FUENTE: DiarioAysen
El pasado viernes sesionó en Coyhaique la comisión que investiga las presuntas irregularidades que se habrían cometido en el proceso de aprobación del Proyecto Hidroeléctrico Aysén, la cual tiene plazo hasta los primeros días de diciembre. Luego de algunos intentos anteriores que no habían podido concretarse por diversos motivos, finalmente este pasado viernes 30 de septiembre la Comisión Investigadora del Senado que se encuentra recogiendo testimonios para dilucidar la veracidad de las denuncias hechas respecto de supuestas irregularidades en el proceso de aprobación del Proyecto Hidroeléctrico Aysén arribó a nuestra región, en donde llevó a cabo su sesión en el Hotel Diego de Almagro, durante la cual hubo más de 42 intervenciones de organizaciones, instituciones, representantes y personas particulares que se sienten afectadas por los impactos del megaproyecto energético que pretende levantar 5 represas en Aysén. De esta manera, y durante 5 horas, dicha comisión presidida por Sergio Ojeda escuchó las declaraciones de los participantes.
-Don Sergio, cuénteme un poco respecto a la jornada vivida en la región.
-"En primer lugar, quiero decir que cumplimos con nuestro objetivo de venir a Coyhaique con la Comisión de DD.HH. para escuchar a la gente, ofreciéndole un espacio para hablar a personas que no habían tenido la oportunidad de expresar sus inquietudes y cuestionamientos respecto de este tema. Llegó mucha gente, la idea era que nosotros bajáramos a terreno y habláramos con ellos a objeto de que nos dijeran si estaban en antecedentes de algunas irregularidades que se pudieron haber cometido en el proceso de evaluación del proyecto, con mucho respeto y claridad".
-¿Hubo algunos elementos nuevos en las declaraciones?
-"En lo medular siguen los cuestionamientos, hay gente que dice que hicieron observaciones y no fueron considerados, estiman que por ello el proceso está viciado y nosotros recogimos todos esos antecedentes para incorporarlos a todo el cúmulo que hemos recogido anteriormente. Hubo dos o 3 cosas que nos llamaron la atención, ellos señalan que la empresa bajo el slogan de la responsabilidad social empresarial ha comprado a la gente y eso ha dividido a las familias en la región, están muy molestos con este impacto social. Esto se suma a la serie de denuncias que hemos recibidos de ex seremis, ex evaluadores y una serie de otras autoridades que han cuestionado el actuar de los servicios de evaluación de la región, se habla de informes que han sido alterados, de incompatibilidades, inhabilidades por tener parientes que saldrían beneficiados con esta aprobación, emisión de juicios previos favorables a la construcción del proyecto, alcaldes que han recibido recursos de la empresa para ayuda social… la misma Intendenta regional ha sido cuestionada por haber emitido juicios favorables al proyecto sindicándolo como un aporte al progreso de Aysén, etc. Vi que la gente más que rabia se expresó con mucho dolor ante lo que está ocurriendo, cumplimos con consignar todas sus críticas y observaciones. Es nuestro trabajo verificar si ha habido irregularidades en el proceso, porque de ser así el procedimiento estaría viciado y entonces no sería valido el informe ni el acuerdo que el Seia de Aysén elaboró. Creo que ha sido una muy buena experiencia".
-¿Qué escenario se vislumbra en caso de que se descubra que estas denuncias corresponden a la realidad?
-"La gente está muy esperanzada de lo que nosotros podamos hacer, de lo que los tribunales hagan, acordémonos que la Corte de Apelaciones de Puerto Montt mantiene pendiente su sentencia. Ahora bien, si nosotros resolvemos que hubo irregularidades entregaremos esos datos a quien corresponda, a la Contraloría, al presidente de la República, a los tribunales, donde sea para hacer efectivas las responsabilidades políticas también de quienes hayan actuado de manera incorrecta. Tenemos el mandato de la comisión de DD.HH. de determinar si efectivamente ha habido situaciones poco claras que hayan afectado el proceso de evaluación del proyecto, si ha habido presiones o represalias, porque acá también se ha hablado de presiones sobre funcionarios por parte del gobierno central, así como hemos recibido denuncias de persecuciones a funcionarios públicos por declarar, sumarios administrativos que le han hecho la vida imposible a algunos. Ha sido tanta la persecución que se ha optado en renunciar, entonces eso no puede ser. Nosotros oficiamos al Ministerio del Interior para que nos informen de estas situaciones, además de la prohibición de ir a declarar a Santiago. Los funcionarios tienen la obligación de ir y sus jefes de darle las facilidades, pero parece que ha habido bastantes obstáculos para que los funcionarios públicos puedan hacerlo. Por ello, pedimos al ministro del Interior y de Vivienda que vayan a la comisión para aclarar esto, porque es sumamente grave".
-¿Qué viene luego de esta visita a la región?
-"Nos queda mucho aún para seguir recopilando hasta diciembre y tomar una decisión, pero lo de Coyhaique fue muy auspicioso, muy positivo, se le dio la oportunidad a la gente de expresarse. Era algo que queríamos hacer y lo hicimos. Para tranquilidad de la gente de la región queremos hacer un trabajo serio y responsable para decir qué se hizo bien y qué se hizo mal".
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