Fuente: Observatorio Ciudadano
La excesiva concentración del sector eléctrico es la responsable de los altos costos de la energía eléctrica, la vulnerabilidad del sistema, de la suciedad y falta de diversificación de la matriz energética. Por Pedro Maldonado, Miembro de la Comisión Ciudadana Parlamentaria de la Energía
La excesiva concentración del sector eléctrico es la responsable de los altos costos de la energía eléctrica, la vulnerabilidad del sistema, de la suciedad y falta de diversificación de la matriz energética.
En el SIC, tres empresas concentran el 84% de la energía generada (Endesa, Colbún y AES Gener y coligadas) y un 92% de las centrales de base, aquellas de bajo costo variable; debido a que éstas no cubren el total de la demanda, el parque se completa con generadores diesel de alto costo de operación, explicando los elevados costos marginales del sistema. La situación descrita se agrava si se considera que las mismas empresas monopolizan la propiedad de un elevado porcentaje de los derechos de agua existentes en el SIC.
La situación no es muy distinta en el SING, donde otras tres empresas concentran el 94% del mercado (E-CL, AES Gener y Gas Atacama). Más aún, las empresas identificadas controlan el mercado eléctrico a través de las licitaciones para el abastecimiento de los clientes regulados y los contratos con clientes libres.
A principios de los ochenta, el sistema se privatiza y se intenta desintegrar verticalmente, de acuerdo con el modelo definido por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, la regulación establecida a la época partía del supuesto que en el segmento de generación la competencia se daría en forma natural, lo que haría innecesaria la regulación y la obligación de invertir en este caso. Los resultados a la fecha vienen a demostrar que ni se logró la competencia ni tampoco se cumplió con una desintegración vertical efectiva.
La concentración del sector reforzó el paradigma histórico de basar el desarrollo del sector en centrales cada vez más grandes, ignorando que en las últimas décadas la tendencia mundial apuntaba a la introducción creciente de unidades generadoras pequeñas destinadas a asegurar un abastecimiento que aportara a la confiabilidad del sistema en su conjunto.
El conjunto de situaciones descritas explican, en parte importante, los obstáculos para la entrada de nuevos actores al mercado, especialmente las empresas que promueven y desarrollan proyectos de energías renovables no convencionales.
El Índice Herfindahl-Hirschman (HHI) desarrollado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, para evaluar el grado de concentración de las actividades económicas, indica que sobre 1.800 la actividad presenta una concentración elevada. La aplicación de este índice a un conjunto de países latinoamericanos demostró que Chile presentaba un valor 3.500, muy superior al del resto de los países considerados en el análisis. Si bien el estudio se realizó hace 7 años, la situación no ha cambiado muy significativamente. Más aún, el desarrollo de proyectos como HidroAysén y Castilla probablemente contribuirá a incrementarla.
A estas preocupaciones habría que agregar el hecho que una elevada concentración del sector conlleva una concentración del poder económico y a un debilitamiento de la democracia, por el peso que adquieren sus decisiones y presiones a favor del statu quo, torciendo o intentando torcer la voluntad y aspiraciones de las grandes mayorías nacionales orientadas a una diversificación de la matriz eléctrica, a un sistema más limpio y confiable, y a un sistema de precios que refleje los costos efectivos de un sistema competitivo y no los que resultan de los obstáculos a la entrada de nuevos actores.
En este sentido, la cogeneración (producción de calor y electricidad utilizando las instalaciones de empresas industriales o mineras), las energías renovables no convencionales y la generación distribuida (pequeñas unidades instaladas al lado de los usuarios finales), han incrementado la cobertura de los sistemas de los países desarrollados, como resultado de políticas públicas que promovieron estas soluciones.
Las unidades generadoras pequeñas contribuyen a la confiabilidad global del sistema al circunscribirlas a un radio de acción correspondiente a pequeñas islas geográficas, de manera que las eventuales fallas de ellas no provoquen la caída del sistema en su conjunto, como ha ocurrido en Chile en diversas oportunidades.
Igualmente, estas opciones han permitido reducir las pérdidas de distribución y generación, alivianar la carga de las líneas de transmisión y distribución y, en muchos casos, reducir las emisiones contaminantes tanto locales como globales, posibilitando además la entrada de múltiples actores, muchos de ellos pequeños.
Por las razones señaladas, en la comisión ciudadana parlamentaria de energía estamos trabajando para generar una propuesta país que permita establecer condiciones regulatorias acordes con la necesidad de una matriz eléctrica moderna y democrática, eficiente, diversa en fuentes renovables, distribuida y con múltiples actores regionales.
En el SIC, tres empresas concentran el 84% de la energía generada (Endesa, Colbún y AES Gener y coligadas) y un 92% de las centrales de base, aquellas de bajo costo variable; debido a que éstas no cubren el total de la demanda, el parque se completa con generadores diesel de alto costo de operación, explicando los elevados costos marginales del sistema. La situación descrita se agrava si se considera que las mismas empresas monopolizan la propiedad de un elevado porcentaje de los derechos de agua existentes en el SIC.
La situación no es muy distinta en el SING, donde otras tres empresas concentran el 94% del mercado (E-CL, AES Gener y Gas Atacama). Más aún, las empresas identificadas controlan el mercado eléctrico a través de las licitaciones para el abastecimiento de los clientes regulados y los contratos con clientes libres.
A principios de los ochenta, el sistema se privatiza y se intenta desintegrar verticalmente, de acuerdo con el modelo definido por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, la regulación establecida a la época partía del supuesto que en el segmento de generación la competencia se daría en forma natural, lo que haría innecesaria la regulación y la obligación de invertir en este caso. Los resultados a la fecha vienen a demostrar que ni se logró la competencia ni tampoco se cumplió con una desintegración vertical efectiva.
La concentración del sector reforzó el paradigma histórico de basar el desarrollo del sector en centrales cada vez más grandes, ignorando que en las últimas décadas la tendencia mundial apuntaba a la introducción creciente de unidades generadoras pequeñas destinadas a asegurar un abastecimiento que aportara a la confiabilidad del sistema en su conjunto.
El conjunto de situaciones descritas explican, en parte importante, los obstáculos para la entrada de nuevos actores al mercado, especialmente las empresas que promueven y desarrollan proyectos de energías renovables no convencionales.
El Índice Herfindahl-Hirschman (HHI) desarrollado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, para evaluar el grado de concentración de las actividades económicas, indica que sobre 1.800 la actividad presenta una concentración elevada. La aplicación de este índice a un conjunto de países latinoamericanos demostró que Chile presentaba un valor 3.500, muy superior al del resto de los países considerados en el análisis. Si bien el estudio se realizó hace 7 años, la situación no ha cambiado muy significativamente. Más aún, el desarrollo de proyectos como HidroAysén y Castilla probablemente contribuirá a incrementarla.
A estas preocupaciones habría que agregar el hecho que una elevada concentración del sector conlleva una concentración del poder económico y a un debilitamiento de la democracia, por el peso que adquieren sus decisiones y presiones a favor del statu quo, torciendo o intentando torcer la voluntad y aspiraciones de las grandes mayorías nacionales orientadas a una diversificación de la matriz eléctrica, a un sistema más limpio y confiable, y a un sistema de precios que refleje los costos efectivos de un sistema competitivo y no los que resultan de los obstáculos a la entrada de nuevos actores.
En este sentido, la cogeneración (producción de calor y electricidad utilizando las instalaciones de empresas industriales o mineras), las energías renovables no convencionales y la generación distribuida (pequeñas unidades instaladas al lado de los usuarios finales), han incrementado la cobertura de los sistemas de los países desarrollados, como resultado de políticas públicas que promovieron estas soluciones.
Las unidades generadoras pequeñas contribuyen a la confiabilidad global del sistema al circunscribirlas a un radio de acción correspondiente a pequeñas islas geográficas, de manera que las eventuales fallas de ellas no provoquen la caída del sistema en su conjunto, como ha ocurrido en Chile en diversas oportunidades.
Igualmente, estas opciones han permitido reducir las pérdidas de distribución y generación, alivianar la carga de las líneas de transmisión y distribución y, en muchos casos, reducir las emisiones contaminantes tanto locales como globales, posibilitando además la entrada de múltiples actores, muchos de ellos pequeños.
Por las razones señaladas, en la comisión ciudadana parlamentaria de energía estamos trabajando para generar una propuesta país que permita establecer condiciones regulatorias acordes con la necesidad de una matriz eléctrica moderna y democrática, eficiente, diversa en fuentes renovables, distribuida y con múltiples actores regionales.
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