Como una traición a las demandas históricas de la ciudadanía en materias de institucionalidad ambiental calificaron organizaciones ambientales, sociales y sindicatos al acuerdo político alcanzado entre el gobierno y senadores para la aprobación inminente del proyecto que crea el Ministerio de Medio Ambiente.
Reunidos de urgencia en Santiago para acordar acciones en respuesta a dicho acuerdo, las organizaciones rechazaron su ilegítima aprobación, que representa un grave retroceso en materias fundamentales como la participación ciudadana, la conformación de las COREMAs y la creación de un servicio de áreas protegidas. En su lugar, se aceptó la creación de los tribunales ambientales exigidos por la derecha, que debilitarán seriamente las atribuciones sancionatorias de la Superintendencia Ambiental.
La reforma ambiental es resultado fundamental de las movilizaciones y luchas ambientales de comunidades y organizaciones, que durante más de 15 años, desde la aprobación de la ley ambiental, han hecho visibles los vacíos
de la actual institucionalidad y legislación ambiental.
Cabe señalar que, en una situación inédita en tramitación parlamentaria, este proyecto de ley recibió cerca de 1350 indicaciones por parte de los senadores, la mayoría de ellas generadas desde la propia ciudadanía y suscritas por los parlamentarios. Este cúmulo de observaciones es reflejo del alto interés que la reforma ambiental en curso despierta entre los distintos actores y sectores del país.
Estas organizaciones demandan que la nueva institucionalidad y legislación ambiental no se limite a la mera creación del Ministerio y demás entidades, como ha señalado la Ministra de Medioambiente, sino que aborde seriamente materias fundamentales propuestas por la ciudadanía que fueron excluidas del acuerdo, y les otorgue el mismo trato y prioridad que han recibido las demandas de la Alianza.
Las organizaciones rechazan el procedimiento utilizado por el gobierno, avalado por los senadores Pablo Longueira (UDI), Andrés Allamand (RN), Antonio Horvath (RN), Juan Pablo Letelier (PS) y Soledad Alvear (DC), que forzó la discusión y aprobación de una ley truncada, en menos de 48 horas, impidiendo discusiones de fondo y retrocediendo en los avances logrados en la Cámara de Diputados en materia de participación ciudadana. De esta forma el llamado Gobierno ciudadano transó sin condiciones las exigencias de la Alianza, desechando sin consulta alguna las demandas y propuestas emanadas de la ciudadanía.
Las instituciones firmantes se declaran en estado de alerta y mantendrán informada a la ciudadanía, para que pueda tomar una decisión fundada de cara a las próximas elecciones. Esperamos que el gobierno reabra los espacios de
discusión para que la reforma ambiental signifique una real protección del patrimonio natural, el bien común y la calidad de vida de los chilenos y chilenas.
Reunidos de urgencia en Santiago para acordar acciones en respuesta a dicho acuerdo, las organizaciones rechazaron su ilegítima aprobación, que representa un grave retroceso en materias fundamentales como la participación ciudadana, la conformación de las COREMAs y la creación de un servicio de áreas protegidas. En su lugar, se aceptó la creación de los tribunales ambientales exigidos por la derecha, que debilitarán seriamente las atribuciones sancionatorias de la Superintendencia Ambiental.
La reforma ambiental es resultado fundamental de las movilizaciones y luchas ambientales de comunidades y organizaciones, que durante más de 15 años, desde la aprobación de la ley ambiental, han hecho visibles los vacíos
de la actual institucionalidad y legislación ambiental.
Cabe señalar que, en una situación inédita en tramitación parlamentaria, este proyecto de ley recibió cerca de 1350 indicaciones por parte de los senadores, la mayoría de ellas generadas desde la propia ciudadanía y suscritas por los parlamentarios. Este cúmulo de observaciones es reflejo del alto interés que la reforma ambiental en curso despierta entre los distintos actores y sectores del país.
Estas organizaciones demandan que la nueva institucionalidad y legislación ambiental no se limite a la mera creación del Ministerio y demás entidades, como ha señalado la Ministra de Medioambiente, sino que aborde seriamente materias fundamentales propuestas por la ciudadanía que fueron excluidas del acuerdo, y les otorgue el mismo trato y prioridad que han recibido las demandas de la Alianza.
Las organizaciones rechazan el procedimiento utilizado por el gobierno, avalado por los senadores Pablo Longueira (UDI), Andrés Allamand (RN), Antonio Horvath (RN), Juan Pablo Letelier (PS) y Soledad Alvear (DC), que forzó la discusión y aprobación de una ley truncada, en menos de 48 horas, impidiendo discusiones de fondo y retrocediendo en los avances logrados en la Cámara de Diputados en materia de participación ciudadana. De esta forma el llamado Gobierno ciudadano transó sin condiciones las exigencias de la Alianza, desechando sin consulta alguna las demandas y propuestas emanadas de la ciudadanía.
Las instituciones firmantes se declaran en estado de alerta y mantendrán informada a la ciudadanía, para que pueda tomar una decisión fundada de cara a las próximas elecciones. Esperamos que el gobierno reabra los espacios de
discusión para que la reforma ambiental signifique una real protección del patrimonio natural, el bien común y la calidad de vida de los chilenos y chilenas.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario