En Tribunal Ambiental de Santiago se enfrentarán una vez más Patagonia sin Represas e HidroAysén

Para los días martes 12 y jueves 14 de mayo están programados los alegatos.

• Empresa insiste en la revocación de la resolución del Comité de Ministros que en junio de 2014 acogió reclamaciones de comunidades y rechazó el proyecto de 5 represas en Aysén. 

Los días martes 12 y jueves 14 de mayo se realizarán en Santiago los alegatos por los recursos que HidroAysén interpusiera en la capital y en Valdivia, con el objetivo de revocar las resoluciones adoptadas por el Comité de Ministros del gobierno actual rechazando la iniciativa.  En febrero pasado la Corte Suprema determinó que ambas causas se acumularan en el Tribunal Ambiental de Santiago, que preside Rafael Asenjo, el cual ha convocado a las partes para que la próxima semana entreguen presencialmente los fundamentos de sus posturas.  Por un lado Endesa y Colbún cuestionan el rechazo del estudio de impacto ambiental (EIA), mientras el Servicio de Evaluación Ambiental y las comunidades validan la determinación.

Para  el Consejo de Defensa de la Patagonia, que representa a personas y organizaciones de la región de Aysén y el país, esta será la oportunidad para la ratificación de la decisión del gobierno a través del Comité de Ministros.  En este caso, se enfatizarán en las irregularidades, ilegalidades y negligencias de la empresa, cuyos representantes insisten en que se apruebe un EIA incompleto, que no se hace cargo de los impactos ambientales y sociales del proyecto.

El equipo de profesionales que representa a la ciudadanía y comunidades afectadas, además de diversas organizaciones socioambientales, está integrado por los abogados del Consejo de Defensa de la Patagonia Macarena Soler y Marcelo Castillo, del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Valparaíso Stephanie Donoso, y de la ONG Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA) Ezio Costa. Los alegatos serán abiertos y están programados para las 15:00 horas de cada jornada.

La vista de la causa se realizará a pocas semanas de que el directorio de la italiana Enel -controladora de Endesa y, por tanto, del proyecto HidroAysén- sesionara en el país y se reuniera con las más altas autoridades políticas de Chile.  La Presidenta Michelle Bachelet y el ministro de Energía Máximo Pacheco estuvieron entre sus contrapartes. 

Esa fue la primera vez en que los directores del gigante eléctrico sesionaron en América Latina, señal que no pasó inadvertida para la ciudadanía considerando que tanto Endesa como Colbún han expresado su intención de no dejar caer el mega proyecto de cinco represas en la Patagonia, rechazado mayoritariamente por los chilenos.   Tal situación incluso les ha llevado a transparentar la pérdida en el ejercicio contable 2014, luego de haber sufrido el rechazo de HidroAysén.

Durante la visita que lideró el CEO de Enel Francesco Starace, el directorio fue acompañado por el gerente general de Enersis Jorge Rosenblut, quien ha estado en la mira de la opinión pública por haber sido recaudador de fondos de las dos campañas presidenciales de Michelle Bachelet.  Además, en las pasadas eleccionesesta compañía donó U$ 2,5 millones para las candidaturas mientras su filial Endesa Chile (en ese período con Rosenblut como presidente del directorio) aportó un millón de dólares.

Estos cruces de roles y relación impropia entre dinero y política, generan un estado incertidumbre y desconfianza entre la ciudadanía, la cual espera no permeen las decisiones que deben adoptar los tribunales ambientales.

viernes 8 de mayo de 2015

LA HIPOCRESIA IMPERDONABLE DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

FUENTE: OLCA Chile

A dias de la Marcha Nacional por la Recuperación del Agua y la Vida, que evidencia el descalabro socioambiental que vive nuestro país en la voz de los territorios impactados por el modelo extractivista impuesto en Chile; y a menos de un mes de los aluviones del norte y los incendios del sur, que evidencian la insostenibilidad ecosistémica del modelo, el gobierno anuncia la creación de la Comisión Asesora Presidencial para el Estudio de un Nuevo Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)… a juzgar por sus integrantes, las autoridades no están entendiendo nada.

Entre los 23 miembros de este espacio de debate y problematización urgente sobre una parte de la institucionalidad ambiental que opera en Chile, no hay ni un solo representante territorial, ni una voz de las comunidades indígenas, campesinas, de pescadores artesanales, de trabajadores, de la sociedad civil, en fin de quienes sufrimos los embates de las decisiones impuestas por el poder ejecutivo que luego se transforman en pérdidas irreparables del patrimonio natural, cultural y social de nuestro país, pero también en fuentes de enfermedad, muerte, división y precarización de la vida de nuestros territorios y familias.

En el programa de Bachelet se establecía: “es necesario evaluar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA,) a la luz de los objetivos iniciales que nos movieron a presentar la reforma a la institucionalidad ambiental en nuestro Gobierno, e impulsaremos con decisión los cambios necesarios que aseguren a todos los ciudadanos, organizaciones y empresarios, una institucionalidad validada desde el punto de vista técnico”. Entonces cabe la pregunta ¿en qué parte del proceso solo quedan los empresarios y las consultoras técnicas y jurídicas que trabajan para ellos en el ruedo? ¿cómo puede comprenderse el drama de los territorios impactados por la megaminería, la energía sucia, la agroindustria, el modelo forestal, la expansión mercado céntrica de las ciudades, sino se los invita a los espacios de debate y decisión? ¿Entiende el gobierno que este tipo de medidas solo contribuyen a profundizar el malestar y la desesperación en los territorios? ¿pretenden exacerbar la crisis socioambiental que están generando, rumbo a salidas violentas y tan depredadoras como el sistema que imponen?

Hace años cientos de organizaciones hemos desplegado esfuerzos de reflexión, articulación y diagnóstico común, para buscar soluciones que posibiliten nuestra vida y la vida de nuestras comunidades, que legitimen nuestros saberes, que garanticen la salud de nuestros ecosistemas, de los que nos sentimos parte y no dueños. De ese proceso han emanado aportes riquísimos, que han fortalecido nuestros procesos de despertar y de toma de conciencia a nivel local y nacional… poco a poco van surgiendo experiencias pioneras de otras formas de vida, de otras economías, de otros paradigmas educacionales, de otros modos de organización política y social, y estos referentes son conocidos por el gobierno, sin embargo una y otra vez son invisibilizados, porque lo que los territorios decimos choca con la lógica extractivista que financia a los conglomerados gobernantes, y que se han comprometido a profundizar a costa de nuestros derechos.

Pero eso resulta tan burdo que Bachelet dé a conocer la Comisión diciendo “no basta con escribir nuevas leyes y decretos. Estos ajustes deben generarse en forma transparente y dialogada, porque la base de la eficacia de un sistema de evaluación es su legitimidad social. Ello hace que cada avance llegue a ser realmente confiable y respetado por todos”. Entonces a la presidenta no podrá extrañarle luego que el “SEIA corregido” no cuente con credibilidad ni legitimidad social, no sirva como ellos pretenden para prevenir impactos ni conflictos socioambientales, y solo contribuya a aumentar la movilización, el descontento y el deterioro de nuestros bienes comunes. 

La glosa de “valor compartido” y “participación ciudadana temprana” viene directamente extraída de los manuales de buen vecino hechos por las empresas, y los territorios sabemos que eso significa cooptación, división, promoción de la corrupción e ilegitima presión individual para poner “precio” a los bienes comunes. Es decir, las empresas ya no llegarán vendiendo un “proyecto” del que se dispone información técnica en el SEIA, sino que un “producto” y las comunidades pactarán su suerte, blindando jurídicamente a las empresas, pero sin tener conocimiento real de los impactos y alcances de la propuesta presentada. Esto no es la participación vinculante que exigimos, ni descentralización ni ejercicio de la soberanía territorial, no se puede hablar de equidad ni de igualdad de condiciones desde una Comisión como la recientemente constituida.

La hipocresía es grande, claramente esta Comisión se enmarca dentro de la agenda pro inversión pactada con los grupos económicos extractivistas que operan en el país, desoyendo completamente la agenda de las comunidades, por eso suena excesivamente violento que Bachelet remate al fin de su discurso de apertura de esta comisión “Estamos convencidos que la protección de nuestros recursos naturales, el respeto a las comunidades y la promoción de un desarrollo armónico es la única forma de cuidar el presente y el futuro de nuestra patria”.

Creemos en un desarrollo armónico, por eso marcharemos este 22 de abril en Valparaíso y seguiremos fortaleciendo los procesos de defensa territorial y de empoderamiento individual y colectivo, para que el desarrollo armónico no sea otra bravata más como la “minería virtuosa”, la “economía verde”, y cuánto absurdo soporta la palabra manipulada.

Lucio Cuenca Berger

Director
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA

La relación dinero-política en el centro de la evaluación ambiental

Por: Eduardo Giesen/DiarioUchile 

La comisión asesora para proponer cambios al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental está ampliamente dominado por el sector empresarial, con representantes de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), la Cámara de la Construcción, ENDESA, SalmonChile y el Consejo Minero. Sus intereses, sobre-representados a través de sus propios directivos y ejecutivos, así como de sus proveedores de consultoría, lobby e investigación, serán sin duda los que definirán el ADN y las principales características de la criatura que –luego de nueve meses de deliberación- parirá este grupo de expertos.

El Gobierno no aprende; no aprende porque no entiende; y no entiende porque no quiere.

La Presidenta Michelle Bachelet ha conformado una comisión asesora para proponer cambios al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), según informa el Ministerio de Medio Ambiente, “la comisión tiene como objetivo –en un plazo de nueve meses- analizar la estructura, procedimientos, mecanismos y herramientas vinculados al SEIA, y evaluar ajustes en sintonía con las exigencias actuales, para aumentar su eficiencia y confiabilidad, y fortalecerlo como un instrumento de gestión ambiental de carácter preventivo.”

Hasta aquí nada terrible, dado que se trata de un objetivo neutro, políticamente correcto, aunque carente del énfasis en aspectos que han sido de enorme importancia en la crisis de credibilidad del propio SEIA, tales como la equidad y la participación social, y la transparencia en todas las etapas del proceso de evaluación ambiental de proyectos.

Pero el anuncio presidencial arriesga toda su legitimidad al dar a conocer la lista de integrantes de la Comisión. El comunicado del MMA expresa que: “Está compuesta por representantes de organizaciones no gubernamentales, el mundo académico, las industrias y asociaciones gremiales, consultores ambientales y representantes de los miembros del Comité de Ministros.”

Mis respetos a los designados del mundo académico, que sin duda intentan realizar su trabajo con independencia de los intereses privados, pero ya hace mucho tiempo que esta pretendida neutralidad ha quedado en entredicho, en tanto es el sector privado -sobre todo las grandes corporaciones de los sectores productivos y de infraestructura con el mayor impacto ambiental negativo- el que en mayor medida financia y orienta la investigación y la ciencia aplicada en nuestro país.

Los consultores que integran la Comisión conocen muy bien las debilidades y fortalezas del SEIA y las han sabido aprovechar para asegurar el mejor resultado para sus clientes -titulares de los proyectos evaluados-, desplegando un trabajo tanto o más intenso en el campo del lobby político que en el del análisis ambiental. Es muy probable que su aporte a esta tarea continúe en esta  línea.

El sector ampliamente dominante de la Comisión es el gran empresariado, con representantes de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), la Cámara de la Construcción, ENDESA, SalmonChile y el Consejo Minero. Sus intereses, sobre-representados a través de sus propios directivos y ejecutivos, así como de sus proveedores de consultoría, lobby e investigación, serán sin duda los que definirán el ADN y las principales características de la criatura que –luego de nueve meses de deliberación- parirá este grupo de expertos.

Por el sector de la sociedad civil era más que esperable la inclusión de la filial chilena de la WWF,  ONG multinacional que desde hace mucho se ha dedicado al “greenwashing” de industrias depredadoras y contaminantes, mediante alianzas y certificaciones que en nada han colaborado a mejorar la sustentabilidad de los territorios en que se desarrollan.

Es lamentable que otras personas del ambientalismo ciudadano estén formando parte y  otorgando a esta comisión una legitimidad que no tiene, y cuyo destino no puede ser otro que reforzar los criterios de una gestión ambiental al servicio del crecimiento económico comandado y concentrado en las élites tan bien representadas en este grupo. La participación de estas ONG no conduce a ninguna real incidencia de las demandas e intereses de la sociedad civil en el proceso de reforma, ni mucho menos de las comunidades potencialmente afectadas por proyectos insustentables.

No por casualidad se ha puesto énfasis en la búsqueda de “certeza jurídica”, uno de los reclamos favoritos del empresariado ante las dificultades que han encontrado, producto de la movilización y la acción legal y el despliegue comunicacional de comunidades organizadas que no se han subordinado a las empresas titulares de los proyectos ni se han sometido a la lógica de las compensaciones.

Al constituir la Comisión Asesora con esta “correlación de fuerzas”, Michelle Bachelet mantiene y busca profundizar el paradigma “desarrollo=crecimiento” a base de un sistema fuertemente extractivista, que tanta desigualdad, injusticia social y daño ambiental – natural ha provocado en Chile y el mundo, y lo expresa claramente cuando se refiere al “necesario equilibrio entre desarrollo y los legítimos intereses de las comunidades y los territorios”, dando a entender que son objetivos antagónicos (el desarrollo y los intereses de las comunidades).

“Queremos que la naturaleza sea una oportunidad de desarrollo”, afirma la Presidenta, y sabemos que esta frase representa una gran amenaza para la propia naturaleza, pues la concibe como una mercancía transable y desechable.

Mientras no avancemos como país en la construcción de un paradigma de sociedad más democrático, donde la participación social –y no el dinero- oriente a la política, y más sustentable, donde busquemos genuinamente la justicia ambiental y la armonía con la naturaleza; mientras la democracia y la sustentabilidad no sean a la vez la estrategia y el objetivo, la verdad, sería mejor no emprender mayores reformas en el Sistema de Evaluación Ambiental de proyectos.

El Descalabro de la Consulta Indígena: ¡Aún podemos hacer las cosas mejor!

Fuente: El Dínamo  

Al aplicar el Decreto 66 como marco de la consulta, en lugar de aplicar directamente los estándares del Convenio 169 y comunicárselo así a las comunidades, el gobierno ha actuado con desdén por los derechos de los pueblos indígenas, comprometiendo la legitimidad del proceso en su conjunto.

El próximo lunes 15 de Septiembre se cumplen 5 años desde que Chile ratificó el Convenio 169 de la OIT. En estos momentos están corriendo tres procesos de consulta indígena, a saber, sobre el proyecto de Ministerio de Asuntos Indígenas, sobre el Consejo de Pueblos Indígenas, llevadas por el Ministerio de Desarrollo Social, junto a la consulta sobre el proyecto de Ministerio de Cultura que lleva el Consejo de Cultura. Con estas consultas, el Gobierno de la Nueva Mayoría estrenaba lo que podía ser un nuevo enfoque sobre la consulta indígena, que pudiera superar los errores cometidos en el primer gobierno de Bachelet, con el Decreto 124 y durante el gobierno de Piñera con los Decretos 66 y 40, todas formas de implementación del Convenio que en realidad lo mutilaban, restringiendo arbitrariamente el objeto, alcance y procedimiento de la consulta.

Recordemos que hasta el 2009 el mismo convenio estuvo esperando 20 años para que el Congreso decidiera su ratificación y con ello su incorporación al sistema jurídico chileno. Uno de sus instrumentos más poderosos del convenio para redefinir las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas es precisamente el procedimiento de consulta a los pueblos respecto a las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectarlos directamente, mediante el cual el diálogo quiere sustituir a la imposición, para que los gobiernos consideren a los indígenas como actores y no meros objetos de sus políticas.

Lo que estamos viendo ahora es un descalabro general de los procesos de consulta, especialmente en la consulta sobre el Ministerio de Asuntos Indígenas y el Consejo de Pueblos. El principal motivo para ello es la incertidumbre e indeterminación de la política de consulta indígena, así como la falta de coordinación y la lejanía entre el gobierno y el mundo de la sociedad civil indígena.

Numerosos grupos a lo largo del país, incluyendo organizaciones y comunidades, se han retirado del proceso o han manifestado fuertes objeciones, por cuanto el gobierno no ha aclarado si va a reemplazar los Decretos 66 y 40 por una ordenación de la Consulta más respetuosa de los términos del Convenio ni cuando lo va a hacer. En algunos sectores se han interrumpido reuniones, interpelado o incluso agredido a funcionarios, como lo sucedido en Ercilla, en el caso el abogado Lautaro Loncón. Lo paradójico de este último caso es que Loncón es uno de los nuevos funcionarios más comprometidos con el espíritu del Convenio 169, quien fue víctima del encono de comunidades que han visto por años vulnerados sus derechos. De esa manera, vemos como se está exponiendo a los más valiosos elementos del gobierno a las manifestaciones de enojo y desesperación de las comunidades debido a los errores de la política de consulta.

La consulta indígena referida, a diferencia de la Consulta sobre el Ministerio de Cultura, carece de una base metodológica sólida que sirva de guía para su adaptación flexible a los territorios, y en la ejecución del proceso están actuando las mismas instituciones asesoras para CONADI y Desarrollo Social que ya asesoraron los fallidos procesos de la mesa de consenso que llevó adelante el gobierno de Piñera.

Al aplicar el Decreto 66 como marco de la consulta, sin indicar cuando iba a revisarlo, en lugar de aplicar directamente los estándares del Convenio 169 y comunicárselo así a las comunidades, el gobierno ha actuado con desdén por los derechos de los pueblos indígenas, comprometiendo la legitimidad del proceso en su conjunto y desperdiciando la oportunidad de superar los errores y agravios del pasado.

Esperamos sinceramente, que un gobierno que ha dicho tener un mayor compromiso con la dignidad y derechos de los pueblos indígenas, como lo ha manifestado el Intendente Huenchumilla, haga una pausa en esta vertiginosa caída, contenga su aliento y pueda reflexionar acerca de cómo corregir el rumbo que está tomando la consulta. Aún es posible comunicar la decisión de revisar el decreto 66 precisamente a partir del aprendizaje de los problemas que presenta la actual consulta, y comprometerse a reformarlo inmediatamente después. Es posible aún integrar las experiencias de cultura y desarrollo social en una base metodológica flexible que guie el resto del proceso.

De otra suerte, los casi 900 millones de pesos que supone la financiación del proceso actual de consulta parecen destinados, como tantos otros recursos antes, a apoyar la eterna repetición de los mismos errores, siempre en desmedro de los derechos de los pueblos indígenas.

Extractivismo: la discusión que amanece en Chile

Fuente: Semillas de Agua

El día 21 de agosto se realizó la conferencia internacional: “Extractivismo en América Latina…Agua que no has de beber”, en el Cine Arte Alameda. Esa fue la primera polémica, ya que esta coloquio se iba a realizar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, pero tal como explicó Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), pese a haber estado gestionado con más de un mes de anticipación, la directora (s) de dicha escuela, Carola Canelo, decidió arbitrariamente cancelar el evento, lo que “da cuenta de lo cerrado que está la discusión en las universidades públicas en torno al extractivismo”.

Tras las palabras del ambientalista chileno, expusieron en dicha oportunidad Eduardo Gudynas, CLAES, de Uruguay; José de Echave, Cooperacción, de Perú; Dora Lucy Arias, Colectivo CAJAR, de Colombia.

Esta actividad fue organizado por el Observatortio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), en conjunto con el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL).

El ¿debate? minero

Lucio Cuenca, director de OLCA, explicó que actualmente “la producción minera se ha más que triplicado, fundamentalmente por la inversión transnacional. Sin embargo, habiendo triplicado su producción, proporcionalmente da menos empleo de lo que había el año noventa cuando la producción minera era prioritariamente estatal”. Esto sería un elemento del extractivismo que “deja caer toda esta mitología que se crea sobre la minería en campañas comunicacionales, (donde) manipulan toda esta situación”.

Lucio Cuenca contó que una de las cosas que han aprendido ha sido “desmitificar desmitificar todo esto porque se genera un chantaje, una situación perversa, donde esta imagen de asociación de este tipo de actividad del extractivismo con el desarrollo o con el bien común del país, etc, es una situación perversa puesto que genera una situación de presión y chantaje hacia los territorios, las comunidades que tienen que tienen que sufrir las consecuencias de este tipo de actividad”, sostuvo.

Finalmente, Cuenca espetó que “Chile y su modelo económico es esencial y profundamente extractivista” ya que “la institucionalidad, como los instrumentos de fomento de inversión minera, son dos cláusulas que están amarradas desde la Constitución”.

HIDROAYSÉN Y LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS DE ESTE 10 DE JUNIO

Este martes 10 de junio se realizará sesión del Consejo de Ministros en donde, finalmente, se decidirá la suerte del proyecto  HidroAysén y junto con el la región y su gente, sin duda el proyecto energético más polémico de nuestro país. Para nosotros, como agrupación Jóvenes Tehuelches, es un momento histórico esperado por años, frente al cual estamos alertas.

Son prácticamente 9 años desde que, frente a la amenaza de los proyectos hidroeléctricos, iniciamos la aventura de organizarnos y movilizarnos por la defensa de la Patagonia, en un comienzo como estudiantes ayseninos repartidos por diferentes ciudades y ahora como una red nacional de jóvenes, estudiantes y profesionales que buscan trasmitir y contagiar una conciencia crítica y transformadora.

Difícil sería resumir la experiencia de todos estos años, hemos marchado, protestado, realizado intervenciones, charlas, foros, mateadas, nos han amenazado y nos han apoyado, hemos sentido frustración y grandes alegría. En general, ha sido un periodo de profundos aprendizajes, donde estrechamos lazos a lo largo de todo el país y junto con otros movimientos hicimos nuestra la bandera de lucha por una Patagonia Sin Represas.

El Consejo de Ministros de este martes, es sin duda un momento de gran importancia para todas las comunidades y pueblos que actualmente luchan contra mega proyectos, lo que ahí se decida representará la esperanza de un cambio de ciclo o la constatación de una política viciada y controlada por los intereses de privados.

Estamos esperanzados pero no somos ingenuos, al igual que durante todos estos años, seguiremos atentos, dispuestos a movilizarnos una vez más si es necesario, pues sabemos que mientras la Patagonia palpite HIDROAYSÉN NO SE CONSTRUIRÁ.

No se puede olvidar que existen muchos temas pendientes, como que ENDESA ENEL aún controla MÁS DEL 90% DE LOS DERECHOS DE AGUAS en Aysén, Chile tiene una matriz energética dependiente del petróleo y grandes inversionistas, no tiene política de desarrollo sustentable para sus habitantes, y que proyectos con el impacto social de HidroAysén se repiten en muchas regiones y ríos de Chile.

Jóvenes Tehuelche aike Valdivia

Organizaciones de Aysén y Santiago se preparan para el Día “D” por HidroAysén

Múltiples actividades con miras a decisión del Comité de Ministros del 10 de junio.

·       Concentración en Coyhaique y punto de prensa en Santiago, se han programado para el martes 10 de junio a partir de las 8 horas.

·       Además, se está convocando a la ciudadanía a reunirse ese día desde las 18:00 horas en Plaza Italia y en distintas ciudades del pais considerando que la decisión que se adopte será fundamental para la Patagonia y Chile.

Organizaciones tanto en la región de Aysén como en Santiago están preparando múltiples actividades para los días previos y las horas posteriores a la decisión que adoptará el Comité de Ministros sobre HidroAysén, el martes 10 de junio a partir de las 8 de la mañana.  Puntos de prensa, volanteos, reuniones, concentraciones e, independiente del resultado, una convocatoria a partir de las 18:00 horas del Día “D” son parte del diseño que simultáneamente han preparado las agrupaciones y ciudadanos, que desde el año 2005 han luchado en contra del proyecto de cinco represas en los ríos Baker y Pascua.

En Aysén

Este martes se entregaron volantes en el centro de Coyhaique como parte de la ofensiva que diversas organizaciones locales como el Colectivo Jóvenes Coyhaiquinos, la Asamblea Estudiantil de la Patagonia, la Agrupación de Empleados Fiscales, la Central Unitaria de Trabajadores, la Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida, el Comité Oscar Romero y la Agrupación Mañíos y Baguales, entre otras, han preparado en la zona. 

El día anterior se realizó una segunda reunión organizativa donde participaron más de 60 personas, que concluyó con un acto simbólico en las afueras de la intendencia, lugar hasta el que llegarán este miércoles para realizar un punto de prensa a partir de las 13:30 horas exigiendo el rechazo de la iniciativa, bajo la consigna “Chile ya decidió, fuera HidroAysén de la Patagonia”. 

Junto con otras actividades, para el mismo martes 10 de junio se está organizando una concentración a partir de las 8 de la mañana, que es la hora a la cual están convocados los ministros de Medio Ambiente Pablo Badenier, Salud Helia Molina, Economía Luis Felipe Céspedes, Agricultura Carlos Furche, Energía Máximo Pacheco y Minería Aurora Williams. Incluso la municipalidad de Coyhaique está viendo la posibilidad de facilitar el cine municipal para dar mayor realce al histórico acontecimiento.

Y esta mañana a primera hora, se realizó la ocupación pacífica de la intendencia regional, en Coyhaique.

En Santiago

El Consejo de Defensa de las Patagonia (CDP), en tanto, está convocando a un concentración en Plaza Italia a partir de las 18:00 horas el día martes 10 de junio, considerando que independiente del resultado es la ciudadanía la que debe expresarse ante la decisión definitiva que adopte el gobierno de Michelle Bachelet.  “Si no es parrillada, será barricada” es el concepto que coloquialmente se ha difundido para dar cuenta de la importancia que tiene lo que ocurra ese día para la Patagonia y el país.  Por ello, la invitación es a que todos quienes han sido parte de esta causa a organizarse para la tarde de ese día.

Y, al igual que en la región, se ha decidido apostarse en las afueras del lugar de sesión del Comité de Ministros (Miraflores  222, Santiago), con el fin de entregar la visión de las organizaciones y la sociedad civil sobre lo que ocurra durante esa mañana.

Por su parte parlamentarios y dirigentes de otras organizaciones se sumarán con sus propias actividades para esa jornada y los días previos, más aún cuando el mismo martes 10 los estudiantes secundarios y universitarios han convocado a una movilización. La decisión cobra un especial simbolismo considerando que las masivas protestas contra HidroAysén de mayo de 2011 fueron la antesala del histórico movimiento estudiantil.

Comunicado Público Movimiento Ciudadano Patagonia Sin Represas:

Nosotras y nosotros, ciudadanos de la región de Aysén, a través de esta y otras acciones, hacemos llegar nuestro MENSAJE DE LUCHA y RESISTENCIA contra el proyecto HIDROAYSÉN, manifestándonos ALERTAS y ACTIVOS ante la importante decisión que tomará el Consejo de Ministros el día 10 de Junio.

Ante esto, declaramos lo siguiente:

1. Nuestro profundo RECHAZO al modelo de desarrollo empobrecedor, que IMPONE una forma de extracción DEPREDADORA del AGUA, LOS BOSQUES Y LOS MINERALES. Un modelo que NO RESPETA el sentir de las comunidades y cómo desean vivir su desarrollo, promoviendo conflictos que destruyen redes locales de colaboración.

2. Rechazamos el discurso oficial que impulsa la falsa necesidad de Hidroaysen, proyecto que está en estrecha relación a los emplazamientos Mega-Mineros que se ofrecen como solución al sub-desarollo del país. Por ello nosotros y nosotras -habitantes de la Patagonia- no queremos convertir nuestro territorio en una zona de sacrificio ambiental de aguas y vidas. Por ello permaneceremos firmes bajo la convicción de que nuestros ríos, glaciares y aguas son esperanza de vida para otros mundos posibles y no aguas muertas para la contaminación de la megaminería química transnacional.

3. Como ciudadanos, ya hemos comprobado las falsas promesas de bienestar que generan estos mega-proyectos, como ha sido el desplazamiento y empobrecimiento de las comunidades en Ralco, la perdida de bosques nativos por plantaciones forestales en la Araucanía, la muerte de cisnes por las descargas contaminantes de Celco en Valdivia y el derretimiento de glaciares por el proyecto Binacional Pascualama, la prospección de represas en territorio Mapuche en Pilmaiquén y Neltume, la construcción de Alto Maipo, , Ventanas, Tocopilla, Coronel Bocamina de Endesa, el robo de agua en Petorca y cuantos otros.

4. Emplazamos y exigimos a la presidenta Michelle Bachellet a tener una postura clara frente a la muerte definitiva de uno de los proyectos más brutales para nuestro país, como lo es Hidroaysén. La emplazamos a reconocer los saberes y practicas respetuosas con el territorio, a reconocer nuestro origen indigenista, a reconocer el buen vivir de las comunidades, a RECONOCERNOS.

5. Como territorio, nos reconocemos y solidarizamos en la lucha de OTROS, que han resistido y siguen resistiendo por el derecho a decir y decidir cómo vivir. Por eso también decimos: Fuerza a los que resisten y los que luchan por otro mundo posible.

6. Al pueblo de Chile… NUEVAMENTE declaramos como lo hemos hecho a través de las 2 consultas ciudadanas en la región: NO a Hidroaysen – EXIGIMOS UNA PATAGONIA libre y SIN REPRESAS.

Señora Michelle bachelet, exigimos cumpla con la palabra empeñada!

Señora Isabel Allende, presidenta del senado, honre la memoria de su Padre Salvador Allende, quien murio luchando por la recuperacion de nuestros bienes.

Señora Allende, unase a la Recuperacion de las Aguas y al rechazo de la privatizacion del borde costero!

Organizaciones que firman este comunicado:.

-Coordinadora Estudiantil..

-Anef Coyhaique..

-Jóvenes Tehuelches..

-Mañios y Baguales..

-Coalición Ciudadana Aysén Reserva de Vida..

-Colectivo Jóvenes Coyhaiquinos..

-Agrupación Ecológica Cultural Viva.

-Asociación de Reporteros Independientes de la Patagonia..

-Corporación Codesa..

-Pueblos Originarios de la Patagonia..

-Organizaciones Ciudadanas Cochrane,Villa Cerro Castillo, Murta..

-Comunidad Guaquel Marimán..

-Cut Coyhaique.

“En alerta” se declaran organizaciones de Aysén con miras al Comité de Ministros que definirá el futuro de HidroAysén

Encuentro de este viernes (convocado por el Ministro Pacheco) en Coyhaique no hace más que ponerle presión a un proceso que ya es conflictivo y que se puede polarizar más aún con un gobierno que se percibe buscando a todo evento aplacar a las comunidades con la filosofía de las compensaciones.

“En alerta” se encuentran organizaciones y ciudadanos de la región de Aysén con miras a la reunión que el Comité de Ministros sostendrá a primera hora del martes 10 de junio para decidir el futuro de HidroAysén, controversial mega proyecto que contempla la construcción de cinco represas en la Patagonia junto con la inyección de la electricidad generada al Sistema Interconectado Central mediante cientos de torres de tendido eléctrico.

Esta tensión se ha acrecentado en los últimos días al difundirse la convocatoria al encuentro “La Energía en Aysén”, al que está invitando para este viernes el ministro del ramo Máximo Pacheco.  Más aún cuando se conoció que la invitación incluye a las resistidas empresas Energía Austral e HidroAysén. Para algunos dirigentes locales  res regionales, considerando que los privados extrarregionales tendrán su espacio en el debate de la política nacional”.  En su opinión “la presencia de las empresas que controlan los derechos de agua con objetivos nacionales es, tener en la práctica, infiltrados en la discusión autónoma que debemos dar como región.  Luego de tener este proceso, se podrá ver de qué forma se aborda el control de los recursos hídricos por empresas externas, lo cual traba, por ejemplo, el desarrollo de minihidráulicas o centrales de pasada para beneficio regional”.

Este escenario motivó que el martes, en la sede de la Anef en Coyhaique, se autoconvocaran unas 60 personas y representantes de organizaciones para decidir acciones a realizar con miras al 10 de junio.  En el encuentro se definieron líneas de acción para dar cuenta del rechazo que el proyecto HidroAysén genera en la región y en el país, tanto a nivel comunicacional como de movilización, activismo y difusión.  En la ocasión, contrario a lo que se informó en algún momento, no se evaluó ni discutió sobre el movimiento social, sino específicamente sobre la causa Patagonia sin Represas y sus objetivos del corto y mediano plazo.

Es así que desde esta semana se está difundiendo un afiche que reza “Aysén ganó por goleada, fuera HidroAysén de la Patagonia” y llama a concentrarse a primera hora del 10 de junio.

Compensaciones

Un tema que preocupa en Aysén es la posibilidad de que el ministerio de Energía, en coordinación con las empresas eléctricas, impulse en las mesas de trabajo una propuesta sobre compensaciones para viabilizar proyectos de alto impacto social, cultural y ambiental, como son HidroAysén y Energía Austral. 

En Aysén la discusión sobre los impactos ambientales, sociales y económicos no puede restringirse al plano de la monetarización, “y persistir en avanzar en este paradigma lo único que hace es postergar las demandas históricas de una ciudadanía que quiere discutir a fondo cómo se toman las decisiones en sus territorios y sobre el modelo de desarrollo inequitativo que han impulsado las mismas empresas que hoy llegan con un maletín con dinero” señalaron desde Aysén.

De persistirse en estos intentos del Estado de buscar mecanismos de dudosa legitimidad para viabilizar proyectos altamente conflictivos, “pone en riesgo todo un proceso de discusión país y regional que es necesario pero que debe evitar errores de este tipo”.

VECINOS DEL VALLE DEL HUASCO IRÁN A LA MONEDA A EXIGIR RESPUESTA DE PRESIDENTA BACHELET

COMUNICADO

MOVIMIENTO SOCIOAMBIENTAL

VALLE DEL HUASCO

http://freirinaconciente.blogspot.com/2014/05/comunicado-valle-del-huasco-ante-la-no.html

Las comunidades del Valle Del Huasco, en carta entregada formalmente en la oficina de partes de La Moneda el pasado 7 de abril, emplazamos a la Presidenta de la República para que proceda a revocar las RCA de los megaproyectos Pascua Lama, Agrosuper y Punta Alcalde.

Cumplida la fecha límite para su respuesta a nuestra exigencia, queremos informar ante todo Chile que la Presidenta Michelle Bachelet simplemente no respondió nuestro emplazamiento.

No contestar a las comunidades, tratar de ignorarnos e invisibilizarnos es una grave ofensa y falta de respeto a todos quienes habitamos este Valle.

Al no responder nuestra carta la Presidenta nos humilla y demuestra el nulo interés del gobierno en salvar a este humilde y generoso Valle del sacrificio al que ha sido condenado por el poder económico y el Estado que anteponen el lucro de las grandes empresas a la vida de las personas.

Una vez más la clase política se burla del Valle del Huasco.

Una vez más un gobierno no escucha las legítimas demandas de las comunidades.

Una vez más el Estado de Chile opta por el genocidio de su gente con tal de proteger y privilegiar los intereses económicos de una minoría.

Chile entero conoce las luchas que libran los diferentes territorios que conforman nuestro Valle.

Con la responsabilidad con la que siempre hemos asumido la defensa de nuestros derechos y territorios, anunciamos que el próximo viernes 9 de Mayo parte de nuestra comunidad organizada se trasladará a la ciudad de Santiago, con el objetivo de exigir a la Presidenta y al gobierno que ella encabeza que nos de una respuesta de frente, mirando a los ojos a las madres, hijos, padres, hermanos y hermanas de vecinos que se mueren enfermos por la grave contaminación ya existente y que se pretende multiplicar con decenas más de megaproyectos.

Como se lo dijimos personalmente al Intendente Miguel Vargas, en este Valle no hay nada más que evaluar, nada más que estudiar porque nuestra gente se está muriendo de cáncer.

A los diferentes territorios y organizaciones de todo Chile, que respaldan nuestra lucha, y que se suman y solidarizan con nuestras exigencias, les decimos que el abandono del Estado y la actitud de gobiernos que sólo defienden y representan a los poderosos, no nos deja otro camino que la movilización, que luchar y resistir.

Desde el 9 de mayo en adelante la Asamblea decidirá cada paso de nuestra lucha.

¡REVOCACIÓN INMEDIATA DE LAS RCA PASCUA LAMA, AGROSUPER Y PUNTA ALCALDE!

¡EL VALLE SE NIEGA A MORIR!

¡A DEFENDER NUESTROS TERRITORIOS!


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EMPLAZAMIENTO

Señora

Michelle Bachelet Jeria

Presidenta de la República de Chile

Presente:

La comunidad del Valle del Huasco reunida en Asamblea el 29 de marzo de 2014 decidió emplazar al actual gobierno que Usted preside, para exigirle disponga la inmediata revocación de todas las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) que autorizan los megaproyectos Pascua Lama, Agrosuper y Punta Alcalde. 

Todos estos megaproyectos son una expresión de la discriminación y desigualdad que sufre nuestro Valle escogido por megamineras, agroindustrias y termoeléctricas como zona de sacrificio.

 

La falta de una adecuada política energética que no se base sólo en el lucro de un sector privilegiado de la sociedad es una deficiencia e ineficiencia del Estado que no estamos dispuestos a pagar nosotros.

 

Lo mismo ocurre con la gran minería, 70% de la cual se encuentra hoy en manos privadas, la que sólo busca incrementar aceleradamente sus enormes ganancias sin importarle el daño al medioambiente, a glaciares y ríos y la extinción del Agua, recurso que por siglos ha dado vida a las comunidades, a nuestra economía y a nuestra cultura.

 

El daño irreversible ocasionado por todos los megaproyectos hoy existentes, especialmente por el proyecto PascuaLama, Por Agrosuper, por las cinco plantas termoeléctricas de Guacolda y la Planta de Pellet de CAP, tiene al Valle del Huasco absolutamente saturado lo que, especialmente en Huasco, es causa de múltiples enfermedades  especialmente en niños y embarazadas. El índice de muertes por cáncer es de los más altos de Chile y nuestros niños tienen sólo un 75% de capacidad respiratoria. 

No estamos dispuestos a que se nos siga agrediendo y humillando.

Que a las  grandes mineras les falte energía para seguir saqueando las riquezas que son de todos los chilenos, no es nuestro problema y no vamos a permitir que se nos siga matando.

 

Es función y obligación principal del Estado proteger la Salud y la Vida de las personas y las comunidades.

 

Señora Presidenta de la República , la exigencia que le formulamos en su calidad de máxima autoridad del Estado de Chile, esperamos sea respondida y acogida antes de que termine el presente mes de abril.

Así lo ha decidido nuestra  Asamblea y así cumplimos en comunicárselo.

¡Nuestro Valle Se Niega a Morir!