Santiago, 29 de julio 2010. “Con la Resolución N°1800 de la Dirección General de Aguas se pretende revertir la inviabilidad del Proyecto HidroAysén, que no tenía los derechos de aguas no consuntivos necesarios para concretar las represas en los ríos Baker y Pascua de la Patagonia. En otras palabras, la DGA le entrega ‘en bandeja’ los derechos de aguas a esta trasnacional, que el mismo organismo le habría negado en la administración anterior, aplicando correctamente la norma que indica el Código de Aguas, y la jurisprudencia que ha aplicado hasta ahora la DGA en casos similares”. Así explicó el abogado del Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP), Marcelo Castillo la publicación que el organismo hiciera el pasado 26 de julio en el Diario Oficial.
Para Castillo “es una gravísima vulneración de la Constitución que un organismo del Estado, la DGA en este caso, esté diseñando resoluciones e interpretando el Código de Aguas a la medida de una empresa privada en vez de resguardar el bien común de un recurso estratégico como el agua del país”.
Sin embargo, la situación se agrava al sumarse un nuevo “conflicto de interés” en la actual administración: el fichaje del abogado Carlos Ciappa como brazo derecho del Director de la DGA, Matías Desmadryl y quien está a cargo de la reorganización institucional del organismo (http://www.redlar.org/noticias/2010/7/20/Noticias/Los-conflictos-de-interes-que-contaminan-la-evaluacion-ambiental-de-HidroAysen) y del diseño de la nueva política ministerial para el manejo y gestión de los recursos hídricos. Entre los años 2007 y 2009 el profesional representó a HidroAysén en la consulta realizada ante el Tribunal de la Libre Competencia, justamente para que la empresa pudiera obtener los derechos de aprovechamiento de aguas en la cuenca del río Aysén, para cumplir su promesa de proveer de energía más barata a la región. “Los hechos demuestran que hoy en la DGA, al lado de Desmadryl, el jurista Ciappa opera para allanarle el camino al consorcio eléctrico” indicó el dirigente del CDP, Juan Pablo Orrego. “Más grave aún es el hecho que éste no sea un caso aislado sino parte de una verdadera operación de algunos personeros del actual gobierno que solapadamente, por la vía de los hechos, está embistiendo contra el medio ambiente” puntualizó.
“La intervención de autoridades de gobierno persiste lamentablemente en esta administración” agregó Hernán Mladinic, del CDP. En su opinión “esto se contradice con lo expresado por el Ministro de Interior, Rodrigo Hinzpeter, y el Presidente Piñera en su primer mensaje presidencial, cuando señaló ‘quiero asegurarles a mis compatriotas, que en nuestro gobierno, toda inversión en materia energética cumplirá con dos requisitos básicos: primero, ser respetuosos con la gente y comunidades donde se instalen y, segundo, ser amigables con la naturaleza y cumplir rigurosamente con nuestra legislación ambiental’”.
Desde la Región de Aysén, el coordinador de la Coalición Ciudadana Aysén Reserva de Vida, Peter Hartmann, expresó que le parece “insólito el acomodo que la DGA nacional hace a este proyecto, luego a que el mismo organismo a nivel regional haya rechazado estos derechos de agua por no atenerse a la legalidad”. Agregó que “más aún esto es grave considerando que se vulnera la Constitución y se toma una decisión sin pasar por la Contraloría, todo con el fin de ayudar a una empresa privada, en desmedro del interés común y colectivo, de carácter trasnacional”.
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