Fuente: Radio Universidad de Chile
El Movimiento Ciudadano Patagonia Unida acudió a la Contraloría Regional de Aysén, esto para presentar varias inquietudes que se relacionan con el avance del proyecto Hidroaysén.
En esta oportunidad, fueron dos solicitudes las presentadas por los ambientalistas por el proyecto hidroeléctrico en Aysén. En la primera, la dirigente del Movimiento Ciudadano Patagonia Unida, Claudia Torres, junto a los presidentes regionales de los 4 partidos de la Concertación, más el secretario político regional del Partido Comunista, presentaron un requerimiento para que el organismo determine si el alcalde de Coyhaique, Omar Muñoz Sierra, faltó gravemente al principio de probidad administrativa en diversos actos administrativos relacionados con la tramitación del proyecto hidroeléctrico.
“Hemos recabado antecedentes desde 2008, y vemos que desde 2009 hasta la fecha el alcalde Omar Muñoz –propietario de dos terrenos en Cochrane- tienen hectáreas en la ribera del río Baker y serían afectadas con el embalse Baker 1. De acuerdo a la planimetría de la empresa, al afectar esas hectáreas, el alcalde sería indemnizado económicamente por el uso de sus tierras”, sostuvo Torres.
Además, reiteraron su solicitud de que se determine la legalidad del decreto alcaldicio que rechazó la solicitud ciudadana de plebiscito comunal, vinculado a proyectos energéticos en la comuna de Coyhaique.
El 26 de agosto pasado, Sierra rechazó mediante decreto 5.823 este requerimiento, argumentando que “las materias a plebiscitar no estarían en la esfera de Competencias de la Municipalidad. Ello, en tanto la Contraloría General de la República se pronuncie sobre el particular, pudiendo revocarse el presente acto administrativo si el ente contralor estimare la pertinencia del requerimiento y, como consecuencia, procedencia del plebiscito”.
El miércoles finalizaron los alegatos por los siete recursos de protección que fueron presentados para paralizar el proceso de tramitación en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.
Claudia Torres destacó el avance de este proceso, y sostuvo que “como ya pasó y se aprobó el proyecto, a pesar del propio pronunciamiento de los servicios públicos, en el caso de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, la propia empresa reconoció que esto afecta a un Parque Nacional (Parque Laguna San Rafael), y que el proyecto carece de información relevante para ser evaluado y fue aprobado. Entonces es una nueva instancia legal para que el proyecto se detenga, además que ganamos tiempo y los proyectos dilatados dejan de ser rentables”.
La dirigente agregó que hay un largo camino de revisión ante todos los datos de irregularidades que rodean este caso. No sólo en la Corte de Apelaciones sino también en la comisión de derechos humanos que revisa el trabajo de los servicios públicos.
Claudia Torres concluyó que debe “primar la ley y el criterio de evaluación en estas instancias”.
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