Comité de Ministros rechazó solicitud de HidroAysén de suspender plazos impuestos en la RCA

Se eleva tensión por trámites administrativos y judiciales relativos al proyecto.

En tanto Corte Suprema fijó para el viernes 16 de diciembre alegatos por recursos de protección contra RCA favorable, dirigentes regionales solicitaron inhabilidad de tres ministros por conflictos de interés e HidroAysén ingresó al SEA un escrito para el rechazo de todas las reclamaciones ciudadanas.

Un duro revés propinó el Comité de Ministros a HidroAysén al rechazar el pasado viernes un recurso que presentara la eléctrica solicitando la suspensión de los plazos derivados de la resolución de calificación ambiental favorable que emitiera en mayo la Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén.    El requerimiento se basaba en que, producto del anuncio del gobierno de no pronunciarse sobre las más de mil reclamaciones interpuestas por organizaciones y ciudadanos contra la RCA mientras la Corte Suprema no decida sobre 7 recursos de protección impugnando el proceso, la empresa considera muy difícil cumplir con la resolución ajustándose a los tiempos establecidos.

En el escrito, presentado el 4 de noviembre, HidroAysén aludía específicamente a los plazos, corridos desde el 13 de mayo que es la fecha oficial de la resolución calificatoria, para presentar una guía de manejo del Área de Conservación del Baker (un año), llegar a acuerdos definitivos con las familias sujetas a relocalización (1 año), formar una mesa de trabajo con el Gobierno Regional y el Ministerio de Energía para definir un cronograma de entrega de energía a menor costo para la región (6 meses) y actualizar el catastro de relocalización (tres meses).  Incluso esta última condición, considerando el paréntesis de la orden de no innovar impuesta por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, estaría próximo a cumplirse.

La decisión la adoptó el comité, que integran los ministros de Medio Ambiente, Salud, Economía, Agricultura, Energía y Minería, “por cuanto los plazos se refieren a materias que debieron quedar resueltas durante el proceso de evaluación ambiental del proyecto” , consignó hoy La Tercera.  Es así que hoy no queda en claro qué caminos tomará la eléctrica, toda vez que el no cumplimiento de las condiciones impuestas puede derivar, en casos extremos, en la revocación de la RCA.

Pero este no es el único trámite que se ha realizado en torno al proyecto. También el 4 de noviembre HidroAysén requirió al Comité de Ministros que todos los recursos de reclamación interpuestos por ciudadanos y organizaciones “sean rechazados en todos sus términos, atendido que en la RCA se han ponderado debidamente cada una de las observaciones formuladas”.  Al parecer el organismo no se ha pronunciado aún sobre este particular, toda vez que seguramente será uno de los temas que considerará cuando resuelva definitivamente sobre los planteamientos ciudadanos.

En paralelo, esta mañana el abogado del Consejo de Defensa de la Patagonia, Marcelo Castillo, informó que la Corte Suprema acogió la solicitud de alegatos que diversas organizaciones habían hecho con el fin de que los ministros tengan la posibilidad de conocer sus argumentos, al igual que el resto de la ciudadanía.  La audiencia se fijó para el próximo viernes 16 de diciembre en la Tercera Sala del máximo tribunal.

Inhabilidades de ministros

El mismo día en que el Comité de Ministros resolvería sobre la suspensión de plazo solicitada por HidroAysén dirigentes de Aysén solicitaron la abstención para participar en el proceso de la ministra de Medio Ambiente María Ignacia Benítez y los ministros de Economía Pablo Longueira y Energía Rodrigo Álvarez.  En el caso de la secretaria de Estado por su rol de jefa de proyecto del estudio Central Termoeléctrica Punta Alcalde, de Endesa, que ingresara a trámite en febrero de 2009 y que hasta hoy se encuentra en evaluación.  Considerando que hasta antes de asumir en el gobierno el 11 de marzo de 2010 Benítez se desempeñó en Gestión Ambiental Consultores, a cargo de la cuenta de Endesa y en la cual tenía la responsabilidad de ver liderar las iniciativas, quedaría establecida la figura de moratoria de dos años que tiene todo funcionario para resolver sobre temas que involucren a una persona natural o jurídica a la cual le haya prestado “servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar”.

Con respecto a Longueira, por sus dichos en el sentido de ser “partidario de que el país use los recursos hídricos de Aysén. Chile no se puede dar el lujo de no usar los recursos hídricos de Aysén” y a Álvarez por sus tratativas con el ministro de Planificación argentino, Julio de Vido, para que el tendido de HidroAysén pase por dicho país.   En ambos casos se configura el principio se abstención que estipula el Artículo 62 Nº 6 inciso segundo de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado que prohíbe a todo funcionario público o autoridad “participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad”.