HidroAysén, la empresa que pretende construir cinco mega-represas en dos de los ríos más prístinos y salvajes en la Patagonia, ha demostrado una vez más que su propuesta no debe ser aprobada. En varias ocasiones durante el último año y medio, la empresa tuvo la oportunidad de presentar un informe de buena calidad sobre los impactos ambientales del proyecto y justificar su construcción. En cada instancia la empresa tuvo todos los beneficios de tiempo y recursos. Y cada vez la planificación, investigación e información que HidroAysén presentó era inadecuada para merecer aprobación.
El primer ejemplo ocurrió en agosto del 2008, cuando HidroAysén entregó su estudio de los impactos ambientales (o sea EIA) de casi 11.000 páginas. Las agencias estatales involucradas en el proceso tanto como los ciudadanos criticaron el documento por su gran variedad de deficiencias. En julio del 2009, el Consejo para la Defensa de la Patagonia (CDP), del cual es miembro NRDC, publicó un estudio que comprobaba que Chile no necesitaría ni uno de los 2.750 megavatios que las represas podrían generar (se puede leer más en el blog de Allie Silverman). Sin embargo la empresa no intentó refutar estas conclusiones.
Más recientemente, el pasado 20 de octubre, HidroAysén entregó su “Adenda,” el término que utilizan para referirse al documento que contiene las respuestas de la empresa a las observaciones que las agencias hicieron sobre el EIA en 2008. Esta Adenda también incluyó nuevas investigaciones científicas y técnicas, y numerosos mapas. Con tan solo 15 días para revisar y evaluar las 5.000 páginas de la Adenda, 29 de las 32 agencias declararon nuevamente que el documento permanecía deficiente; 14 de estas agencias hicieron comentarios sumamente críticos.
Para aclarar, la empresa tuvo nueve meses para preparar este documento. Casi al fin de este período, solicitó y se le concedió dos meses adicionales. Es más, podría haber pedido aún más tiempo para asegurar que su trabajo se cumpla de manera correcta y concienzuda. Sin embargo, HidroAysén optó por tomar el camino de “la cantidad por encima de la calidad,” produciendo un documento enorme de 5.000 páginas que, según las agencias estatales, carece de información clave, no toma en cuenta temas importantes, utiliza datos incompletos, identifica de manera incorrecta hechos científicos y provee analices de muy mala calidad.
En este momento, la comisión ambiental de la región de Aysén (COREMA), tiene en sus manos las observaciones de las agencias sobre la Adenda. La COREMA necesita decidir si debe rechazar el proyecto, aprobarlo, o pedir a HidroAysén una segunda Adenda con respuestas a estas observaciones (se puede leer una descripción, más detallada del proceso, pero en ingles, aquí). Aunque esta última opción parece lo más probable, pienso que vale la pena describir algunas de las deficiencias más graves en la Adenda así como las razones por las que la COREMA debe rechazar el proyecto en su totalidad.
¿Qué falta en la Adenda?
Al revisar los comentarios hechos por las agencias estatales, algunos temas surgen, se repiten y a menudo coinciden en parte, destacando las deficiencias subyacentes del documento.
Primero, la información que presenta HidroAysén no pone valor a la Patagonia como el recurso único que es, ignorando el daño irrevocable que las represas y las líneas de transmisión causarían en este lugar prístino y extraordinario. Trece agencias estatales comentaron que la Adenda no trata los efectos que el proyecto tendría sobre el paisaje, el turismo, la flora y fauna, las calidades estéticas ni la biodiversidad de la región. La Corporación Nacional Forestal (CONAF) observó específicamente que la empresa no discute los impactos de la inundación en las especies protegidas de la Patagonia, por ejemplo la Araucaria y el Huemul. El Servicio Nacional del Turismo (SERNATUR) dijo que los cambios profundos que las represas significan para el paisaje afectarán a la Patagonia entera – no solamente la región de Aysén – y por ello las represas deben ser evaluadas al nivel nacional.
Segundo, el documento carece en su análisis de los efectos del cambio climático en los glaciares de la Patagonia, que ya se están derritiendo a una velocidad alarmante. Tres de las agencias con las críticas más severas, la CONAF, la Dirección General de Aguas (DGA) y el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) reconocieron que los impactos del cambio climático no han sido evaluados de manera adecuada en relación con la seguridad de las represas.
Un efecto específico es el “glacial-lake outburst flood (GLOF)”, también conocido como “jökulhlaup”, es decir el desagüe repentino de lagos glaciales. Los GLOFs pueden ser dañinos y peligrosos, y pueden cambiar el caudal de los ríos de maneras impredecibles. Desde abril 2008, cinco GLOFs han ocurridos en el Río Colonia, un afluente importante al Río Baker (uno de los dos ríos que HidroAysén pretende inundar). Pero las secciones de la Adenda que tratan sobre estos fenómenos (específicamente los anexos de hidrología e hidrogeología) utilizan datos que son incompletos, viejos, o no están disponibles al público (y por lo tanto nadie puede evaluarlos).
En tercer lugar, los análisis científicos de la Adenda y sus mapas son limitados, defectuosos o simplemente incorrectos. Por ejemplo, SERNAGEOMIN y la DGA señalaron que los mapas que HidroAysén proporciona no son suficientemente detallados, utilizan una escala inadecuadamente grande, o no presentan las zonas pertinentes, tales como las regiones que serán inundadas. El Servicio de Turismo (SERNATUR) también observó que los mapas no son adecuados para evaluar los impactos que tendrían las inundaciones en la industria del turismo.
Como se mencionó anteriormente, los análisis hidrológicos son insuficientes. Además, SERNAGEOMIN, pidió ver el estudio geológico de referencia de HidroAysén debido a que la empresa identificó erróneamente la roca de la zona, confundiéndola con otro tipo que se ve afectada de manera distinta por la presión de agua.
En cuarto lugar, las zonas de inundación violarían la legislación ambiental chilena. En este punto, la CONAF es el organismo más insistente, apoyado por comentarios similares del SEREMNI de Bienes Nacionales. Señalaron que las represas inundarían parte del Parque Nacional Laguna San Rafael. Esto violaría la Ley Forestal de Chile (establecida en 1931), el Convenio de Washington (el cual Chile incorporó a la legislación nacional en 1967), y el estatus del parque como Reserva de la Biosfera de la UNESCO (designado en 1979).
Quinto, la Adenda contiene tal cantidad de información nueva - mucha de la cual es de carácter muy técnico o científico - que es injusto exigir que las agencias revisen el documento a fondo en tan solo 15 días. En sus comunicaciones, tanto SERNAGEOMIN como DGA llamaron atención al corto periodo de comentario dada la tarea a mano. Además, la DGA señaló que la Adenda amplía el área de inundación bastante más allá de lo descrito en la evaluación del impacto ambiental, por lo cual el público debe tener oportunidad de comentario. Esto pone de relieve otro problema importante con el proceso…
En sexto lugar, no hubo oportunidad para comentarios públicos sobre la Adenda. Durante la consideración inicial de la EIA, el público tuvo 60 días para presentar observaciones a la COREMA. Desde entonces, no ha habido un periodo oficial para que el público pueda participar en el proceso. Esto está en marcado contraste con las normas establecidas por organismos internacionales como el Banco Mundial, y la propia ley chilena (Sección 1, Artículo 4), que declara que "Es deber del Estado Facilitar la Participación Ciudadana. "
***
Esto es sólo un breve resumen de las omisiones y deficiencias más estridentes de la Adenda; las agencias proporcionaron muchos otros comentarios (para el investigador ambicioso, todos los documentos están disponibles aquí). Lo que es evidente es que HidroAysén tenía todas las ventajas de tiempo y recursos para prepara un EIA minucioso y de alta calidad. Lo que ha presentado (ya van dos veces) es una montaña de papel que es todo lo contrario.
(Muchas gracias a Victor Tafur y Rachel Kirby por su ayuda en investigar esta información.)
El primer ejemplo ocurrió en agosto del 2008, cuando HidroAysén entregó su estudio de los impactos ambientales (o sea EIA) de casi 11.000 páginas. Las agencias estatales involucradas en el proceso tanto como los ciudadanos criticaron el documento por su gran variedad de deficiencias. En julio del 2009, el Consejo para la Defensa de la Patagonia (CDP), del cual es miembro NRDC, publicó un estudio que comprobaba que Chile no necesitaría ni uno de los 2.750 megavatios que las represas podrían generar (se puede leer más en el blog de Allie Silverman). Sin embargo la empresa no intentó refutar estas conclusiones.
Más recientemente, el pasado 20 de octubre, HidroAysén entregó su “Adenda,” el término que utilizan para referirse al documento que contiene las respuestas de la empresa a las observaciones que las agencias hicieron sobre el EIA en 2008. Esta Adenda también incluyó nuevas investigaciones científicas y técnicas, y numerosos mapas. Con tan solo 15 días para revisar y evaluar las 5.000 páginas de la Adenda, 29 de las 32 agencias declararon nuevamente que el documento permanecía deficiente; 14 de estas agencias hicieron comentarios sumamente críticos.
Para aclarar, la empresa tuvo nueve meses para preparar este documento. Casi al fin de este período, solicitó y se le concedió dos meses adicionales. Es más, podría haber pedido aún más tiempo para asegurar que su trabajo se cumpla de manera correcta y concienzuda. Sin embargo, HidroAysén optó por tomar el camino de “la cantidad por encima de la calidad,” produciendo un documento enorme de 5.000 páginas que, según las agencias estatales, carece de información clave, no toma en cuenta temas importantes, utiliza datos incompletos, identifica de manera incorrecta hechos científicos y provee analices de muy mala calidad.
En este momento, la comisión ambiental de la región de Aysén (COREMA), tiene en sus manos las observaciones de las agencias sobre la Adenda. La COREMA necesita decidir si debe rechazar el proyecto, aprobarlo, o pedir a HidroAysén una segunda Adenda con respuestas a estas observaciones (se puede leer una descripción, más detallada del proceso, pero en ingles, aquí). Aunque esta última opción parece lo más probable, pienso que vale la pena describir algunas de las deficiencias más graves en la Adenda así como las razones por las que la COREMA debe rechazar el proyecto en su totalidad.
¿Qué falta en la Adenda?
Al revisar los comentarios hechos por las agencias estatales, algunos temas surgen, se repiten y a menudo coinciden en parte, destacando las deficiencias subyacentes del documento.
Primero, la información que presenta HidroAysén no pone valor a la Patagonia como el recurso único que es, ignorando el daño irrevocable que las represas y las líneas de transmisión causarían en este lugar prístino y extraordinario. Trece agencias estatales comentaron que la Adenda no trata los efectos que el proyecto tendría sobre el paisaje, el turismo, la flora y fauna, las calidades estéticas ni la biodiversidad de la región. La Corporación Nacional Forestal (CONAF) observó específicamente que la empresa no discute los impactos de la inundación en las especies protegidas de la Patagonia, por ejemplo la Araucaria y el Huemul. El Servicio Nacional del Turismo (SERNATUR) dijo que los cambios profundos que las represas significan para el paisaje afectarán a la Patagonia entera – no solamente la región de Aysén – y por ello las represas deben ser evaluadas al nivel nacional.
Segundo, el documento carece en su análisis de los efectos del cambio climático en los glaciares de la Patagonia, que ya se están derritiendo a una velocidad alarmante. Tres de las agencias con las críticas más severas, la CONAF, la Dirección General de Aguas (DGA) y el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) reconocieron que los impactos del cambio climático no han sido evaluados de manera adecuada en relación con la seguridad de las represas.
Un efecto específico es el “glacial-lake outburst flood (GLOF)”, también conocido como “jökulhlaup”, es decir el desagüe repentino de lagos glaciales. Los GLOFs pueden ser dañinos y peligrosos, y pueden cambiar el caudal de los ríos de maneras impredecibles. Desde abril 2008, cinco GLOFs han ocurridos en el Río Colonia, un afluente importante al Río Baker (uno de los dos ríos que HidroAysén pretende inundar). Pero las secciones de la Adenda que tratan sobre estos fenómenos (específicamente los anexos de hidrología e hidrogeología) utilizan datos que son incompletos, viejos, o no están disponibles al público (y por lo tanto nadie puede evaluarlos).
En tercer lugar, los análisis científicos de la Adenda y sus mapas son limitados, defectuosos o simplemente incorrectos. Por ejemplo, SERNAGEOMIN y la DGA señalaron que los mapas que HidroAysén proporciona no son suficientemente detallados, utilizan una escala inadecuadamente grande, o no presentan las zonas pertinentes, tales como las regiones que serán inundadas. El Servicio de Turismo (SERNATUR) también observó que los mapas no son adecuados para evaluar los impactos que tendrían las inundaciones en la industria del turismo.
Como se mencionó anteriormente, los análisis hidrológicos son insuficientes. Además, SERNAGEOMIN, pidió ver el estudio geológico de referencia de HidroAysén debido a que la empresa identificó erróneamente la roca de la zona, confundiéndola con otro tipo que se ve afectada de manera distinta por la presión de agua.
En cuarto lugar, las zonas de inundación violarían la legislación ambiental chilena. En este punto, la CONAF es el organismo más insistente, apoyado por comentarios similares del SEREMNI de Bienes Nacionales. Señalaron que las represas inundarían parte del Parque Nacional Laguna San Rafael. Esto violaría la Ley Forestal de Chile (establecida en 1931), el Convenio de Washington (el cual Chile incorporó a la legislación nacional en 1967), y el estatus del parque como Reserva de la Biosfera de la UNESCO (designado en 1979).
Quinto, la Adenda contiene tal cantidad de información nueva - mucha de la cual es de carácter muy técnico o científico - que es injusto exigir que las agencias revisen el documento a fondo en tan solo 15 días. En sus comunicaciones, tanto SERNAGEOMIN como DGA llamaron atención al corto periodo de comentario dada la tarea a mano. Además, la DGA señaló que la Adenda amplía el área de inundación bastante más allá de lo descrito en la evaluación del impacto ambiental, por lo cual el público debe tener oportunidad de comentario. Esto pone de relieve otro problema importante con el proceso…
En sexto lugar, no hubo oportunidad para comentarios públicos sobre la Adenda. Durante la consideración inicial de la EIA, el público tuvo 60 días para presentar observaciones a la COREMA. Desde entonces, no ha habido un periodo oficial para que el público pueda participar en el proceso. Esto está en marcado contraste con las normas establecidas por organismos internacionales como el Banco Mundial, y la propia ley chilena (Sección 1, Artículo 4), que declara que "Es deber del Estado Facilitar la Participación Ciudadana. "
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Esto es sólo un breve resumen de las omisiones y deficiencias más estridentes de la Adenda; las agencias proporcionaron muchos otros comentarios (para el investigador ambicioso, todos los documentos están disponibles aquí). Lo que es evidente es que HidroAysén tenía todas las ventajas de tiempo y recursos para prepara un EIA minucioso y de alta calidad. Lo que ha presentado (ya van dos veces) es una montaña de papel que es todo lo contrario.
(Muchas gracias a Victor Tafur y Rachel Kirby por su ayuda en investigar esta información.)
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