni siquiera la menciona".
Como puede verse, el problema tiene una implicancia, que trasciende las fronteras de nuestro país, tal como lo puntualiza el abogado Marcelo Castillo: "Lo que se viene es una tarea difícil para el Estado de Chile, que tendrá que reunir argumentos para justificar el incumplimiento de un tratado. Internamente, las instituciones no funcionan, los tribunales dejan pasar estas decisiones ilegales, pero los tratados internacionales deben cumplirse de buena fe, ya que el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados establece textualmente lo siguiente: una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado".
Las polémicas centrales hidroeléctricas
Como es sabido, los intereses empresariales que están detrás del proyecto de las hidrocentrales eléctricas de Aysén, son muy poderosos y cuentan con el apoyo de poderes fácticos regionales y capitalinos.
Marcelo Castillo emplazó a los proponentes de la iniciativa de HidroAysén a demostrar ante la opinión pública que el estudio de impacto ambiental "Proyecto Hidroeléctrico Aysén" cumple con esta normativa.
En ese sentido, el jurista señaló: "Ellos no podrán probar el cumplimiento del Protocolo Específico Adicional sobre Recursos Hídricos Compartidos con Argentina, porque el estudio no lo contiene. Además, ENDESA desde el año 1982, considera los ríos Baker y Pascua como recursos hídricos compartidos, al igual que la Dirección de Fronteras y Límites del Estado, por lo que resulta injustificable el incumplimiento de este tratado internacional".
Marcelo Castillo denunció, una vez más, todas las argucias que se han utilizado para justificar el negocio de las hidroeléctricas: "Lo más penoso es que el Estado de Chile, por el afán de algunos funcionarios de aprobar este proyecto, compromete su honor y su buena fe ante la comunidad internacional".
El abogado y el Consejo de Defensa de la Patagonia anunciaron que recurrirán a organismos internacionales para denunciar el incumplimiento del Estado de Chile. Específicamente, comparecerán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de denunciar la violación de los derechos humanos de igualdad ante la Ley y de protección judicial efectiva, reconocidos en los artículos 24 y 25 de la "Convención Americana de Derechos Humanos" y ante la Comisión de Cooperación Ambiental Chile-Canadá, para denunciar una pauta persistente en el incumplimiento de la legislación ambiental nacional por parte del Estado de Chile.
La batalla por cuidar el medioambiente de la Patagonia sigue adelante, pero los poderosos intereses afectados, no son fáciles de sobrepasar.
FUENTE: El Siglo
Los habitantes de la Patagonia y los dirigentes no pueden creer que sea el propio Estado, a través de la Justicia, el que está dispuesto a destruir la flora y fauna de miles de hectáreas vírgenes del sur del país y de paso deteriorar la calidad de vida de todo ser humano. Así lo determina, de hecho, un dictamen de la Corte Suprema, que confirma la sentencia de primera instancia de la Corte de Apelaciones de Coyhaique.
Fue el Consejo de la Patagonia el que, tiempo atrás, presentó un recurso en contra de un acuerdo de la Comisión Regional del Medioambiente de Aysén, ya que éste desoyó el Tratado de Medio Ambiente entre Chile y Argentina, que determina que toda cuenca hídrica que es compartida entre naciones, debe contar con un plan General de Utilización, caso que no existe en las cuencas Baker y El Pascua.
En el recurso se solicitó a la Corte de Apelaciones de Coyhaique, dejar sin efecto algunos acuerdos, de modo que la Corema de Aysén cumpla efectivamente las mencionadas normativas internacionales, en el análisis y evaluación ambiental del "Proyecto Hidroeléctrico Aysén".
Tal recurso en primera instancia fue rechazado por la Corte de Apelaciones, lo que llevó a los demandantes a recurrir en apelación a la Corte Suprema, que confirmó la sentencia del tribunal local.
La forma y no el fondo
Lo grave es que la citada sentencia no se pronuncia sobre el fondo del alegato, ni emite ningún juicio adicional sobre el proyecto. De hecho, no se refiere a la admisibilidad del Estudio de Impacto Ambiental, como tampoco a su aprobación.
La opinión del abogado del Consejo de Defensa de la Patagonia, Marcelo Castillo Sánchez, es rotunda: "Las sentencias de primera y segunda instancia no entraron al fondo del asunto, pronunciándose sólo sobre aspectos formales, como que la solicitud se había presentado antes del ingreso del estudio de impacto ambiental, y dejando pendiente un asunto de alta trascendencia como lo es el cumplimiento de un tratado internacional por parte del Estado de Chile y sus órganos competentes".
Esto es grave, a juicio del profesional: "Queda pendiente la aplicación del Tratado de Medio Ambiente con Argentina y su Protocolo Específico Adicional sobre Recursos Hídricos compartidos en lo que resta del proceso de evaluación de impacto ambiental, y la verdad es que el proyecto no cumple con esta normativa y debe ser rechazado, ya que el estudio de impacto ambiental ni siquiera la menciona".
Como puede verse, el problema tiene una implicancia, que trasciende las fronteras de nuestro país, tal como lo puntualiza el abogado Marcelo Castillo: "Lo que se viene es una tarea difícil para el Estado de Chile, que tendrá que reunir argumentos para justificar el incumplimiento de un tratado. Internamente, las instituciones no funcionan, los tribunales dejan pasar estas decisiones ilegales, pero los tratados internacionales deben cumplirse de buena fe, ya que el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados establece textualmente lo siguiente: una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado".
Las polémicas centrales hidroeléctricas
Como es sabido, los intereses empresariales que están detrás del proyecto de las hidrocentrales eléctricas de Aysén, son muy poderosos y cuentan con el apoyo de poderes fácticos regionales y capitalinos.
Marcelo Castillo emplazó a los proponentes de la iniciativa de HidroAysén a demostrar ante la opinión pública que el estudio de impacto ambiental "Proyecto Hidroeléctrico Aysén" cumple con esta normativa.
En ese sentido, el jurista señaló: "Ellos no podrán probar el cumplimiento del Protocolo Específico Adicional sobre Recursos Hídricos Compartidos con Argentina, porque el estudio no lo contiene. Además, ENDESA desde el año 1982, considera los ríos Baker y Pascua como recursos hídricos compartidos, al igual que la Dirección de Fronteras y Límites del Estado, por lo que resulta injustificable el incumplimiento de este tratado internacional".
Marcelo Castillo denunció, una vez más, todas las argucias que se han utilizado para justificar el negocio de las hidroeléctricas: "Lo más penoso es que el Estado de Chile, por el afán de algunos funcionarios de aprobar este proyecto, compromete su honor y su buena fe ante la comunidad internacional".
El abogado y el Consejo de Defensa de la Patagonia anunciaron que recurrirán a organismos internacionales para denunciar el incumplimiento del Estado de Chile. Específicamente, comparecerán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de denunciar la violación de los derechos humanos de igualdad ante la Ley y de protección judicial efectiva, reconocidos en los artículos 24 y 25 de la "Convención Americana de Derechos Humanos" y ante la Comisión de Cooperación Ambiental Chile-Canadá, para denunciar una pauta persistente en el incumplimiento de la legislación ambiental nacional por parte del Estado de Chile.
La batalla por cuidar el medioambiente de la Patagonia sigue adelante, pero los poderosos intereses afectados, no son fáciles de sobrepasar.
FUENTE: El Siglo
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