A través de una declaración pública, el Consejo Nacional Aymara, CNA, de la comuna de Arica y la Comisión de Derecho Indígena manifestó su rotundo rechazo a la autorización otorgada por la Comisión Regional del Medio Ambiente, CONAMA Tarapacá, para la exploración cuprífera en la Reserva Nacional de las Vicuñas a la Sociedad Contractual Minera Vilacollo S. A., por considerarlo atentatorio a los derechos territoriales del pueblo Aymara de las Provincias de Arica y Parinacota, arriesgando la flora y fauna de la Reserva Nacional de las Vicuñas y atentar contra los derechos humanos de las comunidades aymaras.
Según los dirigentes aymaras, Richard Fernández, CNA Arica y Juan Medina, Comisión de Derecho Indígena, esta acción es “una manera de propiciar e impulsar la desafectación del Parque Nacional Lauca, Reserva Nacional de las Vicuñas y el Monumento Natural Salar de Surire en beneficio de las transnacionales mineras”. Añadiendo que “teniendo presente el derecho a la libre determinación que tienen los pueblos indígenas, reconocidos en la declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y a los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, el CNA Arica, realizará todas las acciones que le permitan declarar de ilegal y arbitrario la autorización de este proyecto, y denunciar ante los organismos internacionales de derechos humanos las acciones de los organismos públicos que atenten a la existencia del pueblo aymara y de la biodiversidad que es única en esta zona”.
“Tenemos varios ejemplos de cómo en forma irracional se ha dañado la flora y fauna y el medio ambiente en la región, ejemplo: Coposa, Salar de Huasco, Mamiña, Huatacondo, Quillagua, Oasis de Pica, Río Loa, etc., debido a una legislación débil en lo que respecta a la protección del medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas”, enfatizan.
Asimismo lamentaron que la intendenta regional, Antonella Sciaraffia “se haya convertido en la impulsora de la instalación de las empresas mineras en áreas silvestres protegidas en la provincia de Parinacota y en donde le ha puesto bastante énfasis, haciendo oídos sordos al Consejo Nacional Aymara que representa a las comunidades aymaras de la provincia de Arica y Parinacota de la inconveniencia de la minería en los territorios de las comunidades aymaras, expresados en Putre y en Arica”, puntualizaron.
Código Minero antidemocrático
En la declaración, los dirigentes explicaron que “el código minero es y ha sido un instrumento que en forma arbitraria permite la prospección en áreas silvestres protegidas, teniendo en cuenta que esta legislación y el permiso presidencial de 1986 aludido por la directora regional de CONAMA, Sandra Peña, fue generado en tiempos donde no existía la democracia en este país, lo cual lo hace ilegal. Esto demuestra una vez más el grado de desprotección que tienen los pueblos indígenas con respecto a sus derechos territoriales, a la vulnerabilidad que están sujetos los parques nacionales, monumentos naturales y reservas nacionales en este país, de cómo leyes sectoriales, como el Código Minero, contrarias a la jurisprudencia internacional atentan contra los derechos de los pueblos indígenas y la biodiversidad”.
Finalmente señalaron que “el Estado de Chile ha firmado el convenio sobre la Diversidad Biológica cuyo objetivos es establecer la conservación de la diversidad biológica, y que las recomendaciones del relator especial en asuntos indígenas de Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen dio a Chile, establecen en materia de desarrollo sostenible que todo proyecto de desarrollo que se contemple en regiones y territorios, los indígenas deberán ser consultados previamente, como lo dispone el Convenio 169 de la OIT, y sus opiniones y el respeto a sus derechos humanos deberán ser tomados en consideración por las autoridades y las empresas ejecutoras en todas las etapas de dichos proyectos. Además Chile ha firmado un convenio de protección de la Vicuña, que estaría en riesgo si se llegara a materializar la explotación cuprífera en la zona indicada”.
Leyla Noriega
Según los dirigentes aymaras, Richard Fernández, CNA Arica y Juan Medina, Comisión de Derecho Indígena, esta acción es “una manera de propiciar e impulsar la desafectación del Parque Nacional Lauca, Reserva Nacional de las Vicuñas y el Monumento Natural Salar de Surire en beneficio de las transnacionales mineras”. Añadiendo que “teniendo presente el derecho a la libre determinación que tienen los pueblos indígenas, reconocidos en la declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y a los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, el CNA Arica, realizará todas las acciones que le permitan declarar de ilegal y arbitrario la autorización de este proyecto, y denunciar ante los organismos internacionales de derechos humanos las acciones de los organismos públicos que atenten a la existencia del pueblo aymara y de la biodiversidad que es única en esta zona”.
“Tenemos varios ejemplos de cómo en forma irracional se ha dañado la flora y fauna y el medio ambiente en la región, ejemplo: Coposa, Salar de Huasco, Mamiña, Huatacondo, Quillagua, Oasis de Pica, Río Loa, etc., debido a una legislación débil en lo que respecta a la protección del medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas”, enfatizan.
Asimismo lamentaron que la intendenta regional, Antonella Sciaraffia “se haya convertido en la impulsora de la instalación de las empresas mineras en áreas silvestres protegidas en la provincia de Parinacota y en donde le ha puesto bastante énfasis, haciendo oídos sordos al Consejo Nacional Aymara que representa a las comunidades aymaras de la provincia de Arica y Parinacota de la inconveniencia de la minería en los territorios de las comunidades aymaras, expresados en Putre y en Arica”, puntualizaron.
Código Minero antidemocrático
En la declaración, los dirigentes explicaron que “el código minero es y ha sido un instrumento que en forma arbitraria permite la prospección en áreas silvestres protegidas, teniendo en cuenta que esta legislación y el permiso presidencial de 1986 aludido por la directora regional de CONAMA, Sandra Peña, fue generado en tiempos donde no existía la democracia en este país, lo cual lo hace ilegal. Esto demuestra una vez más el grado de desprotección que tienen los pueblos indígenas con respecto a sus derechos territoriales, a la vulnerabilidad que están sujetos los parques nacionales, monumentos naturales y reservas nacionales en este país, de cómo leyes sectoriales, como el Código Minero, contrarias a la jurisprudencia internacional atentan contra los derechos de los pueblos indígenas y la biodiversidad”.
Finalmente señalaron que “el Estado de Chile ha firmado el convenio sobre la Diversidad Biológica cuyo objetivos es establecer la conservación de la diversidad biológica, y que las recomendaciones del relator especial en asuntos indígenas de Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen dio a Chile, establecen en materia de desarrollo sostenible que todo proyecto de desarrollo que se contemple en regiones y territorios, los indígenas deberán ser consultados previamente, como lo dispone el Convenio 169 de la OIT, y sus opiniones y el respeto a sus derechos humanos deberán ser tomados en consideración por las autoridades y las empresas ejecutoras en todas las etapas de dichos proyectos. Además Chile ha firmado un convenio de protección de la Vicuña, que estaría en riesgo si se llegara a materializar la explotación cuprífera en la zona indicada”.
Leyla Noriega
Fuente: El Ciudadano
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